José Ramón Fernández de la Cigoña Fraga

El 1 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021.

Hacienda quiere facilitarnos las cosas a los contribuyentes, permitiéndonos incluso tener un big data para ayudarnos con nuestras obligaciones fiscales. Siempre, claro está, que no estemos pensando en trasladar nuestro domicilio a Andorra, o a algún paraíso fiscal… Por el contrario, Hacienda será implacable con los malos contribuyentes, los cuales pueden encontrarse a las puertas de su negocio con un inspector con su correspondiente mascarilla, o, mientras hacen la digestión de una comida, el big data de la Agencia Tributaria puede acabar digiriendo ese tique pagado con tarjeta, para sumarlo a todos los gastos realizados por medios electrónicos y determinar cuánto se gasta y en dónde.

La tercera ola de la pandemia generada por la covid-19 está impactando con fuerza en Europa y en España, por lo que la crisis económica asociada a las restricciones que está generando en muchos sectores puede agravarse más de lo esperado, obligando a muchas empresas a abordar procesos de reestructuración como única vía para sobrevivir y evitar tener que cerrar la empresa.

Se esperan, por lo tanto, fusiones en diferentes sectores; algunas ya se están produciendo en nuestro país, como la fusión de Bankia y CaixaBank, que ya cuentan con la aprobación de los accionistas de ambas entidades y que materializarán su fusión jurídica en este primer trimestre de 2021.

Con la aprobación de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021, ha comenzado la anunciada senda de modificaciones tributarias; una de las últimas anunciadas ha sido un recorte de las deducciones en el impuesto sobre sociedades, ya que según afirmó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ejecutivo pretende eliminar los beneficios fiscales que no logran el fin teórico que persiguen.

El año 2021 estará repleto de novedades fiscales, que abarcarán a casi todas las figuras tributarias de nuestro sistema fiscal, incluidos los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, ya que a partir de febrero el Gobierno también quiere reformar el sistema de financiación autonómica.

Últimamente el colectivo de asesores fiscales no lo tiene nada fácil, ya que a las dificultades que les ha generado la pandemia, se les sumó una oleada de requerimientos e inspecciones por parte de la Agencia Tributaria tras la finalización del primer estado de alarma, a lo que ahora hay que unir una reforma fiscal casi integral de nuestro sistema tributario.

La demanda de declaraciones informativas que la Agencia Tributaria realiza a las pymes se concentra en los primeros meses del año, en los que estas empresas tienen que presentar varios tipos de modelos tributarios, algunos puramente informativos y otros que son un resumen de las diferentes liquidaciones tributarias que se presentan a lo largo del año de manera periódica.

En estas declaraciones, poco margen tienen los contribuyentes, ya que los datos que se recogen en ellas principalmente son un resumen de los datos que ya se han declarado en las liquidaciones que los contribuyentes han presentado periódicamente, siendo el modelo 347 la declaración más puramente informativa y que proporciona nuevos datos a la Agencia Tributaria, aunque desde la implantación del SII, muchos de estos datos ya los tiene Hacienda, al facilitárselos en tiempo casi real las empresas que utilizan este sistema.

La campaña de la renta del año pasado se realizó durante la vigencia del primer estado de alarma provocado por la covid-19, pero en el resultado a liquidar no influyó el coronavirus, ya que empezó su expansión durante el primer trimestre de 2020.

Se acerca ya el final de este año maldito, un año que para muchos ha sido un infierno, pues no son pocos los trabajadores que han perdido sus empleos, bien de manera temporal mediante un ERTE, o definitivamente por un despido o un ERE. Por su parte, muchos empresarios tampoco han tenido más suerte, ya que las restricciones y cierres provocados por la covid-19 han traído la ruina para sus negocios o los han dejado muy tocados.

El mes de diciembre toca pagar impuestos, pero como las empresas que realizan sus autoliquidaciones trimestrales de IVA e IRPF no liquidan estas hasta el mes de enero, conviene recordar que aquellas que estén obligadas a presentar pagos fraccionados a cuenta del impuesto sobre sociedades  y del impuesto sobre la renta de no residentes tienen que presentar el modelo 202.

Sin embargo, si la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades del ejercicio anterior es cero o negativa, no existe obligación de presentar esta declaración, aunque hay que estar atentos al primer ejercicio en el que la cuota íntegra de este impuesto sea positiva, ya que, en ese caso, en los primeros 20 días de octubre se tendrá que presentar el primer pago a cuenta.

En el caso de que se olvide su presentación, o no se realice en el plazo establecido por la Agencia Tributaria, los sujetos pasivos obligados a su presentación se exponen a tener que pagar recargos, sanciones e intereses de demora, aunque siempre será mejor presentarlo aunque sea fuera de plazo, ya que, si no se ha recibido un requerimiento de la Agencia Tributaria, no se recibirá sanción, debiéndose pagar solo un recargo en función del tiempo de retraso y los intereses de demora correspondientes.

Se incorpora un nuevo apartado en el banner dedicado al Brexit sobre la devolución del IVA soportado en Reino Unido. Es importante advertir que los empresarios y profesionales establecidos en Península y Baleares que adquieran bienes y servicios en el Reino Unido durante el año 2020 solo podrán solicitar la devolución de las cuotas de IVA allí soportadas hasta el 31 de marzo de 2021. Deberán hacerlo a través de la web de la AEAT conforme al procedimiento aplicable a los Estados miembros.

La unión a las cooperativas de trabajo asociado es una opción elegida por muchos trabajadores freelance, que no generan el volumen de trabajo suficiente para poder permitirse darse de alta como autónomos, pero que necesitan unirse a una cooperativa de facturación para poder facturar trabajos esporádicos.

Nos encontramos así con distintas plataformas digitales, constituidas bajo la forma jurídica de cooperativas de trabajo asociado, en las que diferentes tipos de profesionales ofrecen sus bienes o servicios, o las utilizan simplemente para poder emitir una factura con la que poder cobrar a sus clientes.

Sin embargo, aunque estos profesionales no estén dados de alta como autónomos, su carácter particular no impide, a efectos tributarios, ni la generación de renta sujeta a gravamen ni la calificación de los participantes como sujetos pasivos de distintos impuestos.

La Agencia Tributaria quiere saber en qué nos gastamos el dinero, para de esta manera detectar diferencias significativas entre los ingresos declarados y los pagos realizados. Hacienda ya recibe información de las entidades financieras relativa a determinados movimientos de las cuentas corrientes, pero quiere acotar más los límites de los pagos en efectivo, para tener más información en su lucha contra el fraude fiscal.