Doctrina Administrativa

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 15 de diciembre de 2016, resuelve la cuestión consiste en determinar si procede o no la aplicación de la exención regulada en el art. 20.Uno.23º.b) de la Ley 37/1992 (Ley IVA) a los arrendamientos de viviendas en los que el arrendatario es una persona jurídica que va a destinar las mismas al alojamiento de sus trabajadores, con la particularidad de que de manera concreta y específica, en el propio contrato de arrendamiento, figura ya la persona o personas usuarias últimas del inmueble, de manera que se impide el subarrendamiento o cesión posterior a personas ajenas a aquellas designadas en dicho contrato de arrendamiento.

• Las comunicaciones a los interesados en cumplimiento de resoluciones judiciales no dan pie a recurso alguno
• Las medidas cautelares de los distintos acuerdos de declaración de responsabilidad, en su conjunto, pueden ser de un importe superior a la deuda del deudor principal
• Responsabilidad solidaria: al faltar el requisito de existencia de un bien o derecho titularidad del deudor, no puede producirse incumplimiento de orden de embargo
• El destinatario de una operación en la que procedía la repercusión del IVA puede ser declarado responsable solidario
• Acreditar que una vivienda es una VPO, no es suficiente para aplicar el tipo superreducido
• La altura indicada en la homologación recibida por el vehículo es la que debe tener en cuenta la Administración a los efectos de la no sujeción del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
• El plazo adicional de 30 días no debe tenerse en cuenta a efectos de la caducidad del procedimiento sancionador en materia de contrabando
• La solicitud de devolución del IVA soportado por empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla presentada en formato distinto al electrónico por causa de fuerza mayor tiene eficacia frente a la Administración tributaria
• Modificación de la base imponible por créditos incobrables: no cabe la denegación automática del derecho de rectificación como consecuencia de un cumplimiento tardío de la obligación de comunicación
• Devengo de la compensación financiera percibida por una entidad en un contrato de obras bajo la modalidad de abono total de precio

La DGT en consulta de 5 de octubre de 2016, determina que el hecho de que los inmuebles de una entidad, dedicada al arrendamiento por cortos periodos de tiempo, se queden vacios, no impide la deducibilidad en el IS de los gastos en los que incurra la entidad en el desarrollo de su actividad.

• El IVA en las obras de reforma y mejoras de calidades realizadas por la promotora en unas viviendas antes de la finalización de su construcción y entrega 
• Cuando la comercialización de IIC, con forma de fondo de inversión o de SICAV, se realice por entidades comercializadoras situadas en España, pero sin cotizar en el mercado bursátil español, no procederá retener sobre las ganancias generadas
• De la actividad profesional de compraventa de pagarés se obtienen rendimientos del capital mobiliario generados por la cesión a terceros de capitales propios 
• Probar la realización de una efectiva actividad económica en la interpuesta así como el crecimiento del grupo gracias a su existencia, salva la exención de dividendos y cánones entre la matriz y la filial 
• La aplicación del tipo reducido no se extiende a la construcción de piscinas, aunque se contraten directamente con el promotor de una edificación
• Un comunero declarado incapaz percibe rendimientos del capital mobiliario y no rendimientos de actividades económicas, a pesar de que la comunidad desarrolle una actividad económica 
• El pago del alquiler donde se reside no es gasto deducible a efectos de determinar el rendimiento neto que, al mismo tiempo, se obtiene por el arrendamiento de la vivienda que se tiene en propiedad
• Vehículos para personas con discapacidad: justificando ante el órgano competente las condiciones distintas, podrá aplicarse el tipo superreducido en la adquisición de un nuevo vehículo pese al incumplimiento del transcurso de 4 años desde la adquisición del anterior

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 24 de noviembre de 2016, resuelve que el carácter vinculante de las contestaciones de las consultas se da, tanto respecto de la Administración del Estado como de las Comunidades Autónomas, pues la contestación de las consultas corresponde a la DGT aun cuando hablemos de tributos cedidos, tal y como deriva del art. 55.2.a) de la Ley 22/2009 (Sistema de financiación de las CC.AA.).

Cuando una deuda se contrae con una sociedad que no es entidad de crédito ni su actividad es la concesión de préstamos, el deudor no podrá aplicar la exención sobre la ganancia derivada de la dación en pago de su vivienda a pesar de no disponer de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.

Frente a las situaciones que normalmente se dan como consecuencia de la imposibilidad por parte de compradores de una vivienda de hacer frente a las deudas hipotecarias, surge una contestación por parte de la Dirección General de Tributos de 20 de octubre de 2016 que no suaviza las circunstancias del obligado contractual, sino más bien agrava su situación desde el punto de vista fiscal. 

