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Fraude de ley: transmisi贸n de acciones de una sociedad del grupo con endeudamiento intragrupo

En la sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de noviembre de 2013, se confirma el acuerdo de declaraci贸n de fraude de Ley que as铆 declara la operativa por virtud de la cual se transfiere en el ejercicio 2001 a la filial espa帽ola del grupo, la entidad holandesa del mismo grupo, al constituir una mera recolocaci贸n formal de carteras en el interior del grupo sin eficacia patrimonial real y que el endeudamiento asimismo intragrupo, afecto a la compra de las acciones, no es en 煤ltimo t茅rmino sino la colocaci贸n de los activos y pasivos en la entidad espa帽ola, con la 煤nica finalidad de la significativa reducci贸n de tributaci贸n conseguida en Espa帽a.

En el que en 2001 la matriz holandesa transfiri贸 a la filial espa帽ola el 100 por cien de la entidad holandesa operativa y recibe a trav茅s de un centro de coordinaci贸n belga del grupo un pr茅stamo para hacer frente a la compra de las acciones. En la operativa realizada no existe motivaci贸n econ贸mica distinta de la meramente fiscal. Se trata de una recolocaci贸n formal de carteras en el seno del grupo sin eficacia patrimonial y el endeudamiento intragrupo no es sino la colocaci贸n de activos y pasivos den la entidad espa帽ola con el fin de reducir la tributaci贸n en Espa帽a.

El deber de ejecutar las resoluciones administrativas no prescribe por inactividad del administrado

A juicio de la Audiencia Nacional, seg煤n se expresa en su sentencia de 19 de diciembre de 2013, la potestad de ejecuci贸n de una resoluci贸n administrativa en manos del 贸rgano de resoluci贸n es una potestad de oficio que impide, por su propia naturaleza, apreciar la prescripci贸n del derecho a la ejecuci贸n en sus t茅rminos propios bas谩ndose en la presunci贸n de inactividad del interesado ya que, a su juicio, no le incumbe a 茅ste la carga de pedir de nuevo lo ya declarado en resoluci贸n favorable, ni activar peri贸dicamente una ejecuci贸n.

Consignar el importe bruto de la deducci贸n por doble imposici贸n internacional no es correcto pero tampoco sancionable

La sentencia de la Audiencia Nacional, de 28 de noviembre de 2013, analiza el buen fin de un procedimiento sancionador en el que la infracci贸n se comete, a juicio de la Administraci贸n tributaria, a costa de la indebida consignaci贸n por parte del sujeto pasivo de la deducci贸n por doble imposici贸n internacional en su declaraci贸n por el Impuesto sobre Sociedades, al hacerlo por su importe bruto y no neto, tal y como a su juicio debe ser interpretada la norma aplicable [art. 31.1 RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS)].

Transparencia fiscal internacional

La Audiencia Nacional, en una sentencia de 31 de octubre de 2013, no admite el criterio de la Administraci贸n y entiende que es aplicable el r茅gimen de la transparencia fiscal internacional, pues la Inspecci贸n no ha acreditado que la entidad residente en el para铆so fiscal sea una mera refacturadora, dado que la Inspecci贸n, en las comprobaciones a otras empresas del grupo que funcionaban de modo paralelo, admiti贸 la realidad de las operaciones de compraventa. La Sala entiende que no es posible que la misma operativa comercial sea considerada en un caso como propiamente comercial y en otra como refacturadora y no ha justificado la raz贸n de apartarse del criterio mantenido.

Si las bases negativas se desprenden de las declaraciones presentadas y prescritas quedan acreditadas a efectos de su compensaci贸n

La Audiencia Nacional, en una sentencia de 24 de octubre de 2013, siguiendo el criterio mantenido por este Tribunal, considera que, en el supuesto examinado, una entidad que present贸 sus declaraciones del impuesto correspondientes a los ejercicios 1994 y 1995, declarando como entidad exenta, debe reconocerse el derecho a la compensaci贸n en el ejercicio 2002 de las bases imponibles del ejercicio 1994 y 1995, toda vez que present贸 las autoliquidaciones de dichos ejercicios, circunstancia no controvertida por la Administraci贸n, y su procedencia y cuant铆a result贸 acreditada mediante la aportaci贸n de dichas autoliquidaciones, de la contabilidad y de los oportunos soportes documentales, tal y como reconoce el Tribunal Econ贸mico Administrativo Central en la resoluci贸n que se enjuicia, por lo que debe tenerse por cumplida la obligaci贸n legalmente impuesta de "acreditar" la "procedencia y cuant铆a" de las bases imponibles que pretende compensarse en el ejercicio 2002.

Un procedimiento de inspecci贸n no puede alterar el statu quo creado por un procedimiento de comprobaci贸n limitada anterior

La Audiencia Nacional, con fecha 24 de octubre de 2013, acaba de sacar a la luz una de esas sentencias con las que de vez en cuando nos regala este Tribunal, en la que da un buen varapalo al comportamiento, a su juicio irregular, de la Administraci贸n tributaria.

Los hechos se resumen en que se abri贸 contra la sociedad recurrente un procedimiento de comprobaci贸n limitada al objeto de realizar comprobaciones en lo que ten铆a que ver con la aplicaci贸n de la deducci贸n por reinversi贸n del art. 36 de la Ley 43/1995 (Ley IS), procedimiento que culmin贸 sin determinaci贸n alguna de responsabilidad por deudas fiscales, y que semanas m谩s tarde fue seguido del inicio de un procedimiento de inspecci贸n con alcance parcial sobre el mismo objeto.

Acordado el planteamiento de cuesti贸n de inconstitucionalidad contra la 鈥渓ey de tasas judiciales鈥

Acordado el planteamiento de cuesti贸n de inconstitucionalidad contra la 鈥渓ey de tasas judiciales鈥

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha planteado una cuesti贸n de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012, conocida como 鈥渓ey de tasas judiciales鈥, al entender que puede condicionar el acceso de los ciudadanos a la Administraci贸n de Justicia.

Seg煤n el Tribunal la exigencia de una tasa, dentro de 鈥渃iertos l铆mites y procedimientos y circunstancias, es perfectamente constitucional, lo que no puede ser constitucional es que el pago de dicha tasa condicione: primero, la posibilidad de acceder a la jurisdicci贸n; y segundo la posibilidad de obtener la tutela judicial; y si son estas dos consecuencias inevitables, si no se pagan las tasas, las que se pueden considerar inconstitucionales鈥.

Actualizaci贸n de balances (RDLey 7/1996): Indisponibilidad de la cuenta de reserva de revalorizaci贸n

La Inspecci贸n y el TEAC entendieron que la entidad, con su conducta, ha pretendido evitar la norma que impide el traspaso de la cuenta de reserva de revalorizaci贸n a reservas voluntarias y que igualmente proh铆be su distribuci贸n, realizando dos operaciones simult谩neas de reducci贸n y aumento de capital que, una vez calificadas adecuadamente, conducen a considerar que la entidad ha realizado una incorrecta disposici贸n de la cuenta de reserva de revalorizaci贸n en el ejercicio 2002. Prescindiendo de la forma empleada por la entidad, consideramos que la correcta calificaci贸n de los hechos lleva a concluir que estamos ante (un) traspaso de la cuenta de reserva de revalorizaci贸n a la de reservas voluntarias, de lo que se derivan las consecuencias establecidas en el art. 5.9 del RDLey 7/1996, cuyo efecto equivalente es que la reserva se ha transformado en reserva voluntaria a efectos de su disposici贸n.

Deducci贸n de gastos financieros y fraude de ley

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 21 de febrero de 2013, afirma que no son deducibles los gastos financieros derivados de los pasivos contra铆dos por la entidad holding frente a la matriz del grupo multinacional radicada en Luxemburgo para la adquisici贸n del 100 por cien del capital de la sociedad operativa en Espa帽a.

La sociedad holding reci茅n constituida en Espa帽a adquiere de su matriz en Luxemburgo la totalidad de las acciones de la operativa en Espa帽a dejando aplazada la totalidad del pago del precio. Posteriormente, una parte de la deuda se convierte en pr茅stamo participativo y la entidad reclasifica el coste de las participaciones adquiridas en coste de la cartera y fondo de comercio. Este fondo de comercio se elimina con cargo a la prima de emisi贸n y se reconocen resultados negativos.

Estos gastos financieros derivan de unas operaciones que no tienen sentido econ贸mico o empresarial para el grupo, fuera de las ventajas fiscales. Se trata de un simple intercambio de participaciones dentro del grupo, por lo que procede la aplicaci贸n de la figura del fraude de ley tributaria.

La AN de nuevo contra el automatismo en la imposici贸n de los recargos por declaraci贸n extempor谩nea

Las circunstancias del retraso y la disposici贸n del obligado a cumplir pueden y deben ser analizadas caso por caso para determinar la procedencia o improcedencia de la aplicaci贸n del recargo.

Con este talante, tan pro contribuyente, se ha manifestado de nuevo la Audiencia Nacional, en su reci茅n publicada sentencia de 5 de diciembre de 2012, bas谩ndose en la doctrina que ella misma marc贸 en su sentencia de 22 de octubre de 2009.

En el supuesto analizado en los autos, la actora acredit贸 adecuadamente que intent贸 efectuar dentro del plazo establecido para ello una declaraci贸n complementaria de la autoliquidaci贸n, modelo 220, cuya transmisi贸n telem谩tica resulta obligatoria para sociedades como ella que tributen en r茅gimen de consolidaci贸n fiscal, y si ello no fue posible fue debido a problemas inform谩ticos en la validaci贸n de determinadas casillas que imped铆an la transmisi贸n telem谩tica de dicha declaraci贸n, reconocidos por el propio Director del Departamento de Inform谩tica Tributaria de la AEAT.

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