Artículos de interés

La interpretación del artículo 101.2 de la Ley del IRPF, para fijar la retención a practicar a los administradores sociales, nos lleva a mostrar la complejidad del sistema normativo español que a estos efectos supone tener en cuenta no solo las normas fiscales sino también las mercantiles, laborales y de Seguridad Social para entender que la realidad social empresarial de las pymes y sociedades familiares va más allá de la aplicación de una norma que, lamentablemente, muestra su carácter exclusivamente recaudatorio, para alejarse del desempeño habitual de unos administradores que, al tiempo, trabajan para su propia sociedad en términos equivalentes a la prestación de servicios por cuenta ajena. De este modo, se trata de razonar la distinción de ambos desempeños a los efectos de ver sometida a retención por el IRPF la compensación que aquellos reciben.

Palabras claves: retención; administradores; trabajadores; sociedades familiares.

El presente trabajo analiza, desde una perspectiva crítica, la actual regulación del sujeto pasivo contribuyente en el impuesto sobre sociedades, llevada a cabo en el artículo 7.1 a) de la LIS; y, concretamente, la inclusión de las sociedades civiles con objeto mercantil en la órbita de dicho impuesto.
La vigente regulación puede plantear problemas de reserva de ley tributaria y de posible trato discriminatorio, habida cuenta de la incertidumbre interpretativa que viene generando el aserto de sociedad civil con objeto mercantil y, por ende, el de sociedad civil profesional.

Palabras claves: impuesto sobre sociedades; contribuyente; personalidad jurídica; sociedad civil; sociedad profesional; objeto mercantil; reserva de ley; principio de igualdad.

Cuando finaliza el ejercicio de una actividad económica, los bienes afectos a la misma pueden permanecer en el patrimonio del sujeto pasivo o pueden abandonarlo, ya sea en su globalidad o por partes, ya en el mismo momento del cese o en un momento posterior. Nos enfrentamos a una amalgama de diferentes situaciones tributarias que presenta aristas que van más allá del posible solapamiento entre el IVA y el ITP (modalidad TPO) cuando se trata de la transmisión de bienes inmuebles, tanto porque un elemento tan subjetivo como la intención presenta gran protagonismo, como por la diferente casuística que nos podemos encontrar, bien desde la óptica del que cesa en la actividad o bien desde la óptica del que la adquiere.
Desde nuestra perspectiva, además de la necesaria coordinación entre ambos tributos, merece un análisis profundo tanto la subrogación en el procedimiento de regularización de los bienes de inversión transmitidos (o pendientes de serlo), como el eventual autoconsumo que se genere, llegando incluso a poder encontrarnos una doble imposición, como analizaremos en estas líneas.

Palabras claves: patrimonio empresarial; regularización; transmisión global.

Se plantea ante el TEAC la validez de una liquidación en la que el contribuyente declaró siguiendo el criterio de la DGT, manifestado en diversas consultas, y que fue después objeto de una comprobación en la que se aplicó el criterio divergente emanado por el TEAC en una resolución dictada en un recurso para la unificación de criterio.
El TEAC resuelve sobre qué criterio administrativo debe entenderse prevalente, el de la DGT, manifestado en contestación a consultas, o el del propio TEAC.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2017 sentó doctrina reconociendo la posibilidad de aportar pruebas en vía revisora aun cuando el obligado tributario se hubiera negado a aportarlas, pese a haber sido requerido para ello, en el procedimiento de aplicación de los tributos. La Resolución de 2 de noviembre de 2017 es la primera en la que el Tribunal Económico-Administrativo Central aborda esta cuestión después de publicarse la sentencia citada.

En su Sentencia de 22 de febrero de 2018, X BV y X NV, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza la compatibilidad con el derecho de la Unión del régimen de consolidación fiscal de los Países Bajos, en relación con la deducibilidad de los intereses asociados a operaciones de financiación y adquisición intragrupo de participaciones y de las pérdidas por tipo de cambio sobre el valor de participaciones de entidades europeas.

