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La Administraci贸n no puede revisar las bases imponibles negativas compensadas que deriven de ejercicios prescritos

Mientras que el TEAC considera que la norma que impone la obligaci贸n de acreditar la base negativa compensada en el Impuesto sobre Sociedades carece de sentido si no se atribuye a la Administraci贸n la facultad de comprobar las bases aunque estuvieran prescritas, la sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de mayo de 2012, no admite que la Administraci贸n pueda modificar la base negativa de un ejercicio prescrito.

La clara determinaci贸n de la exigibilidad de los cobros es esencial para la aplicaci贸n del r茅gimen de las operaciones a plazo

En sentencia de 23 de mayo de 2012, la Audiencia Nacional analiza las consecuencias jur铆dicas en el orden tributario de una operaci贸n de compraventa de acciones en la que estas se transmiten inmediatamente si bien, su precio se aplaza por un m谩ximo de doce a帽os, quedando al arbitrio del deudor la forma, cuant铆a y plazos de pago.

La Administraci贸n debe tener previsto un procedimiento para registrar documentos para cuando falla el sistema inform谩tico

En una interesante sentencia dictada por la Audiencia Nacional el pasado 25 de abril de 2012, tanto por la tem谩tica 鈥損rocedimiento de gesti贸n de la Administraci贸n tributaria, cuya correcci贸n o incorrecci贸n en contadas ocasiones termina valor谩ndose por los tribunales- como por la resoluci贸n que de la misma realiza el Tribunal, se analizan las consecuencias jur铆dicas que de la presentaci贸n de una reclamaci贸n econ贸mico-administrativa en un d铆a en que no estaba operativo el sistema de recepci贸n inform谩tica de documentos en la oficina tributaria a la que se acudi贸 con ese fin se derivan.

Consta en los autos que la presentaci贸n deber铆a haberse materializado a trav茅s del sistema inform谩tico que estaba implantado en la citada oficina, pero para el Tribunal 鈥搚 esto es lo que salta a la vista, al menos para quien suscribe estas notas-, en la medida en que lo que no ha quedado aclarado es qu茅 mecanismos se hab铆an previsto para el caso de presentaci贸n de escritos al margen del sistema, por fallo del mismo, y si exist铆an registros auxiliares complementarios, la reclamaci贸n debe darse por correctamente presentada, en plazo.

La Administraci贸n no consigue probar la existencia de simulaci贸n en la tributaci贸n por el IVA de las sociedades de profesionales

As铆 de llamativo el titular y la cuesti贸n de fondo examinada en la sentencia de la Audiencia Nacional, de 26 de marzo de 2012, en la que se trata de dilucidar si debe o no considerarse como interpuestas a las sociedades de profesionales por lo que tiene que ver con su tributaci贸n por el Impuesto sobre el Valor A帽adido.

La sentencia se帽ala que el socio profesional, abogado en el caso de autos, presta un servicio a la sociedad profesional, por el que factura y repercute, por imperativo legal, el IVA.

Recuerda, a continuaci贸n, que este impuesto solo debe ser soportado por el consumidor final, no existiendo en este caso prueba alguna de que la sociedad profesional fuera el consumidor final. Es por ello que, a su juicio 鈥揺l del Tribunal-, la AEAT ha debido acudir a la figura de la simulaci贸n, alegando que se ha "interpuesto" la sociedad profesional.

Pues bien, concluye la Audiencia Nacional que no se ha probado por la Administraci贸n, ni se aprecian por su parte razones por las que deban imputarse a la persona f铆sica las sumas facturadas por la sociedad de profesionales.

El IVA soportado en la adquisici贸n de equipos inform谩ticos para la formaci贸n de los empleados en el uso de las nuevas tecnolog铆as es deducible

As铆 de claro lo tiene la Audiencia Nacional en su sentencia de 8 de febrero de 2012, en la que se帽ala que partiendo de que los equipos adquiridos no estaban destinados a ser utilizados en la satisfacci贸n de necesidades personales o particulares de los empleados, sino que fueron cedidos a 茅stos con el 煤nico objeto de facilitar la formaci贸n de los mismos en las nuevas tecnolog铆as y, por lo tanto, a servir al desarrollo de la propia actividad empresarial, el gasto relativo a la adquisici贸n de los equipos inform谩ticos aparece equiparable perfectamente a cualquier otro gasto de formaci贸n requerido para desarrollar las habilidades del personal en beneficio de la actividad empresarial, m谩xime teniendo en cuenta que la actividad desarrollada por la hoy recurrente es la actividad de banca, desarrollando la misma b谩sicamente a trav茅s de Internet, y teniendo en cuenta que en ello se inici贸 en el ejercicio 2000, que es cuando realiz贸 la adquisici贸n de una serie de equipos inform谩ticos con la referida finalidad de cederlos a sus empleados. Ello avala la conclusi贸n de que resulta esencial en los ejercicios de su implantaci贸n, para el correcto desempe帽o de su propia actividad empresarial, la formaci贸n de una plantilla en el campo de las nuevas tecnolog铆as.

