José Ramón Fernández de la Cigoña Fraga

La autoliquidación del IVA mediante la presentación del modelo 303 es una tarea recurrente que deben realizar los sujetos pasivos del impuesto, sea mensual o trimestralmente.

La presentación de esta figura tributaria la pueden realizar directamente los sujetos pasivos, si cuentan con especialistas en la presentación de impuestos a su servicio, o bien por medio de sus asesores fiscales.

El asesor fiscal suele actuar de intermediario entre sus clientes y la Agencia Tributaria, de manera que para poder ejercer su labor necesita poder representar a sus clientes y presentar por cuenta de estos sus liquidaciones tributarias.

En el marco de esta colaboración, el asesor fiscal puede actuar como colaborador social de la Agencia Tributaria, ejercer como representante voluntario y estar inscrito en el registro de apoderamientos.

En cualquier caso, conviene dejar claro que la responsabilidad en materia tributaria siempre será del sujeto pasivo de los impuestos. Aunque el asesor fiscal, en el ejercicio de su representación, cometa algún error que genere un perjuicio a sus clientes, la Agencia Tributaria se dirigirá siempre contra el sujeto pasivo.

El asesor fiscal solo tendrá responsabilidad frente a sus clientes si actúa de manera negligente, con engaños o de manera fraudulenta, hechos que deben ser probados.

Las modificaciones en la normativa tributaria son constantes, al igual que las sanciones que recaen en los obligados tributarios por el incumplimiento de la legislación fiscal, o por los errores que detecta la Agencia Tributaria en sus autoliquidaciones.

En los datos aportados por la Agencia Tributaria en su última memoria publicada, relativa al año 2019, se recogen algunos datos que conviene tener en consideración:

Entre usted hasta la cocina, señor inspector de Hacienda, pero antes, por favor, me enseña la orden judicial que le autoriza para entrar en mi domicilio social, si quiere ver qué es lo que se cuece dentro de nuestra empresa.

Las inspecciones in situ de Hacienda son muy cuestionadas por los obligados tributarios que las sufren, sobre todo si tienen algo que ocultar, como un software de doble uso, elevados importes de dinero en efectivo del que no pueden justificar su origen o documentación relativa a la llevanza de una contabilidad B.

En el BOE de 10 de julio de 2021 se publicó la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que inició su andadura con la aprobación del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, el pasado 13 de octubre de 2020.

Entre las múltiples novedades que introduce dicha ley, nos encontramos que se acota aún más la limitación de pagos en efectivo entre empresarios, que se reduce de 2.500 a 1.000 euros.

El Consejo ha adoptado hoy una modificación a la Directiva del IVA por la que se introduce una exención temporal del IVA aplicable a las importaciones y a determinados suministros en respuesta a la pandemia de COVID-19. La Directiva de «compra y donación» facilitará la adquisición por parte de la Comisión y de los organismos de la UE de bienes y servicios para su distribución gratuita a los Estados miembros en el contexto de la crisis actual de salud pública.

Gracias a esta actualización, las adquisiciones de bienes y servicios por parte de un órgano de la UE en nombre de los Estados miembros en respuesta a la emergencia planteada por la pandemia de COVID-19 se han añadido de manera temporal a la lista de operaciones exentas que figura en la Directiva del IVA. La nueva exención permitirá un mayor número de donaciones a los Estados miembros y a sus instituciones, puesto que aliviará las cargas presupuestarias y administrativas que sufrían los órganos de la UE y que obstaculizaban el proceso.

El pasado 8 de junio se publicó en el BOE la Orden HAC/560/2021, de 4 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español.

En esta orden, además de la aprobación de los modelos tributarios, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso, se establecen las condiciones generales, el procedimiento para su presentación electrónica y se recuerda el plazo de presentación del impuesto sobre sociedades.

Un año más se aproxima la campaña del impuesto sobre sociedades (IS), en esta ocasión de un año maldito para muchas empresas, ya que no serán pocas las empresas que presentarán el modelo 200 del ejercicio 2020 con pérdidas, al haber impactado de lleno en su actividad las restricciones ocasionadas por el coronavirus.

Este año, más que nunca, conviene estar bien asesorado y formado en esta figura tributaria, ya que además de las novedades que afectan al IS de 2020, hay que optimizar esta autoliquidación tributaria, no dejando escapar ninguna deducción o bonificación que nos pudieran corresponder.

El uso de sociedades patrimoniales para separar el patrimonio personal del empresarial tiene ventajas e inconvenientes que conviene conocer, pero también conviene saber que la Agencia Tributaria tiene a este tipo de sociedades bajo vigilancia, para asegurarse de que no son meras sociedades instrumentales, constituidas únicamente con fines elusivos o evasivos.

Además, también es relativamente frecuente que determinados grupos empresariales constituyan sociedades patrimoniales, cuya finalidad es el alquiler de inmuebles a las sociedades del grupo o a otras sociedades.

La tributación constituye una parte fundamental del trabajo de los contables y responsables de administración de las empresas, bien sea de manera directa, si son los responsables de presentar los diferentes modelos tributarios de sus empresas, bien de manera indirecta, si realizan la contabilidad que sirve de soporte para elaborar impuestos, como el IVA y el impuesto sobre sociedades.

La fiscalidad está presente en todas las transacciones de la empresa, mediante impuestos indirectos como el IVA, que las empresas tienen que liquidar de manera mensual o trimestral, o mediante impuestos directos, que gravan el beneficio, como el impuesto sobre sociedades, que se presenta en los 25 días siguientes a los seis meses posteriores al cierre del ejercicio fiscal, que para la mayor parte de las empresas es hasta el 25 de julio.