Las reglas de localización o normas de conflicto en el IVA son una de las materias de este tributo donde la casuística y especialización plantean a menudo controversias y dudas en su aplicación para los sujetos pasivos, que tienen el deber de determinar dónde se produce el hecho imponible, a fin de concretar la tributación de la operación y los distintos elementos que componen la relación jurídico-tributaria por la producción del hecho imponible. Dentro de las mismas, las relativas a prestaciones de servicios suponen un paso más en esta frondosa selva de reglas generales, especiales, y excepciones a unas y otras.
Con el fin de acercarnos a ellas, se han elaborado dos supuestos prácticos. El primero referido a las prestaciones de servicios relacionadas con bienes inmuebles, dado que recientemente entraron en vigor algunos preceptos europeos que vinculan a todos los Estados miembros en esta materia, en lo relativo al concepto de bienes inmuebles y de vinculación suficiente con bienes inmuebles.
El segundo comprende las prestaciones de servicios relacionadas en el artículo 69.Dos de la LIVA, cuya complejidad viene determinada por la aplicación de las reglas generales de localización en función de la condición del destinatario de los servicios (si tiene o no la condición de empresario o profesional actuando como tal), si bien incide también en ello la regla de utilización o explotación efectiva del artículo 70.Dos.
Con ánimo didáctico y no exhaustivo en cuanto a la casuística que puede darse, se han elaborado estos supuestos a fin de que, sin temor a cometer errores en la tarea diaria de aplicación de la norma, podamos acercarnos a la comprensión de las reglas de localización en estas materias.

Palabras claves: IVA; casos prácticos; lugar de realización; prestaciones de servicios; utilización o explotación efectiva en el territorio de aplicación del impuesto.

Este artículo pretende analizar los aspectos más importantes de las modificaciones introducidas en la regulación de la liquidación practicada por la Administración tributaria en el supuesto de que se inicie un proceso penal por delito contra la Hacienda Pública. En particular se estudian los problemas de la liquidación practicada por el tribunal penal y las consecuencias de la terminación del proceso penal sobre el procedimiento tributario, tanto si se dicta sentencia condenatoria como si no se estima la existencia de delito.

Palabras claves: liquidación tributaria; tribunal penal y liquidación tributaria; retroacción de actuaciones tributarias.

En el caso práctico se realiza el cierre contable del ejercicio 2017, así como la liquidación del IS correspondiente a dicho periodo impositivo. A tal efecto, se estudian con especial atención diferentes operaciones que tienen un tratamiento contable y fiscal diferente. Entre otros aspectos, se estudian las consecuencias derivadas del registro de un gasto correspondiente a un periodo anterior, la aplicación del criterio de caja en la imputación de los ingresos derivados de la venta a plazos de un activo, las pérdidas por deterioro de diferentes tipos de activos, la donación de un elemento del inmovilizado, el gasto deducible por atenciones a clientes y proveedores, así como la aplicación de los diversos incentivos fiscales previstos para las empresas de reducida dimensión (libertad de amortización, amortización acelerada para elementos nuevos, pérdida por deterioro por el método global y reserva de nivelación). Además, se analizan otras operaciones que no dan lugar a ajustes en el IS, al ser cuestiones que no están reguladas en la LIS, pero que tienen interés desde el punto de vista contable en la medida en que sobre estos asuntos se ha pronunciado el ICAC recientemente. En este sentido, se estudian la constitución de un derecho de superficie, la retribución en especie otorgada a un trabajador de la compañía consistente en la cesión de un vehículo o la provisión para responsabilidades que corresponde a una indemnización percibida por una reclamación judicial cuando se ha obtenido una sentencia favorable que ha sido recurrida en una instancia superior.

Palabras claves: impuesto sobre sociedades; cierre contable; empresas de reducida dimensión; ejercicio 2017; caso práctico.

Se aborda el régimen jurídico del traslado de residencia fiscal a un paraíso fiscal, contenido en el artículo 8.2 de la LIRPF. Se analizan los requisitos exigibles y las consecuencias que provoca su aplicación, especialmente la de un trailing tax, y cómo se integra con otras medidas también previstas para el traslado de residencia fiscal, como el exit tax o impuesto de salida del artículo 95 bis y la regla de imputación temporal del artículo 14 de la LIRPF.

Palabras claves: residencia fiscal; trailing tax; impuesto perseguidor; exit tax; impuesto de salida; paraíso fiscal; no residente; medidas defensivas; IRPF.