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Artículos de Tributación

El impuesto sobre sociedades en 2019

Ante la ausencia de normas publicadas en el año precedente, relativas al impuesto sobre sociedades, este año el artículo habitual de novedades del referido impuesto se ha centrado en analizar las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional más relevantes emitidas en 2019, especialmente las concernientes a operaciones financieras, de reestructuración y vinculadas, por cuanto, en buena parte, afectarán a la interpretación de los preceptos de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Palabras clave: impuesto sobre sociedades; novedades 2019; operaciones financieras; operaciones de reestructuración; operaciones vinculadas.

Eduardo Sanz Gadea
Inspector de Hacienda del Estado (jubilado)

COVID-19 y fiscalidad internacional. Las primeras recomendaciones de la OCDE

Este trabajo examina la nota publicada por el Secretariado de la OCDE sobre «Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 crisis» (3 de abril de 2020), que pone de manifiesto cómo algunas reglas que conforman el marco de fiscalidad internacional (doméstico y convencional) resultan afectadas como consecuencia de circunstancias excepcionales conectadas con la crisis de salud pública, humanitaria y económica del COVID-19. La nota de análisis y guía interpretativa elaborada por el Secretariado de la OCDE únicamente aborda las potenciales implicaciones de esta crisis en relación con los artículos 4 (residencia fiscal de personas físicas y entidades), 5 (establecimientos permanentes) y 15 (trabajadores fronterizos) de los convenios de doble imposición que siguen el Modelo de Convenio de la OCDE. Se trata de unas primeras recomendaciones de coordinación fiscal de baja intensidad.

Palabras clave: COVID-19; fiscalidad internacional; residencia fiscal; establecimientos permanentes.

José Manuel Calderón Carrero
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
Universidad de A Coruña

Compatibilidad con el Derecho Europeo del Canon Hidráulico

Análisis de la STJUE de 7 de noviembre de 2019, asuntos acumulados C-105/18 a C-113/18, UNESA y otros

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica (art. 29 de la Ley 15/2012, que introduce el artículo 112 bis en el texto refundido de la Ley de Aguas) no quebranta el principio quien contamina paga; el principio de recuperación de los costes de los servicios del agua previsto en el artículo 9 de la Directiva 2000/60/CE, el principio de no discriminación previsto en el artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE ni la prohibición de ayudas de Estado impuesta por el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Pedro Manuel Herrera Molina
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. UNED

Ada Tandazo Rodríguez
Tutora del Centro Universitario Ramón Areces, UNED

La deducción de cuotas de IVA, y de gastos, en el caso de incumplimientos ajenos al contribuyente

En determinadas ocasiones la detección de irregularidades en proveedores, o incluso en sujetos que se sitúan posteriormente en la cadena de prestaciones, implica que al sujeto que adquirió se le impida deducir el IVA soportado, o hacer valer un gasto. En muchos casos en los que la operación llevada a cabo por el sujeto ha sido completamente adecuada a la realidad declarada, y al derecho, no se permite la deducción de las cuotas de IVA, o el cómputo de gastos, porque se llega a la conclusión de que el prestador incumplió. De la mano de este razonamiento se llega al de que no se pudo realizar la entrega o el servicio, y en consecuencia incumplimientos de terceras personas afectan a la posición jurídica de sujetos que han cumplido la norma debidamente. Este artículo analiza las cautelas que hay que tener en cuenta para evitar que la mera demostración de incumplimientos de terceros pueda afectar a un sujeto cumplidor.

Palabras clave: deducción de IVA; deducción de gastos; prueba; seguridad jurídica.

Pedro Ángel Colao Marín
Doctor en Derecho. Catedrático de Escuela Universitaria.
Área de Derecho Financiero y Tributario.
Universidad Politécnica de Cartagena

La prescripción en la esfera jurídica

Es indudable la influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Esa influencia destaca sobre todo en las instituciones que analizamos en el artículo: la prescripción y la caducidad, tanto en el derecho privado como en el público, sin olvidar las referencias que existen al mismo en nuestra Constitución.
Dentro de la prescripción y su fundamento, la seguridad jurídica (art. 9.3), analizamos cuestiones muy diversas, como la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que reduce el plazo de prescripción de las acciones personales, sin plazo especial, a cinco años con especial referencia a su regimen transitorio, la pólemica entre el Tribunal Supremo y el Constitucional relativa al momento interruptivo de la prescripción en el ámbito penal, así como la caducidad y su distinción respecto de aquella en el ámbito civil.
Asimismo, hay mención a la caducidad en el derecho tributario y en la doctrina constitucional.
También se analiza en este artículo la prescripción en distintos sectores del ordenamiento jurídico, como el derecho mercantil, el derecho del trabajo y el administrativo, con cuyo estudio finaliza el trabajo.

Palabras clave: tiempo; prescripción; caducidad; público; privado; seguridad jurídica.

Jesús María Calderón González
Doctor en Derecho
Magistrado Especialista de lo Contencioso-Administrativo
Presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional

La reversión fiscal de cartera: la insoportable «levedad» de la retroactividad

El trabajo aborda el estudio de la reversión fiscal de los deterioros de cartera introducido por el Real Decreto-Ley 3/2016, que vino a modificar el régimen transitorio establecido en la Ley 27/2014 cuando se suprimió con carácter general su deducibilidad fiscal. La tesis central que se sostiene es que el cambio legislativo abrupto que se introduce en aquel régimen transitorio, consistente en la reversión automática por quintas partes, independientemente de que se haya producido o no una recuperación de los fondos propios de las entidades participadas, tensiona gravemente el principio de protección de la confianza legítima, y puede incurrir en irretroactividad constitucionalmente prohibida.

