Estatal

En el BOE de 29 de julio de 2015, se ha publicado la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, la cual, en el ámbito tributario contiene las mismas medidas y con idéntico contenido que las incluidas en el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero.

Estas medidas se contienen en su Título II “Otras medidas de orden social”, concretamente, en sus Capítulos I “Medidas en el ámbito tributario y de las Administraciones Públicas” –artículos 4 (modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF) y 7 (modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del IS) - y III “Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia” –artículo 10 (modificación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia)-.

En el Boletín Oficial del Estado de 25 de julio de 2015 se ha publicado la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entrará en vigor el 1 de abril de 2017.

Ante la realidad que ha cambiado sustancialmente desde 1986, se hace necesaria una actualización general de la normativa para la que en esta ocasión, dado el número de preceptos afectados y la naturaleza de los cambios, no basta con una simple reforma parcial como las realizadas hasta la fecha y por ello, a la entrada en vigor de esta norma quedará derogada la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

A través de la Resolución de 14 de julio de 2015 (BOE de 24 de julio) se habilita, a partir del 15 de octubre de 2015, la realización del pago de determinadas liquidaciones practicadas por la Administración a través de la sede electrónica de la AEAT, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema Cl@ve PIN)

Con entrada en vigor –salvo algunas excepciones- el 17 de junio de 2016, se ha publicado en el BOE de 21 de julio, la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, de la que se da oportuna cuenta en  http://www.contabilidad.tk/, ciñéndonos en estas líneas a reseñar las principales medidas fiscales que se contienen en ella.

Con entrada en vigor a partir del 21 de octubre de 2015, la Ley 21/2015, de 20 de julio (BOE de 21 de julio), introduce una serie de modificaciones en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, teniendo incidencia algunas de ellas en el ámbito fiscal, concretamente, en el del Impuesto sobre Sociedades, pues regula el régimen fiscal de las sociedades forestales con el objeto de incentivar las agrupaciones de propietarios y la mejora en la sostenibilidad de los montes.

Con entrada en vigor –salvo algunas excepciones- el 1 de enero de 2016, se ha publicado en el BOE de 15 de julio, la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, de la que se da oportuna cuenta en http://www.civil-mercantil.com/, ciñéndonos en estas líneas a reseñar las principales medidas fiscales que se contienen en ella.

Así, y en relación con la obligación de retener e ingresar a cuenta encontramos una disposición de carácter general que establece que las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado de la Unión Europea que pretendan operar en España en régimen de libre prestación de servicios estarán obligadas a practicar retención o ingreso a cuenta e ingresar el importe en el Tesoro, así como a informar a la Administración Tributaria, en relación con las operaciones que se realicen en España, en los términos previstos en la normativa reguladora de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, sobre sociedades y sobre la renta de no residentes.

Con entrada en vigor el 12 de julio de 2015, el Real Decreto-Ley 9/2015, de 10 de julio (BOE de 11 de julio), introduce una serie de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico, que ya nos había anunciado el Gobierno hace unos días, motivadas tal y como señala la exposición de motivos de la norma a que “la mejora económica se viene manifestando también en la mejora de la recaudación tributaria” y “los innegables efectos beneficiosos antes aludidos para consolidar la recuperación económica justifican la introducción de estas medidas en nuestro ordenamiento jurídico de manera inmediata, ya que concurre, por su naturaleza y finalidad, la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución para la utilización del real decreto-ley, requisito imprescindible, como ha recordado, por otra parte, la jurisprudencia constitucional”.

La Ley 26/2014, de 27 de noviembre, introdujo una pluralidad de modificaciones tanto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), como en  el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo (TRLIRNR). Parte de las adaptaciones reglamentarias a los cambios legales se llevaron a cabo a través del Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, que modificó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (RIRPF), en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo y el resto de adaptaciones reglamentarias  se lleva a cabo a través del Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, publicado en el BOE de 11 de julio de 2015, y que ahora se reseña. Asimismo, se modifican determinados artículos en el RIRPF para adaptar los tipos de retención  e ingreso a cuenta a los nuevos tipos establecidos en la LIRPF por el Real Decreto-Ley 9/2015, de 10 de julio.

Se publica en el BOE de 25 de junio, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que entrará en vigor el día 1 de noviembre de 2015. No obstante, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación los siguientes preceptos: