Doctrina Administrativa

No tributar en el IP por obligación personal o real privaría a sus adquirentes de la tributación beneficiada de ese Impuesto y por extensión del ISD

La consulta de la Dirección General de Tributos, de 15 de diciembre de 2016, tiene como fondo la tributación de una donación de participaciones de una entidad no residente, adquirida por una persona física residente en España, a la que se deniega la reducción del Impuesto sobre Donaciones bajo el argumento de que su padre –donante- no era residente en España.

El TEAC unifica criterio al respecto así como sobre la base de la bonificación de la cuota íntegra de estas entidades

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 8 de febrero de 2018, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, resuelve por un lado, que las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas que se bonifican de acuerdo con el art. 54.1 del RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS) no incluyen las subsidiaciones de intereses y las subvenciones percibidas para la financiación de las construcciones que se destinarán al desarrollo de la actividad de arrendamiento y, por otro, que el tipo de gravamen reducido de la Disp. Adicional Duodécima de la misma norma por mantenimiento o creación de empleo es compatible con el régimen especial de las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.

No es necesario para permitir la adopción de la medida cautelar, que estemos en todo caso ante actuaciones excepcionales o manifiestamente graves

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 31 de enero de 2018, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve que para que pueda apreciarse la existencia de riesgo recaudatorio al efecto de dictar las medidas cautelares reguladas en el art. 81 de la Ley 58/2003 (LGT), es necesario que concurran las dos vertientes, subjetiva y objetiva. Ahora bien, la vertiente subjetiva del riesgo recaudatorio no tiene por qué  fundarse exclusivamente en comportamientos reprochables desde el punto de vista recaudatorio sino que puede basarse también en conductas -actuaciones u omisiones- puestas de manifiesto en cualquier fase o procedimiento tributario, sea o no recaudatorio, sin que sea exigible para permitir la adopción de la medida cautelar, que en todo caso deba tratarse de actuaciones excepcionales o manifiestamente graves, como los son las tramas de defraudación, facturas falsas o una evidente ocultación.

• Los perjuicios de difícil o imposible reparación no justificados en la solicitud de suspensión con dispensa de garantías suponen la denegación de dicha solicitud
• La nueva petición de aplazamiento en el período concedido tras la denegación de la primera solicitud no tiene efectos suspensivos
• No ser sujeto pasivo de IVA no exime de la obligación de expedir facturas
• La cesión de apartamentos con la finalidad expresamente establecida de su explotación como apartamentos turísticos a cambio de un porcentaje de los ingresos, está sujeta al IVA
• La solicitud de documentación distinta a la establecida para el procedimiento de devolución a no establecidos altera el procedimiento de oficio
• Un acuerdo de liquidación dictado antes de recibir las alegaciones presentadas dentro del plazo no pone fin al procedimiento inspector
• La puesta en conocimiento del interesado de la liquidación del IBI no constituye un acto de notificación del valor catastral
• La bonificación del IBI de los inmuebles de las promotoras y constructoras debe solicitarse antes de iniciar las obras
• Si una empresa hotelera construye un hotel para su explotación no contribuirá al IAE por la edificación del mismo
• En un préstamo de valores no se computa como gasto en el cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial la compensación pagada al prestamista por distribuciones de efectivo o derechos de suscripción preferente derivados de dichos valores

El hecho imponible del impuesto es la constitución y solo ella genera obligaciones de gestión. Aparte quedan la utilidad de control y de prueba que de su declaración podrían derivarse 

Tal y como señala la Dirección General de Tributos en su consulta de 14 de noviembre de 2017, el aplazamiento del pago de uno de los plazos de devolución de un préstamo familiar no constituye hecho imponible de la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITP y AJD dado que, por un lado, no constituye la transmisión de un bien o derecho en los términos generales en que se expresa el art. 7.a) RDLeg. 1/1993 (TR Ley ITP y AJD) y, por otro, tampoco puede ser incluido en ninguno de los supuestos enumerados en el apartado b) del citado precepto, pues si bien éste incluye a los préstamos, tan sólo hace referencia a la constitución de los mismos, sin incluir cualesquiera otras circunstancias que pudieran producirse a lo largo de la vida del referido contrato.

Se trata de obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, por lo que su raigambre en España hace desaparecer las obligaciones pendientes

Tal y como se indica en la consulta de 14 de noviembre de 2017 por la Dirección General de Tributos, el objeto de estas obligaciones de información, y así se establece en su regulación, es conocer los bienes o derechos a que se refiere la norma de los que sean titulares las personas o entidades residentes en territorio español y que estén situados en el extranjero.