Por otro lado, se帽ala el Tribunal, tampoco ha de ser 贸bice a la deducibilidad de las cuotas soportadas el hecho de que la utilizaci贸n de las herramientas inform谩ticas se halle generalizada actualmente porque, si bien eso es cierto, no lo era hace doce a帽os, cuando ni much铆simo menos en todos los hogares se ten铆an equipos de tal 铆ndole ni la conectividad a internet necesarios para poder habituarse en el uso de las nuevas teconolg铆as, por lo que es razonable apreciar la necesidad que se afirma en la demanda de la empresas de formar al personal en el uso de las mismas.

La negligencia del depositario en el cuidado de bienes embargados da lugar a responsabilidad patrimonial de la Administraci贸n

La Audiencia Nacional acaba de dictar la sentencia de 2 de febrero de 2012, en la que reconoce la existencia de responsabilidad de la Administraci贸n en un supuesto en que, en el marco de un procedimiento de apremio, embargado un determinado bien, el mismo se deteriora por negligencia del depositario en su cuidado.

Se帽ala el Tribunal, en t茅rminos que resultan m谩s que claros, que si la Administraci贸n es la que designa al depositario del bien embargado, e incluso en el caso de los autos el lugar de dep贸sito, es a ella a quien compete exigir al depositario el cumplimiento de sus obligaciones.

La situaci贸n analizada en los autos es si cabe m谩s grave en la medida en que la AEAT se retras贸 6 a帽os en notificar al interesado que como consecuencia de no haberse adjudicado los bienes ni a particulares a trav茅s de subasta ni al Estado, los bienes embargados quedaban a disposici贸n de su titular, lo que agrav贸 a煤n m谩s las consecuencias da帽osas para el estado, y consecuentemente, el valor de los bienes embargados.

Seg煤n la recurrente, la falta de protecci贸n de los bienes embargados, en concreto maquinaria, dej谩ndolos a la intemperie, desprotegidos frente a las inclemencias meteorol贸gicas en un solar propiedad del depositario y, por otro lado, el retraso en la comunicaci贸n por parte de la Administraci贸n de que estaban a su disposici贸n tras declararse desierta la subasta y declarada la no adjudicaci贸n al Estado son las causas directas del deterioro de la novedad y funcionabilidad de las m谩quinas que le resultaron embargadas.

La responsabilidad del administrador en supuestos de cese en la actividad le alcanza aun cuando su nombramiento sea posterior al cese

Acaba de saltar a la actualidad la sentencia de la Audiencia Nacional, de 16 de enero de 2012, sobre responsabilidad de los administradores en supuestos de cese en la actividad de la entidad que gestionan, que analiza una situaci贸n de hecho muy particular, que incluso 鈥渟orprende鈥 al propio Tribunal en su necesidad de an谩lisis, y que tiene que ver con la eventual responsabilidad del administrador nombrado con posterioridad al cese en la actividad. En definitiva, 驴puede exigirse responsabilidad al administrador que no lo era en el momento del cese de las actividades?.

Precepto aplicable, ratione temporis, el art. 40.1.p谩rrafo segundo de la Ley 230/1963 (LGT), en la redacci贸n que le da la Ley 10/1985, que reza lo siguiente:

鈥淎rt铆culo 40.
1. (鈥)
Asimismo, ser谩n responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones tributarias pendientes de las personas jur铆dicas que hayan cesado en sus actividades los administradores de las mismas. (鈥)鈥

Voluntariedad del contribuyente y principio de proporcionalidad impiden la aplicaci贸n autom谩tica de los recargos por declaraci贸n extempor谩nea

La Audiencia Nacional, en su reciente sentencia de 12 de diciembre de 2011, se帽ala que no procede el automatismo en la aplicaci贸n de estos recargos, siendo necesario analizar la voluntariedad del contribuyente concurrente en cada caso.

Dicho con otras palabras, las circunstancias en que se ha producido el retraso en el cumplimiento de la obligaci贸n de pago de la deuda tributaria y la disposici贸n del obligado tributario pueden y deben ser analizadas en cada caso para determinar si procede o no la aplicaci贸n del recargo.

