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Legislación | Noticias

Artículos de Tributación

La empresa y la familia en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

En el presente artículo, el autor analiza diversos problemas relativos a las relaciones económicas de las empresas que adopten la forma de empresario persona física o sociedad civil o comunidad de bienes con los familiares del empresario. Estas células empresariales precisan a menudo de la colaboración de miembros de la familia; o utilizan elementos patrimoniales pertenecientes a la familia; y, en cualquier caso, ofrecen variantes al legislador a la hora de fijar el reparto o imputación personal de las rentas. Como cuestión preliminar se abordan algunas cuestiones relativas a la afectación de bienes a la empresa. A partir de ahí se tratan una serie de temas, a saber: las reglas de individualización de rentas de naturaleza empresarial (tanto rendimientos como ganancias patrimoniales derivadas de elementos patrimoniales afectos a la empresa); el juego de los familiares a la hora de acceder a las distintas opciones de determinación de los rendimientos empresariales que ofrece la normativa del impuesto; las reglas especiales de valoración para las operaciones realizadas para el empresario por sus familiares en el régimen de estimación directa; y el rol que desempeña la familia en la valoración de las rentas mediante el sistema de estimación objetiva. El trabajo finaliza examinando diversas cuestiones relativas a sociedades civiles y comunidades de bienes en las que la familia del reputado como empresario dentro de la entidad tiene indudable relevancia.

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Los ajustes secundarios en la nueva regulación de las operaciones vinculadas

El presente trabajo tiene por objeto analizar uno de los aspectos de la nueva regulación de las operaciones vinculadas que ha suscitado mayor controversia y dudas, a saber: el denominado ajuste secundario. Así, este estudio analiza la regulación española contenida en los artículos 16.8 del TRLIS y 21 bis del Real Decreto 1793/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. En primer lugar, se abordan los fundamentos del ajuste secundario, para luego considerar los diferentes enfoques nacionales e internacionales en la materia. Particularmente, se pone de relieve la recomendación de la OCDE contraria al establecimiento de este tipo de ajustes, salvo en casos de evasión fiscal. La parte central del estudio se dedica a exponer las consecuencias jurídico-tributarias derivadas de la aplicación de los ajustes secundarios, poniendo de relieve los problemas de constitucionalidad y de legalidad que puede suscitar la normativa española. También se examinan otras cuestiones como las relativas a la interrelación entre los ajustes secundarios y las retenciones y sanciones tributarias, así como su conexión y aplicación en el marco de los convenios para evitar la doble imposición.

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El factor de agotamiento en la minería: cuestiones básicas y controversias

El régimen del Factor de Agotamiento de la minería (en adelante, «FA») es un régimen incentivador para las empresas mineras que tiene por objeto compensar los sobrecostes que la actividad minera soporta en relación con otras actividades industriales, así como fomentar la promoción, desarrollo, exploración, investigación y explotación de recursos mineros. Todo ello como base de garantía de abastecimiento de materias primas minerales a la industria y a la población favoreciendo al mismo tiempo la independencia y fortaleza económica del Estado.
Sin embargo, el régimen del FA debe poseer unas garantías mínimas con respecto a su regulación legal que ayuden a incentivar la aplicación del mismo con el objetivo de impulsar la investigación y la iniciativa empresarial, bases para el crecimiento económico del país.
Dicha garantía en la regulación legal no existe actualmente en España. La legislación sobre el FA ha permanecido invariable durante casi 30 años y los criterios administrativos y jurisprudenciales han seguido una interpretación estricta de la norma que, a nuestro entender, ha dejado de lado el propio sentido del régimen. Lo anterior ha sido consecuencia de una pobre labor interpretativa y de desarrollo legal y reglamentario de un régimen que fue transpuesto de manera casi literal en nuestro ordenamiento de la regulación existente en los Estados Unidos. A dicha circunstancia se le une el hecho de que el régimen del FA requiere de elementos y definiciones técnicas que no han sido desarrollados de manera adecuada para ser incorporados a la legislación tributaria en aras a una seguridad jurídica.
El trabajo expuesto pretende servir de base para una mejor comprensión del régimen con el objetivo de servir a una correcta aplicación e interpretación del mismo, de forma que el FA se convierta en una herramienta útil para fomentar uno de los pilares económicos del país: la investigación y explotación sobre los recursos naturales de los que afortunadamente goza nuestro país.