• Dies ad quem en los casos en que se dicta una resolución que estima en parte por razones sustantivas o de fondo un recurso o reclamación
• Consideración de establecimiento permanente de un inmueble cedido en arrendamiento
• No procede la deducción por reinversión en el IS respecto de un terreno dedicado a aparcamiento y tratamiento de chatarra por no estar afecto a la actividad industrial, ya que dichos usos son irrelevantes
• La adquisición de un inmueble que previamente se disfrutaba en régimen de arrendamiento no puede ser considerada una inversión inicial
• Análisis como condiciones de venta de determinados cánones y royalties sobre colecciones de prendas de vestir y complementos a adicionar al valor en aduana en su importación
• Los Ayuntamientos pueden suprimir la reducción potestativa del IBI que hubieran establecido por la modificación de los valores catastrales  
• Si el cónyuge del discapacitado, también discapacitada, conduce el coche de su esposo sin la presencia de su marido puede conllevar la pérdida de la exención del IEDMT 
• Diferencias entre el arrendamiento de industria o negocio y el arrendamiento de local de negocio a efectos de practicar la retención 
• La concesión del Premio Nacional de Fin de Carrera tributa como rendimiento del trabajo
• Las indemnizaciones por extinción de la relación laboral no se incluyen en el cálculo de las rentas exentas con progresividad 

La DGT en su consulta de 3 de octubre de 2016, pone de manifiesto que en tanto no se habilite  una clasificación específica para la actividad genérica de franquicia, las actividades que se lleven a cabo en base a este tipo de contratos complejos, deberán tener tratamiento independiente y diferenciado en el contexto de las Tarifas del impuesto. 

Una entidad tiene como objeto la gestión de supermercados, y celebra contratos de franquicia con "colaboradores" (personas físicas o personas jurídicas) para la venta de sus productos, cediendo en depósito al franquiciado las mercancías para su venta al por menor en el establecimiento del franquiciado.

El contrato de franquicia o franchising es un instituto jurídico complejo que, desde el punto de vista del franquiciador entraña una pluralidad de obligaciones que se traducen en otras tantas actividades, básicamente dos, a saber: de un lado, la actividad consistente en la cesión de una marca comercial y del know how correspondiente, y, de otro, la actividad consistente en la prestación de determinados servicios.

Cada una de las dos actividades reseñadas debe tener tratamiento independiente y diferenciado en el contexto de las Tarifas del impuesto, en tanto no se habilite  una clasificación específica para la actividad genérica de franquicia.

La Dirección General de Tributos ha publicado con fecha 8 de agosto de 2016 una interesante consulta que tiene que ver con la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero por lo curioso de la situación de hecho que se analiza en la misma.

Y es que los hechos tienen que ver con un contribuyente que desconoce si tiene bienes situados fuera de España –en concreto, su ex marido cerró una cuenta que tenían en común en el extranjero intuyendo, pero desconociendo, si el importe depositado en la cuenta se ha invertido en otros bienes situados fuera de España- y se plantea qué ocurriría en caso de tener la certeza de la titularidad con posterioridad al vencimiento del plazo de declaración.

• ¿Son conformes a Derecho los actos de ejecución dictados una vez inadmitida la solicitud de suspensión en vía económico-administrativa si se interpone recurso contencioso contra el acuerdo de inadmisión?
• La venta de los bienes adquiridos en ejecución de garantías o avales por la entidad financiera ejecutante no es una operación accesoria de la garantía o aval prestado
• La normativa para los residentes comunitarios con bienes en España se aplica tanto a quienes tributan por obligación real como personal por el IP
• Los servicios de teletrabajo prestados desde España para empresas en el extranjero tributan solo en España
• Las opciones y futuros constituyen instrumentos financieros, categoría distinta de la de valores negociables
• El principio convencional de no discriminación no es un límite a la libertad de los Estados para establecer beneficios fiscales
• Las prestaciones que derivan de aportaciones realizadas a planes de pensiones conforme al régimen general no pueden acogerse al régimen especial de minusválidos
• Posibilidad o no de rectificar las autoliquidaciones del IRPF con el fin de deducir los gastos soportados por la rehabilitación de un edificio
• La condonación parcial de deudas por los bancos no supone una donación si tienen como fin asegurarse el cobro de las deudas al menos en parte
• Se aplica la exención sobre las prestaciones por desempleo percibidas en pago único cuando una sociedad civil particular se transforma en una sociedad mercantil o en una sociedad laboral
• Una actividad económica no se entiende iniciada con la presentación de la declaración de preinicio de la actividad