Artículos de interés

La sentencia objeto del presente análisis determina que, en el ámbito del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, la utilización del método de comprobación de valores consistente en la aplicación de coeficientes sobre el valor catastral no refleja, per se, el valor real del bien inmueble. A juicio del Tribunal Supremo, se requiere que el mencionado método se complemente con la realización de actividades de comprobación directamente relacionadas con el bien inmueble concreto que se pretende valorar. La utilización de los métodos de comprobación de valores requiere que la Administración exprese, de forma motivada, las razones por las que el valor declarado por el obligado tributario no se corresponde con el valor real del bien inmueble, sin que pueda entenderse como justificación suficiente la mera multiplicación de coeficientes generales sobre el valor catastral. Por otro lado, la sentencia analizada también determina que el obligado tributario puede desvirtuar el valor comprobado por la Administración mediante cualquier prueba admitida en derecho, pudiendo recurrir dicha liquidación mediante los recursos ordinariamente previstos al efecto o, en su caso y de forma potestativa, mediante la utilización de la tasación pericial contradictoria.

Este trabajo expone las líneas generales de la nueva Directiva (2018/822, de 25 de mayo) que obliga a los intermediarios fiscales a comunicar a la Administración tributaria las operaciones o mecanismos que, con arreglo a la misma, pudieran calificarse de planificación fiscal transfronteriza potencialmente agresiva. Dicha obligación, cuando no medie intermediario o se invoque secreto profesional, se trasladará a los contribuyentes. De esta nueva obligación, que está en línea con la acción 12 de BEPS, cabe destacar su carácter plenamente disuasorio, la inmediatez de los plazos en los que se deben comunicar los mecanismos a la Administración, la definición de dichos mecanismos a través de las denominadas señas distintivas indicativas de riesgo fiscal, el concepto expansivo de intermediario fiscal que se contempla o la «rapidez» con la que se va a aplicar esta Directiva.
Finalmente, será importante la labor del legislador nacional, ya que cuestiones como el funcionamiento del secreto profesional o el régimen sancionador se deberán regular en la norma de transposición.

Palabras claves: intermediario fiscal; planificación fiscal potencialmente agresiva; obligación de comunicar los mecanismos transfronterizos; secreto profesional.

El Tribunal Supremo (TS) en esta sentencia fija criterio en relación con el empleo indebido de procedimientos de comprobación por la Administración tributaria, señalando que la utilización de un procedimiento de verificación de datos, cuando debió serlo de comprobación limitada, constituye un supuesto de nulidad de pleno derecho.
Si bien el órgano jurisdiccional fija esta doctrina respecto de un supuesto concreto, como el que se acaba de exponer, la fundamentación que subyace en el mismo es extrapolable a cualquier otro en el que concurran las circunstancias que se ponen de manifiesto en el que examina.
Ahora bien, la concurrencia de las condiciones que dan lugar a la nulidad del acto administrativo con el que se puso término al procedimiento inadecuado por el que optó la Administración tributaria no implica que debamos extenderlo más allá de los márgenes que el propio TS, en su jurisprudencia consolidada, ha establecido con anterioridad, pues la nulidad, como vicio esencial que hace desaparecer del mundo del derecho un acto administrativo, es una excepción que se da exclusivamente en los supuestos contemplados en el artículo 217 de la Ley general tributaria (LGT), debiendo interpretarse de manera restrictiva.
En este comentario de la sentencia del TS se analiza el supuesto de nulidad puesto de manifiesto en el caso concreto, y el alcance y efectos que tiene en el marco de los procedimientos tributarios.

Análisis de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de abril de 2018, en la que se declara que la normativa comunitaria se opone a una limitación procedimental basada en una norma de derecho interno que limita la posibilidad de rectificar una autoliquidación por haber sido comprobada por la Administración.
Resulta reseñable que la normativa española contiene una limitación análoga a la rectificación de las autoliquidaciones, centrándose el examen en la posibilidad de afectación a dicha norma por esta sentencia.

La tecnología de los mayores distribuidos está apenas en su infancia, pero como evidencia la inclusión de los criptoactivos en el último comunicado del G20, estamos entrando en la era Blockchain, una tecnología para el intercambio de valor en red sin mediación de intermediarios que es lo más disruptivo desde de la aparición de internet. Blockchain, que forma parte ya del sistema de pagos, tiene un alto potencial para transformar los servicios privados y públicos.
A medida que las monedas virtuales ganan terreno, se acrecienta la conveniencia de que los hechos imponibles a que da lugar su acuñación, intermediación o utilización como resguardo de valor o medio de pago gocen de regulación específica o, cuando menos, de criterios interpretativos claros. Estos, a su vez, precisan de una especificación por parte del regulador internacional de la naturaleza contable de las criptomonedas, algo improbable a corto plazo. En su ausencia, el tratamiento fiscal que emerge en derecho comparado es el de activos en impuestos directos y el de dinero en IVA, calificación que es, como mínimo, inconsistente.
Más allá de las preocupaciones por la seguridad jurídica y la integridad del sistema financiero y tributario, debido a la pseudopacidad que garantizan, la aplicación de la nueva tecnología a los servicios públicos es un vasto campo que roturar, con prometedoras experiencias comparadas en lugares como Estonia, Dinamarca o Australia.