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La profesión de auditoría en España

Extracto de la Conferencia sobre «La Profesión de la Auditoría en España» pronunciada en la sede de la International Financy Faculty de Moscú el pasado día 15 de mayo por el Catedrático de Universidad Alejandro Larriba Díaz-Zorita dentro de la Conferencia práctico-científica ruso-española sobre «Los Mercados financieros de Rusia, España y países de América Latina en condiciones de la crisis económica y financiera global».

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La empresa y la familia en el IRPF

En el presente artículo, el autor analiza diversos problemas relativos a las relaciones económicas de las empresas que adopten la forma de empresario persona física o sociedad civil o comunidad de bienes con los familiares del empresario. Estas células empresariales precisan a menudo de la colaboración de miembros de la familia; o utilizan elementos patrimoniales pertenecientes a la familia; y, en cualquier caso, ofrecen variantes al legislador a la hora de fijar el reparto o imputación personal de las rentas.

Cuestiones prácticas de las novedades sobre el IVA en el 2009

En el ejercicio 2008 el legislador nacional ha dictado diversas normas que afectan al IVA que tienen su fundamento bien en la adaptación del derecho interno a la normativa comunitaria y a la jurisprudencia comunitaria (esencialmente el concepto de empresario o profesional en cuanto a las sociedades mercantiles, la delimitación de las operaciones no sujetas por transmisión de una empresa, o los límites en la importación de bienes por viajeros), o en la necesidad de encontrar medidas que permitan paliar los efectos económicos que la imposición indirecta genera en los empresarios o profesionales (nuevo concepto de rehabilitación, modificación de la base imponible por créditos incobrables o creación de un nuevo sistema de devolución mensual aplicable a cualquier sujeto pasivo, que también tiene su base en la Directiva 2006/112/CE al permitir a todo sujeto pasivo el derecho a recuperar los excesos de IVA soportado deducible sobre el devengado bajo las modalidades establecidas por los Estados miembros). Todo ello ha motivado la necesidad de elaborar nuevos modelos de autoliquidación del IVA, lo que ha efectuado la Administración simplificando los mismos. En estos comentarios se repasan estas novedades desde un punto de vista eminentemente práctico.

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Las donaciones de bienes gananciales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

(Comentario a la STS de 18 de febrero de 2009, rec. núm. 4/2007)

El Tribunal Supremo, en una reciente Sentencia de 18 de febrero de 2009, ha declarado la ilegalidad del artículo 38 del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El precepto en cuestión disponía que «en la donación por ambos cónyuges de bienes o derechos comunes de la sociedad conyugal se entenderá que existe una sola donación». Con ello, el Tribunal Supremo ha zanjado una vieja polémica, con importantes consecuencias para los contribuyentes debido al carácter progresivo del ISD, centrada en si en los casos de donación de bienes gananciales se producía una única donación o, por el contrario, había que considerar que se producían dos donaciones, por cuanto cada cónyuge donaba la mitad del bien. En este trabajo analizamos los términos en los que se planteó dicha polémica, los argumentos del Tribunal Supremo para declarar la ilegalidad del referido artículo 38 del RISD, así como las consecuencias que este importante pronunciamiento jurisprudencial despliega en la liquidación del ISD.

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Concierto económico y ayudas de estado

[Comentarios a la STJCE de 11 de septiembre de 2008, asuntos C-428/06, C-429/06, C-430/06, C-431/06, C-432/06, C-433/06 y C-434/06 (acumulados)]

En el presente trabajo se aborda el estudio de la autonomía financiera del País Vasco, analizando la evolución histórica de esta institución, desde el primer Concierto económico de 1878 hasta la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

El autor hace una breve introducción histórica, imprescindible para conocer la problemática actual de los territorios históricos del País Vasco, analizando los derechos históricos y la articulación del Concierto económico en nuestro sistema tributario, especialmente en lo relativo a los criterios de coordinación, armonización fiscal y colaboración contenidos en la actual Ley 12/2002, de 23 de mayo.

