José Ramón Fernández de la Cigoña Fraga

El modelo 390 es una declaración tributaria de resumen anual IVA, que contiene las operaciones realizadas a lo largo del año natural relativas a las liquidaciones del IVA presentadas.

Los obligados tributarios a presentar el modelo 390 pueden hacerlo desde el día 1 de enero, siendo la fecha límite para su presentación el 30 de enero. En el caso de este año, al ser el 30 de enero día inhábil por ser domingo, se podrá presentar hasta el día 31 de enero.

Este modelo, junto con la última liquidación de IVA del año, tiene especial relevancia, ya que con estas declaraciones tributarias se cierra la contabilidad del ejercicio en lo referente a las facturas emitidas y recibidas.

La Agencia Tributaria ya anuncia el comienzo de la campaña de las declaraciones informativas en su página web. Algunas son específicas de determinadas actividades muy concretas, pero otras afectan a casi todas las empresas, como por ejemplo el modelo 190.

Según la Agencia Tributaria, las declaraciones informativas son una de las modalidades de obtención de información que consisten en el suministro masivo de información con trascendencia tributaria a la Administración con carácter periódico y utilizando cauces normalizados.

Conviene prestar especial atención a este tipo de declaraciones, ya que las incongruencias o errores en la información que se suministra pueden acabar derivando en sanciones por parte de la Agencia Tributaria.

Aunque todavía faltan unos meses para el inicio de la campaña de la renta, que suele ser a principios de abril, conviene recordar que el próximo 31 de diciembre finaliza el periodo impositivo del IRPF y se produce el devengo del impuesto.

En este sentido, antes de acabar el año conviene tener claro cómo pueden afectar a la declaración de la renta determinada operaciones, entre las cuales podemos destacar las operaciones con criptomonedas, ya que cada vez son más los inversores que eligen este activo financiero como fórmula de inversión.

Las criptomonedas, como el bitcoin, son monedas virtuales que constituyen un medio de pago en los términos señalados en el artículo 20.uno.18.º j) de la LIVA, por lo que las operaciones que se realicen con ellas están exentas de IVA. Sin embargo, la gran mayoría de usuarios las utilizan como forma de inversión, en lugar de como un medio de pago digital, lo que tiene efectos en el IRPF.

En el calendario del contribuyente del 2021 se encuentra marcado el 30 de noviembre como la fecha límite para optar o renunciar a la llevanza electrónica de los libros registro mediante el Suministro Inmediato de Información a la Agencia Tributaria (SII).

El 30 de noviembre también es la fecha límite para comunicar la opción o renuncia por la facturación por los destinatarios de las operaciones o terceros, acogidos al SII. En el artículo 5 del Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento de facturación, se regulan los casos en los que el cumplimiento de la obligación de expedir factura lo realiza el destinatario o un tercero en lugar del sujeto a quien le es imputable el impuesto.

La autoliquidación del IVA mediante la presentación del modelo 303 es una tarea recurrente que deben realizar los sujetos pasivos del impuesto, sea mensual o trimestralmente.

La presentación de esta figura tributaria la pueden realizar directamente los sujetos pasivos, si cuentan con especialistas en la presentación de impuestos a su servicio, o bien por medio de sus asesores fiscales.

El asesor fiscal suele actuar de intermediario entre sus clientes y la Agencia Tributaria, de manera que para poder ejercer su labor necesita poder representar a sus clientes y presentar por cuenta de estos sus liquidaciones tributarias.

En el marco de esta colaboración, el asesor fiscal puede actuar como colaborador social de la Agencia Tributaria, ejercer como representante voluntario y estar inscrito en el registro de apoderamientos.

En cualquier caso, conviene dejar claro que la responsabilidad en materia tributaria siempre será del sujeto pasivo de los impuestos. Aunque el asesor fiscal, en el ejercicio de su representación, cometa algún error que genere un perjuicio a sus clientes, la Agencia Tributaria se dirigirá siempre contra el sujeto pasivo.

El asesor fiscal solo tendrá responsabilidad frente a sus clientes si actúa de manera negligente, con engaños o de manera fraudulenta, hechos que deben ser probados.

Las modificaciones en la normativa tributaria son constantes, al igual que las sanciones que recaen en los obligados tributarios por el incumplimiento de la legislación fiscal, o por los errores que detecta la Agencia Tributaria en sus autoliquidaciones.

En los datos aportados por la Agencia Tributaria en su última memoria publicada, relativa al año 2019, se recogen algunos datos que conviene tener en consideración:

Entre usted hasta la cocina, señor inspector de Hacienda, pero antes, por favor, me enseña la orden judicial que le autoriza para entrar en mi domicilio social, si quiere ver qué es lo que se cuece dentro de nuestra empresa.

Las inspecciones in situ de Hacienda son muy cuestionadas por los obligados tributarios que las sufren, sobre todo si tienen algo que ocultar, como un software de doble uso, elevados importes de dinero en efectivo del que no pueden justificar su origen o documentación relativa a la llevanza de una contabilidad B.

En el BOE de 10 de julio de 2021 se publicó la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que inició su andadura con la aprobación del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, el pasado 13 de octubre de 2020.

Entre las múltiples novedades que introduce dicha ley, nos encontramos que se acota aún más la limitación de pagos en efectivo entre empresarios, que se reduce de 2.500 a 1.000 euros.

El Consejo ha adoptado hoy una modificación a la Directiva del IVA por la que se introduce una exención temporal del IVA aplicable a las importaciones y a determinados suministros en respuesta a la pandemia de COVID-19. La Directiva de «compra y donación» facilitará la adquisición por parte de la Comisión y de los organismos de la UE de bienes y servicios para su distribución gratuita a los Estados miembros en el contexto de la crisis actual de salud pública.

Gracias a esta actualización, las adquisiciones de bienes y servicios por parte de un órgano de la UE en nombre de los Estados miembros en respuesta a la emergencia planteada por la pandemia de COVID-19 se han añadido de manera temporal a la lista de operaciones exentas que figura en la Directiva del IVA. La nueva exención permitirá un mayor número de donaciones a los Estados miembros y a sus instituciones, puesto que aliviará las cargas presupuestarias y administrativas que sufrían los órganos de la UE y que obstaculizaban el proceso.