Doctrina Administrativa

Generalmente porque al tratarse de actividades financiadas total o parcialmente por la Administración no se prestan en régimen de libre concurrencia

La Dirección General de Tributos, en su consulta de 11 de diciembre de 2017, resuelve la cuestión relativa a si una subvención municipal fija anual que tiene por objeto compensar el déficit económico de una concesión está sujeta al IVA.

Así, en el caso analizado, un ayuntamiento ha adjudicado a un empresario la gestión del servicio público de transporte municipal de viajeros. El servicio es deficitario en virtud de las tarifas aprobadas por lo que el propio contrato establece que la retribución del concesionario estará formada por las tarifas municipales vigentes en cada momento, ingresos publicitarios que pudiera percibir, así como, una subvención anual fija otorgada por el ayuntamiento que podrá verse incrementada el 10 por ciento, en concepto del IVA. 

• La Administración no puede denegar una devolución a no establecidos en base a unos DUAs que no aporta
• La Administración no puede transformar un procedimiento de devolución a no establecidos en otro de devolución de ingresos indebidos
• La sanción por determinar improcedentemente partidas a compensar en declaraciones futuras debe tener en cuenta únicamente las declaradas improcedentemente en cada período
• Tipo impositivo de una concesión de obra pública para la construcción de un hospital y la explotación de los servicios residenciales de los pacientes
• La escritura de rectificación de la de adjudicación de la herencia, es un documento nuevo y de valor esencial a efectos del recurso extraordinario de revisión
• Los Directores de Departamento de la AEAT no pueden discutir la doctrina del TEAC en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio
• Efectos de la suspensión del cobro de la deuda recurrida en vía contencioso administrativa
• No existe incompatibilidad expresa en IVA entre la modificación de la base imponible por créditos incobrables y por concurso de acreedores
• No todas las reducciones de capital deberán tributar efectivamente por el ITP y AJD en su modalidad de “operaciones societarias”
• La prima de fichaje abonada a un trabajador con el compromiso de que permanezca al menos 2 años en la empresa no es un rendimiento irregular

• Providencia de apremio de deudas contra la masa sin la previa calificación de las mismas cómo tales por parte del Juez del concurso
• Providencia de apremio sobre deudas correspondientes a deudores declarados en concurso de acreedores cuando se trate de créditos tributarios calificados como deudas contra la masa
• Ante una resolución de reclamación económico-administrativa cuyo objeto es una actuación entre particulares no cabe la interposición de incidente de ejecución
• Los estatutos de las Comunidades de Regantes determinan el ámbito de operaciones ejercidas en el desarrollo de sus funciones públicas no sujetas
• Lotería de Navidad con la que el titular de una actividad económica quiere obsequiar a sus clientes
• Tributación en el ISD de la liquidación del fideicomiso al fallecimiento del fiduciario sin ejercicio del poder de disposición
• Una contraprestación mínima por una colaboración esporádica en una plataforma informática… tiene consecuencias tributarias
• Un e-book se puede tener en cuenta a efectos de su deducibilidad en IVA e IRPF

Los intereses de demora derivados del pago de un acta de inspección no son un gasto necesario para la obtención de los ingresos

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 4 de diciembre de 2017, resuelve que los intereses de demora liquidados tras un acta de Inspección -criterio extensible a los intereses de demora derivados de cualquier procedimiento de comprobación: sea verificación de datos, comprobación limitada o inspección- tienen el carácter de no deducibles a la hora de tributar por el Impuesto sobre Sociedades. Criterio que se ha sostenido porque considera el Tribunal, que esos intereses de demora no son un gasto necesario para la obtención de los ingresos.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 16 de noviembre de 2017, concluye que no es compatible la notificación en un solo documento de la declaración de caducidad y del inicio del nuevo procedimiento, salvo que se incluyese de forma expresa en ese único acto con claridad el diferente régimen de impugnación de la declaración de caducidad y sus efectos.

