Artículos de Tributación

En el sistema tributario español el cumplimiento de las obligaciones tributarias depende de la voluntad de los obligados tributarios. Voluntad que se estimula con las actuaciones de información y asistencia desarrolladas por la Administración tributaria, pero también con las comprobaciones e investigaciones tendentes a regularizar los incumplimientos. Para estimular el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias se ha venido utilizando un modelo de obligado tributario racional, que realizaba un análisis coste-beneficio de la oportunidad de cumplir sus obligaciones tributarias. Apelando a la racionalidad de los obligados tributarios se ha intentado construir una conciencia fiscal, pues quien considere que el sistema tributario es justo, estará más predispuesto a cumplir voluntariamente. Sin embargo, las personas tenemos una racionalidad limitada, problemas de autocontrol, preferencias temporales inconsistentes, aversión a las pérdidas y calculamos mal probabilidades. La psicología económica nos trae estos y otros avances que tratan de explicar cómo y por qué tomamos decisiones las personas. Si comprendemos los mecanismos de toma de decisiones de los obligados tributarios, podremos influir sobre ellos para fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Para ello nos servimos de la psicología económica y de los acicates fiscales.

Palabras claves: psicología económica; cumplimiento voluntario; obligaciones voluntarias; acicates fiscales.

La lista negra española de paraísos fiscales, desde la introducción de mecanismos de actualización automática en 2003 y tras la eliminación de estos en 2014, presenta notables problemas de interpretación y seguridad jurídica que se analizan de forma detallada en el trabajo. Por otro lado, la falta de actualización de la lista y el diseño de las reglas antiparaíso en España plantea problemas de legalidad ordinaria, de constitucionalidad y de conformidad con el Derecho de la Unión Europea y del Acuerdo del Espacio Económico Europeo que se analizan también en detalle.

Palabras claves: competencia fiscal perniciosa; paraísos fiscales; listas negras.

La disposición adicional segunda de la Ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones, de adecuación de la normativa del impuesto a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014 (asunto C-127/12), ha resuelto parcialmente la problemática de la tributación de las adquisiciones gratuitas por ciudadanos no residentes en España. Este trabajo analiza las posibles discriminaciones a los ciudadanos no comunitarios a efectos de la tributación de las adquisiciones gratuitas, tanto en la normativa estatal como en la autonómica, a la luz de la jurisprudencia del citado tribunal.

Palabras claves: tributación en función de la residencia; discriminación a los ciudadanos no residentes en el impuesto sobre sucesiones y en el impuesto sobre donaciones en España; normativa autonómica.

El Tribunal Supremo en dos recientes Sentencias de 10 de septiembre de 2018 y de 21 de febrero de 2019 ha analizado la posibilidad de proponer pruebas o formular alegaciones ante los órganos de revisión económico-administrativos cuando no se aportaron las pruebas o dedujeron las alegaciones en el procedimiento de aplicación de los tributos en que se dictó la resolución impugnada.
Tras analizar la naturaleza del procedimiento de revisión tributaria y su configuración legal ha concluido que, dado su carácter cuasi jurisdiccional, es procedente proponer prueba o alegar nuevos argumentos, salvo que se identifique –y se constate y justifique debidamente en el expediente– un comportamiento del interesado contrario a la buena fe o abusivo.

Palabras claves: procedimientos administrativos de revisión tributaria; procedimiento judicial; formulación de nuevas alegaciones; aportación de nuevas pruebas.

La sentencia de referencia versa sobre el supuesto de deducción de gastos financieros correspondientes a préstamos intragrupo asociados a la adquisición de participaciones intragrupo. Lo relevante es que, de una parte, rechaza la alegación de homologación con el endeudamiento del grupo y, de otra, que entiende no pertinente la apertura del procedimiento amistoso a los efectos de evitar la doble imposición derivada de la no deducción de los gastos financieros. En ambos casos, rectifica el criterio contenido en dos sentencias precedentes.

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) es un impuesto tradicional de las haciendas municipales, en el que existe una relevante sentencia del Tribunal Constitucional y otras muchas sentencias judiciales que han condicionado determinados aspectos del régimen jurídico del impuesto, que son merecedores de alguna explicación para poder ser entendidos en su integridad por los contribuyentes.
Está pendiente una reforma del régimen jurídico del impuesto para adaptarlo a la doctrina del Tribunal Constitucional, aunque el legislador no debería dejar pasar la ocasión de realizar una reforma integral, más ambiciosa, en el marco de un nuevo sistema tributario de los ayuntamientos.
En este contexto expresado, se han analizado diversos aspectos relevantes de la actual regulación del IIVTNU que se consideran de interés, con la finalidad de tener un completo conocimiento del impuesto, entre ellos el fundamento del impuesto y el fenómeno de doble imposición que se produce con otros impuestos del sistema tributario español que gravan las ganancias patrimoniales o incrementos de valor.
Se analiza la constitucionalidad del impuesto en su actual regulación, cuáles son los terrenos que se someten a gravamen en el impuesto, la existencia de supuestos de no sujeción que no están previstos de forma expresa en la normativa reguladora, las personas que asumen el pago del impuesto y las diferentes obligaciones formales existentes, prestando especial atención las personas que pueden interponer recursos contra las liquidaciones tributarias, que es un tema sobre el que no existe una jurisprudencia uniforme.
Entre los temas que son objeto de análisis se encuentra la forma en que se calcula el incremento de valor sujeto a gravamen en el impuesto, cuestión que está necesitada de una importante reforma; al tiempo que se expresa la manera en que el Tribunal Supremo ha determinado que se calculan las minusvalías que no se encuentran sujetas al impuesto, dado que se trata de una cuestión no prevista legalmente.
También se tratan las bonificaciones que existen en la cuota íntegra del impuesto, si se gravan todos los incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana y cuál es el periodo de generación, las actuaciones que desarrolla la Administración tributaria que gestiona el impuesto y los recursos que se pueden presentar para impugnar las liquidaciones tributarias y en qué plazos.

