Autonómica

La Orden 5/2026 desarrolla la disposición adicional quinta del Texto Refundido en materia de tributos cedidos, estableciendo un sistema de actualización e incremento del umbral y valor máximo relativo a la vivienda habitual en relación con determinados beneficios fiscales aplicables en el Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

El 17 de marzo de 2026 se ha publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares la Orden 5/2026, de 16 de marzo, del consejero de Economía, Hacienda e Innovación, por la que se desarrolla la disposición adicional quinta del Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2014, de 6 de junio, entrando en vigor el 1 de marzo de 2026.

La Orden 5/2026, de 16 de marzo, desarrolla la disposición adicional quinta del Texto Refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2014, que habilita al consejero competente para incrementar la cuantía de 270.151,20 euros hasta un máximo del 40 %, en función del ámbito territorial en el que los precios de mercado de la vivienda sean más elevados.

Las modificaciones se refieren al incremento de las tarifas, la afectación de los ingresos y las finalidades a las que se destina el Fondo para el Fomento del Turismo, y la modificación del recargo del Ayuntamiento de Barcelona y la creación de un recargo para los demás municipios.

El 10 de marzo de 2026 se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, la Ley 2/2026, de 6 de marzo, de modificación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y de creación de la tasa por el servicio de gestión y recaudación del recargo municipal del impuesto.

La norma se aprueba en un contexto de evolución económica y social con la finalidad de adoptar medidas fiscales dirigidas a dar respuesta a la emergencia habitacional, promover un turismo sostenible y asegurar una justa distribución de la carga tributaria. Asimismo, deroga el Decreto ley 6/2025, de 25 de marzo, el Decreto ley 10/2025, de 13 de mayo, que modificaba el anterior, y la disposición adicional del Decreto ley 21/2025, de 14 de octubre, de medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal.

La ley introduce modificaciones en este impuesto propio de la Generalitat estructuradas en tres ámbitos: el incremento de las tarifas, la modificación de la afectación de los ingresos y de las finalidades del Fondo para el Fomento del Turismo, y la modificación del recargo del Ayuntamiento de Barcelona junto con la creación de un recargo para los demás municipios.

Se han aprobado diversas medidas para ampliar el ámbito subjetivo de aplicación de deducciones en la cuota autonómica del IRPF en la Comunidad Valenciana, concretamente, deducciones a razón de diversos gastos sanitarios, en respuesta a una situación de extraordinaria y urgente necesidad derivada del incremento sostenido de los gastos sanitarios no cubiertos por el sistema público, especialmente en materia de salud mental, atención bucodental, óptica y patologías crónicas, así como de su persistente presión sobre la renta disponible de los hogares de la Comunitat Valenciana, con especial incidencia en las rentas medias.

El 3 de marzo de 2026, se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, el Decreto–Ley 1/2026, de 27 de febrero, del Consell, de modificación de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos, en materia de deducciones autonómicas por gastos sanitarios y por la práctica de la salud.

Esta medida se trata de una regularización excepcional del régimen probatorio aplicable a la nueva deducción prevista por la adquisición de libros de texto y material escolar, poniendo de manifiesto conforme a los principios de seguridad jurídica y confianza legitima, la voluntad de evitar efectos retroactivos perjudiciales mediante esta corrección transitoria.

El 2 de marzo de 2026 se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia la Ley 2/2026, de 27 de febrero, de medida excepcional de carácter fiscal, por la que se permite el pago en dinero de curso legal de los gastos en material escolar y libros de texto en el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025, con la finalidad de no perjudicar a quienes desconocían la inadmisión de este medio de pago como forma válida de acreditación del gasto.  

En la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, se añade el art. 5.Veinticinco al texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el ejercicio de las competencias normativas en materia de tributos cedidos, que regula la deducción por la adquisición de libros de texto y material escolar en el IRPF.

La presente orden contiene un Anexo con los módulos.

