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Artículos de Tributación

La obligación de revertir los deterioros impuesta por el artículo 11.6 de la Ley 27/2014

A propósito de la SAN de 14 de noviembre de 2019, rec. núm. 238/2016, y de la RTEAC de 2 de marzo de 2016, RG. 5079/2012

La Audiencia Nacional ha modificado recientemente su criterio respecto a la obligación de revertir los deterioros que contempla el artículo 11.6 de la Ley del impuesto sobre sociedades (anterior art. 19.6 del texto refundido del impuesto). Influida por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), la Audiencia Nacional (AN) ha terminado por acoger, probablemente sin darse cuenta de ello, una interpretación de dicho artículo que es abiertamente contraria a la única interpretación gramatical posible del precepto. Este no solo ordena, con absoluta claridad, que la reversión del deterioro se integre en la base imponible de la sociedad que lo haya reconocido o en la de otra entidad vinculada con ella, sino que también hace depender el contenido concreto de dicha orden de cuál de ellas sea titular, en el momento de la reversión, del activo deteriorado. Omitiendo el necesario análisis gramatical del precepto y la imprescindible coordinación de su contenido con el resto del ordenamiento tributario, el TEAC y la AN han puesto el foco exclusivo en una inexistente finalidad «antielusiva» de la norma para, de ese modo, poder amputar uno de los contenidos que el citado artículo 11.6 atribuye a la orden que él mismo contiene.

Palabras clave: reversión; deterioro; vinculación.

Luis de Lorenzo Gil
Abogado

Liquidación del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2019 en una entidad de reducida dimensión (supuesto práctico)

El plazo para la declaración del impuesto sobre sociedades (IS) 2019 para las mercantiles que cerraron su periodo impositivo a 31 de diciembre de 2019 es del 1 al 25 de julio de 2020. El Real Decreto-Ley 19/2020, de 26 de mayo, mantiene el plazo de presentación de la declaración del IS 2019, que se deberá realizar con las cuentas anuales disponibles. No obstante, en el caso que con las cuentas anuales aprobadas resultara una liquidación distinta, se presentará una declaración complementaria hasta el 30 de noviembre de 2020.
Presentamos un supuesto práctico en el que, partiendo de la cuenta de pérdidas y ganancias, antes de la contabilización del IS, de una entidad que tributa en el régimen de entidades de reducida dimensión y de unos hechos que le han sucedido en el ejercicio 2019, realizamos los ajustes y los comentarios para determinar la base imponible del impuesto. A partir de aquí, con un resumen de los ajustes, concretamos las casillas de la declaración del modelo 200 donde deberán incorporarse, realizamos la liquidación del IS y su contabilización y reflejamos en el citado modelo 200 las páginas 12 a 15 de la liquidación del IS del periodo impositivo 2019.
Por último, realizamos un comentario sobre la conexión del plazo para la presentación del IS con las obligaciones contables y mercantiles y la modificación de los plazos de estas como consecuencias del COVID-19.

Palabras clave: impuesto sobre sociedades; ejercicio 2019; empresas de reducida dimensión; ingresos; gastos; ajustes sobre el resultado contable.

Fernando Borrás Amblar
Licenciado en Ciencias Exactas y Derecho
Inspector de Hacienda del Estado

Antonio Pascual Martínez Alfonso
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales
Técnico de Hacienda del Estado
Profesor de Contabilidad y Derecho Financiero y Tributario. CEF.- UDIMA

Los responsables tributarios a quienes se deriven deudas procedentes de retenciones pueden solicitar su aplazamiento/fraccionamiento

Análisis de la RTEAC de 27 de febrero de 2020, RG 3322/2018

El Tribunal Económico-Administrativo Central considera que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65.1 de la Ley General Tributaria, en aquellos supuestos en los que al responsable tributario le sean derivadas obligaciones que deba cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta, podrá solicitar aplazamiento/fraccionamiento de dichas deudas, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.

Manuel Mejías Mondelo
Inspector de Hacienda del Estado
Tribunal Económico-Administrativo Central

Simulación, sanciones e interpretación razonable de la norma. Una aportación reciente del Tribunal Supremo

La Sentencia del Tribunal Supremo 192/2020, de 13 de febrero, se refiere a la motivación de las sanciones tributarias en casos de simulación y a la excepción por interpretación razonable. La sentencia no resuelve el fondo del asunto, pero permite formular algunas opiniones sobre estas cuestiones.

Palabras clave: Tribunal Supremo; simulación; motivación; fondo del asunto; interpretación razonable; culpabilidad.

César García Novoa
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
Universidad de Santiago de Compostela

Algunas consideraciones sobre la responsabilidad social corporativa en el ámbito tributario

En el presente artículo se trata de describir los elementos esenciales de lo que debe configurar el marco propio de la responsabilidad social corporativa (RSC) en el ámbito tributario. Con este propósito se analizan separadamente dos aspectos. En primer lugar, se desarrollan los elementos sustanciales de la RSC en el ámbito tributario. Para ello se parte de la consideración de que la RSC tiene que ver con las decisiones que en su ámbito discrecional toman las empresas para el desarrollo de su propósito, el cual incluye consideraciones de ámbito social. Esto es, la atención y consideración de los distintos grupos de interés (empleados, clientes y sociedad en general). Centrado de esta manera, el instrumento idóneo para el cumplimiento de estos fines es el desarrollo de un marco de control fiscal o compliance tributario, acorde con las recomendaciones de buen gobierno ya establecidas interna e internacionalmente por distintos organismos como son la OCDE, la UE y las distintas AATT, incluida la española. Se subraya en este punto que este marco de control fiscal tiene como eje principal el análisis y gestión de los riesgos fiscales y, en particular, del riesgo interpretativo.
En la segunda parte de este artículo, se trata de explicar que basar la RSC en el ámbito tributario en el riesgo reputacional es contrario al sentido propio de la RSC. Así, se analizan las referencias más usuales para constatar, según este criterio, la insuficiencia para el cumplimiento de la responsabilidad social tributaria que partiría de conceptos tales como el «fair share», el arbitraje fiscal o la utilización de paraísos fiscales. En el primero, se explica cómo la responsabilidad de un reparto justo de la carga tributaria corresponde a una legislación que así lo determine. En el segundo, se apela a la existencia de una normativa que ya establece los límites de la planificación fiscal y, en el tercero, se describe la indeterminación del alcance del concepto de paraíso fiscal cuando se utiliza para estos fines.

