TJUE

El impago de deudas tributarias puede limitar la libre circulaci贸n de personas

Aunque no de forma rotunda, y para todos los casos, as铆 se expresa el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea en su reci茅n publicada sentencia de 17 de noviembre de 2011. El Derecho de la Uni贸n, se帽ala el Tribunal, no se opone a una disposici贸n legislativa de un Estado miembro que permite a la autoridad administrativa prohibir a un nacional de ese Estado la salida de 茅ste debido a que no se ha pagado una deuda fiscal de la sociedad de la que es uno de los gerentes, con la doble condici贸n de

  • que la medida en cuesti贸n tenga por objeto responder en ciertas circunstancias excepcionales (que podr铆an derivar en especial de la naturaleza o de la importancia de esa deuda) a una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un inter茅s fundamental de la sociedad.
  • que el objetivo as铆 pretendido no obedezca s贸lo a fines econ贸micos, lo cual est谩 prohibido por la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Derecho de los ciudadanos de la Uni贸n y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros).

Seg煤n, el Tribunal, corresponde al juez nacional verificar el cumplimiento de esas dos condiciones.

En otro orden de cosas, y ya analizando los concretos hechos enjuiciados en el asunto principal, el Tribunal entiende que si la medida de prohibici贸n de salida del territorio cuya legitimidad se analiza hubiera sido adoptada conforme a las condiciones previstas por el art. 27.1 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Derecho de los ciudadanos de la Uni贸n y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros), las condiciones enunciadas en su apartado 2 se opondr铆an a esa medida, en primer lugar, si 茅sta se basara 煤nicamente en la existencia de la deuda fiscal de la sociedad de la que ese demandante es uno de los gerentes, y en virtud s贸lo de esa cualidad, con exclusi贸n de toda apreciaci贸n espec铆fica del comportamiento personal del interesado y sin referencia alguna a una amenaza cualquiera que 茅ste constituya para el orden p煤blico,聽y en segundo lugar, si la prohibici贸n de salida del territorio no es apropiada para garantizar la consecuci贸n del objetivo que persigue y va m谩s all谩 de lo necesario para lograrlo, correspondiendo tambi茅n al Tribunal remitente comprobar si sucede as铆 en el asunto del que conoce.

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El proyecto de reforma del IS de Gibraltar constituye un r茅gimen de ayudas de Estado seg煤n el TJUE

As铆 lo ha decidido el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, en sentencia de 15 de noviembre de 2011, la cual trae causa en la reforma del IS del Gobierno de Gibraltar elaborado en 2002.

Seg煤n la Comisi贸n Europea, el proyecto de reforma fiscal es selectivo tanto desde el punto de vista regional como desde el punto de vista material.

Como parte recurrente, expone cuatro elementos del proyecto de la reforma fiscal que considera que otorgan ventajas selectivas en el 谩mbito material, a saber, el requisito de obtener beneficios, que otorga ventajas a las sociedades que no los obtienen; los diferentes l铆mites m谩ximos de la imposici贸n, que otorgan ventajas a las sociedades que se acogen a dichos l铆mites m谩ximos; la exenci贸n de imposici贸n para las empresas implantadas en determinadas zonas de Gibraltar y, por 煤ltimo, la exenci贸n de los intereses percibidos en virtud de los pr茅stamos concedidos para la realizaci贸n de determinados objetivos.

El TJUE declara la no sujeci贸n al IVA en las cesiones de cr茅ditos de dudoso cobro

El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, en sentencia de 27 de octubre de 2011, ha declarado que los art铆culos 2.1 y 4 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, Sexta Directiva del IVA, deben interpretarse en el sentido de que un operador que compra, asumiendo el riesgo, cr茅ditos de dudoso cobro por un precio inferior a su valor nominal no efect煤a una prestaci贸n de servicios a t铆tulo oneroso ni realiza una actividad econ贸mica comprendida en el 谩mbito de aplicaci贸n de esa Directiva cuando la diferencia entre el valor nominal de dichos cr茅ditos y el precio de compra de 茅stos refleja el valor econ贸mico efectivo de los citados cr茅ditos al tiempo de su cesi贸n.

