Doctrina Administrativa

La Dirección General de Tributos acaba de publicar su consulta de 25 de febrero de 2014, que versa sobre la tributación de unos hechos de rabiosa actualidad que consisten en el desistimiento de la promoción de unas viviendas de protección oficial para la que en su día se solicitó la correspondiente exención respecto del ITP y AJD, al no ser posible su ejecución por no haber aceptado la entidad financiera las posibles subrogaciones en los préstamos hipotecarios cualificados de los adjudicatarios de las viviendas de la promoción y verse estos avocados a la renuncia a las viviendas en cuestión, lo que ha conllevó a la postre la devolución por parte de la promotora de las cantidades que le habían sido satisfechas hasta ese momento.

Parece que con la consulta de la Dirección General de Tributos, de 18 de febrero de 2004, se pone punto y final a una polémica entre los dos órganos administrativos respecto de la equiparación entre la figura del préstamo y la del crédito.

Hace unos meses, el Tribunal Económico-Administrativo Central publicó dos resoluciones que resolvían, haciendo un resumen profundo de la doctrina administrativa de la DGT en la materia, su propia conclusión al respecto, la cual se puede resumir en la idea de que cabe equiparación entre las dos figuras a efectos de la exención regulada en el art. 9 de la Ley 2/1994 (Subrogación y modificación de préstamos hipotecarios).

La AEAT, ha incluido en su página web, en relación con el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, una relación de preguntas frecuentes relativas al mismo.

A continuación, se recogen todas estas preguntas frecuentes que, con formato pregunta-respuesta, dan solución a posibles dudas que pudieran plantearse en relación con el citado Impuesto.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 27 de febrero de 2014, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, unifica criterio en relación con la posibilidad de obtener la reducción prevista en el art. 188.3 de la Ley 58/2003 (LGT) por el responsable cuando las sanciones susceptibles de reducción ya lo estuvieran en parte -en un 30 por ciento- como consecuencia de la conformidad del deudor principal.

Dicho de otro modo, la cuestión planteada consiste en determinar en los casos de aplicación retroactiva de lo dispuesto en el art. 41.4 de la Ley 58/2003 (LGT), en los que no proceda la anulación del acuerdo de declaración de responsabilidad porque las sanciones susceptibles de reducción ya lo estuvieran en parte -en un 30 por ciento- como consecuencia de la conformidad del deudor principal, si cabe o no que los Tribunales Económico-Administrativos ordenen la notificación por segunda vez del correspondiente acuerdo de declaración de responsabilidad a los efectos de que el declarado responsable pueda optar por la opción de beneficiarse de la reducción de las sanciones regulada en el art. 188.3 de la misma Ley 58/2003 (LGT), esto es, del 25 por ciento.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 6 de febrero de 2014, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, fija criterio en relación con la siguiente cuestión: la deducibilidad o no en el IS de las cantidades satisfechas por una sociedad a su administrador, cuando el cargo de administrador es gratuito de acuerdo con los estatutos sociales y el administrador ejerce funciones de dirección.

• Falta de autorización administrativa para el ejercicio de la actividad de alquiler de vehículos
• Los requerimientos individualizados de obtención de información formulados por las unidades de módulos no suponen el inicio de un procedimiento de comprobación o investigación
• Cómputo del plazo para interponer una reclamación económico-administrativa: de fecha a fecha
• Autoliquidación complementaria con resultado a ingresar cuando la autoliquidación inicial fue erróneamente a devolver
• La comunicación de modificación de la base imponible por un contribuyente a la Administración no supone el inicio de procedimiento alguno
• El valor real del coste de la obra no puede ser otro que el de ejecución material de la misma
• Otorgamiento de escritura pública de compraventa sometida a condiciones suspensivas
• La comprobación de valores en la transmisión hereditaria de acciones
• La ejecución hipotecaria instada por un avalista impide la devolución del ITP relativo a la adjudicación del bien
• Condonación de créditos por la sociedad dominante de un grupo empresarial
• El ejercicio de funciones de dirección no exige su efectiva remuneración para que concurra la exención en el IP en quien las ejerce
• El régimen especial de los trabajadores desplazados exime de la obligación de información sobre los bienes y derechos situados en el extranjero

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 19 de febrero de 2014, cambia el criterio hasta ahora sostenido en resoluciones anteriores, y se ajusta al mantenido por la Audiencia Nacional en su reciente jurisprudencia en relación con el plazo para la modificación de la base imponible en los procedimientos concursales.

La Agencia Tributaria ha hecho pública una serie de preguntas sobre la declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero cuyo plazo de declaración finaliza el próximo 31 de marzo.

Como se recordará su regulación legal se encuentra en la disposición adicional 18ª de la Ley General Tributaria –Ley 58/2003-, en los artículos 42 bis, 42 ter y 54 bis del Reglamento  General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos – Real Decreto 1558/2012- y por último, la aprobación del modelo de esta declaración y el procedimiento para su presentación, se ha llevado a cabo a través de la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero.

La Dirección General de Tributos ha analizado en su consulta, de 27 de enero de 2014, la posibilidad de aplicar la reducción del art. 18.2.a) Ley 35/2006 (Ley IRPF),a los premios a la constancia  que habitualmente establecen los convenios colectivos -en el supuesto concreto analizado, cuando se cumplan 15 y  25 años de servicio-.

La consulta de la Dirección General de Tributos, de 20 de enero de 2014, ha dado respuesta a la pregunta sobre la exigencia o no de una permanencia mínima para poder aplicar la deducción por alquiler de vivienda habitual que se regula el art. 68.7 Ley 35/2006 (Ley IRPF).

A este respecto, hay que tener en cuenta que a  pesar de utilizarse en la rúbrica del art. 68.7 antes citado la expresión “vivienda habitual” y teniendo desarrollado tal concepto en la propia Ley 35/2006 (Ley IRPF) en su Disposición Adicional vigésimo tercera y en el RD 439/2007 (Rgto IRPF) en su art. 41.bis, donde se establece que tendrá dicha consideración la edificación que constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, tres años, debiendo ser habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, en un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición, bien es cierto que tanto la Disposición Adicional vigésimo tercera como el art. 41.bis antes referidos, en su rúbrica especifican qué debemos entender por vivienda habitual a efectos de determinadas exenciones.