Jurisprudencia

El Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Nacional recaída en el asunto conocido como Gürtel (papeles de Bárcenas) si bien reduce las penas impuestas debido a la apreciación de una atenuante de dilaciones indebidas por el transcurso de cinco años entre la conclusión de la investigación y el juicio oral debido a deficiencias estructurales de la Administración de Justicia.

En la página web del Poder Judicial se ha publicado un comunicado de prensa en el que se da cuenta de la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia de la Audiencia Nacional recaída en el asunto conocido como Gürtel (papeles de Bárcenas) que condenó a los dos administradores de la sociedad encargada de hacer unas reformas en la sede del PP por un delito de defraudación tributaria y al extesorero de este partido como cooperador necesario al facilitar la defraudación por la vía de efectuar un tanto por ciento de los pagos debidos de forma opaca, con dinero negro.

Tanto los administradores de la sociedad encargada de los trabajos en la sede del partido como el extesorero del PP, En esta sentencia tanto la sociedad responsable de las obras Unifica S.L, como el Partido Popular fueron declarados responsables civiles subsidiarios para abonar la cuota tributaria eludida, si no lo hacen los responsables penales, siendo el alcance de dicha responsabilidades el importe defraudado achacable a los pagos en B.

• El TJUE afirma que la Directiva IVA permite negar la deducción del IVA soportado cuando la factura que el proveedor entregó al destinatario no mencionase este impuesto, aunque con ocasión de una inspección al proveedor, en el acta conste dicho IVA
• El TJUE declara que son desproporcionadas a la luz de los objetivos de la UE las multas o sanciones a tanto alzado para todas las infracciones, con independencia de su naturaleza y su gravedad, por no abonar anticipadamente el peaje de una vía
• TJUE: El administrador de una entidad que no notificó su incapacidad de pagar el IVA debe demostrar para liberarse de su responsabilidad solidaria por el pago de dicha deuda, que el incumplimiento de esa obligación de notificación no le es imputable
• El Tribunal Supremo deberá resolver si la norma de valoración del IS debe limitarse a las operaciones vinculadas de la entidad o si cabe aplicarla a relaciones jurídicas de la entidad regularizada con terceros que no son partes vinculadas
• El TS aclara que la ganancia patrimonial por la retasación de un bien expropiado debe imputarse temporalmente al ejercicio del IRPF en el que dicha resolución devenga firme, resultan aplicables los coeficientes reductores o de abatimiento
• El TS afirma que no cabe invocar la causa de exención de responsabilidad sancionadora del art. 179.2.d) LGT cuando el ejercicio de la potestad sancionadora se debe a la falta de prueba de la deducibilidad de un gasto
• TS: Es ajeno a la potestad de calificación que la Administración niegue a efectos del IS que una sociedad sea residente en España si comprueba que la dirección efectiva y control del conjunto de sus actividades no está en nuestro país
• El TS afirma que la pérdida de condición de socio del transmitente al enajenar la totalidad de sus acciones no puede ser considerado «separación del socio» a efectos de determinar el valor de la ganancia o pérdida patrimonial en el IRPF
• No se admite la aplicación del tipo de gravamen reducido para las entidades de nueva creación al haberse producido la transmisión de la actividad a la entidad de nueva creación por parte de una entidad vinculada
• Deben tenerse en cuenta en la valoración de la operación vinculada los impuestos y retenciones satisfechos en el extranjero por la actividad personalísima y artística del socio como tenor
• Los préstamos se han otorgado con quebranto del principio de libre competencia y deben calificarse de aportaciones de capital, no siendo deducibles en el IS los intereses derivados de dichos préstamos a la filial española
• La amortización es una expresión contable de un proceso de depreciación contable, por lo que la única prueba de la amortización es el propio asiento contable, sin el cual no es posible admitir su deducción en el IS
• La solicitud de devolución de un aval no hace presumir que el recurrente haya tenido conocimiento de la resolución del TEAR que resolvió la reclamación económico-administrativa contra la liquidación, cuando su notificación es defectuosa
• El préstamo participativo de los socios del obligado tributario es ficticio al tratarse de unas deudas de las que el obligado tributario no ha justificado que correspondiesen a reales aportaciones de bienes o derechos
• Resulta aplicable la incostitucionalidad respecto de la obligación de integrar de forma automática en la base imponible del IS una reversión mínima anual en los ejercicios 2016-2020 de los deterioros previamente deducidos de participaciones
• El plazo de prescripción para declarar responsabilidad solidaria por ocultación de fondos mediante una cuenta de la responsable se inicia con el primer ingreso relevante, y no desde la fecha de apertura de esta

Considera la Sala que debió acudir la Inspección a los preceptos relativos a los métodos de valoración, al no ser aplicable la presunción de que el valor pactado por las partes es el de mercado, pues no se cumplían de forma cumulativa los requisitos que exige el precepto.

