Artículos de Tributación

El presente artículo analiza los criterios previstos en el Impuesto sobre Sociedades para determinar la residencia societaria y, por lo tanto, justificar la potestad de gravamen sobre el beneficio empresarial. Lejos de lo que sería deseable, su regulación e interpretación no es uniforme en los Estados miembros y ello está generando importantes obstáculos fiscales para las sociedades que desarrollan su actividad en distintos Estados miembros. Por lo tanto, su trascendencia en la reforma de la fiscalidad europea exige la armonización de este concepto. Especialmente para eliminar obstáculos a aquellos grupos y empresas de ámbito comunitario y facilitar la movilidad transfronteriza de las entidades. Mientras tanto, las estructuras que no sean netamente nacionales deberán enfrentarse a problemas de doble residencia y doble imposición que impiden el funcionamiento del mercado interior. Finalmente cabe recordar que algunas de las propuestas que pretende implantar la Comisión requieren replantearse la función y configuración de este concepto para convertirlo en el eje vertebrador de algunas medidas de naturaleza comunitaria que aún se pretenden implantar tras varios años de discusión y debate.

Palabras clave: residencia societaria, Impuesto sobre Sociedades, fiscalidad directa europea, armonización fiscal y empresas europeas.

El Ministerio del Interior está revocando la utilidad pública, con informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, a aquellas asociaciones que realizan actividades económicas en el mercado, bajo el argumento de que una explotación económica realizada en el mercado donde exista competencia no puede tener interés general sino privado. Y si dicha entidad gozara de los beneficios fiscales de la Ley 49/2002 podría vulnerar la competencia con las empresas mercantiles. En consecuencia, no puede tener utilidad pública ni gozar de los beneficios fiscales.

A efectos prácticos, esto supone excluir a las asociaciones que son autosuficientes y obligarles a constituirse bajo la forma de fundación, que sí pueden realizar explotaciones económicas. El objeto de este estudio es analizar los argumentos del Ministerio del Interior para revocar la utilidad pública, entendiendo el autor que la interpretación mantenida por el mismo no es correcta.

Palabras clave: Ley 49/2002, explotación económica y utilidad pública.

Este «supuesto práctico profesional» está especialmente pensado para ayudar en la preparación del tercer ejercicio de la oposición de Inspectores de Hacienda del Estado. El «supuesto» contiene siete partes en las que se plantean cuestiones de diversa índole a resolver por el alumno, cuestiones tanto de carácter procedimental como de carácter material. En él se analizan diversos aspectos de los distintos procedimientos de aplicación de los tributos, así como de las principales figuras tributarias que configuran el sistema tributario estatal.

Además, en la solución del supuesto se aprovecha para comentar alguna de las más recientes novedades introducidas en nuestro ordenamiento jurídico tributario por normas de reciente publicación en el BOE como la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 o el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.

Palabras clave: IRPF, IS, IVA, ITP y AJD, Aduanas e Impuestos Especiales y procedimientos de gestión e inspección y recaudación.

Las operaciones vinculadas fueron objeto de una importante reforma con la Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2006, y cuyo desarrollo reglamentario se produjo casi dos años más tarde mediante el Real Decreto 1793/2008.

Entre las novedades más significativas, destacaba la generalizada obligación de documentar aquellas operaciones vinculadas que nacieran o persistieran a partir del 19 de febrero de 2009, y ello, prácticamente prescindiendo del tamaño, tanto de dichas operaciones, como de los sujetos que intervinieran en ellas.

Esta situación suscitó una profunda «queja» en los contribuyentes más pequeños, que condujo al legislador a «dar marcha atrás» en esa regulación, minorando esa obligación.

Así, en al año 2010, aunque con efectos retroactivos a la fecha en que las obligaciones de documentación eran exigibles, se introdujeron diversos supuestos de exclusión de la misma, por motivos objetivos, subjetivos y cuantitativos.

Esta modificación también ha incidido en otra obligación, que es la consignar ciertos datos en la declaración y que, aun tratándose de una obligación distinta, está planteada como un subconjunto de la primera, por lo que igualmente ha quedado reducida.

Pero el problema es que este nuevo escenario de obligaciones documentales puede producir distorsiones en un régimen sancionador pensado para una situación de generalizada obligación de documentar, que, al no ser ya la existente, aconsejaría hacer cambios en el mismo.

Palabras clave: obligaciones de documentación, obligaciones de declaración, cifra de negocios, valor de mercado, contraprestación, dato, conjunto de datos y aportación incompleta, inexacta o con datos falsos.

