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El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se aprueba la firma "ad referéndum" del Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, se dispone su remisión a las Cortes Generales y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo.

Entre 2013 y 2015 se ha desarrollado en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico/G-20 el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting o erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios) que lucha contra la elusión fiscal internacional de las grandes multinacionales. Este proyecto ha concluido con un informe final que incluye un amplio paquete de medidas.

En España el tipo general del impuesto sobre sociedades se encuentra en el 25 %, pero las grandes compañías consiguen rebajar este tipo, aplicando diferentes incentivos fiscales y bonificaciones, entre las que se encuentran las deducciones por investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Tantos incentivos y bonificaciones en el impuesto sobre sociedades es algo que no le gusta al nuevo Gobierno, que quiere subir la recaudación por esta figura tributaria, eliminando las bonificaciones, deducciones o exenciones que existen a día de hoy.

Sin embargo, por otra parte, el nombramiento de Pedro Duque como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades parece una apuesta por mantener e incrementar los esfuerzos en investigación y desarrollo, por lo que veremos si en la próxima reforma del impuesto sobre sociedades que diseña el Ministerio de Hacienda, se eliminan también los incentivos fiscales y bonificaciones en el referido impuesto a este tipo de actividades.

El 2 de julio finalizó la campaña de la Renta de 2018. En esta declaración, al igual que en las anteriores, las personas físicas propietarias de apartamentos turísticos cedidos en alquiler en el año 2017 habrán declarado, o deberían haberlo hecho, los ingresos derivados de dicha actividad.

La Agencia Tributaria ya viene vigilando desde ejercicios anteriores este tipo de actividades, incrementando la presión y los controles para aflorar rentas no declaradas.

En este sentido, el primer paso de la Agencia Tributaria ha sido rastrear las plataformas que facilitan este tipo de transacciones entre los inquilinos y los arrendadores, enviando avisos a los contribuyentes para que declaren estos ingresos, a través del borrador de la declaración de la renta.

Además, para facilitar la labor de la Agencia Tributaria se obliga a estas plataformas al suministro de información a través del modelo 179, obligación que tendrá pleno efecto en la campaña de la declaración de la Renta de 2018, a presentar en 2019. En este modelo las empresas declaran, entre otros datos: el titular de la vivienda, el inmueble objeto de cesión, los días de cesión y el importe percibido.

La Agencia tributaria ha publicado un nuevo portal coincidiendo con la campaña de presentación de los Impuesto sobre Sociedades, que acaba de comenzar para aquellas sociedades cuyo ejercicio coincide con el año natural, y para el Impuesto sobre la Renta de los no residentes.

El Consejo de Ministros ha autorizado dos instrumentos, un Convenio entre España y Ucrania para eliminar la doble imposición con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales, así como del Protocolo de desarrollo, y un Acuerdo en materia aduanera.

Las relaciones entre España y Ucrania en el ámbito de la fiscalidad internacional se han desenvuelto principalmente, desde la independencia de ese país, al amparo del Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para evitar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio, firmado el 1 de marzo de 1985.

La negociación formal de un nuevo Convenio entre España y Ucrania se inició en la década pasada. En diciembre de 2017 se adoptó el texto del Convenio.

El nuevo Convenio responde al deseo de ambos países de proseguir el desarrollo de sus relaciones económicas y de reforzar su cooperación en materia tributaria, sin generar oportunidades para la no imposición o para una imposición reducida mediante evasión o elusión, incluida la práctica de la búsqueda del convenio más favorable que persigue la obtención de los beneficios previstos en él para favorecer indirectamente a residentes de terceros Estados.

Coincidiendo con la reciente entrada en vigor del nuevo Reglamento general de protección de datos (RGPD)¹, que precede al que próximamente será aplicable a las instituciones de la Unión Europea², el Tribunal de Justicia ha decidido reforzar la protección de los datos de las personas físicas en el marco de las publicaciones relativas a los asuntos prejudiciales.

Al hacerlo, se suma a la tendencia, observada en los Estados miembros, a fortalecer la protección de los datos personales en un contexto marcado por la proliferación de herramientas de búsqueda y de difusión. La jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia refleja de hecho esta tendencia con un creciente número de sentencias dictadas en ese ámbito, sobre cuestiones como el derecho a la supresión de datos en los motores de búsqueda³, la validez de la decisión de la Comisión por la que se declaraba que los Estados Unidos garantizan un adecuado nivel de protección de los datos personales transferidos⁴, la validez del acuerdo sobre el PNR (Passenger Name Record data) entre la Unión Europea y Canadá⁵, la responsabilidad de los administradores de páginas de fans en Facebook⁶ o incluso la licitud de la conservación de datos personales por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas⁷.

En la página web de la AEAT se ha publicado el cuarto listado de deudores a la Hacienda Pública.

En la página web de la AEAT se ha publicado el cuarto listado de deudores a la Hacienda Pública, de acuerdo con lo previsto en el art. 95 bis de la Ley General Tributaria y la Orden HAP/364/2016. Este listado comprende la relación de los deudores a la Hacienda Pública por deudas y sanciones pendientes de pago, que superan el importe de 1.000.000 € y no se encuentran ni suspendidas ni aplazadas, obrantes en el Sistema de Información de la AEAT a fecha de referencia 31 de diciembre de 2017.

En virtud de lo dispuesto en la Resolución de 12 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 29 de mayo de 2006, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la aplicación de los tributos para la solicitud de certificados tributarios, ya pueden solicitarse en el ámbito de la colaboración social todos los tipos de certificados tributarios que pueden tramitarse a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Los certificados se podrán obtener en cualquier caso en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por el contribuyente, y por el colaborador social si figura inscrito el poder de representación a tal efecto en el Registro de apoderamientos de la Agencia Tributaria.

La falta de pago de las obligaciones tributarias de los contribuyentes puede acarrear serias consecuencias para estos, tanto pecuniarias, como penales, pero también estos pueden ser sometidos a escarnio público si las deudas superan el millón de euros y son publicadas en la lista de morosos de la Agencia Tributaria.

En el artículo 25 de la Ley General Tributaria se determinan las obligaciones tributarias accesorias, que son las prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria. Dentro de este tipo de obligaciones se encuentran el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo, así como aquellas otras que imponga la ley.

El 22 de junio de 2018, el Consejo de la UE ha acordado medidas para reforzar la cooperación administrativa a fin de mejorar la prevención del fraude en materia de IVA.

El Reglamento propuesto aborda las formas de fraude transfronterizo más extendidas.