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Solicitud de devoluci贸n y reclamaci贸n de indemnizaci贸n contra el Estado por un operador no sujeto pasivo del Impuesto

La insolvencia del sujeto pasivo permite que el operador econ贸mico que soporta la carga econ贸mica de un tributo indebido pueda dirigir su solicitud de devoluci贸n y reclamaci贸n de indemnizaci贸n directamente contra el Estado

Son numerosas las sentencias en las que el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea se ha manifestado en torno a la solicitud de devoluci贸n de un tributo indebido presentada contra impuestos recaudados en un Estado miembro infringiendo el Derecho de la Uni贸n. En este caso, queremos destacar la sentencia de 20 de octubre de 2011 del citado Tribunal en la cual, frente a la solicitud de devoluci贸n de los tributos indebidos y a la reclamaci贸n de indemnizaci贸n, presentadas por un operador econ贸mico al que se le repercuti贸 el importe del tributo indebido, el Derecho de la Uni贸n interpreta que un Estado miembro puede desestimar dicha solicitud de devoluci贸n y reclamaci贸n de indemnizaci贸n debido a que: - no ha sido este 煤ltimo quien lo ha abonado a las autoridades tributarias, en el primer caso, - y por no existir una relaci贸n de causalidad directa entre la percepci贸n de dicho tributo y el perjuicio sufrido, -siempre que el comprador pueda, con arreglo al Derecho interno, dirigir dicha reclamaci贸n contra el sujeto pasivo y que la indemnizaci贸n, por este 煤ltimo, del perjuicio sufrido por el comprador no sea imposible en la pr谩ctica o excesivamente dif铆cil-, en el segundo de ellos.

No consideraci贸n como sujeto pasivo del IVA del vendedor de terrenos recalificados en contra de su voluntad

La sentencia de 15 de septiembre de 2011, dictada en materia de IVA, por el聽 Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea en los asuntos acumulados C鈥180/10 y C鈥181/10, declara que una persona f铆sica que haya ejercido una actividad agr铆cola en un terreno recalificado como terreno edificable a ra铆z de una modificaci贸n de los planes urban铆sticos llevada a cabo por motivos independientes de su voluntad, no ha de ser considerada sujeto pasivo del IVA en el sentido de los art铆culos 9, apartado 1, y 12, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE, modificada por la Directiva 2006/138/CE, cuando lleva a cabo la venta de dichos terrenos si estas ventas se inscriben en el marco de la gesti贸n de su patrimonio privado. Por el contrario, si, para llevar a cabo dichas ventas, esta persona realiza gestiones activas de comercializaci贸n de inmuebles recurriendo a medios similares a los empleados por un fabricante, un comerciante o un prestador de servicios en el sentido del art铆culo 9, apartado 1, p谩rrafo segundo, de la Directiva 2006/112/CE, modificada por la Directiva 2006/138/CE, debe considerarse que ejerce una 芦actividad econ贸mica禄 en el sentido de dicho art铆culo y, consiguientemente, debe ser considerada sujeto pasivo del IVA.

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Vacaciones fiscales vascas: Ayuda estatal incompatible con el mercado com煤n

En sentencia de 9 de junio de 2011, el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea confirma la ilegalidad de las medidas fiscales adoptadas por el Reino de Espa帽a en las provincias de 脕lava, Vizcaya y Guip煤zcoa en 1993 por las que se exim铆a del Impuesto sobre Sociedades durante un per铆odo de diez ejercicios fiscales consecutivos a las empresas que se creasen entre la fecha de entrada en vigor de dichas medidas y el 31 de diciembre de 1994. El disfrute de las exenciones quedaba supeditado a la realizaci贸n de unas inversiones de un importe m铆nimo y a la creaci贸n de un m铆nimo de puestos de trabajo.

Queda en esta sentencia ratificada, por tanto, la ilegalidad de estas medidas, mediante la confirmaci贸n de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de fecha 9 de septiembre de 2009.

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Sexta Directiva del IVA. Determinaci贸n de la base imponible en operaciones realizadas entre partes vinculadas

El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, en sentencia de 9 de junio de 2011, niega la extensi贸n de las reglas de determinaci贸n de la base imponible relativas al autoconsumo o al uso de bienes y a la prestaci贸n de servicios para las necesidades privadas del sujeto pasivo a operaciones realizadas entre partes vinculadas, en el supuesto de autos, en el cual el Tribunal Supremo espa帽ol plantea cuesti贸n prejudicial a ra铆z de operaciones entre partes vinculadas, en las cuales se hab铆a convenido un precio notoriamente inferior al de mercado, llevadas a cabo en el a帽o 1993.

