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Consignar el importe bruto de la deducci贸n por doble imposici贸n internacional no es correcto pero tampoco sancionable

La sentencia de la Audiencia Nacional, de 28 de noviembre de 2013, analiza el buen fin de un procedimiento sancionador en el que la infracci贸n se comete, a juicio de la Administraci贸n tributaria, a costa de la indebida consignaci贸n por parte del sujeto pasivo de la deducci贸n por doble imposici贸n internacional en su declaraci贸n por el Impuesto sobre Sociedades, al hacerlo por su importe bruto y no neto, tal y como a su juicio debe ser interpretada la norma aplicable [art. 31.1 RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS)].

Transparencia fiscal internacional

La Audiencia Nacional, en una sentencia de 31 de octubre de 2013, no admite el criterio de la Administraci贸n y entiende que es aplicable el r茅gimen de la transparencia fiscal internacional, pues la Inspecci贸n no ha acreditado que la entidad residente en el para铆so fiscal sea una mera refacturadora, dado que la Inspecci贸n, en las comprobaciones a otras empresas del grupo que funcionaban de modo paralelo, admiti贸 la realidad de las operaciones de compraventa. La Sala entiende que no es posible que la misma operativa comercial sea considerada en un caso como propiamente comercial y en otra como refacturadora y no ha justificado la raz贸n de apartarse del criterio mantenido.

Si las bases negativas se desprenden de las declaraciones presentadas y prescritas quedan acreditadas a efectos de su compensaci贸n

La Audiencia Nacional, en una sentencia de 24 de octubre de 2013, siguiendo el criterio mantenido por este Tribunal, considera que, en el supuesto examinado, una entidad que present贸 sus declaraciones del impuesto correspondientes a los ejercicios 1994 y 1995, declarando como entidad exenta, debe reconocerse el derecho a la compensaci贸n en el ejercicio 2002 de las bases imponibles del ejercicio 1994 y 1995, toda vez que present贸 las autoliquidaciones de dichos ejercicios, circunstancia no controvertida por la Administraci贸n, y su procedencia y cuant铆a result贸 acreditada mediante la aportaci贸n de dichas autoliquidaciones, de la contabilidad y de los oportunos soportes documentales, tal y como reconoce el Tribunal Econ贸mico Administrativo Central en la resoluci贸n que se enjuicia, por lo que debe tenerse por cumplida la obligaci贸n legalmente impuesta de "acreditar" la "procedencia y cuant铆a" de las bases imponibles que pretende compensarse en el ejercicio 2002.

Un procedimiento de inspecci贸n no puede alterar el statu quo creado por un procedimiento de comprobaci贸n limitada anterior

La Audiencia Nacional, con fecha 24 de octubre de 2013, acaba de sacar a la luz una de esas sentencias con las que de vez en cuando nos regala este Tribunal, en la que da un buen varapalo al comportamiento, a su juicio irregular, de la Administraci贸n tributaria.

Los hechos se resumen en que se abri贸 contra la sociedad recurrente un procedimiento de comprobaci贸n limitada al objeto de realizar comprobaciones en lo que ten铆a que ver con la aplicaci贸n de la deducci贸n por reinversi贸n del art. 36 de la Ley 43/1995 (Ley IS), procedimiento que culmin贸 sin determinaci贸n alguna de responsabilidad por deudas fiscales, y que semanas m谩s tarde fue seguido del inicio de un procedimiento de inspecci贸n con alcance parcial sobre el mismo objeto.

Acordado el planteamiento de cuesti贸n de inconstitucionalidad contra la 鈥渓ey de tasas judiciales鈥

Acordado el planteamiento de cuesti贸n de inconstitucionalidad contra la 鈥渓ey de tasas judiciales鈥

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha planteado una cuesti贸n de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012, conocida como 鈥渓ey de tasas judiciales鈥, al entender que puede condicionar el acceso de los ciudadanos a la Administraci贸n de Justicia.

Seg煤n el Tribunal la exigencia de una tasa, dentro de 鈥渃iertos l铆mites y procedimientos y circunstancias, es perfectamente constitucional, lo que no puede ser constitucional es que el pago de dicha tasa condicione: primero, la posibilidad de acceder a la jurisdicci贸n; y segundo la posibilidad de obtener la tutela judicial; y si son estas dos consecuencias inevitables, si no se pagan las tasas, las que se pueden considerar inconstitucionales鈥.

