Artículos de Tributación

Las disposiciones y jurisprudencia comunitarias forman parte del sistema de fuentes que tanto los órganos gestores y revisores administrativos como los órganos jurisdiccionales deben tener en consideración para fijar la exégesis y aplicar las normas internas sobre la materia. El análisis de la adecuación de la normativa interna con la comunitaria se torna imprescindible para una correcta aplicación del conjunto normativo que regula el IVA.

En el presente artículo se examinan los distintos medios que tanto los obligados tributarios, como esencialmente los órganos revisores administrativos y jurisdiccionales, tienen a su disposición para confrontar la adecuación de la normativa interna a la comunitaria; así como los efectos que la jurisprudencia comunitaria tiene sobre nuestro ordenamiento jurídico interno y cómo debe ser objeto de apreciación por los órganos revisores.

Palabras clave: TJUE, IVA y Derecho comunitario.

Se observa en los últimos tiempos una tendencia creciente a la condonación parcial o total de créditos entre empresas pertenecientes a un mismo grupo de sociedades. Los objetivos de estas condonaciones de créditos intra-grupo son variados, pero normalmente se busca reforzar la estructura de fondos propios o solucionar situaciones sobrevenidas de desequilibrio patrimonial de las entidades del grupo prestatarias.

Dada la frecuencia de estas operaciones y su importancia creciente en la práctica (especialmente en un contexto de crisis económica como el actual, en el que las dificultades de las empresas para hacer frente a sus deudas son, desgraciadamente, cada vez más habituales), se hace necesario analizar el impacto contable y fiscal de estas operaciones de condonación (con especial atención a la doctrina sobre el particular del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y de la Dirección General de Tributos) así como el procedimiento legal a utilizar para llevarlas a cabo.

Eso es, precisamente, lo que los autores han pretendido realizar por medio de este artículo.

Palabras clave: condonación de créditos, ampliaciones de capital por compensación de créditos y aportaciones de socios a fondos propios.

La presente colaboración examina la tributación de las rentas obtenidas por entidades residentes en territorio español a través de establecimientos permanentes, tal y como resulta de las modificaciones introducidas por la Ley 16/2013. La novedad principal es el no cómputo de las rentas ordinarias negativas ejercicio a ejercicio, sino en el momento de la transmisión o cese del establecimiento permanente. También la minoración de las rentas negativas computables en alguno de esos momentos en el importe de las rentas positivas, las cuales continúan exentas.

La modificación puede inscribirse en lo que podría denominarse el espíritu del programa BEPS. Con todo, no se trata de una reforma sustancial, por cuanto no rechaza de manera radical el cómputo de las rentas negativas.

En fin, aun cuando las nuevas normas producen un efecto discriminatorio en el sentido del ordenamiento comunitario, se estima que hallan cobertura en las causas de justificación espigadas por el Tribunal de Justicia.

Palabras clave: Impuesto sobre Sociedades, establecimientos permanentes y beneficios económicos periódicos.

A través de las siguientes líneas van a exponerse las últimas modificaciones que se han introducido en las normas de Derecho Tributario general y que guardan relación esencialmente con la Ley General Tributaria y con sus normas de desarrollo reglamentario. El autor introduce también referencias a otras modificaciones normativas que por su repercusión deben ser tenidas en cuenta ya que atañen a normativa con trascendencia tributaria.

Palabras clave: LGT, generalización de presentación electrónica de declaraciones, emprendedores e IVA de caja.

Este trabajo pretende poner de relieve, a la luz de la publicación del «Informe de la fase 3 sobre la Implementación del Convenio Anti-Corrupción de la OCDE en España», la problemática que desde la óptica tributaria presenta la posibilidad de que determinados pagos o dádivas entregados a empleados públicos extranjeros puedan ser considerados como gastos fiscalmente deducibles por parte del obligado tributario en el marco de determinadas transacciones comerciales internacionales. En concreto, se realiza un análisis de la labor de la OCDE en esta materia, así como de la posición del legislador español que pivota sobre la configuración e interpretación del artículo 14.1, apartado e) del TRLIS, al objeto de poder valorar su efectividad en relación con los fines que persigue, así como la necesidad de una posible reforma en su tenor literal.

Palabras clave: pagos ilícitos a funcionarios extranjeros, deducibilidad fiscal, artículo 14.1 e) del TRLIS y Convenio Anti-Corrupción de la OCDE.