La Orden de 21 de enero de 2026, por la que se establece el ámbito objetivo de aplicación del régimen simplificado del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias y se fijan los módulos para el año 2026, que se ha publicado el 2 de febrero de 2026 en el Boletín Oficial de Canarias, tiene por objeto desarrollar y concretar el régimen simplificado del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM) para el ejercicio 2026, en ejecución de lo previsto en la Ley 20/1991 y en el Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. En particular, se ejerce la competencia atribuida a la Consejería competente en materia tributaria para determinar tanto el ámbito objetivo de aplicación del régimen simplificado como los índices, módulos y parámetros necesarios para la cuantificación de las cuotas devengadas.

Además, adopta medidas contra la hiperregulación modificando la regulación relativa a deducciones y beneficios fiscales autonómicos para personas con discapacidad.

En boletín extraordinario de 29 de diciembre de 2025, de la Comunidad Valenciana se ha publicado el Decreto Ley 14/2025, de 26 de diciembre, del Consell, de medidas urgentes contra la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado.

Personas con discapacidad: IRPF, ISD, ITP Y AJD

Mediante esta norma se modifica la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la cual se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, con la finalidad de adecuar la regulación de los beneficios fiscales autonómicos dirigidos a las personas con discapacidad a la estructura de la  información suministrada por los certificados de reconocimiento de la situación de discapacidad elaborados de acuerdo con el Real decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, cuya entrada en vigor se produjo el 20 de abril de 2023.

Estas medidas muestran un enfoque fiscal integral que combina exenciones, deducciones y tipos reducidos, dirigidas tanto a situaciones de emergencia como a colectivos con necesidades especiales, promoviendo la equidad tributaria y la eficiencia en el uso de ayudas públicas, al tiempo que se actualizan límites y condiciones para adaptarse a la realidad económica y social de Galicia en 2025.

El 31 de diciembre de 2025 se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

El mismo día se ha publicado la Ley 4/2025, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2026. Pero la única medida tributaria recogida en esta norma se refiere a que la totalidad de los ingresos previstos por el impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada, establecido por la Ley 15/2008, de 19 de diciembre, financiará actuaciones comprendidas en los programas 541B, 541D y 551B, en concreto los gastos de inversión destinados a sanear, proteger y mejorar el medio natural, así como la realización de transferencias para llevar a cabo obras y servicios hidráulicos.

La Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2026 se configura conforme al marco constitucional y estatutario aplicable, incorporando tanto el contenido esencial propio de toda ley presupuestaria como un conjunto de disposiciones de carácter tributario.

El 31 de diciembre de 2025, en boletín extraordinario de Asturias, se ha publicado la Ley del Principado de Asturias 5/2025, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2026.

En materia tributaria, las principales novedades se concentran en el título V de la ley, dedicado a las normas fiscales.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

- Deducción por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida

Los contribuyentes que adquieran o rehabiliten una vivienda habitual que tenga la consideración de protegida, conforme a la normativa estatal o autonómica en la materia, tendrán derecho a aplicar la siguiente deducción por las cantidades satisfechas durante el ejercicio en la adquisición o rehabilitación de aquella: Hasta 5.000 euros en el ejercicio en el que se lleve a cabo la adquisición o rehabilitación. Hasta 1.000 euros en los ejercicios sucesivos.

El Presupuesto de Andalucía para 2026 incorpora un conjunto de medidas fiscales que se enmarcan en una estrategia de equilibrio entre el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y la utilización de los tributos propios y cedidos como instrumentos de política económica y social.

El 31 de diciembre de 2025 se ha publicado en el BOJA la Ley 8/2025, de 22 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Se amplía la deducción autonómica por alquiler de vivienda habitual, elevando los límites de deducción para jóvenes menores de 35 años, personas mayores de 65 años, personas con discapacidad, víctimas de violencia doméstica y del terrorismo, con el objetivo de mantener su eficacia real ante el incremento sostenido de los precios del alquiler.