Doctrina Administrativa

Comentamos en esta ocasión dos resoluciones de 30 de noviembre de 2016 -con idéntico contenido-, del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias, que son exponente de un conflicto interno en sede de la Administración tributaria en lo que tiene que ver con la interpretación de los requisitos que permiten el acceso al régimen de la Zona Especial Canaria (ZEC), estricta hasta el extremo en sede de la Inspección de los tributos, crítica en sede económico-administrativa con esa práctica administrativa que, basada en pruebas indiciarias, niega el acceso al régimen a unos operadores que han pasado previamente por un control administrativo -el que les permitió el acceso al régimen-, que la Inspección les niega con una prueba débil que les obliga a probar en contra, a veces incluso leoninamente, situándoles en una posición claramente lesiva hacia ellos.

Resulta incuestionable la claridad del art. 54.2.b) del RD 939/2005 (RGR), no dejando margen para su interpretación.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 28 de abril de 2017, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve la cuestión relativa a si son aplicables las consecuencias establecidas en el segundo párrafo del art. 54.2.b) del RD 939/2005 (RGR) -esto es, vencimiento de todas las fracciones pendientes- en el supuesto de haber ingresado el importe de la fracción y de los intereses de demora fuera del plazo concedido en el acuerdo de fraccionamiento pero con anterioridad a la notificación de la providencia de apremio, quedando impagado, tras la notificación de dicha providencia y una vez trascurrido el plazo fijado en la misma, exclusivamente el importe correspondiente al recargo ejecutivo. 

Y la mantiene en aquellos casos en los que se realiza el ingreso del importe restante de la sanción en el plazo del art. 62.2 de la Ley 58/2003 (LGT) abierto con la notificación de la resolución denegatoria de la compensación solicitada.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 28 de abril de 2017, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve la cuestión relativa a si para la aplicación de la reducción del 25% prevista en el art. 188.3 LGT es posible que el ingreso del importe restante de la sanción se realice mediante compensación y, si procede aplicar o mantener esta reducción en el supuesto de que el ingreso del importe restante de la sanción se realice en el plazo del art. 62.2 de la Ley 58/2003 (LGT) abierto con la denegación de una solicitud de compensación.

• Las cuentas de corretaje para inversiones en acciones y productos derivados en el extranjero deben ser declaradas en el modelo 720 a pesar de su carácter instrumental
• La custodia de vehículos sin asignación de un lugar específico en el aparcamiento no está relacionada con un bien inmueble a efectos de localización del servicio 
• Los servicios a particulares como acompañamiento al médico se clasifican en el Epígrafe 979.9 o en el Grupo 899 del IAE en función del carácter empresarial o profesional de la actividad
• El split y el contrasplit que sólo suponen reorganización de las acciones no generan obligación de presentar el modelo 720
• El parentesco por afinidad no opera por igual en las reducciones por adquisiciones de participaciones en entidades y empresas o negocios, y por parentesco en el ISD
• No está exento en el IBI un centro docente del primer ciclo de educación infantil
• Coste de los materiales aportados por quien realiza las obras de supresión de barreras arquitectónicas en las zonas comunes de un edificio ¿a quién se refiere la Ley?
• Los tributos locales extranjeros no se consideran impuestos de naturaleza análoga al IRPF, a efectos de evitar la doble imposición
• Las concesiones administrativas otorgadas, en aplicación de la Ley de Costas, a cambio de la inclusión de inmuebles en el dominio público marítimo, tributan por ITP
• Un administrador con cargo gratuito puede deducirse las cuotas del RETA en el IRPF

Tiene un interés directo y por tanto está legitimada para recurrir la liquidación del IIVTNU la persona que se obliga al pago del impuesto mediante un contrato de arrendamiento financiero inmobiliario.

En una consulta de la Dirección General de Tributos de 2 de marzo de 2017, se reconoce la legitimación de la adquirente para impugnar la liquidación del impuesto, ya que a pesar de no ser sujeto pasivo  conforme a la normativa del mismo,  efectivamente es ella quien lo paga, ya que mediante  el contrato de arrendamiento financiero inmobiliario entre una persona como adquirente/compradora y una entidad financiera en el que se hace constar que al ejercitarse la opción de compra será de cargo de la adquirente y por tanto  sus intereses legítimos y directos resultan afectados por esta liquidación (Vid. STS de 13 de mayo de 2010, en recurso de casación para unificación de la doctrina nº 296/2005).

La Administración tributaria puede utilizar información de terceros contenida en sus bases de datos cuando, al objeto de preservar el carácter reservado de los datos tributarios, disocie la identificación de los sujetos contenidos en la muestra de los datos contenidos en sus declaraciones tributarias y siempre que esa disociación no limite el derecho de defensa del interesado.