Palabras claves: plusvalías; incrementos de valor; minusvalías; doble imposición; reforma haciendas locales

El Tribunal Supremo en la Sentencia de 23 de abril de 2019 fija criterio en relación con la adecuación de la regla de determinación de la base imponible del IVA en operaciones cuya contraprestación no tenga una base monetaria. El órgano jurisdiccional analiza el artículo 79.Uno de la LIVA, anterior a la modificación operada por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre. Su conclusión no deja lugar a dudas, fijando doctrina en el sentido de la falta de adecuación a la Directiva IVA. No obstante, el Tribunal Supremo se pronuncia también sobre la redacción actual del anterior precepto, fijando su posición en relación con su adecuación o no a la normativa europea. En este comentario se analizan estos criterios, teniendo en cuenta esencialmente la trascendencia que la doctrina obiter dicta, que fija el órgano jurisdiccional, pueda tener en la aplicación de la regla de fijación de la base imponible para operaciones sin contraprestación monetaria por parte tanto de la Administración tributaria como de los órganos revisores.

Es una realidad ostensible que el número de viviendas dedicadas a alquiler turístico ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Esta actividad, que no podemos incardinar dentro de la economía colaborativa, genera una serie de consecuencias jurídicas y tributarias que no son baladíes. Entre las mismas, surge la cuestión sobre la que se pronuncia la Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos de 12 de febrero de 2019, sobre si es posible seguir practicando la deducción por inversión en vivienda habitual cuando la misma se destina a uso turístico. El citado organismo en sus conclusiones sobre el asunto determina que se puede aplicar la deducción hasta el momento en el que la vivienda en cuestión deje de constituir su residencia habitual, momento en el cual perderá la consideración de vivienda habitual. Sin embargo, obvia una cuestión sustancial desde el punto de vista práctico, y es la relativa a qué ocurre cuando lo que se alquila con finalidad turística no es una vivienda completa, sino una o varias habitaciones de la vivienda habitual del propietario, en la que el mismo sigue viviendo. En el presente comentario se analizarán ambas cuestiones desde un punto de vista crítico, teniendo en cuenta las peculiaridades de un tipo de arrendamiento que, lejos de ser eventual, se presenta como un instrumento consolidado en el ámbito turístico.

El reciente Real Decreto-Ley 17/2018, de 8 de noviembre, modificaba el artículo 29.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para atribuir al prestamista la condición de sujeto pasivo en la cuota variable del AJD que grava los préstamos hipotecarios. Concluía así la enconada controversia jurídica que se había desatado a raíz de las Sentencias de 16, 22 y 23 de octubre de 2018 del Tribunal Supremo, cuestionando una jurisprudencia uniforme de la Sala Tercera, y que provocó la Sentencia de 27 de noviembre de 2018, dictada por el pleno jurisdiccional de esa Sala Tercera del Alto Tribunal, que restablecería su inveterada jurisprudencia. Sin embargo, la excesiva precipitación de la legislación de urgencia para corregir una jurisprudencia, ya confirmada por la sentencia plenaria de la Sala Tercera, plantea nuevos problemas no contemplados por el legislador, como su dudosa constitucionalidad o su difícil acomodo con el derecho de la Unión Europea, y que pueden reducir a papel mojado la reforma operada. Sobre una defectuosa técnica normativa opera, ahora, una intervención legislativa precipitada que, de forma inaplazable, nos convoca inexorablemente a la modernización de este vetusto impuesto, cuando no a su supresión.

Palabras claves: impuesto actos jurídicos documentados; préstamos hipotecarios; inconstitucionalidad decreto-ley; exención de IVA; efecto directo vertical directiva IVA; libertad de movimientos de capital.

El presente artículo tiene por objeto el análisis de algunos de los aspectos más controvertidos del método de determinación objetiva de la base imponible en el IRPF. A estos efectos, se estudian, en primer lugar, las diversas razones justificativas del referido régimen, examinando, en segundo término, la adecuación de dicho sistema a los principios de justicia tributaria, para concluir, por último, con el estudio de los diferentes requisitos necesarios para quedar sometido al mismo.

Palabras claves: determinación objetiva; base imponible; IRPF.