Palabras claves: Blockchain; imposición; blanqueo de capitales; administración tributaria.

La presente colaboración es una reflexión respecto del papel y funciones del impuesto sobre sociedades en el contexto de la globalización. A tal efecto, alude a las propuestas más relevantes en orden a su adecuación a dicho contexto, ofreciendo una sucinta descripción de las mismas. La posibilidad de que, algunas de ellas, se conviertan en un futuro cercano en norma jurídica, acrecienta el interés por su conocimiento y debate.
Varias de esas propuestas proceden del ámbito político, y la doctrina las examina y comenta, otras proceden del ámbito doctrinal, y la política las apadrina y propulsa. Se produce así una ósmosis fructífera, vivificada por la crítica de ciertas organizaciones no gubernamentales creadoras de opinión pública.
A raíz de la Gran Recesión de 2008, la opinión pública ha vuelto su mirada hacia los posibles estragos que, para la financiación de su apreciado Estado de Bienestar, pudieran derivarse de la conducta fiscal de los grupos multinacionales, por más que un reproche indiscriminado seguramente sería inexacto. Con todo, el aguijón de la opinión pública ha tenido y tendrá una función primordial en la formulación de las políticas fiscales relativas a la configuración del impuesto sobre sociedades en el contexto de la globalización, como también lo ha tenido y tendrá en las estrategias fiscales de los referidos grupos.
Este movimiento de la opinión pública aporta elementos positivos para la realización de la justicia tributaria, pero también encierra el riesgo de propulsar decisiones políticas incongruentes con los principios subyacentes a la economía social de mercado, o de interferir en la adecuada aplicación de los tributos en el marco de la legalidad vigente. De ahí los merecimientos de un debate sosegado, al que, modestamente, pretende aportar algo la presente colaboración, la cual concluye con la propuesta de un impuesto, de carácter extrafiscal, cuyo objetivo es aliviar las tensiones del vigente sistema de tributación internacional sobre los beneficios.

Palabras claves: impuesto sobre sociedades; globalización; planificación; multilateralismo.

En una primera aproximación, el trabajo pretende proporcionar una visión general de las rentas en especie, desgranando aquellas que suponen una menor tributación para su perceptor de aquellas otras que presentan una ventaja por su valoración especial. Posteriormente, centramos nuestro análisis en el caso particular de las rentas en especie que se originan por el uso de vehículos de la empresa por parte de sus socios. Y finalmente, queremos dejar constancia, a través de un supuesto práctico, de la complejidad que puede presentar este tipo de rentas.

Palabras claves: renta en especie; vehículo; uso empresarial; uso privativo por trabajadores.

Se analiza la Sentencia del TJUE de 31 de mayo de 2018, asunto C-382/16, Hornbach-Baumarkt AG/Finanzamt Landau, que aborda la compatibilidad con el Derecho de la UE de la normativa de precios de transferencia de los Estados miembros. En particular, se examina en qué medida la Administración tributaria de un Estado miembro puede realizar un ajuste positivo en la base imponible de una matriz en relación con la emisión, sin mediar remuneración, de «comfort letters» o «cartas de intenciones o de patrocinio», otorgando garantías financieras en relación con la concesión de préstamos por parte de una entidad financiera a favor de filiales extranjeras de la referida matriz. El TJUE confirma la aplicación a nivel europeo del «test de motivos comerciales» como mecanismo que permite excluir la aplicación de tales ajustes o correcciones de la base imponible, y cómo estos incluyen los «motivos económicos derivados de su posición de asociado (grupo)». En este sentido, esta sentencia del TJUE introduce un elemento de flexibilidad en la aplicación práctica o enforcement del principio de plena competencia.

A través de la resolución de cinco supuestos prácticos se analiza la debida cumplimentación de las declaraciones a través del sistema Intrastat, teniendo en cuenta las novedades recogidas en la Orden HFP/36/2018, de 18 de enero, por la que se establecen determinadas disposiciones relativas al sistema Intrastat, que entró en vigor el día 1 de marzo de 2018.

Palabras claves: obligaciones formales; operaciones intracomunitarias; estadísticas de los intercambios de bienes; sistema Intrastat; supuestos prácticos.

La interpretación del artículo 101.2 de la Ley del IRPF, para fijar la retención a practicar a los administradores sociales, nos lleva a mostrar la complejidad del sistema normativo español que a estos efectos supone tener en cuenta no solo las normas fiscales sino también las mercantiles, laborales y de Seguridad Social para entender que la realidad social empresarial de las pymes y sociedades familiares va más allá de la aplicación de una norma que, lamentablemente, muestra su carácter exclusivamente recaudatorio, para alejarse del desempeño habitual de unos administradores que, al tiempo, trabajan para su propia sociedad en términos equivalentes a la prestación de servicios por cuenta ajena. De este modo, se trata de razonar la distinción de ambos desempeños a los efectos de ver sometida a retención por el IRPF la compensación que aquellos reciben.

Palabras claves: retención; administradores; trabajadores; sociedades familiares.