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Acreditaci贸n de bases imponibles negativas de ejercicios prescritos

La Audiencia Nacional (AN), que hasta ahora hab铆a mantenido una posici贸n contraria a la posibilidad de que la Administraci贸n pudiera modificar, con ocasi贸n de la comprobaci贸n del ejercicio en que se compensan, las bases imponibles negativas (BIN) de ejercicios prescritos -ver, entre otras, las sentencias de 19 de diciembre de 2013, recurso n潞 89/2011, de 24 de octubre de 2013, recurso n潞 358/2010, y otra de misma fecha, recurso n潞 410/2010, acoge la reciente jurisprudencia del TS (6 de noviembre, 14 de noviembre y 9 de diciembre de 2013 que se citan en la sentencia de la AN) que admite la posibilidad de corregir las BIN de periodos prescritos y otorga a la Administraci贸n, en toda su extensi贸n, sin l铆mite por raz贸n de la prescripci贸n, la facultad de comprobaci贸n de las mismas.

Procede la compensaci贸n de bases negativas de ejercicios prescritos aunque no consten todas las facturas si se acredita su procedencia y cuant铆a mediante documento distinto

La Audiencia Nacional, en una sentencia de 19 de diciembre de 2013, entiende que se ha acreditado de manera suficiente por la entidad la procedencia de las bases negativas, sin que sea admisible negar el cumplimiento de la carga impuesta al contribuyente porque no consten todas las facturas.

La Sala se ha pronunciado ya en varias ocasiones sobre el alcance de esta exigencia y viene sosteniendo que la Administraci贸n puede exigir al contribuyente la acreditaci贸n, "mediante la exhibici贸n de la contabilidad y los oportunos soportes documentales", de la "procedencia y cuant铆a" de las bases imponibles.

La presunci贸n iuris tantum del incremento no justificado de patrimonio imputado por la Administraci贸n es destruida por el juzgador penal

En el supuesto que se enjuicia en la sentencia de 26 de diciembre de 2013, de la Audiencia Nacional, se admite el recurso extraordinario de revisi贸n en base a considerar que concurr铆a la circunstancia consistente en el error de hecho en la liquidaci贸n practicada a la entidad por el concepto de Impuesto sobre Sociedades, a cuyo efecto adjuntaba, como documentos de imposible aportaci贸n ante la Inspecci贸n, por ser de fecha posterior a la liquidaci贸n tributaria de 23 de diciembre de 1998, derivada del acta de disconformidad incoada el 5 de noviembre de 1998, dos sentencias dictadas, por el Juzgado de lo Penal y por la Audiencia Provincial que evidencian el error cometido en las actuaciones inspectoras.

Atenciones a clientes: debe permitirse al sujeto pasivo probar la necesidad del gasto antes de negarle el derecho a la deducci贸n del IVA

La Audiencia Nacional, acaba de publicar el pasado 23 de diciembre de 2013, una breve pero muy interesante sentencia que se basa en una idea b谩sica cual es que la deducci贸n del IVA soportado por la adquisici贸n de bienes o servicios destinados a atenciones a clientes no est谩 directamente prohibida sino que, por el contrario, debe darse la oportunidad al sujeto pasivo de demostrar la oportunidad del gasto.

No son deducibles en el Impuesto sobre Sociedades las facturas por prestaciones de servicios recibidas de las entidades vinculadas

En la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de noviembre de 2013, la Sala sostiene que el exceso en la duraci贸n del procedimiento en el caso que se enjuicia, no puede imputarse a la actora, sino que es debido a la tardanza en cinco meses en dictarse el Acuerdo de liquidaci贸n, por lo que, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, no concurre en el presente supuesto el elemento teleol贸gico, que, seg煤n el Alto Tribunal necesariamente debe integrar el concepto de dilaci贸n imputable, ya que no se ha producido ning煤n impedimento a la Inspecci贸n para continuar con normalidad el desarrollo de su tarea, sino que, por el contrario, a煤n existiendo tales dilaciones, el procedimiento continu贸 y de hecho se firmaron las actas antes de que transcurriera el plazo de doce meses, ya que en la fecha de la firma, 29 de enero de 2009, a煤n faltaba un mes y medio para que se cumplieran los doces meses legalmente establecidos para la finalizaci贸n de dicho procedimiento.