Palabras clave: Real Decreto-Ley 3/2016; reversión fiscal de cartera; confianza legítima; irretroactividad.

Jorge de Juan Casadevall
Profesor de Derecho Financiero y Tributario.
Universidad Internacional de Cataluña
Abogado del Estado (exc.)
Doctor en Derecho

Entrada domiciliaria de la inspección de tributos. Conflicto de derechos constitucionales. Criterios de necesidad y proporcionalidad

Las actuaciones inspectoras consisten en el desarrollo de una serie de funciones administrativas destinadas a la investigación de supuestos de hecho con la finalidad del descubrimiento y la obtención de información relacionada con la aplicación de los tributos. Una de las vías para el desarrollo de dichas actuaciones son las entradas domiciliarias de los obligados tributarios.
El domicilio particular, tanto de personas físicas como jurídicas, estas últimas de una manera más tasada y limitada en sus espacios, es un derecho protegido por la Constitución española al tener un carácter personalísimo.
A lo largo del presente trabajo se va a realizar un estudio de cómo se pueden articular ambos derechos encontrados, el de la Administración para cumplir con su finalidad de recaudar sobre los obligados tributarios y el límite de esa capacidad investigadora sobre espacios protegidos que tiene su salvaguarda en la concesión de una autorización judicial de entrada, que deberá estar siempre basada y motivada, no solo en indicios, sino sobre hechos reales y posibles riesgos efectivos de la comisión de ilícitos tributarios.

Palabras clave: inspección de tributos; domicilio particular; inviolabilidad del domicilio; protección intimidad; investigación domicilio.

Miguel de Haro Izquierdo
Profesor de Derecho Financiero y Tributario UCM
Abogado

Análisis del Proyecto de Ley del impuesto sobre determinados servicios digitales

La economía digital brinda numerosos beneficios a empresas y ciudadanos. No obstante, el aumento de determinados tipos de actividades digitales es un asunto que ha venido adquiriendo cada vez más complejidad para los sistemas tributarios existentes, dado que las actuales normas del impuesto sobre sociedades han provocado un desajuste entre el lugar donde tributan los beneficios y el lugar donde se crea el valor, en particular, en el caso de los modelos de negocio que dependen en gran medida de la participación de los usuarios.
A la espera de lograr una solución global definitiva a nivel de la Unión Europea y de la OCDE, cuya adopción y aplicación podría llevar tiempo debido a la complejidad del problema y la gran variedad de cuestiones que han de abordarse, el Gobierno de España ha retomado el Proyecto de Ley del impuesto sobre determinados servicios digitales (IDSD).
El IDSD grava los ingresos procedentes de la prestación de determinados servicios digitales caracterizados por la creación de valor por parte del usuario; en concreto, a) los servicios de publicidad dirigida a los usuarios de interfaces digitales, b) la transmisión de los datos recopilados acerca de los usuarios de interfaces digitales y c) los servicios de intermediación que permitan localizar a otros usuarios de interfaces digitales e interactuar con ellos, y que puedan facilitar también las entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios de las interfaces digitales.
El IDSD resultará de aplicación a las empresas que superen a) un importe total anual de ingresos mundiales superior a 750.000.000 de euros y b) un importe total de los ingresos imponibles anuales en España de 3.000.000 de euros. El tipo impositivo será del 3 % y las declaraciones tendrán periodicidad trimestral.
El artículo analiza los elementos del IDSD y aborda las dificultades técnicas y controversias que lo rodean.

Palabras clave: impuesto sobre determinados servicios digitales (IDSD); economía digital; servicios digitales; interfaces digitales; publicidad dirigida; transmisión de datos; servicios de intermediación.

Íñigo Hernández Moneo
Asociado de Tributación Indirecta EY

La carga de la prueba de las dietas por desplazamientos, exentas en el IRPF

Análisis de la STS de 29 de enero de 2020, rec. núm. 4258/2018

El objeto de este comentario es analizar la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2020 (Sentencia 96/2020, ponente José Antonio Montero Fernández), en la que el Alto Tribunal fija su doctrina con relación a la carga de la prueba sobre la exención en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de las dietas por desplazamientos y gastos de manutención y estancia, indicando que para su acreditación la Administración tributaria tiene que dirigirse al empleador y no al contribuyente.
La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en establecer a quién corresponde la carga de probar la realidad de los desplazamientos y gastos de manutención y estancia en restaurantes y hoteles, si al empleador o al empleado, respecto de la exención relativa a las dietas y asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería, en relación con la determinación de los rendimientos íntegros del trabajo del IRPF.

Carmen Banacloche Palao
Profesora titular de Derecho Financiero y Tributario.
URJC

Las operaciones vinculadas socio-sociedad y su ajuste secundario

Análisis de la STSJ de Cataluña de 23 de mayo de 2019, rec. núm. 34/2018

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 23 de mayo de 2019 aborda la posible existencia, a juicio de la Administración, de una infravaloración de los servicios que un socio presta a la sociedad, lo que supondría una transferencia de rentas hacia la misma, que mediante el ajuste secundario deberían considerarse como una liberalidad. Sin embargo, el tribunal no llega a esta conclusión y entiende que corresponde a la Administración la prueba de que la transferencia de rentas se ha producido de modo distinto al que se ha reflejado contablemente. Además, el hecho de que exista un tipo impositivo distinto para las rentas de las personas físicas y las sociedades no conlleva que estas últimas sean utilizadas con fines fiscales defraudatorios, evitando la tributación en sede del socio.

José Pedreira Menéndez
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
Universidad de Oviedo

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