Doctrina Administrativa

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 8 de mayo de 2014, resuelve, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, que en relación con la posibilidad de que el nudo propietario pueda erigirse en beneficiario de la deducción por inversión en vivienda habitual, existe diferencia en virtud de si la adquisición lo ha sido por un negocio jurídico intervivos o mortis causa.

Pues bien, son muchas las resoluciones judiciales relativas a la cuestión planteada, que exponen el criterio compartido por el TEAC de que en supuestos de adquisiciones por actos o negocios intervivos, no procedería la deducción por adquisición de vivienda habitual, pues no se cumple dicho requisito de inversión en la modalidad de adquisición de la vivienda habitual cuando lo que se adquiere es meramente la nuda propiedad desgajada del derecho a usar y disfrutar de la cosa, facultad que se confiere a un tercero mediante la constitución de un derecho de usufructo, y ello con independencia de que el derecho de uso a su vez se lo vuelva a recibir por cualquier acto o negocio jurídico que le permita utilizar, ocupar y habitar la vivienda.

• Liquidaciones aduaneras: Validez de pruebas con posterioridad al levante de las mercancías
• Efectos derivados de la utilización improcedente del procedimiento de verificación de datos para comprobar actividades económicas
• Devolución del “céntimo sanitario”
• Viviendas de protección pública acogidas a la normativa autonómica
• Reserva para inversiones en Canarias (RIC): incumplimiento del plazo de mantenimiento
• La dotación a la provisión por depreciación de existencias basada en meras expectativas no es deducible
• Si los ingresos financieros forman parte de la actividad ordinaria de la empresa deben incluirse dentro de la cifra de negocios
• La notificación de un nuevo acuerdo en respuesta a las alegaciones del interesado no desvirtúa el dies ad quem que es la fecha de notificación del acuerdo de liquidación
• Imputación de la ganancia patrimonial procedente de la parte adicional de justiprecio reconocida en sentencias del Tribunal Supremo que adquieren firmeza en un determinado ejercicio
• Gastos deducibles: retenciones de trabajo personal correspondientes a ejercicios anteriores
• Concepto de entidad comercializadora inscrita en la CNMV a efectos de la aplicación del régimen de diferimiento a la transmisión de participaciones en IIC
• Modificación de la base imponible: remisión del documento rectificativo por burofax
• Digitalización certificada de facturas
• El régimen de “kafala” da derecho al mínimo por descendiente
• La prestación por desempleo en su modalidad de pago único no debe incluirse en el modelo 347

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en sus resoluciones de 30 de abril de 2014, RG 3155/2010 y RG 3335/2010, resuelve que en las actuaciones de comprobación e investigación la competencia territorial de los órganos de Inspección viene determinada por el domicilio fiscal del contribuyente en el momento del inicio de las actuaciones inspectoras, sin que quepa confundir la norma de atribución de competencia territorial con la del lugar en que cabe desarrollar las actuaciones inspectoras.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 8 de abril de 2014, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio  determina que las compras a particulares de objetos usados de oro y otros metales por parte de quienes ostenten la condición de empresarios o profesionales, quedan fuera del ámbito del IVA al no tener los transmitentes tal condición de empresarios o profesionales.

• Plazo para interponer reclamación económico-administrativa o recurso: el sábado no festivo no es inhábil 
• El devengo del IVA en los contratos de arrendamiento de bienes con cláusula de transferencia de la propiedad vinculante para ambas partes
• Notificaciones realizadas en el domicilio fiscal del obligado tributario a persona distinta del representante de la entidad
• Cuantificación del canon de regulación y tarifa de utilización del agua: exclusión de los fondos FEDER y repercusión del IBI
• Imposibilidad de aportar en recurso de reposición pruebas o documentos que pudieron ser aportados previamente: indefensión
• El arrendamiento de vivienda por una sociedad mercantil para destinarla al uso de una persona física perteneciente a la misma no está exento
• Consolidación fiscal: eliminación de dividendos internos y dotaciones a la RIC
• La DGT insiste en la irregularidad de la pensión compensatoria abonada en pago único a pesar de la posición contraria del TS
• La DGT, siguiendo al TS, admite la posibilidad de probar más allá de los límites establecidos en el art. 1.227 CC la realidad de la operación 

Es ya habitual encontrarnos  con distintos establecimientos de nuestro entorno que nos posibilitan la adquisición o recarga de las tarjetas de transporte público que a diario utilizamos, conocidas como Bono Bus. La entidad jurídica encargada de la actividad de transporte público contrata con diversos establecimientos –expendedores- tales como quioscos y estancos para que  estos presten el servicio, abonándoles por el mismo una comisión.

 El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 20 de marzo de 2014, analiza el devengo en relación con una escritura pública de compraventa de un inmueble en la que expresamente se pacta que la vendedora se quedará en posesión del bien hasta la fecha prevista en una cláusula de dicha escritura.

Así, se entiende por entrega de bienes la transmisión del poder de disposición sobre un bien corporal con las facultades atribuidas a su propietario. Para aclarar el término “puesta a disposición” del adquirente del bien objeto de la operación, acudimos a la jurisprudencia del TJCE que se ha pronunciado sobre este concepto en reiteradas ocasiones identificándolo con el de “entrega del bien”. El concepto no se refiere a la transmisión de la propiedad en las formas establecidas por el derecho nacional aplicable, sino que incluye toda operación de transmisión de un bien corporal efectuada por una parte que faculta a la otra parte a disponer de hecho como si ésta fuera la propietaria de dicho bien -STJCE, de 8 de febrero de 1990, asunto nº C-320/88-.

• Existiendo un trato equivalente para residentes y no residentes, la normativa comunitaria no exige la eliminación completa de la doble imposición 
• No procede esperar a la firmeza de una regularización inspectora para trasladar los efectos de ésta a las liquidaciones practicadas en periodos impositivos posteriores 
• Deducción por gastos de publicidad y propaganda de proyección plurianual 
• La aportación no sujeta a una sociedad de una universalidad total o parcial de bienes no implica necesariamente la transmisión de un inmueble
• Las bases imponibles negativas generadas en territorio foral son compensables en territorio común
• La carne y el pescado no se consideran alimentos básicos a pesar de serlo para las personas con intolerancia a la fructosa

Como se recordará el artículo 25 de la Ley 14/2013,  de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, introdujo en el texto refundido de la ley del Impuesto sobre Sociedades (art. 37) la deducción por inversión de beneficios, la cual ha sido interpretada por la Dirección General de Tributos a través del Informe de 30 de enero de 2014, sobre cuestiones relacionadas con la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en materia del Impuesto sobre Sociedades.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 5 de marzo de 2014, abandona el criterio mantenido hasta ahora en relación con la temporaneidad de la adopción del acuerdo de ampliación de plazo, sobre la base de varias sentencias del Tribunal Supremo, determinando ahora que para computar si el acuerdo de ampliación de la duración del procedimiento inspector se ha adoptado dentro del plazo máximo inicial de 12 meses no han de tomarse en consideración, es decir, no deben descontarse, ni eventuales interrupciones justificadas ni dilaciones imputables al contribuyente.