Fraude de ley: transmisi贸n de acciones de una sociedad del grupo con endeudamiento intragrupo

En la sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de noviembre de 2013, se confirma el acuerdo de declaraci贸n de fraude de Ley que as铆 declara la operativa por virtud de la cual se transfiere en el ejercicio 2001 a la filial espa帽ola del grupo, la entidad holandesa del mismo grupo, al constituir una mera recolocaci贸n formal de carteras en el interior del grupo sin eficacia patrimonial real y que el endeudamiento asimismo intragrupo, afecto a la compra de las acciones, no es en 煤ltimo t茅rmino sino la colocaci贸n de los activos y pasivos en la entidad espa帽ola, con la 煤nica finalidad de la significativa reducci贸n de tributaci贸n conseguida en Espa帽a.

En el que en 2001 la matriz holandesa transfiri贸 a la filial espa帽ola el 100 por cien de la entidad holandesa operativa y recibe a trav茅s de un centro de coordinaci贸n belga del grupo un pr茅stamo para hacer frente a la compra de las acciones. En la operativa realizada no existe motivaci贸n econ贸mica distinta de la meramente fiscal. Se trata de una recolocaci贸n formal de carteras en el seno del grupo sin eficacia patrimonial y el endeudamiento intragrupo no es sino la colocaci贸n de activos y pasivos den la entidad espa帽ola con el fin de reducir la tributaci贸n en Espa帽a.

El deber de ejecutar las resoluciones administrativas no prescribe por inactividad del administrado

A juicio de la Audiencia Nacional, seg煤n se expresa en su sentencia de 19 de diciembre de 2013, la potestad de ejecuci贸n de una resoluci贸n administrativa en manos del 贸rgano de resoluci贸n es una potestad de oficio que impide, por su propia naturaleza, apreciar la prescripci贸n del derecho a la ejecuci贸n en sus t茅rminos propios bas谩ndose en la presunci贸n de inactividad del interesado ya que, a su juicio, no le incumbe a 茅ste la carga de pedir de nuevo lo ya declarado en resoluci贸n favorable, ni activar peri贸dicamente una ejecuci贸n.

Consignar el importe bruto de la deducci贸n por doble imposici贸n internacional no es correcto pero tampoco sancionable

La sentencia de la Audiencia Nacional, de 28 de noviembre de 2013, analiza el buen fin de un procedimiento sancionador en el que la infracci贸n se comete, a juicio de la Administraci贸n tributaria, a costa de la indebida consignaci贸n por parte del sujeto pasivo de la deducci贸n por doble imposici贸n internacional en su declaraci贸n por el Impuesto sobre Sociedades, al hacerlo por su importe bruto y no neto, tal y como a su juicio debe ser interpretada la norma aplicable [art. 31.1 RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS)].

Transparencia fiscal internacional

La Audiencia Nacional, en una sentencia de 31 de octubre de 2013, no admite el criterio de la Administraci贸n y entiende que es aplicable el r茅gimen de la transparencia fiscal internacional, pues la Inspecci贸n no ha acreditado que la entidad residente en el para铆so fiscal sea una mera refacturadora, dado que la Inspecci贸n, en las comprobaciones a otras empresas del grupo que funcionaban de modo paralelo, admiti贸 la realidad de las operaciones de compraventa. La Sala entiende que no es posible que la misma operativa comercial sea considerada en un caso como propiamente comercial y en otra como refacturadora y no ha justificado la raz贸n de apartarse del criterio mantenido.

Si las bases negativas se desprenden de las declaraciones presentadas y prescritas quedan acreditadas a efectos de su compensaci贸n

La Audiencia Nacional, en una sentencia de 24 de octubre de 2013, siguiendo el criterio mantenido por este Tribunal, considera que, en el supuesto examinado, una entidad que present贸 sus declaraciones del impuesto correspondientes a los ejercicios 1994 y 1995, declarando como entidad exenta, debe reconocerse el derecho a la compensaci贸n en el ejercicio 2002 de las bases imponibles del ejercicio 1994 y 1995, toda vez que present贸 las autoliquidaciones de dichos ejercicios, circunstancia no controvertida por la Administraci贸n, y su procedencia y cuant铆a result贸 acreditada mediante la aportaci贸n de dichas autoliquidaciones, de la contabilidad y de los oportunos soportes documentales, tal y como reconoce el Tribunal Econ贸mico Administrativo Central en la resoluci贸n que se enjuicia, por lo que debe tenerse por cumplida la obligaci贸n legalmente impuesta de "acreditar" la "procedencia y cuant铆a" de las bases imponibles que pretende compensarse en el ejercicio 2002.

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