La sentencia de la Audiencia Nacional, de 29 de junio de 2006, comenta las consecuencias que actuaciones en relación a un tercero distinto del recurrente han podido tener de cara a la interrupción a la prescripción del derecho a determinar su deuda tributaria.
La sentencia de la Audiencia Nacional, de 13 de julio de 2006, afirma que los gastos de conservación y reparación que realice un sujeto pasivo del IRPF para destinar un inmueble al arrendamiento y que se recojan como condición para la plena validez y eficacia del contrato de arrendamiento, se considerarán como deducibles para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario por inmuebles arrendados, aunque el inmueble no se encuentre arrendado en el momento en que se incurra en los citados gastos.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 6 de octubre de 2006, se manifiesta en el sentido de que las condiciones para disfrutar de la reducción por adquisición de participaciones en entidades, establecidas en el art. 20.6 Ley 29/1987 (Ley ISD), que a su vez se refieren a lo dispuesto en el art. 4º.Octavo Ley 19/1991 (Ley IP), deben cumplirse en el ejercicio anterior a aquél en que se produce la donación de las participaciones (sentencia publicada en Normacef Fiscal, NFJ023544 y en la Revista de Contabilidad y Tributación del CEF, núm. 284, Noviembre 2006).
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13 de julio de 2006, señala, en materia de deducción por inversión en la adquisición de la vivienda habitual en el IRPF, que no puede considerarse que la constitución de unos depósitos financieros de renovación trimestral en la misma entidad de crédito en la que los sujetos pasivos eran titulares de las cuentas inicialmente destinadas a la adquisición de su vivienda habitual, a los que traspasaron sus fondos con el objeto de obtener una mejor rentabilidad, suponga que esas cantidades se destinan a fines diferentes de la adqu
Destacamos la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 7 de septiembre de 2006, que señala que la Directiva 69/335/CEE del Consejo, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, en su versión modificada, no se opone a una normativa nacional que establece que por el otorgamiento de una escritura pública en la que se hace constar una cesión de participaciones sociales que no está relacionada con un aumento del capital social se perciban derechos notariales fijados a tanto alzado y/o en función del valor de las p
La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2006 concluye que el requerimiento girado por la Inspección era absolutamente correcto por entender que es patente que la información que proporcionan las Actas de la Junta General de Accionistas, las del Consejo de Administración y el Libro Registro de Acciones, en cuanto son demostrativos de las relaciones financieras de la entidad requerida con uno de sus socios, se encuentra en la órbita de este tipo de requerimientos.De otro lado, por entender que el contenido de la información requerida, en cuanto es susceptible de proporcionar datos
Destacamos también la sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de julio de 2006, sobre representación para la firma de actas de inspección y para la interposición de recursos o reclamaciones.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de 12 de mayo de 2006, en materia del Impuesto sobre Sociedades, considera una liberalidad no deducible el pago de una cláusula penal por incumplimiento de un contrato de subarriendo con motivo del retraso en la puesta a disposición de los bienes al subarrendatario, retraso que era conocido en el momento de firmarse el contrato, siendo el importe de la indemnización satisfecha superior al previsto en el documento (sentencia publicada en Normacef Fiscal, NFJ023091 y en la Revista de Contabilidad y Tributación de
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 5 de abril de 2006, sobre la aplicación del régimen especial del recargo de equivalencia del IVA, señala que el vendedor tiene obligación de exigir a sus clientes la acreditación formal del hecho de estar sometidos al citado régimen especial, teniendo estos la obligación de acreditarlo. La declaración verbal del cliente no es suficiente para no liquidar tal recargo (sentencia publicada en Normacef Fiscal, NFJ023094 y en la Revista de Contabilidad y Tributación del CEF, núm. 283, Octubre 2006).
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 24 de marzo de 2006, sigue un criterio no pacífico en la jurisprudencia de los distintos tribunales en este asunto.
