Así se expresa la sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de julio de 2007, en el marco del IRPF, en concreto de los rendimientos del capital mobiliario derivados de la cesión a terceros de capitales propios en especie.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 17 de abril de 2007, analiza esta cuestión.
Podemos ver esta solución en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 2 de abril de 2007. Se analiza en este caso la procedencia de la deducción de un IVA soportado a falta de la factura original expedida por quien realizó la entrega de bienes: Los recurrentes adquirieron a una entidad mediante escritura pública un solar y una nave en construcción cuyas obras de finalización se contrataron con otra empresa.
Así se manifiesta la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Central, de 3 de mayo de 2007. En el marco de un procedimiento de recaudación, pero en aplicación de los parámetros señalados por el art. 111 Ley 230/1963 (LGT), se perfila la trascendencia tributaria asociada a un determinado requerimiento de información, matizando qué debe entenderse por "necesaria vinculación de la información requerida con las relaciones económicas, profesionales, financieras... del requerido".
Finalmente, de las últimas resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central, destacamos la de 19 de abril de 2007, en la que se entiende que es procedente la revocación del NIF realizada por la AEAT, pues la sociedad no tenía actividad alguna (aunque declaró realizar una determinada), ni medios para desarrollarla, ya que estaba destinada sólo a ser vendida. La revocación del NIF no es una revocación regulada en el art.
En este sentido se pronuncia la sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de junio de 2007, en materia de sucesión de personas jurídicas. En el supuesto de autos, las actas fueron suscritas en conformidad por el representante de una sociedad desaparecida y dieron lugar a las liquidaciones y sanciones tributarias, por lo que el Tribunal entiende que son nulas por haberse entendido con una entidad inexistente, cuya personalidad jurídica ha desaparecido al tiempo de suscribirse las mismas en virtud de una operación societaria de fusión.
Destacamos al respecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 26 de marzo de 2007, sobre responsabilidad subsidiaria de los administradores de personas jurídicas y en concreto sobre la pérdida de la condición de administrador y efectos de la misma frente a terceros. Se trata, el de autos, de un caso en el que el administrador es nombrado pero no inscrito en el Registro. Entiende el Tribunal que en caso de discordancia entre el Registro y la realidad jurídica extraregistral, prevalece el contenido del Registro respecto a terceros de buena fe.
Destacamos también la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 15 de marzo de 2007, en materia de procedimiento sancionador, y en concreto de ausencia de culpabilidad.
Del Tribunal Supremo destacamos una importe sentencia, de 14 de junio de 2007, en materia de responsabilidad subsidiaria de los administradores, en la que el Tribunal, en recurso de casación para unificación de doctrina, se manifiesta en el sentido de que ha de admitirse, en el caso de cese en el cargo de administrador no inscrito en el Registro Mercantil, la prueba del cese por otros medios, por lo que si se acredita suficientemente esta circunstancia antes de la cesación en la actividad de la sociedad, el administrador debe quedar excluido de responsabilidad subsidiaria.
Así lo establece la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 25 de mayo de 2007, en materia de limitaciones y restricciones del derecho a deducir en el IVA.
