Noticias

El grupo CEF/UDIMA aprovecha la invitación para unirse a Fernando Matesanz a la cita anual en el VAT FORUM que trascurrió de forma virtual un año más debido a la pandemia abordando el impacto de la digitalización de la economía en el IVA de forma brillante.

Los avances tecnológicos y la globalización han cambiado las formas de hacer negocios y han generado lo que se ha dado en llamar la economía digital, de tal forma que las relaciones habituales entre las partes económicas implicadas se han trasladado al campo de las plataformas digitales, herramientas que ponen en contacto a las partes que desean adquirir o intercambiar bienes y servicios desde diferentes lugares con normativas y retribuciones distintas. En este sentido, hay que determinar si los usuarios de las plataformas digitales actúan como empresarios o a título particular, y cuál es el papel que juegan las plataformas intermediarias.

El IVA en la nueva economía digital y los retos que plantea en la legislación, consumo o nuevos modelos de negocio han sido los ejes de la cuarta edición del Madrid VAT Forum 2022, que ha tenido lugar el 10 de febrero. Organizado por Spanish VAT Services Asesores con el título ‘El IVA y la economía digital’.

La pandemia ha maltratado de forma especialmente dura a determinados sectores de profesionales, entre los que se encuentran los asesores fiscales. Adaptarse al teletrabajo no ha sido fácil para algunos, pero cumplir con las obligaciones tributarias en tiempo y forma ha sido para muchos profesionales un reto casi imposible de cumplir, que les ha obligado a dar lo mejor de sí mismos.

El Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extendió el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias, supuso un pequeño respiro en un momento muy complicado para las empresas y los asesores. Pero las medidas de alivio a la situación de los profesionales de la asesoría no se han prodigado.

En el preámbulo de este real decreto-ley hay dos párrafos que la Agencia Tributaria debería tener más en consideración, sobre todo cuando se produzcan circunstancias extraordinarias, como las que todavía seguimos viviendo, pues la variante ómicron del SARS-CoV-2, mucho más contagiosa, ha puesto en jaque a muchos asesores fiscales.

Directrices del Plan Anual de Control Tributario.

• Comenzará el diseño de un asistente virtual en IRPF y se ampliarán las casillas de la declaración sobre las que se informará de posibles errores si son modificadas
• La Agencia impulsa con pymes y autónomos soluciones digitales a financiar con los fondos europeos para cumplir con la prohibición legal del "software" de ocultación de ventas
• Ya está plenamente operativo el sistema automatizado de análisis de riesgos en precios de transferencia que reforzará el control de la fiscalidad internacional
• El plan de visitas incidirá en "nidos de sociedades", incluyendo centros de "coworking", y se retomarán las personaciones en sedes de actividad económica
• Se analizarán Agrupaciones de Interés Económico que puedan ser meros "vehículos" de beneficios fiscales

La Agencia Tributaria prevé desplegar a partir de 2022 una estrategia para extender en la organización el uso de técnicas de análisis del comportamiento del contribuyente al objeto de facilitar su cumplimiento voluntario. En este sentido, según queda recogido en las directrices generales del Plan de Control Tributario 2022 publicadas hoy en el Boletín Oficial del Estado, la Agencia creará un grupo de trabajo encargado de definir las prácticas internas que ya incorporan estas técnicas, cómo mejorarlas e identificar nuevas áreas y procesos donde poder aplicarlas, teniendo en cuenta tanto la experiencia propia en la materia, como la de otras administraciones tributarias, todo ello a partir del enfoque "behavioural insights" de la OCDE para la acción pública.

Como ya adelantamos, para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo de 2022, la Agencia tributaria ha puesto, como en años anteriores, a disposición del contribuyente, el calendario del contribuyente 2022.

Les recordamos ahora las principales obligaciones tributarias del mes de febrero.

El alquiler de naves industriales, oficinas o locales comerciales es una de las fórmulas a la que recurren muchos empresarios y autónomos para el desarrollo de su actividad.

Además del pago del alquiler, los arrendatarios tienen que realizar retenciones e ingresos a cuenta sobre los pagos que realizan a sus arrendadores. Estas retenciones se deben ingresar en la Agencia Tributaria de forma trimestral o mensual (grandes empresas). Para ello, deben cumplimentar el modelo 115, que se debe presentar en los veinte primeros días naturales siguientes al trimestre natural, o en los veinte primeros días de cada mes, en el caso de las grandes empresas.

El modelo 390 es una declaración tributaria de resumen anual IVA, que contiene las operaciones realizadas a lo largo del año natural relativas a las liquidaciones del IVA presentadas.

Los obligados tributarios a presentar el modelo 390 pueden hacerlo desde el día 1 de enero, siendo la fecha límite para su presentación el 30 de enero. En el caso de este año, al ser el 30 de enero día inhábil por ser domingo, se podrá presentar hasta el día 31 de enero.

Este modelo, junto con la última liquidación de IVA del año, tiene especial relevancia, ya que con estas declaraciones tributarias se cierra la contabilidad del ejercicio en lo referente a las facturas emitidas y recibidas.

A partir del 17 de enero de 2022, se habilita en la sede electrónica de la Agencia Tributaria la Plataforma de pago a proveedores de Entidades Locales (LPGE 2022). Dicha plataforma tiene como objetivo que las Entidades locales incluidas en el mecanismo establecido en la disposición adicional nonagésima cuarta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 registren facturas pendientes de pago para que, en una fase posterior, los proveedores que así lo deseen puedan aceptar el pago de dichas facturas por esta vía.

Destacan, a nivel legal, las leyes que van a modificar la Ley que regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; la LIVA; la LGT; el TRLINR y la Ley del impuesto especial sobre los gases fluorados de efecto invernadero y, a nivel reglamentario, los reales decretos de modificación del Reglamento General de Recaudación; el que va a establecer los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de empresarios y profesionales, así como las facturas, y la estandarización de formatos de los registros de facturación; el que va a regular supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas por medios electrónicos en el ámbito de la AEAT y el que va a modificar diversos reglamentos (de revisión en vía administrativa, de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, RGR, RISD, RIVA y RIRPF) a resultas de diversos cambios efectuados a nivel legal por la Ley 11/2021, de 9 de julio.

La Agencia Tributaria ya anuncia el comienzo de la campaña de las declaraciones informativas en su página web. Algunas son específicas de determinadas actividades muy concretas, pero otras afectan a casi todas las empresas, como por ejemplo el modelo 190.

Según la Agencia Tributaria, las declaraciones informativas son una de las modalidades de obtención de información que consisten en el suministro masivo de información con trascendencia tributaria a la Administración con carácter periódico y utilizando cauces normalizados.

Conviene prestar especial atención a este tipo de declaraciones, ya que las incongruencias o errores en la información que se suministra pueden acabar derivando en sanciones por parte de la Agencia Tributaria.

La Agencia Tributaria ha publicado en su Sede Electrónica el listado de deudores a la Hacienda Pública, de acuerdo con lo establecido en el art. 95 bis de la Ley General Tributaria.