• Imputación temporal de las cantidades percibidas a cuenta de un contrato de compraventa sometido a condición suspensiva y sin traditio cuando finalmente no se cumple dicha condición
• Deducción de los gastos e inversiones por acontecimientos de excepcional interés en el caso de Cajas de Ahorros
• El principio de la íntegra regularización no excluye la posibilidad de sancionar por la conducta regularizada
• No se genera pérdida patrimonial para el titular de una obra de arte respecto de la que se ha certificado por empresa especializada que es falsa, aunque haya supuesto la pérdida de su valor inicial
• Los ingresos obtenidos por unos socios por insertar anuncios publicitarios a los vídeos que han creado con el fin de subirlos a redes sociales, se califican como rendimientos del trabajo
• La exención por reinversión en vivienda habitual no se podrá aplicar a la ganancia correspondiente a la parte de la vivienda que ha estado arrendada
• Prestación derivada de seguro que cubre el préstamo hipotecario del fallecido: tributación en IRPF e ISD
• Tributar en el régimen especial de trabajadores desplazados del IRPF no es compatible con la condición de residente a los efectos de los CDIs y el derecho a sus beneficios
• La aportación de la nuda propiedad no es suficiente para aplicar el régimen de diferimiento en el IS
• La devolución al pagador de los importes percibidos indebidamente tendrá incidencia en la declaración de IRPF del ejercicio en que se percibieron, no en el que se reconozca la obligación de devolver

• El canon digital no está sujeto a IVA: la Administración cambia de criterio
• Aclarada la tributación de las propinas desde la perspectiva del empresario y del trabajador
• La mano de obra gratuita en una obra no forma parte de la base imponible del ICIO
• En el IGFEI no hay posibilidad de deducir o devolver las cuotas soportadas por gases perdidos en robos o accidentes
• Validez de una factura proforma correspondiente a los honorarios de un abogado a efectos de la deducción en IVA
• La transmisión de participaciones de un empleado a su entidad empleadora al cesar la relación laboral le puede generar, aparte de la ganancia o pérdida patrimonial pertinente, rendimientos del trabajo
• Empresa no comunitaria satisface gastos de alojamiento y desplazamiento en moneda extranjera a un profesional español que realiza algunos trabajos en otro país
• La regularización catastral por modificaciones en un inmueble no declaradas interrumpe la prescripción del IBI
• ¿Tributa la disolución del condominio por el IIVTNU?
• Para el cálculo de las ganancias/pérdidas de patrimonio por cambios de divisa el valor de adquisición a tener en cuenta es el de compra y no el de registro de la divisa en el Banco de España

La DGT no admite el valor resultante de la alteración catastral por ser el hecho imponible dos meses anterior a sus efectos y analiza otros aspectos del IIVTNU

Además de las cuestiones planteadas y que la DGT resolvió mediante consultas no vinculantes, la DGT ha emitido su criterio en otras cuatro consultas vinculantes en el periodo que abarca los meses de septiembre a noviembre.

En la primera de estas cuatro consultas de 24 de octubre de 2017, la DGT se aferra al valor catastral a pesar de que el Catastro pone de manifiesto el error de la valoración con efectos tan solo dos meses después de la transmisión que produjo el hecho imponible.  En el caso analizado, la declaración de efectos de la  alteración catastral producida sobre el terreno transmitido fue posterior al hecho imponible del impuesto y por tanto no tiene efectos sobre el mismo, a pesar de que la fecha de liquidación e ingreso es posterior a la fecha a la cual se retrotraen los efectos de la disminución del valor catastral.  El contribuyente tras liquidar e ingresar el IIVTNU el 04/10/2010 por la transmisión de una finca segregada solicitó la rectificación del valor catastral debido a la elevada cuantía en el IBI. Con fecha 03/04/2017, el Catastro le notificó el acuerdo de alteración de la descripción catastral, considerando que existía un error en la valoración asignada a la finca. La alteración catastral, con la consiguiente disminución del valor catastral, tiene efectos retroactivos a fecha 02/09/2010. Según la DGT, el nuevo valor catastral no puede tener efectos en la liquidación del IIVTNU ya que, aunque la liquidación del IIVTNU practicada por el correspondiente Ayuntamiento es de fecha 4 de octubre de 2010, la fecha de transmisión de la finca segregada y por tanto, la fecha de devengo del impuesto es el 27/07/2010, fecha anterior a la que se retrotraen los efectos de la alteración catastral.

La DGT clasifica la actividad de compraventa de criptomonedas mediante una web propia y aclara otras cuestiones en el IAE

La DGT en una consulta vinculante de 13 de noviembre de 2017 determina que la actividad de compraventa de criptomonedas (principalmente bitcoin) a través del desarrollo y explotación de una aplicación web propia debe clasificarse en el Epígrafe 831.9 de la Secc. 1.ª, «Otros servicios financieros n.c.o.p.», según lo dispuesto por la regla 8.ª de la Instrucción y ello porque las actividades de prestaciones de servicios a través de la red Internet u otros medios electrónicos, deben tributar de acuerdo con la verdadera naturaleza de la actividad económica ejercida, dependiendo de las condiciones que concurran en cada caso.

En otras dos consultas analiza  la superficie a computar como local y el valor catastral a computar en el caso de un inmueble en rehabilitación y en una última determina el epígrafe correspondiente a una sociedad cuyo objeto es la creación de videos que comparte en redes sociales.