El presente trabajo analiza, fundamentalmente desde la perspectiva del Derecho español, la aplicación de las cláusulas antiabuso en el contexto de los Convenios para evitar la doble imposición, prestando especial atención a la relación existente entre estos y las normas antiabuso domésticas.

Palabras clave: cláusulas antielusión, convenios, modelo de convenio y comentarios de la OCDE.

La Ley de Economía Sostenible, publicada en el BOE el pasado 5 de marzo, ha reactivado, para los periodos impositivos iniciados a partir de su entrada en vigor, esto es, a partir del 6 de marzo de 2011, al tipo del 8 por 100, la deducción por inversiones destinadas a la protección del medio ambiente, cuya desaparición estaba inicialmente prevista para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2011.

El largo proceso parlamentario en el que se ha visto inmersa esta ley ha dado lugar a una fecha de entrada en vigor posterior a la inicialmente prevista, retraso que, en principio, parece dejar sin deducción a las inversiones efectuadas por empresas que inicien su periodo impositivo entre el 1 de enero y el 5 de marzo de 2011. ¿Pero es realmente cierta esta afirmación?

Un estudio minucioso de las modificaciones de la Ley de Economía Sostenible deja lugar a dudas, las cuales se ven incrementadas cuando se intenta buscar una respuesta en la normativa que el BOE ofrece en su sitio web.

Con base en ello, se presenta el siguiente artículo cuyo objeto es analizar las distintas interpretaciones existentes, las cuales son reflejo de las distintas posturas y opiniones que se están barajando respecto al ámbito de aplicación de esta «nueva» deducción.

Palabras clave: deducción por inversiones medioambientales, Ley de Economía Sostenible, interpretaciones y periodo de aplicación.

El presente comentario analiza, a la luz de la reciente doctrina elaborada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su Sentencia de 17 de junio de 2010, la cuestión relativa a la posibilidad de ordenar la retroacción de las actuaciones cuando se anula un acto tributario (ya sea el vicio del acto tributario de fondo o de forma), teniendo presente a tal efecto la necesaria protección que se ha de otorgar a la tutela judicial efectiva y al principio de seguridad jurídica.

Palabras clave: liquidación tributaria, nulidad, anulación, defecto formal, reiteración, prescripción y retroacción de actuaciones.

El presente trabajo tiene por objeto el estudio de las especialidades que respecto a la regulación del procedimiento de recaudación en vía de apremio representa el hecho de que la deuda cuyo pago se exige sea una indemnización en concepto de responsabilidad civil derivada de un delito contra la Hacienda Pública. A tal efecto, en primer lugar, examinaremos cada una de las actuaciones que se desarrollan en un procedimiento de recaudación de deudas tributarias, para valorar si pueden aplicarse a una deuda liquidada por un órgano judicial. Seguidamente, analizaremos la situación que se produce cuando respecto al responsable civil, junto a la vía de apremio iniciada por la Administración Tributaria para exigir el pago de la indemnización fijada en la sentencia condenatoria, se ha iniciado un procedimiento concursal ante la jurisdicción mercantil, y concluiremos nuestro trabajo estudiando las distintas vías de las que dispone el condenado al pago de una indemnización a favor de la Hacienda Pública para oponerse a la actuación ejecutiva tanto del órgano judicial como de los órganos de recaudación. Por último, y a modo de epílogo, no podemos dejar de comentar algunas de las consecuencias que la reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, puede significar respecto a la futura recaudación de la cuota tributaria defraudada por el autor de un delito contra la Hacienda Pública.

Palabras clave: responsabilidad civil, deuda tributaria, recaudación, exacción, procedimiento de apremio, delito contra la Hacienda Pública, defraudación tributaria, indemnización, deuda, sentencia condenatoria, jurisdicción penal, procedimiento concursal, Administración Tributaria y Código Penal.

El Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades prevé una serie de mecanismos para la corrección de la doble imposición que se puede poner de manifiesto como consecuencia de operaciones de fusión o escisión.

En este trabajo se realiza un análisis crítico de estos mecanismos y, especialmente, de la deducibilidad fiscal del fondo de comercio de fusión, reflexionando sobre su contexto, naturaleza, condiciones y diferenciación respecto de los conceptos contables. Al hilo de este análisis quedan de manifiesto numerosos aspectos controvertidos y deficiencias de la regulación, muchas de las cuales no han podido ser resueltas por la doctrina administrativa y jurisprudencial.

Palabras clave: fusiones, escisiones, doble imposición, fondo de comercio, diferencia de fusión, operaciones de reestructuración, neutralidad fiscal y plusvalías latentes.