Novedades Legislativas

La subida de los tipos impositivos general y reducido del IVA y de determinados tipos del recargo de equivalencia ha hecho que durante el ejercicio 2012 se realizaran operaciones que debiendo tributar al tipo general o al tipo reducido del Impuesto y a los correspondientes tipos del recargo de equivalencia se graven con porcentajes diferentes en función del momento del devengo de las mismas.

El artículo 117, apartado Tres, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece que la devolución de las cuotas soportadas en las adquisiciones de bienes en el régimen de viajeros regulado en el artículo 21, número 2º, de la propia Ley, podrá efectuarse a través de entidades colaboradoras en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

El artículo 9, apartado 1, número 2º, letra B), del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, dispone que el reembolso del Impuesto podrá realizarse a través de entidades colaboradoras autorizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que determinará las condiciones a las que se ajustará la operativa de dichas entidades y el importe de sus comisiones.

Una de las medidas adoptadas por el Gobierno para solventar la falta de Tesorería del Estado puesta de manifiesto en los últimos tiempos ha consistido en incrementar el importe de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades a las grandes empresas; para ello, en el plazo de un año escaso, se han publicado cinco normas relativas a la cuantificación de los mismos: el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril y el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio (todo ello sin perjuicio de la preceptiva ley de Presupuestos Generales del Estado que cada año establece los porcentajes aplicables para la determinación del importe a ingresar por cada pago fraccionado).

Todas estas modificaciones normativas han llevado a la necesidad de aprobar nuevos modelos de pagos fraccionados en el IS (por afectar a variables que inciden en la determinación de los pagos a realizar y establecer sobre su importe mínimo cautelas en determinados supuestos). Esto se ha llevado a cabo a través de la Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, que aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del IS y del IRNR (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) y su presentación telemática. Además, la mencionada norma modifica la regulación de los pagos fraccionados a cuenta del IS en régimen de consolidación fiscal, contenida en la Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio.

Acaba de ser publicado el Proyecto de Orden por la que se modifican los módulos del régimen simplificado del IVA aprobados por la Orden EHA/3257/2011 (Método de estimación objetiva del IRPF y Régimen especial simplificado del IVA para 2012).

Como recordarán, el RD-Ley 20/2012 (Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad) introdujo diversas modificaciones en la Ley 37/1992 (Ley IVA), fundamentalmente cambio de tipos impositivos y en la clasificación de determinadas categorías de bienes y servicios que pasaron a tributar a un tipo impositivo distinto a partir del 1 de septiembre de 2012.

En fecha 6 de agosto de 2012 se ha publicado, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, la Ley 6/2012, de 2 de agosto, de acompañamiento de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha.

En ella, y en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera, la Comunidad Autónoma modifica los tipos de gravamen del ITP y AJD e introduce uno nuevo del 6% para la transmisión onerosa de bienes muebles y semovientes, así como constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos -excepto los de garantía-.

Además, establece una nueva bonificación del 50%, para las primeras copias de las escrituras públicas que formalicen la declaración de obra nueva de construcciones afectas a actividades agrícolas, y que no estén destinadas a vivienda, con determinados requisitos.

El pasado día 6 de agosto de 2012 ha sido publicada en el BOE la Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Tributos, sobre el tipo impositivo aplicable a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

La regulación de los pagos fraccionados ha sufrido importantes modificaciones con posterioridad a la aprobación de la Orden EHA/664/2010, de 11 de marzo, Orden que aprobó el modelo 202 actualmente vigente para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondientes a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español. Modificaciones que se han llevado a cabo a través de los Reales Decreto-leyes 9/2011, 12/2012, 14/2012 y 20/2012.

Dichas modificaciones normativas, al ser sustanciales, afectan a las variables que inciden en la determinación de los pagos fraccionados a realizar y a las cautelas a establecer en determinados supuestos sobre su importe mínimo, lo que obliga a la aprobación de un nuevo modelo, no sólo del modelo general 202 sino también del modelo 222 para efectuar el pago fraccionado en régimen de consolidación fiscal.

En el BOE de 30 de julio de 2012 ha sido publicado el Convenio hecho en Madrid el 3 de febrero de 2011 entre España y Alemania para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, cuya entrada en vigor se producirá el 18 de octubre de 2012.

La recaudación de la tasas se vinculará a la justicia gratuita y los ingresos anuales por este concepto ascenderán a 306 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Con esta ley el Ministerio de Justicia persigue una doble finalidad: por un lado, racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y, por otro, asegurar el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para aquellos ciudadanos que carezcan de recursos para litigar. El destino de la recaudación se vincula a la financiación del sistema de justicia gratuita, lo que, sin duda, contribuye a la efectividad del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Mañana, día 21 de julio, entra en vigor un nuevo Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado  por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio (derogando el anterior contenido en el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre).

La aprobación de este reglamento viene motivada por las modificaciones introducidas en la Ley 35/2003 por la Ley 31/2011, de 4 de octubre que inició la adaptación de nuestra normativa a la tercera reforma de los fondos de inversión armonizados realizada por la Directiva 2009/65/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, y sus normas de desarrollo; la Directiva 2010/43/CE de la Comisión, de 1 de julio de 2010, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2009/65/CE, de 13 de julio de 2009, en lo que atañe a los requisitos de organización, los conflictos de intereses, la conducta empresarial, la gestión de riesgos y el contenido de los acuerdos celebrados entre depositarios y sociedades de gestión; y la Directiva 2010/44/UE de la Comisión, de 1 de julio de 2010, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2009/65/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a determinadas disposiciones relativas a las fusiones de fondos, las estructuras de tipo principal-subordinado y el procedimiento de notificación.