DGT

Aplicación de la bonificación de hasta el 95 por ciento en la cuota del IIVTNU en el pacto sucesorio "definición" balear

En la consulta de 1 de junio de la DGT, se plantea el caso en el que un contribuyente pretende  transmitir en vida a su hijo la propiedad de un inmueble urbano mediante un pacto sucesorio conocido como "definición", previsto en el Derecho Civil de Baleares. A cambio de la donación de la vivienda por el contribuyente a su hijo, éste renunciaría a la legítima que en su día pudiera corresponderle en la sucesión del contribuyente.

El pacto sucesorio “definición” debe calificarse como negocio jurídico mortis causa, aunque el instituyente o causante no haya fallecido, con aplicación de los beneficios fiscales que las normas tributarias reconocen a este tipo de negocio.

La DGT separa criterio en IRPF e IS en lo que tiene que ver con la pérdida de la condición del actividad económica del arrendamiento de bienes inmuebles cuando su gestión se externaliza

A costa de una consulta planteada respecto de la tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio, la Dirección General de Tributos, en su contestación de 9 de mayo de 2016, deja claro que la externalización de la gestión de la actividad de arrendamiento de bienes inmuebles tiene diferentes consecuencias para quienes tributan por el IRPF –y por extensión por el Impuesto sobre el Patrimonio- o por el IS.

Efectivamente, según afirma el órgano consultivo, el art. 1.2 RD 1704/1999 (Desarrollo art. 4.º Octavo.Dos Ley IP) remite la calificación como económica de la actividad de arrendamiento de inmuebles al cumplimiento de los requisitos que establezca la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo que es lo mismo que remitirse al contenido del art. 27.2 Ley 35/2006 (Ley IRPF), donde el único requisito que se establece es el de la llevanza de la gestión por una persona contratada con contrato laboral y a jornada completa, lo que excluye la posibilidad de que en ese Impuesto si una entidad dedicada a esa actividad es la que la gestiona, se pueda mantener el concepto de actividad económica.

La DGT analiza los beneficios fiscales de las ETVE

La Dirección General de Tributos ha publicado dos consultas con fecha de 5 y 19 de Abril (consultas nums. V1398/2016 y V1688/2016) en las que aborda el régimen de las Entidades de Tenencia de Valores en el Extranjero (ETVE), que constituyen uno de los principales regímenes por el que las empresas españolas con participaciones en entidades extranjeras se benefician fiscalmente de las exenciones o deducciones para evitar la doble imposición internacional

En la primera se centra en la figura de las LLP «Limited Liability Partnership», considerando que aquellas constituidas con arreglo a las leyes británicas, tienen una naturaleza análoga o similar a las entidades españolas en régimen de atribución de rentas, por lo que les resultará de aplicación a efectos de su tributación la normativa de los No residentes.

La comercialización de IIC extranjeras en España puede beneficiarse del régimen de diferimiento sólo si el comercializador forma parte activa de la operación

Ya lo matizó la consulta de la Dirección General de Tributos de 29 de abril de 2014 y ahora lo reitera la de 18 de mayo de 2016, sobre un concreto supuesto de hecho que pretende seguir las directrices de la primera, sobre el cual la DGT termina dando el beneplácito en orden a la aplicación del régimen de diferimiento establecido en el art. 94.1.a).1º Ley 35/2006 (Ley IRPF).

Siguiendo un orden temporal, la consulta de 29 de abril de 2014, señaló que para poder tener acceso al régimen de diferimiento la intervención de la comercializadora en España debía tener lugar de una forma directa, como intermediario principal, necesario y exclusivo, lo que suponía que las operaciones de disposición no pudieran realizarse jurídica ni materialmente sin su intervención.

Deducción en el IS por la inversión de beneficios en inmuebles nuevos

La DGT, en su consulta vinculante de 20 de abril de 2016, concreta qué debe entenderse por elementos del inmovilizado “nuevos” al objeto de aplicar la deducción por inversión de beneficios, ya que el Texto Refundido de la Ley del IS no contiene una definición del concepto de elementos nuevos. A estos efectos, debe entenderse un elemento como nuevo cuando sea utilizado o puesto en condiciones de funcionamiento por primera vez, siendo imprescindible que los que son objeto de la inversión tengan la consideración de nuevos, debiendo entenderse por nuevos, los que están en disposición de ser utilizados por primera vez.

La concesión de los derechos de opción no determinará la existencia de rendimiento del trabajo si son transmisibles y fueron adquiridos por su valor normal de mercado

La DGT, en su consulta vinculante de 21 de abril de 2016, sostiene que la concesión de opciones de compra sobre acciones de una empresa a los trabajadores o administradores de la misma o de otras entidades del grupo, por su condición de tales, a un precio inferior al normal de mercado, debe calificarse como rendimiento del trabajo, y si se trata de opciones de compra intransmisibles inter vivos, se devengará en el momento en que el beneficiario ejercite su derecho de opción de compra. 

La DGT adelanta las consultas en que analiza la tributación de los intereses devueltos por nulidad de las cláusulas suelo

La Dirección General de Tributos ha adelantado la publicación de dos consultas de fecha 3 de junio de 2016 (consultas núms. V2430/2016 y V2431/2016), tal vez por aprovechar la concurrencia de las fechas en que nos encontramos, corriente la campaña de la renta 2015, en las que aborda la tributación de las consecuencias derivadas de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo -figura que tantas entidades bancarias de nuestro país han incorporado a sus contratos tipo de préstamo hipotecario- contratadas en lesión de los derechos de los consumidores.

A vueltas con la naturaleza de la contraprestación de los servicios públicos: ahora informe de la DGT sobre el tema

Se ha hecho público un Informe de la Dirección General de Tributos, de 20 de mayo de 2016, en relación con las tasas por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y de alcantarillado, según el cual y basándose en el criterio mantenido por el Tribunal Supremo en sentencia de 28 de septiembre de 2015 (rec. núm. 2042/2013), distinto a otra sentencia de la misma Sala del citado tribunal, de 23 de noviembre de 2015 (rec. núm 4091/2013), sostiene  que si los citados servicios públicos de abastecimiento de agua y alcantarillado son gestionados directamente por un ente local, sin ningún tipo de delegación, la contraprestación satisfecha por los usuarios debe tener la naturaleza jurídica de tasa. Por el contrario, si dichos servicios son gestionados por una sociedad privada municipal, o por una empresa privada a través de un contrato administrativo de gestión del servicio, las contraprestaciones  son calificadas como ingresos  de Derecho privado y no como ingresos de Derecho público

Base imponible de la Tasa por la utilización privativa del dominio público a satisfacer por empresas de distribución de energía eléctrica

De acuerdo con lo afirmado por la DGT en su consulta vinculante de 14 de abril, en la base imponible de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público a satisfacer por una empresa que tiene por objeto la actividad de distribución de energía eléctrica deberan incluirse los peajes de acceso a las redes de distribución constituyen ingresos propios de la actividad de las empresas de distribución, que los cobran a los consumidores, bien directamente o a través de las empresas comercializadoras ya que forma parte de los ingresos brutos de facturación a los efectos de la cuantificación de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

La DGT rectifica y afirma que la sociedad civil dedicada a la abogacía y administración de fincas no es sujeto pasivo del IS 

La DGT ha publicado su consulta de 16 de marzo de 2016 sobre la tributación en el Impuesto sobre Sociedades a partir del 1 de enero de las sociedades civiles, que sustituye a otra anterior,  la consulta DGT, de 04-12-2015, n.º V3880/2015 

En la consulta de 16 de marzo de 2016 estamos ante una sociedad civil que tiene por objeto exclusivo el ejercicio de actividades profesionales de abogacía y administración de fincas, que se constituyó como sociedad civil particular pero, mediante escritura pública del año 2008, pero en adaptó sus estatutos a la Ley de sociedades profesionales.  Por otro lado, una de las socias de la sociedad civil es copropietaria de diversos inmuebles (viviendas y locales) que son objeto de arrendamiento a través de una comunidad de bienes, que no cuenta con persona empleada ni local afecto.

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