El TSJ de Murcia, en su Sentencia de 9 de mayo de 2024, analiza si es correcta la regularización efectuada a través del régimen de operaciones vinculadas, y, en concreto, si es correcta la valoración efectuada por la Inspección.

Ha quedado acreditado en el expediente, y no es discutido por la actora, que la recurrente presta servicios médicos, siendo su socia y administradora única la que presta a la entidad recurrente dichos servicios, que son evidentemente de carácter personalísimo, pues no existe en la sociedad otra persona física que pueda prestar dichos servicios.

Es evidente que todas las operaciones que la sociedad demandante realiza con terceros lo serán por la persona física que presta el servicio; siendo el mismo el servicio prestado por la socia a la recurrente que el que la entidad recurrente presta a terceros, en particular a un Hospital de Lorca.

Además, la recurrente no tiene ningún empleado por cuenta ajena, ni local de consulta, ni consta que subcontrate la prestación de servicios.

Es, pues, evidente la relación de vinculación entre la socia como única socia y administradora única y la recurrente, por lo que es correcto llevar a cabo la valoración de las operaciones vinculadas.

La Sala concuerda con la administración que el precio de la operación vinculada, pactado entre las partes, no se ajustaba al valor normal de mercado, y que los servicios facturados a terceros se prestaron realmente por el socio, no aportando la sociedad valor añadido alguno relevante.

El TSJ de Madrid, en su Sentencia de 10 de abril de 2024, analiza si es correcta la regularización efectuada a través del régimen de operaciones vinculadas al socio de una entidad que participaba en programas televisivos, como la Ruleta de la Fortuna.

El recurso se centra en determinar si existió en los ejercicios objeto de este recurso (2013 y 2014) una operación vinculada entre la entidad actora, y su socio y administrador único, en relación con los servicios facturados por la entidad actora con terceros, relativos a las actuaciones del socio en programas televisivos, como la Ruleta de la Fortuna, o producción y creación de videos, CDs u organización de eventos, los cuales, sostiene la AEAT que solo se podían prestar debido a la actuación personalísima de su socio.

Los ingresos de la sociedad durante los ejercicios 2013 y 2014 fueron de 284.063,98 € en 2013 y de 198.335,29 € en 2014 mientras que por sus servicios el socio percibió de la entidad actora 46.800 € en 2013 y 50.000 € en 2014.

La AEAT considera que, en contra de lo que se señala en la demanda, los servicios prestados por la sociedad a terceros eran realmente prestados por el socio único, ya que, de los contratos celebrados con terceros, se desprende, tal como reconoció el socio mayoritario en las actuaciones inspectoras, que no solo participaba en actuaciones en programas televisivos, sino que también su trabajo consistía en la gestión, comercialización y organización de los servicios facturados a los clientes.

La sociedad no contaba con medios personales, más allá de la contratación puntual de determinados músicos y el único profesional contratado era precisamente el socio mayoritario.

Por otra parte, en cuanto a los medios materiales, el hecho de contar con un estudio de grabación era puramente residual en relación a la actividad teóricamente desarrollada por la entidad actora y su facturación, principalmente orientada a la participación en programas televisivos como La Ruleta de la Fortuna.

No puede confundirse la neutralidad del impuesto con la pretensión de que todas las facturas sean deducibles en los importes de IVA soportados.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene ocasión de pronunciarse en dos sentencias (20 de marzo de 2024, Rec. n.º 1465/2021 y 24 de abril de 2024, Rec. n.º 1472/2021) sobre las condiciones para aceptar la deducción del IVA soportado antes del inicio de la actividad económica, circunstancia que hay que demostrar con elementos objetivos, así como para recordar lo evidente: la deducción del IVA soportado requiere que se trate de una operación sujeta y no exenta, y esto no se cumple cuando se trata de servicios que afectan a inmuebles no ubicados en el territorio de aplicación del impuesto.

La entidad recurrente, con domicilio social en Madrid, había adquirido unos derechos que se encontraban en litigio sobre un terreno situado en una zona turística de Punta Cana (República Dominicana) para después poder adquirir la titularidad del mismo con la intención de desarrollar su actividad económica, ya fuese mediante la promoción inmobiliaria como explotación hotelera, para construcción y transmisión de edificaciones (primera entrega), o la simple venta del terreno (segunda entrega). Cualquiera de estas tres posibles actividades proporcionaría el derecho a deducción de las cuotas soportadas de IVA en el ejercicio de su actividad a la empresa.

Afirma la Sala que el socio persona física podía haber realizado su actividad directamente, sin necesidad de actuar a través de la sociedad vinculada, que carecía de medios para prestar por sí sola los servicios a terceros y que, por ello, no aportaba ningún valor añadido relevante para la obtención de los ingresos.