Palabras clave: responsabilidad social corporativa (RSC); cumplimiento tributario; riesgo fiscal/social.

Santiago Barrenechea Elorrieta
Alberto Monreal Lasheras
Socios, PwC Tax & Legal Services

La relevancia jurídica del plazo de notificación de las resoluciones de los tribunales económico-administrativos

Análisis de la STS de 18 de diciembre de 2019, rec. núm. 4442/2018

Analizamos en el presente comentario la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2019, en la que establece doctrina sobre la relevancia jurídica de la dilación en la notificación de las resoluciones de los tribunales económico-administrativos que ordenan la retroacción de actuaciones y deben ejecutase en un plazo determinado.

Diego Marín-Barnuevo Fabo
Of Counsel en Pérez Llorca
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
Universidad Autónoma de Madrid

Las implicaciones tributarias de la regularización laboral del falso trabajo autónomo

El presente trabajo tiene por objeto analizar las consecuencias que origina en el ámbito tributario la regularización laboral de aquellas personas que, pese a cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, son calificadas por la Inspección de Trabajo y por los órganos jurisdiccionales del orden social como trabajadores por cuenta ajena. En los últimos tiempos esta circunstancia ha cobrado especial relevancia en relación con determinadas plataformas digitales y entidades prestadoras de servicios a través de aplicaciones informáticas. Con tal fin se estudian las implicaciones que dicho fenómeno presenta en los impuestos que afectan tanto a las empresas como a las personas físicas que desempeñaron un falso trabajo autónomo.

Palabras clave: «falso» trabajador autónomo; imposición sobre la renta; IVA.

Roberto Ignacio Fernández López
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
Universidad de Vig
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Una revisión de la tasación pericial contradictoria como instrumento de corrección de los medios de comprobación fiscal

La tasación pericial contradictoria, en todo caso, tiene su origen en una comprobación de valores de la Administración tributaria, en la que necesariamente debe existir una valoración de un perito propuesto por la Administración como por el obligado tributario, y que podrá precisar la intervención de un perito tercero, cuya valoración entonces será dirimente y servirá, por tanto, de base a la liquidación que proceda con los límites del valor declarado y el valor comprobado inicialmente por la Administración tributaria.
La tasación pericial contradictoria, cabría afirmar, está encaminada siempre a dilucidar qué valoración (la que resulte de la tasación del perito de la Administración, la del obligado tributario o la del perito tercero) servirá de base a la liquidación tributaria que cierra el procedimiento e impide una nueva comprobación de valor por la Administración tributaria sobre los mismos bienes o derechos.

Palabras clave: tasación pericial contradictoria; valoración; perito; procedimiento.

Antonio Fernández de Buján y Arranz
Asociado Senior de KPMG Abogados.
Profesor de Derecho Financiero y Tributario. UCM

La suspensión en la vía económico-administrativa y su incidencia en los actos de carácter recaudatorio adoptados por la Administración tributaria

Análisis de la RTEAC de 22 de octubre de 2019, RG 2240/2017

El Tribunal Supremo con ocasión de sus Sentencias de 28 de abril de 2014 y, posteriormente, de 27 de febrero de 2018, viene a considerar que la Administración no puede iniciar la vía de apremio, ni aun notificar la resolución ya adoptada, hasta no se haya producido una resolución, debidamente notificada, sobre la solicitud de suspensión, pues admitir lo contrario sería como frustrar o cercenar toda posibilidad de adoptarla por el órgano competente para ello. Este criterio choca con la interpretación tradicional del artículo 46.2 in fine del Reglamento general de revisión en vía administrativa, relativo a la suspensión solicitada en periodo ejecutivo. Si bien, tal criterio jurisprudencial ya ha sido adoptado por el Tribunal Económico-Administrativo Central en varias Resoluciones: una de 22 de octubre de 2019 (RG 2240/2017) y dos de 27 de febrero de 2020 (RG 3181/2017 y 5669/2017), teniendo, por ende, la consideración de doctrina.

Miguel Remacha Santander
Inspector de Hacienda del Estado.
Tribunal Económico-Administrativo Centra
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Exención en el IRPF de la indemnización obligatoria a altos directivos

Análisis de la STS de 5 de noviembre de 2019, rec. núm 2727/2017

El objeto de este comentario es analizar la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2019, en la que el Alto Tribunal cambia su doctrina y, a la luz de la Sentencia de la Sala de lo Social de 22 de abril de 2014, en casación para unificación de doctrina, considera que existe una indemnización mínima fijada por la normativa de desarrollo del Estatuto de los Trabajadores para los casos de despido de altos directivos, consistente en siete días de salario por año trabajado con el máximo de seis mensualidades (art. 11 del RD 1382/1985, de 1 de agosto). Esta indemnización, en la medida en que se trata de una exigencia establecida con carácter obligatorio por la normativa laboral, resulta exenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas...

Carmen Banacloche Palao
Profesora titular de Derecho Financiero y Tributario.
URJC

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