TJUE

Sexta Directiva del IVA. Determinaci贸n de la base imponible en operaciones realizadas entre partes vinculadas

El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, en sentencia de 9 de junio de 2011, niega la extensi贸n de las reglas de determinaci贸n de la base imponible relativas al autoconsumo o al uso de bienes y a la prestaci贸n de servicios para las necesidades privadas del sujeto pasivo a operaciones realizadas entre partes vinculadas, en el supuesto de autos, en el cual el Tribunal Supremo espa帽ol plantea cuesti贸n prejudicial a ra铆z de operaciones entre partes vinculadas, en las cuales se hab铆a convenido un precio notoriamente inferior al de mercado, llevadas a cabo en el a帽o 1993.

Por una parte, las operaciones en las que se ha convenido un precio notoriamente inferior al normal de mercado, como las controvertidas en el litigio principal, no dejan de ser operaciones a t铆tulo oneroso en las que se ha recibido realmente una contraprestaci贸n que puede servir de base para la imposici贸n. El principio de igualdad de trato, por s铆 solo, no puede exigir que se les apliquen las reglas de determinaci贸n de la base imponible previstas para las operaciones realizadas a t铆tulo gratuito (distintas de la regla general establecida en el art. 11, parte A, apartado 1, letra a), de dicha Directiva 77/388/CEE del Consejo, Sexta Directiva del IVA) y destinadas a estimar tal base imponible, a falta de contraprestaci贸n real, conforme a criterios objetivos, al no ser comparables ambos tipos de operaciones.

La obligaci贸n de nombrar representante fiscal supone una restricci贸n injustificada a la libre circulaci贸n de capitales

El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea en sentencia de 5 de mayo de 2011 considera que la obligaci贸n de designar representante fiscal a contribuyentes no residentes que perciban rentas que requieran la presentaci贸n de una declaraci贸n fiscal constituye una restricci贸n injustificada a la libre circulaci贸n de capitales consagrada en el art. 56 del Tratado CE (actual art. 63 del Tratado de funcionamiento de la UE).

Pese a la alegaci贸n de la Rep煤blica Portuguesa, parte demandada en este litigio, de que el objetivo perseguido con la obligaci贸n de designar un representante fiscal es garantizar la eficacia de los controles fiscales y la lucha contra la evasi贸n fiscal en el marco del impuesto sobre la renta de las personas f铆sicas, la Comisi贸n entiende que no puede considerarse que esa restricci贸n est茅 justificada a la luz del art. 56 del Tratado CE por la raz贸n imperiosa de inter茅s general, habida cuenta de que excede de lo necesario para alcanzar tal objetivo y de que no se ha acreditado que los instrumentos de asistencia mutua entre las

El TJUE avala la normativa interna sobre la tasa radioel茅ctrica

El Derecho comunitario, y en concreto, las exigencias establecidas en el apartado 2 del art铆culo 11 de la Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Marco com煤n en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el 谩mbito de los servicios de telecomunicaciones) no se oponen a la normativa nacional en materia de tasas por reserva del dominio p煤blico radioel茅ctrico para la prestaci贸n de servicios de telecomunicaciones -vigente para el caso de autos, esto es, a la Ley 11/1998 (General de Telecomunicaciones)-.

As铆 lo manifiesta, el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, en sentencia de 10 de marzo de 2011, en la cual expone que los grav谩menes impuestos a los operadores de servicios de telecomunicaciones por la utilizaci贸n de recursos escasos deben perseguir el objetivo de garantizar el uso 贸ptimo de dichos recursos y tener en cuenta la necesidad de potenciar el desarrollo de servicios innovadores y de la competencia, lo cual, -contin煤a el Tribunal-, no se opone a una normativa nacional que impone un gravamen por el uso de radiofrecuencias a los operadores de servicios de telecomunicaciones titulares de licencias individuales sin asignar una finalidad espec铆fica a los ingresos obtenidos de ese gravamen.

