Artículos de Tributación

Las dos sentencias que se comentan abordan supuestos de imputación temporal de ingresos y gastos. La regla principal es el devengo. Junto a ella, la de inscripción contable del gasto, así como la de correlación de ingresos y gastos configuran el armazón de la imputación temporal.
Estas reglas, tradicionales del impuesto sobre sociedades, reafirmadas y sistematizadas por la Ley 43/1995 y continuadas por el texto refundido de 2004 (RDleg. 4/2004), han recalado actualmente, con ligeras modificaciones, en la Ley 27/2014.

En el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la discapacidad debe probarse mediante una resolución administrativa que la reconoce, surtiendo efectos desde el momento en el que se solicitó. En el Auto de admisión del recurso de casación del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2022 se plantea si la discapacidad puede demostrarse mediante otros medios de prueba.

Palabras clave: IRPF; discapacidad; medios de prueba.

La casuística que se produce como consecuencia de la regularización exigida en la normativa del IVA para los bienes de inversión definidos en el artículo 108 de la ley reguladora del impuesto requiere de un conocimiento teórico sobre las reglas que rigen el derecho a la deducción de las cuotas soportadas. Las distintas circunstancias que se pueden producir incrementa la complejidad en la aplicación de estas normas, por lo que el examen de las mismas a través de diversos supuestos prácticos ayuda a la comprensión de la ardua tarea que supone la casuística de este impuesto, distinguiendo tres grandes grupos: la regularización de bienes de inversión durante el periodo establecido en la ley; la entrega de estos bienes durante el citado periodo, y los supuestos de autoconsumo interno que dan lugar también a exigir la regularización correspondiente de las cuotas soportadas deducidas por bienes de inversión.

Palabras clave: IVA; deducciones; regularización de bienes de inversión; supuestos prácticos.

Las recientes sentencias de julio de 2022, referidas ambas a los mismos hechos y de idéntico contenido jurídico, abordan el carácter de la deducción de las remuneraciones percibidas por un socio mayoritario en el impuesto sobre sociedades. Desde unas consideraciones generales de carácter previo, tanto en relación con el concepto de «gasto deducible» en este impuesto como del concepto de «liberalidad», tan controvertidos ambos, se llega a la conclusión de que los gastos relativos a la retribución del socio no administrador son deducibles cuando observen las condiciones legalmente establecidas a efectos mercantiles y laborales, siempre que se acredite la correspondiente inscripción contable, se impute con arreglo a devengo y revista justificación documental. Por otra parte, y aunque no se haya planteado en este caso, considera la virtualidad que puede tener el principio de regularización íntegra para «homogeneizar» el tratamiento fiscal en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, considerando que esta línea interpretativa «podría estar llamada a perfilar la solución de controversias futuras».

Entre las diversas modificaciones que ha introducido en nuestro ordenamiento tributario la última Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, en vigor desde julio de 2021, una de las más destacadas va destinada a reforzar el carácter colectivo de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), incorporando una nueva exigencia, relativa a la inversión mínima de sus accionistas, para que tales entidades puedan seguir tributando al tipo del 1 % en el impuesto sobre sociedades.
En concreto, lo que ahora se exige para ello es que la SICAV cuente con, al menos, 100 accionistas que hayan realizado una inversión mínima de 2.500 euros, lo que llegó a ser tildado desde diversos sectores como el jaque mate definitivo a este tipo de entidades. Sin embargo, a lo largo de estas páginas analizaremos e iremos comprobando si realmente la reforma operada sobre las SICAV puede suponer su desaparición como vehículo de inversión o si, por el contrario, se cumplirán los objetivos del legislador reforzándose su carácter de entidad de inversión colectiva.
Para ello examinaremos las distintas opciones con las que cuentan las SICAV de cara a continuar operando como tales (ya sea manteniendo su tributación al tipo de gravamen del 1 % o pasando a tributar al tipo general del 25 %) y también aquellas otras alternativas que se les abren si optaran por cesar en su actividad como instituciones de inversión reguladas, analizando en cada caso las repercusiones fiscales que de una u otra decisión pudieran derivarse.

Palabras clave: SICAV; reforma; tributación; accionistas; inversión.

La cláusula general de equidad se configura como un supuesto de devolución o condonación de la deuda aduanera, el último recurso con el que resarcir a los deudores de buena fe de los perjuicios económicos ocasionados por el pago del importe de los derechos de importación o exportación derivados de circunstancias especiales e imprevisibles acaecidas en el tráfico comercial. Incorporada a la legislación aduanera comunitaria en términos de justicia restaurativa, se convierte en un instrumento jurídico con el que neutralizar los efectos económicos adversos asociados al nacimiento de la deuda aduanera por situaciones excepcionales en las que no quepa atribuir al deudor ningún fraude o negligencia manifiesta, una línea de defensa con la que hacer frente a aquellos riesgos que sitúan a este en una situación excepcional con respecto al resto de operadores que ejercen la misma actividad. A lo largo de este trabajo reflexionaremos sobre el origen y evolución normativa de esta figura, el procedimiento necesario para su solicitud y las dificultades inherentes a su aplicación. El análisis de los requisitos necesarios para su ejercicio, así como la casuística existente en torno a la misma ayudarán al lector a comprender y valorar el alcance y trascendencia de esta figura dentro del ámbito aduanero.

Palabras clave: equidad; devolución; negligencia manifiesta; circunstancias especiales.

La sentencia comentada se separa de la letra de la ley y de la jurisprudencia dominante y, siguiendo la opinión de un destacado sector doctrinal, admite la existencia de un derecho del interesado a la iniciación del procedimiento de revocación. Ese derecho existiría especialmente cuando la revocación se solicita con la finalidad de obtener la devolución de los ingresos indebidos causados por el acto cuya revisión por esta vía se pide. El autor del presente comentario discrepa de esta tesis y se propone demostrar su error.

En estas páginas, se comenta la Sentencia de 25 de enero de 2022, recurso ordinario 1066/2019, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, de la Audiencia Nacional, mereciendo destacarse en este extracto que la Sala, a mi juicio acertadamente, aplica el derecho a una buena Administración pública, recordando que este derecho no es una mera fórmula vacía de contenido, sino que impone un elenco de deberes que le son exigibles, entre los que se encuentra el derecho a una tutela administrativa efectiva y a obtener una resolución administrativa en un plazo razonable.

Analizamos la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de febrero de 2022 (rec. núm. 41/2019), en la que el tribunal debe determinar si se ajustaron a las normas de valoración a mercado de operaciones vinculadas las retribuciones acordadas por las labores propias del cargo de administrador, por un lado, y las retribuciones de los servicios financieros y contables que, presuntamente, el mismo administrador persona física presta a la entidad que administra y que esta presta, a su vez, a terceros. El dilema acerca de si determinados servicios prestados pueden considerarse o no personalísimos, o incluso sin acudir a esta calificación, de si las sociedades que se interponen entre la persona física y el cliente final aportan o no valor a los servicios prestados, constituye un permanente foco de conflictividad. Esto requiere de la jurisprudencia una especial atención a los elementos de prueba, y su valoración en conjunto con las cuestiones que a lo largo del procedimiento se han acreditado, y que actúan ya como premisas en el enjuiciamiento de cada elemento de discusión. Este enfoque, el del análisis sustantivo, es precisamente el que echamos en falta en la sentencia que analizamos, que, en nuestra opinión, no va más allá de una revisión superficial.

Visión global de un supuesto en el que se analizan las diferentes implicaciones de los procedimientos de inspección y sancionador, donde se solicita: la normativa a tener en cuenta en ambos procedimientos; la prescripción del derecho a comprobar la situación tributaria del sujeto pasivo y de la acción para sancionar; la tipificación y determinación de las magnitudes sancionables; la calificación de las infracciones tributarias cometidas, la determinación de los criterios de graduación aplicables y la cuantificación de las sanciones y la aplicación del régimen sancionador más favorable.

Palabras clave: procedimiento de inspección; procedimiento sancionador; infracciones y sanciones tributarias; supuesto práctico; Ley General Tributaria.