José Ramón Fernández de la Cigoña Fraga

La fiscalidad y la contabilidad de las empresas son como un matrimonio, que para que tenga éxito tienen que estar en armonía. La fiscalidad tiene que confiar en la contabilidad, ya que si la información contable no es fiable, las autoliquidaciones tributarias tendrán errores y pueden ser motivo de una inspección de Hacienda.

En este matrimonio hay que tener en cuenta una serie de obligaciones por ambas partes:

En el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria para el periodo 2024-2027, se encuentra prevista la implantación de las autoliquidaciones rectificativas. Con esta medida se pretende conseguir:

• Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Al simplificar el proceso de rectificación de errores, se anima a los contribuyentes a actuar de forma responsable y corregir cualquier dato incorrecto en sus declaraciones.
• Reducir la litigiosidad. La resolución de errores mediante autoliquidaciones rectificativas evita los litigios, lo que supone un ahorro de tiempo y recursos tanto para la Agencia Tributaria como para los contribuyentes.
• Mejorar la eficiencia de la Agencia Tributaria. Al facilitar la corrección de errores de forma más eficiente, rápida y automatizada, se mejoran los procesos de gestión tributaria.

En este sentido, el plan estratégico prevé las siguientes acciones:

El domicilio fiscal es de gran importancia en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), ya que determina la Administración tributaria competente para gestionar los tributos de la persona física, la ubicación del expediente del contribuyente y la parte de tributación autonómica y sus deducciones aplicables. Es por ello que lo primero que hay que hacer en la declaración del IRPF es ratificar el domicilio fiscal.

La Agencia Tributaria puede comprobar el domicilio fiscal de los contribuyentes mediante un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal, para verificar que el contribuyente reside en donde indica.

¡La campaña de la Renta 2023 ya está aquí! Desde el 3 de abril hasta el 1 de julio de 2024, millones de españoles deberán presentar su declaración de la renta.

Los obligados a presentar la declaración del IRPF mediante el modelo 100 deben saber que la Agencia Tributaria ha introducido una serie de cambios en el IRPF, que afectan al año fiscal 2023.

Como en la campaña anterior, todos los contribuyentes podrán obtener el borrador de la declaración a través del servicio de tramitación del borrador/declaración (Renta WEB).

El sistema tributario español se articula en torno a la figura del obligado tributario.

La Ley General Tributaria (LGT) define a los obligados tributarios como las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Los obligados tributarios se encuentran regulados en el capítulo II del título II de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El modelo 347 es una declaración informativa que deben presentar durante el mes de febrero los empresarios y profesionales que desarrollen actividades económicas. En ella se resumen las operaciones con terceras personas que en el año precedente hayan superado los 3.005,06 euros (IVA incluido).

Con la publicación el pasado 6 de diciembre de 2023 del Real Decreto 1007/2023, más conocido como Reglamento Verifactu, es de suponer que la presentación del modelo 347 y de otras declaraciones informativas dejará de ser necesaria.

Este reglamento, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, establece la obligación de un nuevo sistema de facturación electrónica, que facilitará el control tributario por parte de Hacienda.

Su entrada en vigor supondrá que la Agencia Tributaria disponga ya de todos los datos de facturación de los obligados a presentar el modelo 347, por lo que es de suponer que esta declaración informativa tiene los días contados.

Una vez concluido el ejercicio fiscal del año 2023, hay que hacer una profunda revisión de nuestra contabilidad, con el fin de optimizar el cierre fiscal del ejercicio, ya que la base del impuesto sobre sociedades es la contabilidad de la empresa.

Realizar un buen cierre contable y fiscal puede optimizar nuestra factura del impuesto sobre sociedades y a su vez evitarnos sanciones por errores que teníamos que haber detectado antes de la presentación del impuesto.

También tenemos que tener en cuenta que antes de realizar el cierre contable y fiscal, hay que considerar otros criterios, más allá de los meramente fiscales, ya que los inversores, proveedores y entidades financieras tendrán en cuenta nuestras cuentas anuales para otorgarnos o denegarnos su confianza.

La regla de la prorrata se aplica cuando un sujeto pasivo realiza simultáneamente actividades empresariales o profesionales que originen derecho a deducción (art. 94 de la Ley del IVA) y otras que no (art. 20 de la Ley del IVA). En estos casos es necesario aplicar una prorrata, ya que la ley limita la deducibilidad de las cuotas de IVA soportado.

La regla de prorrata puede ser general o especial.

Si un sujeto pasivo realiza simultáneamente actividades empresariales o profesionales que originen derecho a deducción (art. 94 de la Ley del IVA) y otras que no (art. 20 de la Ley del IVA), debe aplicar la regla de la prorrata, ya que la ley limita en este caso la deducibilidad de las cuotas de IVA soportadas.

La regla de prorrata no se aplica a las cuotas soportadas en bienes o servicios que no afecten, directa y exclusivamente, a la actividad (salvo determinados casos respecto de los bienes de inversión) y a los excluidos del derecho a deducir (los que no son deducibles en ninguna medida).

La regla de prorrata puede ser general o especial.

La Agencia Tributaria tiene que garantizar y vigilar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. Para realizar esta misión los inspectores de Hacienda tienen como armas los procesos de comprobación e investigación.

• La comprobación tendrá por objeto los actos, elementos y valoraciones consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones.
• La investigación tendrá por objeto descubrir la existencia, en su caso, de hechos con relevancia tributaria no declarados o declarados incorrectamente por los obligados tributarios.

El procedimiento inspector de comprobación e investigación es un procedimiento administrativo que tiene por objeto comprobar e investigar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Este procedimiento se encuentra regulado en la Ley 58/2003, Ley general tributaria (LGT).