El TSJ de Madrid, en su Sentencia de 10 de abril de 2024, analiza la regularización efectuada a través del régimen de operaciones vinculadas al socio de una entidad que actúa como médico especialista en Anestesiología y Reanimación, analizándose, en concreto, si estamos ante servicios personalísimos.

En los ejercicios objeto de comprobación la sociedad actora declaró los siguientes importes netos de la cifra de negocios, procedentes de la prestación de servicios médicos: 370.966,18 euros en 2012, 410.457,00 euros en 2013 y 396.061,00 euros en 2014. Y en esos mismos ejercicios, la entidad actora abonó al socio estas retribuciones: 49.274,66 euros en 2012, 65.224,88 euros en 2013 y 83.852,00 euros en 2014.

El socio es médico especialista en Anestesiología y Reanimación, que son los servicios médicos que la entidad recurrente presta a su principal cliente por volumen de facturación, con la que la recurrente suscribió un contrato en fecha 1 de abril de 2007.

Las cláusulas de ese contrato evidencian que la contratación de la recurrente se hizo en atención a las cualidades profesionales del socio, el cual, además de su trabajo como médico especialista en Anestesiología y Reanimación, asumió la programación de los partes de quirófano y las consultas pre-anestésicas, así como la coordinación y dirección del equipo de especialistas. Lo expuesto queda ratificado con el contenido de la página web del citado cliente, en la que figuran tres profesionales médicos, siendo el único anestesista el socio referido. Esas funciones no han sido objeto de modificación contractual, por lo que estaban plenamente vigentes en los ejercicios objeto de comprobación.

A juicio de la Sala, la corrección de la contabilidad no fue un cambio de criterio, sino corrección del error de haber actuado por vía de corrección extracontable, pero con perfecto derecho a alterar las cuantías incluidas en contabilidad, como, por cierto, reconoció la Administración en vía de gestión para el ejercicio 2012.

El TSJ de Castilla-La Mancha, en su Sentencia de 25 de marzo de 2024, analiza si es correcta la amortización de los bienes usadas aplicada por el recurrente.

El interesado, en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011, aplicó el beneficio fiscal de la amortización acelerada para empresas de reducida dimensión como ajuste extracontable en relación con bienes usados. Al no ser aplicable el precepto a los bienes usados sino únicamente a los bienes nuevos, la Administración corrige esta amortización acelerada y reduce las cantidades amortizables.

Por su parte, el interesado afirma que se podía haber aplicado la misma amortización acelerada para bienes usados, pero no como ajuste extracontable, sino como contabilización correcta de la amortización (la explicación que da la Administración a esta regla es perfectamente coherente: se acepta una amortización acelerada no como beneficio fiscal, según sucedía en el caso de los bienes nuevos para las empresas de reducida dimensión, sino simplemente porque los bienes usados se devalúan con más rapidez que los nuevos y, por tanto, pueden aceptarse cantidades mayores de amortización anual). De hecho, lo cierto es que el interesado, antes de que terminase la inspección, corrigió su contabilidad y la amortización acelerada de bienes usados que había realizado como ajuste extracontable la llevó a la contabilidad, al igual que hizo respecto del ejercicio 2012 (no inspeccionado), habiendo solicitado la rectificación de su autoliquidación una vez modificada la contabilidad, y le fue aceptada.

• Aunque se graven todos los dividendos percibidos por sociedades residentes y no residentes se vulnera la libre circulación de capitales al neutralizar las retenciones en la fuente solo a los dividendos abonados a sociedades residentes
• El TJUE declara que la entrega de un terreno con los cimientos de viviendas constituye una entrega de un «terreno edificable», en el sentido del art. 12.1.a) de la Directiva IVA, pues este se refiere a la entrega anterior a su primera ocupación
• El código aduanero de la UE permite limitar el ejercicio de la actividad de los centros de asistencia aduanera al territorio de su domicilio, pero puede vulnerar la libre prestación de servicios (Directiva 2006/123/CE) si no es eficaz o congruente
• La discriminación entre IVA e IGIC respecto a la posibilidad de modificar la base imponible cuando el destinatario de los servicios es declarado en concurso y no está establecido en el TAI, no es admisible en los términos exigidos por el TC
• El TS determina que procede compensar en el IRPF las pérdidas patrimoniales del juego con las ganancias obtenidas en el juego en el mismo período, con independencia de que se han obtenido o no, antes o después del 1 de enero de 2012
• El Tribunal Supremo declara que en los ejercicios anteriores a la entrada en vigor de la Ley 11/2021 no están sujetos al IP los seguros de vida unit linked, cuando la póliza no reconozca el derecho de rescate durante la vigencia del contrato
• ATS: ¿En el cómputo del plazo de los procedimientos tributarios, en general, y de los de responsabilidad tributaria, en particular, se debe descontar el periodo del estado de alarma por el COVID-19 (14 de marzo a 20 de mayo de 2020)?
• El TS deberá determinar si es aplicable la exención en el IBI a las sedes de los partidos políticos conforme a la Ley Orgánica 8/2007 y el art. 15.3 de la Ley 49/2002
• Cuando se constituyó la entidad actora formaba parte de un grupo, perteneciendo todo su capital a la sociedad X, que ostentaba el control de aquella, no cumpliendo los requisitos para aplicar el tipo reducido del IS para entidades de nueva creación
• No están motivadas las sanciones impuestas, ya que no basta la simple manifestación genérica de culpabilidad sin la necesaria concreción e individualización en cada caso, no concretándose en qué consistió la intencionalidad de su conducta

Vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva la sentencia que carece de fundamento, pues no toma en consideración que, mientras se estaba tramitando el proceso contencioso-administrativo, el TC dictó una nueva sentencia en materia del IIVTNU, la STC 182/2021, que posee autoridad de cosa juzgada erga omnes. Aplicar normas declaradas inconstitucionales, desconociendo la autoridad de cosa juzgada de las sentencias de este tribunal implica la vulneración del derecho a la tutela judicial, resultando ya irrelevante la existencia o no de incremento de valor del suelo urbano transmitido, puesto que la obligación tributaria autoliquidada era ya inexigible.

El Tribunal Constitucional, en su STC 117/2024, de 23 de septiembre de 2024, publicada en el BOE de 1 de noviembre de 2024 anula la sentencia recurrida y el auto que desestima el incidente de nulidad, con retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Granada, a fin de que se dicte una nueva sentencia que resulte respetuosa con el derecho fundamental lesionado, lo que supone la resolución del objeto controvertido en el pleito a quo sin hacer aplicación de los preceptos legales declarados inconstitucionales por la STC 182/2021, de 26 de octubre.

No es posible sostener la razonabilidad de una decisión judicial que se funde en la aplicación de un precepto que ya ha sido declarado contrario a la Constitución, toda vez que a partir de ese instante la norma en cuestión queda despojada de validez y sin posibilidad de ser revivida, debiendo estarse a la autoridad de cosa juzgada erga omnes y todos los poderes públicos están obligados a dar cumplimiento a lo que el TC resuelva.

La Audiencia Nacional declara que además de la pretensión de anulación de las resoluciones impugnadas admitida en su allanamiento por la Abogacía del Estado al haber sido declarados inconstitucionales los preceptos en los que se sustentaba, procede revertir todos los efectos fiscales producidos por la aplicación de las modificaciones introducidas por RDLey 3/2016, que en este caso se concretan en el aumento de la base imponible negativa por importe de 7.870.372,50 euros, en lugar de 4.525.735,66 euros resultante en la autoliquidación presentada, por la aplicación de la disp. trans 16ª Ley IS y la reversión de los deterioros establecida en la misma, sin que proceda exigir un procedimiento previo de rectificación de la autoliquidación , ya que ello supone un obstáculo para la efectividad de la tutela judicial.

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 14 de octubre de 2024 resuelve que la aplicación a la tributación concreta de la entidad recurrente de la anulación del RDLey 3/2016 llevada a cabo por la sentencia del Tribunal Constitucional, obliga a reconfigurar la tributación en los aspectos que hayan resultado afectados, que deberán ser sustituidos por otros resultantes de la norma jurídica previa a la modificación de la misma por el RDLey anulado. La STC 11/2024, de 18 de enero de 2024 declaró que la disp. adic. decimoquinta y el apartado 3 de la disp. trans. decimosexta de la Ley IS, en la redacción dada por el RDLey 3/2016, son inconstitucionales y nulos, por lo que la pretensión de anulación de las resoluciones impugnadas ha sido admitida en su allanamiento por la Abogacía del Estado al haber sido declarados inconstitucionales los preceptos en los que se sustentaba.

Sin embargo, la pretensión de revertir todos los efectos fiscales producidos por la aplicación de las modificaciones introducidas por RDLey 3/2016, que se concretan en el aumento de la base imponible negativa por importe de 7.870.372,50 euros, en lugar de 4.525.735,66 euros resultante en la autoliquidación presentada, por la aplicación de la disp. trans 16ª Ley IS y la reversión de los deterioros establecida en la misma, fue rechazada por la Abogacía del Estado que entiende que la Sala carece de facultades de comprobación, y la concreta pretensión no ha podido (ni debido) ser previamente contrastada o comprobada por la Administración tributaria.

La Sala estima que un cabal entendimiento del carácter revisor de la jurisdicción no pude conducir a construir obstáculos en orden a la ejecución de una decisión judicial, como plantea la posición procesal de la Abogacía del Estado en el escrito que califica como allanamiento parcial.