Como es sabido, una vez producida la caducidad, la Administración puede volver a iniciar el mismo procedimiento u otro de diferente naturaleza, con el mismo o con otro alcance distinto, si no ha mediado prescripción. Así lo prevé el art. 104. 5 de la Ley 58/2003 (LGT), indicando expresamente que las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda mediante la oportuna liquidación, advirtiendo a continuación el mismo precepto que, las actuaciones realizadas en el curso del procedimiento que caducó, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 30 de noviembre de 2017, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve la cuestión consistente en determinar si procede la aplicación de la reducción de las sanciones del 25% prevista en el art. 188.3 de la Ley 58/2003 (LGT) -vinculada al ingreso de la sanción y a que no se recurra ni contra la liquidación ni contra la sanción-,  cuando en el período de ingreso concedido tras la denegación de una solicitud de un aplazamiento o fraccionamiento sin garantía, se procede a efectuar un ingreso solo parcial del importe inicial de la sanción y a solicitar de nuevo un aplazamiento/fraccionamiento sin garantía, el cual es concedido.

• Basta con corregir un defecto formal en la propia factura original presentada en recurso de reposición -sin emisión de factura rectificativa- para cumplir con los requisitos de la Ley de IVA
• En la cesión del uso de un vehículo afecto a la actividad para su uso parcial para fines privados lo que se tiene en cuenta es la disponibilidad del mismo y no únicamente su utilización efectiva
• Las pruebas que, no habiendo sido aportadas en el procedimiento inspector, se aporten en vía revisora, deben acreditar lo pretendido sin requerir investigación
• La solicitud de valoración al Gabinete Técnico de la que hay constancia en el expediente es una interrupción justificada del procedimiento pese a no haber sido notificada
• En los gastos por propaganda y publicidad en envases y embalajes debe probarse, de cara a la deducción, el coste estrictamente publicitario
• El requerimiento de identificación de titulares de contratos de alquiler de cajas de seguridad por los órganos de inspección sólo está supeditado a la trascendencia tributaria y la motivación
• No es motivo de anulación el que la Administración tributaria incoe un acta y no dos en casos en que hay comprobación de valor de operaciones vinculadas junto con otras cuestiones
• La DGT analiza por primera vez la tributación en el IRPF de la venta de bienes en fideicomiso 
• Las fluctuaciones en el cambio de moneda no generan obligación de presentar el modelo 720 a los titulares de bienes inmuebles en el extranjero
• Contratar un servicio de maquila no supone actuar mediante establecimiento permanente

La relación jurídico-tributaria no se rompe por los pactos entre particulares y ello se alarga hasta la fase de reclamación

La consulta de la Dirección General de Tributos, de 25 de septiembre de 2017, plantea una cuestión curiosa para el ciudadano, si bien se resuelve de un modo relativamente fácil aplicando principios muy de base del Derecho Tributario.

El supuesto de hecho se sitúa en la negociación de una transmisión de bienes inmuebles entre dos entidades, una de ellas en estado de concurso, en la que la transmitente trata de facilitar la operación planteando a quien pretende adquirirle que hay un “derecho de crédito” sobre los inmuebles relacionado con unas liquidaciones por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que le fueron giradas en relación con operaciones que tuvieron que ver con ellos y que son firmes en ese momento ya que no fueron objeto de recurso en plazo.

La inexistencia de valor de rescate en un seguro de vida evita su tributación en el IP

En un ejercicio de implementación entre la normativa de seguros y la normativa tributaria, la Dirección General de Tributos, acaba de publicar una consulta de 5 de octubre de 2017, que aclara que la falta de consignación del valor de rescate en los seguros de vida –unit linked en el caso- les deja al margen de la tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio.

La existencia de interesados en el procedimiento de devolución, instando que procede la tributación por IVA y no por TPO exige y obliga a la Administración estatal a entrar a conocer y responder a lo planteado por los interesados en el procedimiento que tramita

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 23 de octubre de 2017, analiza por un lado, en que medida, la existencia de un acto administrativo de la Comunidad Autónoma liquidando por el concepto “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”, al considerar que la operación de transmisión de un inmueble tributaba por este último impuesto vincula a la Administración Estatal, en concreto a los órganos gestores de la AEAT, y por otro, la indefensión causada al vendedor porque el procedimiento seguido acerca de la devolución del IVA estuvo claramente predeterminado por la actuación inspectora previa realizada a los compradores por la Comunidad Autónoma, que culminó con acta de conformidad en la que se admitía la improcedencia de repercutir IVA por considerar que estábamos ante una segunda entrega de vivienda sujeta y exenta de IVA de acuerdo con lo dispuesto en el art. 20.Uno.22º de la Ley 37/1992 (Ley IVA).