Se aclara que el Concierto económico y el cupo, aprobados por Ley votada en Cortes, están blindados por el propio Estatuto de Autonomía; sin embargo, las normas forales aprobadas por las Juntas Generales de los respectivos territorios son normas reglamentarias, enjuiciables por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Tras un breve estudio del régimen jurídico de las ayudas de Estado, se analizan las causas que llevaron al Tribunal Supremo a anular 13 artículos de la norma foral que regula el Impuesto sobre Sociedades en Vizcaya; no obstante, el Tribunal de Luxemburgo considera que un ente infraestatal que reúna los requisitos de autonomía institucional, procedimental y económica no incurre necesariamente en la prohibición de las ayudas de Estado, siempre que no haya compensaciones a una menor tributación. Por este motivo, se analiza el cupo.

Con la finalidad de evitar la litigiosidad se propone descentralizar el Impuesto sobre Sociedades para que las Comunidades Autónomas de régimen común puedan competir con las de régimen foral, tomando como referencia países como Canadá o Suiza.

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Análisis contable y fiscal del deterioro de valores representativos de la participación en el capital de entidades

Análisis, a través de casos prácticos, de la modificación al artículo 12.3 del TRLIS (con vigencia a partir de períodos impositivos que se inicien a partir de 1/1/2008) efectuada por la Ley 4/2008, de 23 de diciembre.

El artículo 12.3 del TRLIS se refiere al deterioro fiscal de los valores mobiliarios que no coticen en un mercado secundario. Con anterioridad a la reforma efectuada, era necesario que la pérdida por deterioro de los valores mobiliarios estuviera contabilizada.

Con la modificación efectuada se establece una forma particular, aplicable en todo caso, para determinar el deterioro fiscalmente deducible para valores del grupo, multigrupo, o de empresas asociadas, tanto si no cotizan como si cotizan.

La modificación ha consistido en introducir otra excepción al principio de inscripción contable, para la deducibilidad fiscal de la pérdida por deterioro de los valores del grupo, multigrupo o de empresas asociadas, tanto si no cotizan como si cotizan, siempre que se cumplan los requisitos en él establecidos. Y ello ha sido consecuencia del cambio producido en el nuevo Plan General de Contabilidad, en la norma 9.ª de registro y valoración para determinar la pérdida por deterioro de activos financieros del grupo, multigrupo y de empresas asociadas en relación con la norma 8.ª del Plan General de Contabilidad de 1990.

Pero la reforma va más allá, y establece que para los valores mobiliarios del grupo, multigrupo o asociadas, tanto si no cotizan como si cotizan, la diferencia entre los fondos propios al inicio y al final del ejercicio se tiene que corregir en los gastos del ejercicio que no tengan la condición de fiscalmente deducibles.

Por último, se analiza a través de un ejemplo práctico las nuevas disposiciones transitorias 26.ª, 28.ª y 29.ª del TRLIS establecidas por la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, que han sido necesarias introducir con motivo de la primera aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad.

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Consultas a la DGT sobre materia contable en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades ¿quién es competente para resolver?

En una reciente contestación de la Dirección General de Tributos (DGT) [Contestación de 27 de abril de 2009, consulta núm. V0884-09 (NFC032274)] se ha mantenido que ante cuestiones sobre el registro contable y sus efectos en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, «se procede a contestar aquellas cuestiones de naturaleza tributaria que son competencia de este Centro, dado que las cuestiones relativas a la contabilización de operaciones son competencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas». Lo que se plantea en este estudio es si la DGT puede inhibirse de su deber de contestar a cuestiones que afectan al resultado fiscal alegando un principio de competencia. El autor mantiene que es un deber de la DGT contestar a todas las dudas formuladas y, en lo que afecta a la contabilidad, la DGT debe solicitar informe al ICAC e incorporar en su contestación la respuesta dada, así como los efectos fiscales de la misma.

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