Así, el Tribunal Central, en su resolución de 4 de abril de 2017, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, resuelve que la Administración puede utilizar como medios para determinar las bases o rendimientos en régimen de estimación indirecta tanto datos y antecedentes concernientes al propio obligado tributario como datos procedentes de terceros, toda vez que ninguna limitación cabe deducir en este sentido. Nada impide, por tanto, que la Administración pueda, en principio, servirse de la información procedente de sus bases de datos para determinar, mediante el régimen de estimación indirecta, las bases o rendimientos del contribuyente sometido a comprobación.

En lo que se refiere a la compensación de bases imponibles negativas, ¿puede afirmarse que estamos ante una opción en los términos del art. 119.3 de la Ley 58/2003 (LGT)?

A juicio del Tribunal Central, en Resolución de 4 de abril de 2017, el hecho de que la Ley permita al contribuyente elegir entre compensar o no las bases imponibles negativas y, en el primer caso, el importe a compensar dentro de los límites posibles, entra plenamente dentro del concepto de “opción”.

• Operaciones a plazos o con precio aplazado: a efectos de calcular la proporción en que deben integrarse las rentas en la base imponible del IS, no debe incluirse el IVA
• Pagos de una entidad farmacéutica a profesionales sanitarios por la asistencia a congresos: el elemento decisivo para la calificación de las rentas viene determinado por el hecho que motive su invitación
• Acuerdo de adopción de medidas cautelares dentro del procedimiento de declaración de responsabilidad solidaria ¿Cuándo debe notificarse?
• La transmisión de  la obligación de pago de un responsable solidario a un heredero no requiere un previo procedimiento de declaración de responsabilidad
• Imputación de pagos en la compensación de oficio cuando existen deudas apremiadas garantizadas y sin garantizar
• La falta de comunicación formal al obligado tributario de las actuaciones realizadas determina que dichas actuaciones no interrumpan el periodo de inactividad de las actuaciones inspectoras
• La DGT asume expresamente el criterio del Supremo y del TEAC sobre la apartación gallega y los pactos sucesorios
• La DGRN considera que el donatario ostenta un derecho valuable y por ello la DGT cambia de criterio respecto de la donación con reserva de usufructo y facultad de disposición
• La condonación de una deuda empresarial a un no residente es un beneficio empresarial que tributa en el extranjero
• Pareja de hecho y cónyuge no son equiparables a efectos de determinar la residencia de los funcionarios de la UE

• Puede aplicarse la prorrata especial aun incumpliendo el requisito de haber optado por ello mediante la presentación de declaración censal en el plazo establecido
• Debe suspenderse el procedimiento administrativo respecto de los hechos que están siendo analizados en sede penal, aunque sea respecto de un tributo diferente
• No es vicio determinante de nulidad, ni siquiera de anulabilidad, incluir la regularización por algún concepto al que el sujeto pasivo presta su conformidad en un acta de disconformidad
• La presentación de la escritura de constitución junto con el modelo 037 no se considera una solicitud de inscripción en el Registro Especial de UTEs
• Una herencia yacente debe disponer de NIF, más allá de la voluntad de aceptación de los herederos
• Posibilidad de iniciar la práctica de la deducción por inversión en vivienda habitual transcurridos varios años desde su supresión
• Base imponible en AJD de la cesión de los derechos derivados de un contrato de arrendamiento financiero
• El cambio de residencia al extranjero, no impide la aplicación de la reducción por movilidad geográfica y la deducción por alquiler de vivienda habitual
• Los planes de incentivos a los trabajadores no pueden constituir una indemnización por despido
• La cláusula antiabuso de la exención de los dividendos matriz-filial no se aplica a operaciones que no reportan beneficios fiscales, aunque el tenedor último resida fuera de la UE

La suspensión “ex lege” para la enajenación de bienes embargados hasta que las deudas que han motivado esos embargos sean firmes, resulta de aplicación a la ejecución de los bienes ofrecidos como garantía aceptada y formalizada, en los supuestos de impago de las deudas que dichas garantías afianzan.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 23 de marzo de 2017, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve que la previsión contemplada en el art. 172.3 de la Ley 58/2003 (LGT), el cual establece una suspensión “ex lege” para la enajenación de bienes embargados hasta que las deudas que han motivado esos embargos sean firmes, resulta de aplicación a la ejecución de las bienes ofrecidos como garantía aceptada y formalizada, en los supuestos de impago de las deudas que dichas garantías afianzan. No existen dos procedimientos diferentes para proceder a la enajenación de los bienes para satisfacer los débitos de la Hacienda Pública, uno en caso de ejecución de garantías y otro en caso de enajenación de bienes embargados. Es el mismo procedimiento regulado reglamentariamente al que se remite la Ley 58/2003 (LGT) cuando se refiere a la ejecución de las garantías ofrecidas, independientemente del título de ejecución que da lugar a la enajenación de los bienes y, por tanto, se deben regir por las mismas normas y por los mismos principios de proporcionalidad y respeto a los derechos y garantías del interesado en el procedimiento de enajenación.