Doctrina Administrativa

La comunicación de inicio de un procedimiento de comprobación de carácter parcial no tiene naturaleza de requerimiento previo respecto de la regularización posterior de otras obligaciones tributarias aun cuando se puedan entender relacionadas.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 21 de septiembre de 2017, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio fija como criterio que, tratándose de un requerimiento o de procedimiento de comprobación de cualquier índole de carácter parcial, respecto de determinado concepto tributario, en el alcance del procedimiento o actuación no puede entenderse incluido más que el concepto expresamente definido, por lo que en su caso se consideraría voluntaria la regularización practicada por un obligado tributario con posterioridad a la notificación de ese requerimiento o comunicación de inicio, en relación con otras obligaciones aun cuando se pudieran entender relacionadas con la primera.

• A la emisión de facturas falsas por quien no ejerce actividad económica también se le aplica el tipo sancionador
• Facturas por operaciones que no se han realizado: presunciones basadas en hechos constatados
• Aunque el procedimiento de devolución a no establecidos no contempla la exigencia del trámite de audiencia previo, este podrá exigirse si el procedimiento es alterado de oficio
• La atribución de la condición de empresario o profesional por actuaciones de urbanización está íntimamente ligada a la intención de venta
• Obligación de emisión de factura por una aseguradora a un comerciante minorista por los servicios que le son prestados
• Declaración de bienes en el extranjero: los productos financieros complejos exigen declaración separada de valores y efectivo
• Si al enajenarse el bien que da lugar a una reducción del ISD no es posible la reinversión en otro semejante, sirve para mantener el beneficio el ingreso del importe obtenido en algún tipo de inmovilización
• La participación indirecta a través de holding computa a la hora de determinar la normativa de la CC.AA aplicable a la sucesión de un no residente

• Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE): compatibilidad con normativa UE y competencia en relación con la constitucionalidad de las disposiciones tributarias de carácter general
• Plazo para iniciar un nuevo procedimiento de inspección tras una resolución estimatoria de las pretensiones de los obligados tributarios por razones sustantivas o de fondo, anulando el acto impugnado
• Exención en el IP de la transmisión lucrativa de participaciones en una empresa familiar: cálculo del requisito de remuneración superior al 50% de los rendimientos del trabajo y de actividades empresariales y profesionales
• No resulta procedente la desestimación de una solicitud de rectificación de autoliquidación con el único argumento de la no firmeza de la liquidación
• Obligaciones formales de una organización sindical, que realiza operaciones sujetas y exentas junto con otras sujetas y no exentas por las que repercute el Impuesto, en el marco del nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII)
• La anulación de una compraventa de acciones de Bankia instada por los herederos del comprador tributa por IRPF
• Fallecido el comprador que firmó en escritura privada, si han transcurrido más de 4 años, prescribe el ITP de la operación
• La exención de presentación del modelo 720 del titular de un bien sometido a esa obligación supone la exención para el resto de los obligados por el mismo
• Reinversión en vivienda habitual: La compra de una vivienda habitual en el extranjero no es obstáculo para la exención
• Inversión en vivienda habitual: No se pierde el derecho a la deducción cuando se disfruta de otra vivienda por razón de cargo o empleo

Sabemos que el productor es aquél que decide realizar la obra, o no -iniciativa- asumiendo los riesgos económicos -responsabilidad- y ostentando la titularidad del principal derecho de propiedad intelectual de la misma: su explotación mediante su emisión.

De acuerdo con lo anterior, podemos comprobar que, en el caso analizado, a los pocos días de celebrar los primeros contratos de coproducción, entre 10 y 12 días, se suscribieron otros nuevos contratos entre el obligado tributario y los mismos productores en virtud de los cuales les cedió los derechos de explotación de las mismas películas, objeto de esos primeros contratos, por un periodo de 10 años a cambio de unas importantes cantidades de dinero, reservándose solamente la explotación en determinados países que pueden considerarse residuales desde el punto de vista de la explotación de las películas, y así lo ha corroborado la Inspección comprobando que no han dado lugar a acción comercial alguna, pudiéndose determinar que el obligado tributario no explota sus derechos como propietario de las películas a través de otras entidades que se dedican a la comercialización, distribución o exhibición, sino que lo que hace es ceder prácticamente en bloque y por una cantidad fija esos derechos de explotación a los mismos productores que pocos días antes se los habían transmitido.

Se analizan aquí las pensiones públicas de jubilación que perciben los antiguos empleados de Telefónica satisfechas por la Seguridad Social y que traen causa de la asunción por parte de la Seguridad Social de los compromisos por pensiones de la extinta Mutualidad Institución Telefónica de Previsión.