Actualizaci贸n de balances (RDLey 7/1996): Indisponibilidad de la cuenta de reserva de revalorizaci贸n

La Inspecci贸n y el TEAC entendieron que la entidad, con su conducta, ha pretendido evitar la norma que impide el traspaso de la cuenta de reserva de revalorizaci贸n a reservas voluntarias y que igualmente proh铆be su distribuci贸n, realizando dos operaciones simult谩neas de reducci贸n y aumento de capital que, una vez calificadas adecuadamente, conducen a considerar que la entidad ha realizado una incorrecta disposici贸n de la cuenta de reserva de revalorizaci贸n en el ejercicio 2002. Prescindiendo de la forma empleada por la entidad, consideramos que la correcta calificaci贸n de los hechos lleva a concluir que estamos ante (un) traspaso de la cuenta de reserva de revalorizaci贸n a la de reservas voluntarias, de lo que se derivan las consecuencias establecidas en el art. 5.9 del RDLey 7/1996, cuyo efecto equivalente es que la reserva se ha transformado en reserva voluntaria a efectos de su disposici贸n.

Deducci贸n de gastos financieros y fraude de ley

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 21 de febrero de 2013, afirma que no son deducibles los gastos financieros derivados de los pasivos contra铆dos por la entidad holding frente a la matriz del grupo multinacional radicada en Luxemburgo para la adquisici贸n del 100 por cien del capital de la sociedad operativa en Espa帽a.

La sociedad holding reci茅n constituida en Espa帽a adquiere de su matriz en Luxemburgo la totalidad de las acciones de la operativa en Espa帽a dejando aplazada la totalidad del pago del precio. Posteriormente, una parte de la deuda se convierte en pr茅stamo participativo y la entidad reclasifica el coste de las participaciones adquiridas en coste de la cartera y fondo de comercio. Este fondo de comercio se elimina con cargo a la prima de emisi贸n y se reconocen resultados negativos.

Estos gastos financieros derivan de unas operaciones que no tienen sentido econ贸mico o empresarial para el grupo, fuera de las ventajas fiscales. Se trata de un simple intercambio de participaciones dentro del grupo, por lo que procede la aplicaci贸n de la figura del fraude de ley tributaria.

La AN de nuevo contra el automatismo en la imposici贸n de los recargos por declaraci贸n extempor谩nea

Las circunstancias del retraso y la disposici贸n del obligado a cumplir pueden y deben ser analizadas caso por caso para determinar la procedencia o improcedencia de la aplicaci贸n del recargo.

Con este talante, tan pro contribuyente, se ha manifestado de nuevo la Audiencia Nacional, en su reci茅n publicada sentencia de 5 de diciembre de 2012, bas谩ndose en la doctrina que ella misma marc贸 en su sentencia de 22 de octubre de 2009.

En el supuesto analizado en los autos, la actora acredit贸 adecuadamente que intent贸 efectuar dentro del plazo establecido para ello una declaraci贸n complementaria de la autoliquidaci贸n, modelo 220, cuya transmisi贸n telem谩tica resulta obligatoria para sociedades como ella que tributen en r茅gimen de consolidaci贸n fiscal, y si ello no fue posible fue debido a problemas inform谩ticos en la validaci贸n de determinadas casillas que imped铆an la transmisi贸n telem谩tica de dicha declaraci贸n, reconocidos por el propio Director del Departamento de Inform谩tica Tributaria de la AEAT.

Los partidos pol铆ticos carecen de legitimaci贸n para impugnar ante la jurisdicci贸n contencioso-administrativa. Inadmisi贸n del recurso contra la amnist铆a fiscal

Aunque previamente anunciada por una nota de prensa emitida por el propio Tribunal, por fin en el d铆a de hoy ha sido publicado oficialmente el auto de la Audiencia Nacional, de 18 de octubre de 2012, por el que se inadmite el recurso interpuesto por parte de uno de los partidos pol铆ticos de mayor representaci贸n en las Cortes contra la Orden HAP/1182/2012, que desarrolla la declaraci贸n tributaria especial -que com煤nmente conocemos como amnist铆a fiscal-, y que fue introducida en nuestro ordenamiento jur铆dico por la Disposici贸n Adicional 1陋 del RDLey 12/2012 (Introduce diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducci贸n del d茅ficit p煤blico) publicada en el BOE el pasado 31 de marzo.

La Administraci贸n no puede tramitar un nuevo expediente de fraude de ley respecto a la actividad inspectora desarrollada previamente

Tras la conclusi贸n de previos procedimientos de inspecci贸n en los que no concluy贸 que no exist铆a fraude alguno, la Administraci贸n no puede en un momento posterior ir en contra de sus propios actos y tramitar un nuevo expediente de fraude de ley respecto a la actividad inspectora desarrollada previamente. No cabe considerar fraudulentos los actos, negocios u operaciones, a efectos de su gravamen, cuando se han concertado en periodos distintos y anteriores a aquellos a los que afecta la declaraci贸n de fraude.

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