Doctrina Administrativa

Como es conocido, la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre (BOE de 20 de octubre), elevó el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de 18.000  a 30.000 euros, a partir del 21 de octubre de 2015. Este cambio implica modificar la Instrucción 4/2014, de 9 de diciembre, de la Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago, en lo referente a la determinación de los plazos máximos de los aplazamientos o fraccionamientos de pagos exentos de garantía, el cual, se ha llevado a cabo a través de la Instrucción 6/2015, de 20 de octubre, señalándose en los supuestos de solicitudes cuya resolución se realiza de forma automatizada en atención a la cuantía de la deuda,  los siguientes plazos de concesión:

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 30 de octubre de 2015, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, fija como criterio que cuando se impugne un único acuerdo de declaración de responsabilidad y en el mismo concurran o se acumulen dos supuestos de hecho distintos, tipificados de forma independiente en la Ley 58/2003 (LGT) a efectos de la derivación de responsabilidades, debe examinarse la procedencia de cada supuesto de forma individual, a efectos de acordar bien la retroacción de actuaciones al amparo del art. 41.4 de la Ley 58/2003 (LGT), bien su anulación, bien su procedencia con arreglo a Derecho.

• No puede extenderse la anulación de la diligencia de embargo a la de la providencia de apremio no impugnada de la que trae causa
• Las actuaciones dirigidas contra el obligado tributario interrumpen la prescripción de la acción de declaración de la responsabilidad solidaria 
• La mera interposición del recurso administrativo no suspende la eficacia del acto que sigue produciendo sus efectos aunque no reúna el requisito de firmeza, salvo que medie suspensión
• Trámite de subsanación cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos en la normativa o no se acompañe de la documentación necesaria 
• Período de facturación que debe considerarse al instruir el expediente sancionador por infracción del art. 201 de la Ley 58/2003 (LGT)
• Efectos liberatorios para el obligado tributario del pago ante oficina no competente 
• Liquidación de IVA que no sigue el criterio de la Dirección General de Tributos: efectos de las contestaciones tributarias escritas  
• Existiendo regularizaciones sancionables y no sancionables la base de la sanción se debe aplicar sobre el incremento de renta neta que se corresponda con regularizaciones sancionables
• Carácter no excluyente de los medios de recuperación del IVA soportado: compensación y devolución
• No han de entenderse incluidas las NIC entre las normas contables que delimitan el resultado contable del que se partirá para calcular la base imponible del IS 

En una consulta con una excelente argumentación, de 25 de septiembre de 2015, la Dirección General de Tributos explica cuál debe ser el concepto de vivienda a tener en cuenta a los efectos de la bonificación establecida en el art. 45.I.B.22) RDLeg. 1/1993 (TR Ley ITP y AJD) respecto de las adquisiciones de viviendas por parte de las SOCIMIS, que está establecida con la siguiente literalidad:

“22. Las operaciones de constitución y aumento de capital de las Sociedades de Inversión en el Mercado Inmobiliario reguladas en la Ley 11/2009, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, así como las aportaciones no dinerarias a dichas sociedades, quedarán exentas ….

Asimismo, gozarán de una bonificación del 95 por ciento de la cuota de este impuesto por la adquisición de viviendas destinadas al arrendamiento y por la adquisición de terrenos para la promoción de viviendas destinadas al arrendamiento, siempre que, en ambos casos, cumplan el requisito específico de mantenimiento establecido en el apartado 3 del artículo 3.º de la Ley 11/2009.”.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 30 de septiembre de 2015, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio fija como criterio que el hecho de que una sociedad tribute en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen especial de consolidación fiscal, no atribuye a la sociedad dominante del grupo legitimación activa para impugnar las actuaciones administrativas derivadas de la aplicación de otros tributos distintos al Impuesto sobre Sociedades respecto a los que la sociedad dominada sea obligado tributario.