En aplicaci贸n de esta doctrina, la Audiencia Nacional analiza jur铆dicamente el supuesto de los autos, en el que tras una regularizaci贸n por la Inspecci贸n de los ejercicios inmediatamente precedentes -que modifica la imputaci贸n temporal de algunas cuotas soportadas de IVA sin aplicaci贸n de sanci贸n alguna-, el contribuyente, que ha empleado los mismos criterios de imputaci贸n en ejercicios posteriores a los inspeccionados, presenta declaraci贸n complementaria por ellos, modificando ese particular en el sentido apuntado por la Administraci贸n, imponi茅ndosele el correspondiente recargo por declaraci贸n extempor谩nea.

La ocupaci贸n no es un medio de adquirir la potestad para ejecutar actos administrativos

La potestad para ejecutar actos administrativos no la ejercita 鈥渆l primero que lo tenga a bien鈥. Con estas palabras tan a priori lejanas del lenguaje jur铆dico, pero claras para todos en cuanto a su sentido, se expresa la Audiencia Nacional en su sentencia de 13 de octubre de 2011.

Situ茅monos en el entorno de la extensi贸n de la suspensi贸n administrativa hasta que se resuelva la suspensi贸n en v铆a judicial y, en concreto, en una determinada situaci贸n, cual es la comunicaci贸n extempor谩nea a la Administraci贸n tributaria de la interposici贸n del recurso contencioso- administrativo y de la solicitud de suspensi贸n judicial del acto administrativo, m谩s all谩 de los t茅rminos se帽alados por el art. 233.8 Ley 58/2003 (LGT).

Seg煤n el Tribunal, si la raz贸n de ser del art. 233.8 Ley 58/2003 (LGT) es la de proteger al contribuyente de ejecuciones precipitadas del acto administrativo, frustrando la tutela cautelar que ya ha sido postulada en el proceso, carece por completo de sentido que el plazo que en ese art铆culo se establece sea perentorio, como sostiene el TEAC en la resoluci贸n recurrida, pues ese efecto preclusivo 煤nicamente podr铆a tomarse en consideraci贸n en el caso en que la Administraci贸n -aunque hacerlo constituyera una grave imprudencia- ejecutase inmediatamente, una vez superado el transcurso de los dos meses, el acto de que se trata, pero lo que es evidente es que en absoluto puede hacerlo cuando ya le consta fehacientemente, por comunicaci贸n del interesado, que dicho recurso jurisdiccional ha sido interpuesto, aun cuando esa comunicaci贸n fuera posterior al decurso del plazo bimensual, pero anterior a que la Administraci贸n diera cumplimiento a la resoluci贸n administrativa, ya que en este 煤ltimo caso, que es exactamente el que aqu铆 ha sucedido, puede afirmarse sin ambages que el 贸rgano de ejecuci贸n ha actuado a sabiendas de que la cuesti贸n relativa a la suspensi贸n del acto ya hab铆a sido sometida a un tribunal de justicia.

La AN se suma a la nueva l铆nea marcada por el TS permitiendo deducir el IVA en base a documentos sustitutivos de la factura

Si hace unos d铆as nos hac铆amos eco de la publicaci贸n de la important铆sima sentencia del Tribunal Supremo, de 11 de julio de 2011, que en recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina, reconoc铆a a la escritura p煤blica el valor de documento sustitutivo de la factura a la hora de justificar el derecho a la deducci贸n por el IVA, debemos de nuevo volver al an谩lisis de la cuesti贸n gracias a la publicaci贸n de otra sentencia, en este caso de la Audiencia Nacional, de 29 de septiembre de 2011, que 聽sum谩ndose expresamente a la doctrina que emana de la sentencia del Tribunal Supremo reconoce acertada, dando un paso m谩s all谩, 聽la deducci贸n de las cuotas soportadas en el supuesto que analiza, en la medida en que, aunque el sujeto pasivo no dispone de factura, consta el reconocimiento en un documento p煤blico (acuerdo de liquidaci贸n) de la realidad de la entrega de los terrenos y el registro de las cuotas soportadas en el correspondiente libro y, por otro lado, porque present贸 reclamaci贸n econ贸mico-administrativa, que result贸 estimada, al objeto de conseguir que los proveedores le emitieran la factura que documentaba el IVA soportado que pretend铆a deducir. Dos sentencias, en definitiva, que marcan un nuevo rumbo jurisprudencial en lo que toca al reconocimiento del valor, de cara a la deducci贸n del IVA soportado, de documentos alternativos a la factura.

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