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El Consejo de Ministros, ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y de su Protocolo y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94.1.c) y e) de la Constitución Española.

Desde que se instauró definitivamente el nuevo régimen penal para empresas –la responsabilidad penal corporativa, de un modo más definido en cuanto a los elementos que tiene que tener un programa de prevención de delitos en el Código penal–, lo cierto es que hemos tenido noticias de penal-económico todos los días, hasta un cambio de Gobierno basado en una moción de censura por delitos económicos.

La única condena por corrupción entre particulares, estrenando el tipo penal, que se ha producido es la de una empresa de ediciones escolares que sobornó, al parecer con la cifra de 250.000 euros, a un oficial del ministerio de Educación en una república africana para que sus escolares estudiasen con los libros de esta. Resulta cuando menos ingenuo creer que el caso más grave de corrupción que existe es el de esta empresa de ediciones. Evidentemente la organización no contaba con un plan de compliance (o prevención de delitos, en castellano); bastante tenía con sobrevivir en la jungla del mercado editorial compitiendo con los gigantes nacionales e internacionales, como para preocuparse de que ese soborno en Angola, en el que hasta ahora nadie reparaba, resulta que es objetivo de la ONU y ahora está perseguido mundialmente y sancionado estrictamente.

Recientemente el Tribunal Supremo ha determinado el concepto de grupo que debe manejarse al interpretar el régimen de consolidación fiscal. La remisión al grupo de sociedades debe interpretarse de forma que solo se comprendan en tal concepto aquellos grupos de entidades cuando actúen como grupos consolidados, de modo que, si las sociedades afectadas no actúan como grupo consolidado en los términos que razona la sentencia, no tienen tal consideración de grupo a efectos de la aplicación de la cláusula del artículo 82.1 c) 3.ª del TRLHL.

Este no es el único dilema interpretativo a que se enfrenta quien pretenda comprender en su extensión los pormenores de la consolidación fiscal, heredera de la complejidad de la contabilidad a la hora de tratar el método de consolidación de cuentas entre sociedades del grupo.

Tanto desde el punto de vista de la fiscalidad empresarial como de la personal, la correcta planificación y diseño de políticas retributivas y el correcto manejo de las opciones fiscales nacionales e internacionales que brinda la legislación fiscal son indispensables para optimizar la factura de los movimientos internacionales de nuestros empleados.

La ley fiscal española ha hecho varias reformas en la última década para favorecer tanto el traslado de directivos de las empresas multinacionales a España, como el de empleados españoles al extranjero. Jugando con la famosa regla de domicilio fiscal de las personas físicas, ha establecido regímenes especiales para aquellos que no pasen más de cierto tiempo en cada país pero elijan tributar en España. Dos ejemplos de intrincada interpretación por la doctrina administrativa son los artículos 7 p) y 9.5 de la Ley del IRPF. Existe, además, un régimen tributario opcional para residentes dentro de la Unión Europea.

El Consejo de Ministros ha aprobado varios Reales-Decretos, sobre Oferta de Empleo Público para 2018, Oferta de Empleo Público extraordinaria para 2018, estabilización del empleo temporal y recuperación de los derechos por incapacidad laboral.

Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados.

Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se aprueba la oferta de empleo público de estabilización para el personal de la Administración de Justicia para 2018.

Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018.

Como ya adelantamos, para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo de 2018, la Agencia tributaria ha puesto, como en años anteriores, a disposición del contribuyente, el calendario del contribuyente 2018.

Les recordamos ahora las principales obligaciones tributarias del mes de agosto.

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, (BOE de 4 de julio) modifica el artículo 101 e introduce una nueva disposición adicional 47ª en la Ley del IRPF. Tales preceptos, establecen, a partir de su entrada en vigor, tres modificaciones relevantes en relación con el cálculo del porcentaje de retención e ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir de ese momento; concretamente:

La Agencia Tributaria ha anunciado que ha aglutinado toda la información relativa al modelo 179 relativo a la cesión de uso de viviendas con fines turísticos en un sólo enlace "Ayuda del modelo 179".

Dentro del mismo se recoge la normativa, las preguntas frecuentes y el plazo de presentación de esta nueva declaración informativa.

Fuente: AEAT (18/07/2018)

En materia fiscal, hay ciertas cosas que no aparecen en los programas formativos de las universidades y que solo los docentes con experiencia que trabajen en empresas pueden regalar a sus alumnos, para que así conozcan mejor el entorno en el que se van a desenvolver en el ejercicio de la asesoría fiscal. Algunas de estas cosas, como la responsabilidad del asesor, se encuentran recogidas en la Ley, y, por lo tanto, puede ser materia que se imparta en las aulas de las universidades, pero puede también que entre el estudio de las diferentes figuras tributarias, la responsabilidad del asesor por actuar con negligencia no encuentre acomodo en el temario impartido.

La Agencia Tributaria debe gestionar la información obtenida del modo más eficiente posible. Esta gestión requiere una correcta identificación de los contribuyentes.