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Según las estimaciones de las distintas Administraciones, los daños totales se pueden cifrar en, al menos, 105,7 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015, que ha azotado la práctica totalidad del territorio nacional, como consecuencia de un frente atlántico que comenzó a afectar a las costas del Cantábrico y por la posterior irrupción de masas de aire frío proveniente Europa central.

 

El órgano de gobierno de los jueces aprueba por unanimidad el informe al Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El informe también sugiere que el silencio de la Administración se entienda negativo cuando se solicite autorización para el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el 5 de marzo de 2015 por unanimidad el informe al Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que tiene por objeto la regulación de las relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos y empresas.

 

A las tres nuevas deducciones en el IRPF que incorporó la reforma fiscal para el apoyo a la familia se suman ahora otros tres supuestos, el de familias monoparentales con dos hijos a cargo, y el de pensionistas y desempleados que tengan ascendientes o descendientes a cargo, o que formen parte de una familia numerosa, que podrán solicitarlas a partir del próximo 9 de marzo.

Además, los solicitantes que han presentado con errores formales el modelo 143 de solicitud de pago anticipado podrán agilizar el cobro por internet o teléfono completando la solicitud ya presentada o, en su caso, sustituyéndola por una nueva.

En el caso de las sustituciones, podrán aprovechar la ampliación en un mes, hasta el 31 de marzo, del plazo dispuesto para solicitar el pago anticipado y tener derecho al cobro mes a mes con efectos desde el pasado enero. Por tanto, todos los solicitantes de los llamados “cheques familiares” podrán tener acceso a los pagos de enero, febrero y marzo si presentan la solicitud antes de final de marzo.

Se amplían los supuestos de deducción por discapacidad y familias numerosas regulados en el artículo 81 bis de la Ley 35/2006. La solicitudes por los nuevos supuestos de deducción podrán presentarse a partir del 9 de marzo, mientras que el plazo para poder solicitar el pago anticipado de las deducciones familiares correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo se amplía hasta el 31 de marzo.

Asimismo, se establecen nuevos supuestos de exención de las rentas obtenidas por deudores en procesos concursales.

El Tribunal Supremo ha avalado un requerimiento de Hacienda a El Corte Inglés para que identifique a los titulares de su tarjeta de compra que hubiesen realizado pagos a través de las mismas por importe total anual igual o superior a 30.000 euros al año. La orden de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude ahora avalada por el Supremo se dictó en 2008, y afecta a los datos de los ejercicios fiscales 2006 y 2007. La sentencia confirma la resolución dictada en el caso por la Audiencia Nacional en julio de 2012.

La Sala Tercera del Supremo aplica al caso la misma doctrina de su sentencia del pasado 15 de diciembre relativa a un requerimiento similar sobre las tarjetas 4B. En esa sentencia se destacó que hay un deber general de información y colaboración con la Administración tributaria "que tiene sustento constitucional, que está legalmente regulado y que debe ser interpretado y aplicado respetando otros valores y principios constitucionales", con permanente presencia del principio de proporcionalidad, pero "sin que ello suponga mantener un criterio restrictivo y estricto que excluya de la información tributaria debida los datos que, teniendo trascendencia tributaria, procedan de relaciones que afectan sólo indirectamente a los obligados tributarios".

El Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad de la Ley 16/2012, por la que el Estado creó el Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito (IDEC).

Este Impuesto entró en vigor el 1 de enero de 2013, inicialmente con tipo de gravamen cero, ya que el Estado lo estableció con la finalidad de armonizar la tributación sobre los depósitos bancarios en todo el territorio nacional.

El recurso, interpuesto por el Parlamento de Cataluña se fundamentaba en el argumento de que un Impuesto sobre depósitos con tipo cero no constituye un verdadero gravamen y, por consiguiente, no puede impedir que las Comunidades Autónomas establezcan sus propios impuestos sobre depósitos por no producirse una verdadera colisión entre ambos.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial por el que se introducirán en el sistema judicial un paquete de medidas organizativas encaminadas a agilizar la instrucción de los procedimientos, a través de una mayor especialización en los Tribunales y un mejor reparto de asuntos y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que introduce un conjunto de medidas dirigidas a la mejora de la eficiencia en la actividad de la Administración de Justicia, así como en la relación de ésta con los operadores jurídicos y los ciudadanos, a través de la implantación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes trámites y procesos judiciales.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de mecanismo de segunda oportunidad y reducción de la carga financiera, y de otras medidas de orden social. La norma persigue facilitar el desendeudamiento de la economía española, al tiempo que se amplía la protección a aquellos colectivos más vulnerables por la crisis.

El Consejo de Ministros ha aprobado la firma "ad referéndum" del Convenio entre el Reino de España y el Sultanato de Omán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y de su Protocolo, se dispone su remisión a las Cortes Generales y su ratificación.

El Convenio tiene por objeto dispensar un tratamiento tributario adecuado a las circunstancias de los contribuyentes que desarrollen actividades económicas en el ámbito internacional, proporcionando un marco de seguridad jurídica y fiscal que favorezca los intercambios económicos entre los dos países y facilite la cooperación entre las respectivas autoridades fiscales en el desempeño de sus funciones.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha informado de la próxima aprobación de una disposición normativa para excluir de la obligación de presentar declaración en el Impuesto sobre Sociedades a colectivos de menor entidad.

Ello beneficiará a múltiples colectivos, entre ellos, asociaciones de vecinos y otros entes de carácter municipal, que cuentan con recursos personales y materiales limitados para atender las exigencias formales tributarias.