Es obligado hacer mención a la sentencia del Tribunal Constitucional, de 16 de abril de 2007, que otorga el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes, debido a la negativa del órgano judicial a admitir la prueba pericial propuesta en tiempo y forma por aquellos.
Destacamos la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2007, que gira entorno a la cuestión de la legitimación del repercutido para solicitar la devolución del IVA soportado indebidamente. Al respecto de esta cuestión, el Tribunal, de acuerdo con el voto particular de la sentencia recurrida concluye que:
Es de interesante estudio la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 1 de de diciembre de 2006, en materia de notificaciones. Entiende el Tribunal que la Administración debe realizar una labor razonablemente prudente para notificar al interesado los actos que le afecten, de manera tal que se deduzca la razonabilidad de la notificación edictal cuando pueda derivarse la convicción o certeza de la inutilidad de otros medios normales de citación.
Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de marzo de 2007. Ante un supuesto de quita acordada en un convenio de acreedores de una suspensión de pagos, respecto de la imputación temporal en el IS de un incremento de patrimonio, la Inspección y el TEAC consideraron que el incremento debía computarse en su totalidad al aprobarse el convenio, aunque el pago a los acreedores se efectuase en 5 años. No obstante, la consulta de la DGT núm.
Así lo entiende la sentencia de la Audiencia Nacional de 1 de marzo de 2007.
De capital importancia resulta la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2007, que señala que es correcta la resolución impugnada que revocaba otra anterior, en aplicación del artículo 105 de la Ley 30/1992, porque el supuesto no encajaba en las causas de nulidad y anulabilidad previstas en los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria (Ley 230/1963), Por lo tanto, era necesario acudir a la Ley 30/1992. La existencia de procedimientos administrativos especializados por razón de la materia no impide acudir a las normas del procedimiento administrativo común.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 26 de octubre de 2006 trata el tema. Una empresa inmobiliaria que siguiendo el plan contable inmobiliario contabiliza la venta de pisos antes de que se produzca la entrega y el cobro, realizó ajustes extracontables para minorar el resultado contable por las ventas que no fueron entregadas ni cobradas en ese ejercicio.
Del mismo tribunal destacamos la sentencia de 19 de octubre de 2006, según la cual es perfectamente procedente la aplicación del sistema de pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades por el sistema de la base imponible del período, aunque la opción por el mismo se haya realizado en el mes de octubre del año anterior, y no en el mes de febrero del ejercicio en curso, pues aunque el sujeto se anticipó en su petición no se ha sobrepasado el plazo de presentación fijado.
Incumplimiento de deberes de información. Declaración de operaciones con terceros. El contribuyente incumplió su obligación de declarar las operaciones realizadas con terceras personas al no incluir las cantidades entregadas a cuenta por sus clientes, no sirviendo de justificación el hecho de que en el sector de la construcción estas entregas a cuenta no constituyen una percepción anticipada del precio, sino un préstamo o depósito afecto a financiar la construcción.
La venta de autobuses entre empresas del mismo grupo con el objetivo de obtener una doble amortización no puede considerarse que constituya en este caso un supuesto de simulación relativa. La carga de acreditar que ha habido simulación le corresponde a la Administración y no al contribuyente. No hay simulación relativa en la medida en que la Administración no señala cual es el negocio ocultado y el precio pagado por la venta de los autobuses coincide con el real.