La DGT, en una consulta de 5 de agosto, afirma, que el momento del pago del ISD que grava la donación del terreno, constituye, si fuese la primera cantidad por la que practicase la deducción el inicio del plazo de cuatro años para finalizar las obras de construcción.

• Régimen especial de las empresas productoras de bienes corporales: el porcentaje de bonificación no se aplica sobre la parte positiva correspondiente a las subvenciones
• La sujeción al IVA de las operaciones con derivados financieros se produce con independencia de los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional
• Para aplicar el sistema de devolución a no establecidos es preciso que desde el establecimiento permanente -en caso de haberlo- no se realicen operaciones sujetas al Impuesto
• Para calificar un error como material, de hecho o aritmético, se exige que el mismo se desprenda de los propios documentos incorporados al acto
• Solo puede apreciarse litispendencia cuando el concepto tributario y el ejercicio remitido al Ministerio Fiscal son los mismos que los que ahora pretende regularizar la Inspección
• La reinversión en una sociedad inactiva no da derecho a la aplicación de ningún incentivo fiscal
• La DGT rectifica: las entregas de bienes y prestaciones de servicios a una organización internacional que no dispone de NIF a efectos del IVA están exentas
• La DGT aclara cómo queda el régimen de los coeficientes de abatimiento tras el 1 de enero de 2015
• La DGT analiza la tributación de la factura de la luz

La DGT en una consulta de 5 de agosto de 2015, afirma que son deducibles las aportaciones de los socios al objeto de saldar la deuda a la que es condenada la cooperativa por sentencia judicial aumenta la base de deducción por adquisición de vivienda habitual

Una sociedad cooperativa fué condenada, mediante sentencia de 16 de junio de 2011, a pagar, a la constructora X, una cantidad de 329.121, 21 euros, mas el 50 por ciento de los honorarios del perito judicial. La cooperativa llega a un acuerdo con la constructora por el que la deuda total ,1.200.000 euros, queda saldada con el pago de 600.000 euros y para asumir dicho pago, los socios que componen la cooperativa necesitan realizar una aportación, al no existir fondos en la contabilidad de la cooperativa.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 22 de septiembre de 2015, resuelve que la Administración tributaria no puede exigir el ingreso del IVA repercutido no devengado basándose en el art. 203 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo (Sistema Común del IVA), puesto que nuestra normativa exige declarar e ingresar el IVA devengado, sin hacer mención al IVA repercutido, y el mencionado art. 203 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo (Sistema Común del IVA) no está traspuesto, estando además prohibido el efecto directo vertical descendente en perjuicio de los particulares.

• Utilización como prueba en un procedimiento de la información y documentos remitidos por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
• A una indemnización por el traslado que se percibe de una sola vez junto con una compensación mensual por vivienda no se le aplica la reducción del 40 por 100  
• Deducibilidad de los gastos de suministros relacionados con la parte de la vivienda destinada al desarrollo de su actividad 
• Incluso para un mismo periodo y concepto impositivo cabe dictar liquidación provisional por aquellos motivos de regularización respecto de los cuales no se aprecian indicios de delito
• Imputación temporal de operaciones a plazos o con precio aplazado
• Devoluciones a no establecidos: indefensión provocada por la ausencia de trámite de audiencia previo a los acuerdos denegatorios
• Efectos de las contestaciones a consultas tributarias escritas
• El concepto de retroacción de actuaciones inspectoras no solo abarca los casos en que se ordena formalmente la misma y esta procede por razones formales o de procedimiento
• Reinversión de beneficios extraordinarios: certificaciones de obra y momento en que debe entenderse realizada la reinversión 
• Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo: la compensación y el aplazamiento de deudas no son dos figuras equivalentes entre sí
• Clasificación en el IAE de la prestación del servicio de estacionamiento urbano (ORA)
• Los acreedores concursales están exentos de la tasa judicial
• Ejercicio de funciones de dirección y percepción de remuneraciones por ello en una filial no atribuye la exención en el IP respecto de las participaciones en la holding