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Para poder ejercer sus funciones con eficiencia, el asesor fiscal necesita tener un profundo conocimiento del sistema tributario español, lo cual requiere, no solo conocer y saber presentar los tributos que lo integran, sino también tener conocimientos de otras cuestiones, como fiscalidad internacional, tributación específica de determinadas operaciones y empresas con tributación diferenciada, procedimientos establecidos en el orden tributario, etc.

El sistema tributario español está compuesto por una generosa variedad de tributos, que son gestionados por diferentes Administraciones: estatal, autonómica y local. Estamos, pues, habituados a pagar impuestos, en ocasiones casi sin darnos cuenta, como el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y determinados impuestos especiales, mientras que otros impuestos, como el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), difícilmente pasan inadvertidos. 

La profesión de asesor fiscal requiere de una formación y actualización constantes, fruto de los cambios en la normativa de las diferentes figuras tributarias del sistema fiscal de nuestro país. Sin embargo, la forma de recibir esta formación está sufriendo un cambio de paradigma, afectada positivamente por la disrupción digital, que facilita el acceso a la normativa fiscal y a la presentación de liquidaciones tributarias.

Pero el cambio que está experimentando la forma en la que se documentan los asesores fiscales es un cambio amable, ya que conviven la normativa en papel impreso y el formato electrónico, al igual que lo hacen el libro tradicional y el digital, de manera que los profesionales pueden elegir la forma de documentarse o de formarse.

El asesor fiscal debe ser algo más que el profesional al que se acude para pagar menos impuestos, ya que no siempre es mejor el asesor que consigue que su cliente pague menos al fisco, pues en muchas ocasiones, si ese menor pago no se ajusta a las leyes tributarias, las consecuencias para el contribuyente pueden ser a la larga muy costo

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comunicado al Consejo General de la Abogacía Española, en una reunión mantenida en la tarde de ayer, 1 de marzo de 2016, en la sede del Ministerio, que la asistencia jurídica gratuita seguirá sin estar sujeta al IVA.

Catalá ha trasladado la decisión del Gobierno que se traducirá en la presentación de una Proposición de Ley, consensuada entre PP y PSOE, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para reforzamiento del sistema y de la garantía del acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

Como ya adelantamos, para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo de 2017, la Agencia Tributaria ha puesto, como en años anteriores, a disposición del contribuyente, el calendario del contribuyente 2017.

Les recordamos ahora las principales obligaciones tributarias del mes de marzo.

El 21 de febrero de 2017, el Consejo ha acordado su posición sobre las normas destinadas a suprimir las «asimetrías híbridas» con los regímenes fiscales de terceros países.

El proyecto de Directiva es la última de una serie de medidas concebidas para evitar la elusión fiscal por parte de las grandes empresas.

La digitalización de la Administración siempre tiene como abanderada a la Agencia Tributaria,  que como principal entidad encargada de la recaudación de tributos, se encuentra en una búsqueda constante de la optimización de sus recursos informáticos para mejorar la eficiencia en la recaudación y el control tributario.

La llamada industria 4.0 promueve la revolución digital, y en ese sentido la Agencia Tributaria es cada vez más inteligente, está más interconectada e intercambia cada vez más información con el exterior, por lo que en breve, si no ya, podremos hablar de Agencia Tributaria 4.0.  

La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado a España pidiéndole modificar sus normas sobre los activos mantenidos en otros Estados miembros de la UE o del Espacio Económico Europeo («Modelo 720»). La Comisión considera que España tiene derecho de exigir a sus contribuyentes que notifiquen a las autoridades determinados activos que mantienen en el extranjero, pero las multas impuestas en caso de incumplimiento son desproporcionadas. Como las multas son mucho más altas que las sanciones aplicadas en un contexto puramente nacional, la normativa puede disuadir a las empresas y a los particulares de invertir en el mercado único o desplazarse por él. Por ello, estas disposiciones son discriminatorias y entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE. De no recibirse una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión puede llevar a España ante el TJUE.

Dadas las dudas suscitadas en relación con la tributación en el IVA del turno de oficio, debe aclararse que la repercusión en factura del IVA al beneficiario de la asistencia jurídica gratuita por parte de abogados y procuradores no obsta para que la Administración Pública competente asuma todos los gastos derivados de la prestación de este servicio, incluido el IVA.