Pues bien, hay que diferenciar la parte de la pensión pública de jubilación que corresponde a aportaciones a la Mutualidad Institución Telefónica de Previsión realizadas con anterioridad y con posterioridad al 1 de enero de 1979, puesto que la posibilidad de reducción al 75 por 100 de la pensión solo puede ser aplicable cuando las aportaciones no pudieron ser objeto de reducción o minoración en la base imponible. Consecuentemente, no resulta aplicable lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), a la parte de la pensión pública de jubilación que perciben de la Seguridad Social los antiguos empleados de Telefónica SA, con posterioridad al 1 de enero de 1979 hasta el 1 de enero de 1992 -fecha de su integración en la Seguridad Social- pues haciéndose estas aportaciones a Institución Telefónica de Previsión por sus trabajadores con carácter sustitutorio del Régimen General de la Seguridad Social para cubrir contingencias de muerte, jubilación e incapacidad de los empleados de la compañía, sí fueron objeto de minoración o deducción en la base imposible del Impuesto sobre su renta personal, desde 1 de enero de 1979, teniendo en cuenta la legislación vigente en cada momento.

El coste de los armarios no forma parte de la base imponible del ICIO, aunque sí el coste de su instalación.

La DGT en una consulta vinculante de 14 de junio de 2017 ha analizado al cuestión sobre si la partida correspondiente al coste de los armarios que se van a instalar en las viviendas que conforman  una promoción inmobiliaria deben incluirse en la base imponible del ICIO. En esta consulta la DGT concluye que si bien el coste de los armarios no forma parte de la base imponible del impuesto, aunque sí el coste de su instalación, dado que se considera que dichos armarios no son elementos técnicos inseparables de la obra, ni están integrados en el proyecto para el que se solicita la respectiva licencia de obras o urbanística y no forman parte consustancial de la obra, ni son elementos esenciales para la habitabilidad o utilización de las viviendas

Los armarios son perfectamente separables de la construcción, construidos por terceros fuera de la obra, aunque instalados en las viviendas, su ejecución no figura como partida alguna del proyecto de ejecución material presentado al Ayuntamiento, no están empotrados a la pared y no resultan imprescindibles o esenciales para la habitabilidad de las viviendas.

• No existe exigencia temporal o acotación temporal relativa al momento en que se han de producir los hechos determinantes de la responsabilidad solidaria -art. 42.2.a) de la LGT-: unificación de criterio
• Renta percibida por un socio al cesar de tal condición, por un pacto de no competencia durante 3 años ¿Cabe la reducción por rendimientos obtenidos de forma irregular en el tiempo?
• Relación laboral especial de alta dirección: calificación del trabajador como alto directivo
• Consecuencias de la reproducción en alzada de las alegaciones formuladas ante el Tribunal de instancia
• El TEAC en contra de la AN, que señala que la orden de carga en plan debe respetar el límite temporal del año para el inicio de las actuaciones inspectoras
• Los servicios de hostelería prestados en una discoteca, bar musical, café teatro, café concierto y establecimientos de características similares pasan a tributar, en todo caso, al tipo reducido
• La venta de un libro en formato electrónico no sufre cambios a efectos de su tributación en el IRPF
• Legar al cónyuge viudo el producto de un alquiler no es un gasto deducible del inmueble arrendado

Para la exacción por la vía de apremio de las cantidades adeudadas por responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, no es preciso requerimiento de pago alguno o providencia de apremio.

La asistencia jurídica gratuita no está sujeta en virtud de la última modificación de la Ley 1/1996 (Asistencia jurídica gratuita).

Hasta la fecha, la doctrina más reciente de la Dirección General de Tributos sobre la materia estaba recogida en la contestación a la consulta de 25 de enero de 2017, donde se concluyó que los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita estaban sujetos y no exentos del Impuesto, debiéndose repercutir en factura el IVA al tipo impositivo general del 21 por ciento a su beneficiario, destinatario de la prestación de tales servicios.

La declaración extemporánea de la declaración de bienes y derechos situados en el extranjero –modelo 720– sí lleva sanciones y consecuencias añadidas

La consulta de 6 de junio de 2017, adelantada por la Dirección General de Tributos, contiene un dictamen valorativo importantísimo en lo que tiene que ver con las consecuencias derivadas de la presentación extemporánea de la declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

Como ella misma expresa, contiene la interpretación sistemática y teleológica que se requiere hacer de los preceptos afectados –los generales en la materia, el art. 27 Ley 58/2003 (LGT), frente a los específicos en la materia, la Disposición Adicional Decimoctava de la misma norma y el art. 39.2 Ley 35/2006 (Ley IRPF)–, donde a la postre, se termina por aplicar uno de los principios básicos del Derecho, cual es que la ley especial puede a la ley general –lex specialis derogat lex generali–.