Las líneas que siguen ponen de manifiesto la lucha entre las distintas instancias territoriales regionales para lograr un espacio fiscal adicional que les permita conseguir el objetivo del déficit estructural máximo y el volumen de deuda pública permitida, en relación con su producto interior bruto, fijado al respecto por Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se busca el equilibrio presupuestario (art. 135 CE). En este caso, mediante el establecimiento de un impuesto que grava los depósitos en las entidades financieras. Por otro lado, se halla el interés del Estado por proteger a la Banca, debido a las consecuencias que una presión fiscal sobre ella puede tener en la economía española a la hora de conseguir financiación y ante la implantación inminente de la Tasa Tobin. En el cumplimiento de esos objetivos se producen extralimitaciones e invasiones de competencias, así como la utilización de instrumentos legislativos que quizá no sean los más idóneos; cuestiones que deberán ser resueltas por el Tribunal Constitucional delimitando el contenido de determinados conceptos y fijando el alcance de las relaciones entre el Estado y las Comunidades.

Palabras clave: depósitos, competencias y financiación.

Javier Eugenio López Candela
Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

Este trabajo ha sido seleccionado para su publicación por: don José Andrés Sánchez Pedroche, don Francisco Alfredo García Prats, don Francisco Magraner Moreno, don Juan Mestre Chesa y don Javier Sancho Sebastián.

La Ley Orgánica 1/2010 llevó a cabo una importante reforma del régimen de control jurisdiccional de las normas forales fiscales de los Territorios Históricos vascos, para lo cual modificó, en primer lugar, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, junto con ella, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En virtud de esta reforma el control jurisdiccional de dichas normas, que anteriormente correspondía a la jurisdicción contencioso-administrativa, ha pasado al Tribunal Constitucional. La anterior competencia de los Tribunales contencioso-administrativos se basaba en la consideración de reglamentos que se atribuía a las normas forales, si bien amplios sectores doctrinales y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional reconocían la singularidad de dichas normas, que no encajan cómodamente en esa categoría normativa, como tampoco lo hacen en la de ley. Estas dificultades de caracterización originan problemas de constitucionalidad de la Ley Orgánica 1/2010, en las que se han basado las Comunidades Autónomas de La Rioja y Castilla y León, limítrofes con el País Vasco, para interponer recursos de inconstitucionalidad contra ella. El presente trabajo examina los mencionados problemas y llega a la conclusión de que no ofrecen fundamento suficiente a la tesis de la inconstitucionalidad de dicha Ley.

Palabras clave: normas forales fiscales, Ley Orgánica 1/2010 y constitucionalidad.

La responsabilidad prevista respecto de los administradores concursales aparece recogida en el artículo 43.1 c) de la LGT de 2003, ya en su redacción original. Sin embargo, el interés suscitado por el contenido de dicho precepto ha ido ganando relevancia de la mano de la crisis económica que afecta a nuestro país. En el presente trabajo se analizan las principales cuestiones que se suscitan al hilo de la aplicación práctica de ese precepto, problemas en muchos casos derivados de los conflictos surgidos entre normas tributarias y concursales. Algunos de estos conflictos se han solventado a través de importantes modificaciones normativas realizadas en los últimos años, aunque otros siguen existiendo. Muestra de ello son las diferentes opiniones que, respecto de temas muy relevantes, se vienen sosteniendo por la Administración Tributaria, de una parte, y la doctrina y jurisprudencia, de otra.

Palabras clave: responsabilidad subsidiaria, concurso de acreedores y administrador concursal.

En este trabajo se comentan las modificaciones introducidas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la conocida como Ley de Emprendedores, que se concretan en la regulación de un doble incentivo fiscal en relación con las inversiones destinadas a la creación de nuevas empresas y en el establecimiento de las especialidades para la aplicación en el ámbito del IRPF de la deducción por inversión de beneficios que, regulada por la normativa del Impuesto sobre Sociedades, resulta de aplicación para las empresas de reducida dimensión.
En cuanto al incentivo fiscal que se establece para fomentar las inversiones en empresas de nueva o reciente creación, indicar que se articula en una doble vertiente:

• En una primera fase, como una deducción en cuota en el momento de materializar la inversión en la empresa de nueva o reciente creación mediante la suscripción de sus acciones o participaciones.
• En una segunda fase, como una exención por reinversión de las ganancias derivadas de la transmisión de esas mismas acciones o participaciones.

Y viene a sustituir al régimen de exención, no condicionada a la reinversión, de las ganancias derivadas de la transmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación que, introducido con un carácter de urgencia, resulta suprimido (y mejorado), sin perjuicio de su aplicación en el régimen transitorio que se establece.

Palabras clave: IRPF, deducción, exención, inversión, reinversión y nuevas empresas de reducida dimensión.