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El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del Convenio entre el Reino de España y la República de Chipre para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y de su Protocolo.

En el contexto de la exclusión de Chipre de la lista de jurisdicciones no cooperativas de la OCDE, España planteó en 2002, en atención al interés expresado por Chipre, a la futura pertenencia del país a la Unión Europea y a la conveniencia de disponer de un marco bilateral para el intercambio de información, la negociación de un Convenio para evitar la doble imposición. Las conversaciones se iniciaron en 2005, con sendas rondas en Nicosia y Madrid, y se obtuvo un texto final en los últimos meses de 2012.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo entre el Reino de España y la Confederación Suiza que modifica el Convenio para evitar la doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio firmado en Berna el 26 de abril de 1966, y su Protocolo, modificados por el Protocolo firmado en Madrid el 29 de junio de 2006.

En el marco de los criterios establecidos en el G-20, Suiza asumió el compromiso de adaptar su legislación a los actuales estándares de la OCDE sobre intercambio de información tributaria. Ello aconsejó una nueva renegociación de este Convenio bilateral orientada, por una parte, a la mejora de su cláusula de intercambio de información y, por otra, a la puesta al día de su articulado atendiendo a la presente realidad de las relaciones económicas hispano-suizas y a los cambios que ha experimentado el modelo de Convenio de la OCDE.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica otro de 27 de enero de 2012 que desarrollaba la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Dicha modificación tiene una doble finalidad. En primer lugar, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética de 2012, se atribuyen a la Subdirección General de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior las funciones relacionadas con los tres nuevos impuestos establecidos en la misma: el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.

Se trata de que la próxima renovación del Consejo se haga según la reforma que se tramita actualmente.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ley que suspende el artículo 112 y, parcialmente, el 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente.

Con esta medida se paraliza el trámite que la Ley en vigor prevé para la renovación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces con el objetivo de que la próxima renovación, prevista para el próximo 24 de septiembre, se realice según lo previsto en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial analizado el Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre.

La AEAT ha realizado una serie de preguntas frecuentes a raíz de la consulta emitida por la DGT n.º V2583/2012, de 27 de diciembre de 2012, en relación con la inversión del sujeto pasivo [artículo 84.Uno.2º.f) LIVA].

Puede acceder a las preguntas frecuentes a través del siguiente enlace:

• Preguntas frecuentes

Fuente: AEAT (25/01/2013)

En relación a la información publicada hoy por el Periódico de Cataluña que refleja el parecer del presidente de la organización de inspectores de Hacienda sobre la posibilidad de que el proceso de regularización especial pueda encubrir delitos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria aclara:

1. La Declaración Tributaria Especial se enmarca en un proceso de regularización de exclusiva naturaleza tributaria.
2. Al igual que los procesos de regularización ordinaria, la presentación de la Declaración Tributaria Especial es plenamente compatible con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.
3. Cualquier proceso de esta naturaleza regulariza obligaciones tributarias sin extender sus efectos jurídicos a otras obligaciones o derechos no previstos legalmente.

• La ley supondrá un aumento del PIB del 0,15 por 100 anual los primeros diez años, 1.500 millones de euros al año.
• Los operadores necesitarán la licencia de una sola Comunidad Autónoma y podrán operar por todo el territorio nacional.
• El Consejo para la Unidad de Mercado acogerá a Administración General y Comunidades Autónomas para velar por el cumplimiento de la norma
• Todas las Administraciones Públicas compartirán una única base de datos electrónica para ejercer labores de control y supervisión
• Se establece un procedimiento ágil de resolución de conflictos con la participación de la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se ratifica la autorización para la suscripción de un Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation para la creación del Consorcio "Barcelona Mobile World Capital".

En el Consorcio, que facilitará la aplicación de beneficios fiscales a la celebración de "Barcelona Mobile World Capital", participan la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, así como la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Barcelona Mobil World Capital Foundatión.

La creación del Consorcio permitirá el desarrollo de las funciones previstas en el artículo 27 de la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, del 23 de diciembre de 2002, que se concretan en la Disposición Adicional Sexagésimo segunda de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

Fuente: La Moncloa

Con carácter general, desde el 1 de enero de 2013 ha quedado suprimida en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) la deducción por inversión en vivienda habitual anteriormente regulada en el artículo 68.1 de la Ley del citado impuesto. No obstante, la disposición transitoria decimoctava de dicha Ley, en la redacción dada a la misma por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica (BOE de 28-12-2012), establece determinados supuestos y condiciones en los que la mencionada deducción podrá continuar practicándose a partir de la indicada fecha.

Estos cambios normativos han suscitado algunas dudas sobre la aplicación en el ejercicio 2013 de la reducción en dos enteros del tipo de retención, prevista en el último párrafo del artículo 86.1 del Reglamento del IRPF, para perceptores de rendimientos del trabajo con retribuciones inferiores a 33.007,20 euros anuales que hayan comunicado a su pagador que destinan cantidades para la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación ajena por las que van a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual.

El artículo 9.2 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, establece que la expedición de la factura electrónica estará condicionada a que su destinatario haya dado su consentimiento.

Por parte del Departamento de Gestión Tributaria se ha planteado una cuestión a la Dirección General de Tributos sobre la forma en que el destinatario de la factura electrónica debe prestar su consentimiento para entender que se ha cumplido con el requisito establecido en el citado artículo 9.2 del nuevo Reglamento por el que se aprueban las obligaciones de facturación, habiendo sido evacuado por el mencionado Centro Directivo un informe externo con fecha 21 de diciembre de 2012 que, por su interés, se reproduce a continuación:

INFORME

Primero.- El artículo 164.Uno, número 3º, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE del 29), establece que “(…) los sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados, con los requisitos, límites y condiciones que se determinen reglamentariamente, a: