José Ramón Fernández de la Cigoña Fraga

El modelo 390 es una declaración tributaria de resumen anual IVA, que contiene las operaciones realizadas a lo largo del año natural, relativas a las liquidaciones del IVA presentadas.

Este modelo, junto con la última liquidación de IVA del año, tiene especial relevancia, ya que con estas declaraciones tributarias se cierra la contabilidad del ejercicio en lo referente a las facturas emitidas y recibidas.

Con la llegada de la Navidad llegan las cenas de empresa, cestas navideñas y regalos que se entregan a clientes y trabajadores. Por lo tanto, por estas fechas, en los departamentos de contabilidad es frecuenta que se reciban facturas, tickets o cargos en las tarjetas de crédito, de restaurantes, tiendas de alimentación o de grandes almacenes.

Los contables tendrán el privilegio de saber cuánto se gasta la empresa por comensal en la cena de Navidad y conocer los importes de las cestas y regalos navideños, pero una vez satisfecha la curiosidad, tendrán que registrar estas operaciones contablemente de la forma correcta para su correcto tratamiento fiscal.

La Administración tributaria puede liquidar una deuda tributaria de diferentes formas, siendo la compensación una de las formulas que puede utilizar para saldar las cuentas pendientes que un contribuyente pueda tener con ella.

La compensación consiste en saldar la deuda tributaria contra créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado tributario.

Mediante la compensación se puede conseguir la extinción total o parcial de una deuda tributaria.

Existen dos formas de realización de la compensación: de oficio, por parte de la Administración tributaria, o a instancia del obligado tributario.

La compensación se encuentra regulada en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y en los artículos que van del 55 al 59 del Real Decreto 939/2005 del Reglamento General de Recaudación.

La obtención de determinados certificados tributarios puede ser de gran importancia, ya que pueden ser necesarios, entre otras cosas, para obtener financiación bancaria, acceder a subvenciones o para poder participar en determinadas contratas.

Un certificado tributario es un documento expedido por la Administración tributaria que acredita hechos relativos a la situación tributaria de un obligado tributario.

Para la Agencia Tributaria, los errores de los contribuyentes son una fuente de ingresos, ya que el que se equivoca debe pagar las multas y recargos que le correspondan, aunque estas puedan ser suavizadas si el contribuyente reconoce rápidamente su error.

En nuestra legislación fiscal se presupone que el error es con afán de defraudar al fisco. Es decir, que el contribuyente es siempre culpable y debe demostrar su inocencia. Para defenderse de esta situación, son relativamente habituales los recursos ante los tribunales, que en muchos casos acaban dándole la razón al contribuyente.

Por el contrario, en Francia, todo contribuyente es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad o mala fe en el error fiscal. Es decir, nuestros vecinos invierten la carga de prueba, al igual que sucede con el derecho penal, que es la acusación la que debe demostrar que el acusado es culpable.

Sin embargo, cada vez son más las voces que se alzan en contra de esta forma de sancionar los errores en las liquidaciones tributarias. Por lo tanto, puede que en un futuro los errores de los contribuyentes se traten de una forma más humana, sobre todo teniendo en cuenta que en muchas ocasiones las leyes tributarias pueden interpretarse de diferentes maneras y el contribuyente tiene derecho a elegir, dentro de la ley, la opción de tributación más beneficiosa para él.

La UE sigue promoviendo la competencia fiscal leal y luchando contra las prácticas fiscales perjudiciales. El Consejo ha decidido hoy añadir a Anguila, las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos a la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. Con estas adiciones, la lista de la UE consta ahora de doce países y territorios:

Cuando se abolió el califato omeya de Córdoba en 1031, este se dividió en 39 pequeños reinos llamados taifas, cada uno con su propia fiscalidad.

En España, si contamos las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas, no llegamos al anterior número de taifas, ya que nos quedamos en 17, más las dos de las ciudades de Ceuta y Melilla, que cuentan con estatuto de autonomía. Pero si tenemos en cuentas las entidades locales tendríamos que sumar 8.125 y, cómo no, a la Agencia Tributaria.

La Constitución española es la base sobre la que se sustenta la cesión de tributos del Estado. En nuestra Constitución se dedica el título octavo a la organización territorial del Estado, en donde se hace mención a las Administraciones locales, en su capítulo segundo, y a las comunidades autónomas, en su capítulo tercero.

Pero al margen de lo que diga nuestra Constitución, podemos ver como las comunidades autónomas compiten unas con las otras en materia fiscal, y también nos podemos encontrar con declaraciones como las del ministro Escrivá, que plantea centralizar impuestos para evitar una guerra fiscal entre las comunidades autónomas.

La inseguridad de nuestro sistema tributario se refleja en su alta litigiosidad con los contribuyentes y en sonoros varapalos de diferentes tribunales a la Agencia Tributaria, como los recibidos por el Supremo, el Constitucional e incluso también los europeos.

La Agencia Tributaria es consciente del problema que acarrea una litigiosidad tan alta y ha incluido en su Plan Estratégico 2020-2023 directrices para reducirla.

En 2014 el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda GESTHA afirmaba que Hacienda perdía en los tribunales la mitad de las reclamaciones formuladas por los contribuyentes, aunque la Administración desmentía que la cifra fuera tan elevada.

El próximo 25 de julio finaliza el plazo para tributar en el impuesto sobre sociedades y, aunque la mayoría de las entidades tienen claro si tienen o no que tributar por esta figura tributaria, conviene aclarar determinados casos especiales, como el de las sociedades civiles.

Cuando dos o más personas deciden colaborar mediante un contrato privado para realizar conjuntamente una actividad con ánimo de lucro, nos encontramos ante una sociedad civil. Este tipo de entidades tienen una base asociativa y su objeto puede ser de naturaleza mercantil o civil. Las sociedades civiles pueden tener, incluso, forma jurídica mercantil de sociedad colectiva o comanditaria simple.