La b煤squeda de ventajas fiscales est谩 permitida por el TJUE siempre que no suponga pr谩cticas abusivas

Ello se concluye de la sentencia de 22 de diciembre de 2010 del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, en la cual, tras el an谩lisis de la deducci贸n de IVA en un supuesto de arrendamiento financiero, declara que la ventaja fiscal resultante del hecho de que una empresa realice operaciones de arrendamiento financiero de activos como aquellas de las que se trata en el asunto principal en lugar de adquirir esos activos directamente no constituye una ventaja fiscal cuya concesi贸n sea contraria al objetivo perseguido por las disposiciones relevantes de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, Sexta Directiva del IVA, en su versi贸n modificada, y de la normativa nacional por la que se adapta el Derecho interno a esta Directiva, siempre que los t茅rminos contractuales de tales operaciones -en particular, los relativos a la fijaci贸n del importe de los alquileres- se correspondan con las condiciones normales de mercado y que la participaci贸n en dichas operaciones de una sociedad tercera interpuesta no obstaculice la aplicaci贸n de las citadas disposiciones, extremo 茅ste que corresponde comprobar al 贸rgano jurisdiccional

La diferente calificaci贸n de una operaci贸n entre Estados miembros posibilita la deducci贸n de un IVA no ingresado

El supuesto analizado en esta ocasi贸n es una operaci贸n de arrendamiento financiero en la cual se originan divergencias entre los reg铆menes fiscales de dos Estados miembros: En virtud de la legislaci贸n vigente en el Reino Unido, las prestaciones consistentes en el arrendamiento de veh铆culos eran consideradas prestaciones de servicios realizadas en Alemania y, consecuentemente, no sujetas al IVA en el Reino Unido. Con arreglo a la legislaci贸n alemana, esas prestaciones eran consideradas entregas de bienes, realizadas en el Reino Unido y consecuentemente no sujetas al IVA en Alemania. Como consecuencia de todo ello, no se cobr贸 el impuesto devengado sobre estos bienes o prestaciones en ning煤n Estado miembro.

El art铆culo 108.2 de la Ley 24/1988 (Mercado de Valores) no se opone a lo establecido en la Directiva 69/335/CEE

El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, en el auto de 6 de octubre de 2010, declara la sujeci贸n de las transmisiones de valores al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales cuando dichas transmisiones de valores representan participaciones en el capital social de sociedades cuyo activo est谩 constituido al menos en su 50 por 100 por inmuebles y el adquirente obtiene como resultado de la referida transmisi贸n una posici贸n tal que le permite ejercer el control sobre la entidad de que se trate; incluso en los supuestos en que, por un lado, no hubo intenci贸n de eludir el impuesto y, por otro, dichas sociedades son plenamente operativas y los inmuebles no pueden disociarse de la actividad econ贸mica desarrollada por dichas sociedades, no se opone a la Directiva 69/335/CEE.

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Los errores formales en una factura no pueden impedir el derecho a deducir el IVA soportado (TJUE 15-07-2010)

Destacamos en esta ocasi贸n la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, de 15 de julio de 2010, la cual declara, en relaci贸n a los requisitos formales de la deducci贸n en el IVA, que los art铆culos 167, 178.a), 220.1 y 226 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo (Sistema Com煤n del IVA) deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa o pr谩ctica nacional con arreglo a la cual las autoridades nacionales deniegan a un sujeto pasivo el derecho a deducir del importe del IVA del que es deudor el importe del IVA devengado o pagado por los servicios que se le han p

La elusi贸n del ITP no impide apreciar motivos econ贸micos v谩lidos para aplicar el r茅gimen especial de fusiones (TJUE 20-05-2010)

As铆 se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, en sentencia de 20 de mayo de 2010, sobre la necesidad de de que sean motivos econ贸micamente v谩lidos los fundamentadores de las operaciones de fusi贸n, escisi贸n, aportaciones de activos y canje de valores para poderles aplicar el r茅gimen fiscal m谩s beneficioso contenido en la Directiva 90/434/CEE del Consejo (R茅gimen fiscal aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones). As铆, el art.

Aun pasados 4 a帽os de prescripci贸n, podemos reclamar por norma declarada contraria al Derecho Comunitario (TJUE 26-01-2010)

As铆 se deduce de la sentencia del Tribunal聽de Justicia de la UE,聽de 26 de enero de 2010, sobre reclamaci贸n de responsabilidad por aplicaci贸n de normas anticomunitarias: El Derecho de la Uni贸n, se帽ala el Tribunal, se opone a la aplicaci贸n de una regla de un Estado miembro en virtud de la cual una reclamaci贸n de responsabilidad patrimonial del Estado basada en una infracci贸n de dicho Derecho por una ley nacional declarada mediante sentencia del Tribunal de la Uni贸n Europea dictada con arreglo al art. 226 del Tratado CE (actual art.

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