Jurisprudencia

Finalmente, destacamos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 12 de julio de 2007, en la que se señala que la distribución gratuita de periódicos efectuada por la sociedad demandante constituye una operación de autoconsumo sujeta y no exenta de IVA, ya que tales periódicos no pueden considerarse "muestras de mercancías sin valor comercial estimable", al tratarse exactamente del mismo producto que distribuye al público en general mediante contraprestación, y no pueden confundirse con impresos publicitarios, que son documentos o folletos

Citamos al respecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 21 de septiembre de 2007, sobre renuncia a las exenciones en el IVA en caso de procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa.

Destacamos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 29 de octubre de 2007, en materia de reducción del módulo personal no asalariado aplicable a los empresarios que tributan en el régimen de estimación objetiva por signos, índices o módulos del IRPF. La realización de estudios no puede dar lugar a la reducción, al ser evidente y notorio que por lo que hace a los estudios universitarios, la falta de asistencia a las clases no supone ningún perjuicio ni directo ni indirecto.

La sentencia de la Audiencia Nacional, de 18 de octubre de 2007, señala que en unas cesiones de crédito ofrecidas por las entidades bancarias a sus clientes mediante las cuales las entidades bancarias transmitían, en todo o en parte, a los clientes cesionarios un derecho de crédito sobre una deuda con todos sus riesgos y derechos, sin responsabilizarse de su solvencia, cobrando la entidad bancaria los intereses del crédito y pagando el cesionario normalmente un precio inferior al nominal del crédito, desde una perspectiva estrictamente fiscal, para el inversor, la rent

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 11 de mayo de 2007, aborda el caso de la interrupción de la prescripción por el trámite de puesta de manifiesto por el TEAR para alegaciones, que fue cumplimentado por la reclamante por remisión a las alegaciones ya efectuadas en el escrito de iniciación de la reclamación.

A este respecto citamos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 5 de junio de 2007, en la que se entiende que tiene carácter de renta con un período de generación superior a dos años la gratificación extraordinaria percibida por los empleados de una entidad por su contribución al aumento de la facturación en ejercicios anteriores, independientemente de que su pago se hubiera acordado en períodos impositivos anteriores o posteriores a su generación efectiva, y no se trate de una retribución periódica y recurrente, sino de carácter excepcional (sentencia publicad

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 21 de junio de 2007, analiza la posible existencia de un exceso de adjudicación gravable por el ITP y AJD. Según el Tribunal, la división material de un inmueble adjudicando el mismo en porciones a cada partícipe, y por tanto, con las más amplias facultades sobre lo adjudicado, harían inservible al edificio para el uso al que se destina, hostal y restaurante, al menos, en considerable manera.

Destacamos la sentencia de la Audiencia Nacional, de 4 de octubre de 2007, que se expresa en el sentido de que la presunción iuris et de iure respecto de la valoración de operaciones vinculadas recogida en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aplicable ratione temporis, se aplica respecto a la valoración de mercado de una operación entre sujetos vinculados siempre que esta operación se halle suficientemente acreditada, por lo que no cabe aplicar presunciones sobre la operación en sí misma.

Así lo entiende el Tribunal Supremo, en su sentencia de 31 de octubre de 2007. En principio, señala el Tribunal, el derecho a deducir las cuotas soportadas por el Impuesto alcanza a los que tienen la condición de empresarios o profesionales, y desde luego, según el art.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 6 de julio de 2007, clarifica por fin la tan traída y llevada cuestión de si el cumplimiento de las obligaciones formales a la hora de realizar la renuncia al régimen de estimación objetiva por signos, índices o módulos es determinante o no de la aplicación del régimen frente al régimen de estimación directa. Señala el Tribunal que no parece lógico ni adecuado con las exigencias que, con respecto a los regímenes de determinación indiciaria de la base imponible, parecen derivarse de nuestra Constitución (art.