Por una parte, las operaciones en las que se ha convenido un precio notoriamente inferior al normal de mercado, como las controvertidas en el litigio principal, no dejan de ser operaciones a t铆tulo oneroso en las que se ha recibido realmente una contraprestaci贸n que puede servir de base para la imposici贸n. El principio de igualdad de trato, por s铆 solo, no puede exigir que se les apliquen las reglas de determinaci贸n de la base imponible previstas para las operaciones realizadas a t铆tulo gratuito (distintas de la regla general establecida en el art. 11, parte A, apartado 1, letra a), de dicha Directiva 77/388/CEE del Consejo, Sexta Directiva del IVA) y destinadas a estimar tal base imponible, a falta de contraprestaci贸n real, conforme a criterios objetivos, al no ser comparables ambos tipos de operaciones.

La obligaci贸n de nombrar representante fiscal supone una restricci贸n injustificada a la libre circulaci贸n de capitales

El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea en sentencia de 5 de mayo de 2011 considera que la obligaci贸n de designar representante fiscal a contribuyentes no residentes que perciban rentas que requieran la presentaci贸n de una declaraci贸n fiscal constituye una restricci贸n injustificada a la libre circulaci贸n de capitales consagrada en el art. 56 del Tratado CE (actual art. 63 del Tratado de funcionamiento de la UE).

Pese a la alegaci贸n de la Rep煤blica Portuguesa, parte demandada en este litigio, de que el objetivo perseguido con la obligaci贸n de designar un representante fiscal es garantizar la eficacia de los controles fiscales y la lucha contra la evasi贸n fiscal en el marco del impuesto sobre la renta de las personas f铆sicas, la Comisi贸n entiende que no puede considerarse que esa restricci贸n est茅 justificada a la luz del art. 56 del Tratado CE por la raz贸n imperiosa de inter茅s general, habida cuenta de que excede de lo necesario para alcanzar tal objetivo y de que no se ha acreditado que los instrumentos de asistencia mutua entre las

El TJUE avala la normativa interna sobre la tasa radioel茅ctrica

El Derecho comunitario, y en concreto, las exigencias establecidas en el apartado 2 del art铆culo 11 de la Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Marco com煤n en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el 谩mbito de los servicios de telecomunicaciones) no se oponen a la normativa nacional en materia de tasas por reserva del dominio p煤blico radioel茅ctrico para la prestaci贸n de servicios de telecomunicaciones -vigente para el caso de autos, esto es, a la Ley 11/1998 (General de Telecomunicaciones)-.

As铆 lo manifiesta, el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, en sentencia de 10 de marzo de 2011, en la cual expone que los grav谩menes impuestos a los operadores de servicios de telecomunicaciones por la utilizaci贸n de recursos escasos deben perseguir el objetivo de garantizar el uso 贸ptimo de dichos recursos y tener en cuenta la necesidad de potenciar el desarrollo de servicios innovadores y de la competencia, lo cual, -contin煤a el Tribunal-, no se opone a una normativa nacional que impone un gravamen por el uso de radiofrecuencias a los operadores de servicios de telecomunicaciones titulares de licencias individuales sin asignar una finalidad espec铆fica a los ingresos obtenidos de ese gravamen.

La b煤squeda de ventajas fiscales est谩 permitida por el TJUE siempre que no suponga pr谩cticas abusivas

Ello se concluye de la sentencia de 22 de diciembre de 2010 del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, en la cual, tras el an谩lisis de la deducci贸n de IVA en un supuesto de arrendamiento financiero, declara que la ventaja fiscal resultante del hecho de que una empresa realice operaciones de arrendamiento financiero de activos como aquellas de las que se trata en el asunto principal en lugar de adquirir esos activos directamente no constituye una ventaja fiscal cuya concesi贸n sea contraria al objetivo perseguido por las disposiciones relevantes de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, Sexta Directiva del IVA, en su versi贸n modificada, y de la normativa nacional por la que se adapta el Derecho interno a esta Directiva, siempre que los t茅rminos contractuales de tales operaciones -en particular, los relativos a la fijaci贸n del importe de los alquileres- se correspondan con las condiciones normales de mercado y que la participaci贸n en dichas operaciones de una sociedad tercera interpuesta no obstaculice la aplicaci贸n de las citadas disposiciones, extremo 茅ste que corresponde comprobar al 贸rgano jurisdiccional

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