Doctrina Administrativa

La DGT ha publicado su consulta de 16 de marzo de 2016 sobre la tributación en el Impuesto sobre Sociedades a partir del 1 de enero de las sociedades civiles, que sustituye a otra anterior,  la consulta DGT, de 04-12-2015, n.º V3880/2015 

En la consulta de 16 de marzo de 2016 estamos ante una sociedad civil que tiene por objeto exclusivo el ejercicio de actividades profesionales de abogacía y administración de fincas, que se constituyó como sociedad civil particular pero, mediante escritura pública del año 2008, pero en adaptó sus estatutos a la Ley de sociedades profesionales.  Por otro lado, una de las socias de la sociedad civil es copropietaria de diversos inmuebles (viviendas y locales) que son objeto de arrendamiento a través de una comunidad de bienes, que no cuenta con persona empleada ni local afecto.

La consulta de la Dirección General de Tributos de 9 de marzo de 2016 compendia la globalidad de las consecuencias fiscales de una situación muy especial, pero de la que se puede tomar nota a futuros, cual es la de la anulación de unas participaciones en instituciones de inversión colectiva –fondos de inversión y SICAVs en el caso de la consulta- por parte de la CNMV, al estar afectadas por un proceso judicial penal –en el caso en EE.UU., Estado en el que finalmente, y vía Irlanda, estaban depositadas las participaciones-.

El supuesto de hecho es el de unas participaciones en instituciones de inversión colectiva gestionadas desde una sociedad gestora radicada en España, que a su vez están invertidas en un subfondo radicado en Irlanda, quien a su vez las tiene depositadas en una entidad residente en EE.UU. que se vio inmersa (esta última) en un procedimiento judicial, por vía penal, lo que supuso la decisión de la CNMV de anular esas participaciones.

• Sujeto que ha de soportar la repercusión del IVA por la reparación de un vehículo asegurado a efectos de la deducibilidad del Impuesto
• El régimen de fusiones es aplicable a las instituciones de inversión colectiva
• La subcontratación de mano de obra modifica la tributación "natural" de los rendimientos sometidos al IRNR
• La extinción de la titularidad que exime de la obligación de información por los valores situados en el extranjero viene determinada por la Ley de blanqueo de capitales
• Tributación de la donación de vivienda habitual a un hijo discapacitado
• La actividad de subir vídeos de videojuegos a Youtube se clasifica en el Epígrafe 961.1 del IAE y si se coloca publicidad en el canal además deberá darse de alta en el Grupo 844
• Exención por reinversión en el IRPF del importe obtenido en la venta de la vivienda habitual en otra vivienda de una sociedad de la que el contribuyente es partícipe
• Imputación de la retención por el IRPF soportada en las rentas cobradas mediante ejecución de aval bancario
• Base de la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación en el IRPF
• Empresas de renting y exención del seguro del vehículo en el IVA
• Liquidar una sociedad conyugal en separación de bienes como si fuera ganancial supone una permuta de bienes no exenta del ITP y AJD
• Aplicación de la exención del artículo 21 de la LIS a los dividendos con cargo a reservar acumuladas

• Indemnización por expropiación de derechos de paso cuyo dominio está desmembrado
• Gestión de arrendamiento de inmuebles privativos y en copropiedad por comunidad de bienes
• La entrega de flores, coronas, ramos y plantas vivas, forma parte de la actividad principal de una empresa de pompas fúnebres: aplicación del tipo reducido de IVA
• Reglas de reparto cuando no es posible la individualización del servicio en la exención por trabajos realizados en el extranjero
• Indemnización por resolución contractual antes del inicio del contrato de trabajo
• El ingreso derivado de una indemnización acordada por sentencia judicial se integrará en la base imponible del IS, cuando la sentencia sea firme
• Régimen especial de fusión, escisión, aportación de activos, canje de valores y cambio de domicilio social: motivos económicos válidos y exención para evitar la doble imposición interna
• La DGT deja en manos de los tribunales la decisión de si retener a un no residente en situaciones en las que no se retiene al residente es discriminatoria
• La normativa foral y los límites en la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica para entidades de un grupo mercantil
• Deducción por doble imposición internacional: porcentaje y límite de la misma
• Tributación de la retribución flexible para trabajadores no residentes 

La DGT en contestación a consulta de 8 de febrero, reitera que en los supuestos en los que el trabajador tenga reconocida una antigüedad anterior a la fecha de incorporación en la empresa en la que se produzca el despido, la exención del art.7 e) establecida en la LIRPF, no se aplica a la totalidad de la indemnización.

El importe exento habrá de calcularse teniendo en cuenta el número de años de servicio en la empresa en la que se produce el despido, y no la antigüedad reconocida en virtud de pacto o contrato, individual o colectivo.

A efectos del cálculo de la indemnización exenta, el número de años de servicio serán aquellos que, de no mediar acuerdo, individual o colectivo, se tendrían en consideración para el cálculo de la indemnización.

De acuerdo con el Informe del ICAC de 6 de abril de 2015, las sociedades integradas en un grupo familiar, como regla general, constituyen grupos sometidos a la misma unidad de decisión, que pueden reconocerse a la vista de la coincidencia de las personas que componen los órganos de administración de las empresas, y de las propias relaciones económicas cruzadas que la unidad de decisión teje entre las sociedades titulares de los activos y pasivos que “administran” directa o indirectamente las personas físicas que integran el grupo familiar.

Una vez más estamos ante un ejemplo de desmarque entre órganos consultivos -aunque quizás en esta ocasión no sea tal, sino que tan sólo estemos en presencia de la utilización de un vericueto legal por parte de la Administración para finalmente conseguir la tributación de la operación-, el que se pone de manifiesto en la consulta de la Dirección General de Tributos de 1 de febrero de 2016.

La “polémica” en esta ocasión tiene que ver con la tributación de la fiducia aragonesa, pero su resolución puede tener interés respecto de otras figuras semejantes que están reguladas en los Derechos forales civiles.

• Reintegro de devoluciones obtenidas por autoliquidación mediante declaración complementaria a ingresar. Recargo por presentación extemporánea vs intereses de demora
• El IVA en las cantidades que abonan los laboratorios al Sistema Nacional de Salud en función del volumen de medicamentos a pacientes del sistema
• Exención en el IP por la titularidad de participaciones en entidades: el parentesco por afinidad deja fuera del grupo de parentesco a los viudos
• Matices y vicisitudes de la tributación del legado de cosa ajena 
• Participaciones preferentes, opción por la aplicación de las reglas especiales
• Calificación de la indemnización percibida en caso de expropiación de fincas rústicas de regadío en las que existe cultivo
• Dividendos procedentes de una sociedad patrimonial residente en Guipúzcoa
• Transformación de sociedad laboral en sociedad limitada en caso de capitalización de la prestación por desempleo
• A los dividendos distribuidos por una entidad inscrita en el Registro de la Zona Especial Canaria le resultará de aplicación la exención del artículo 21 de la LIS
• Las rentas derivadas de un contrato de hosting no son cánones sino beneficios empresariales, que tributan en el Estado de establecimiento

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 31 de marzo de 2016, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve la cuestión relativa a sobre qué importe, correspondiente a la sanción que se deriva al responsable, debe aplicarse la reducción por conformidad cuando resulta aplicable, con carácter retroactivo, la disposición contenida en el art. 41.4 de la Ley 58/2003 (LGT) en aquellos supuestos de declaraciones de responsabilidad en cuyo alcance se incluyan sanciones. Es decir, si el importe sobre el que debe girarse la reducción es sobre el total de la sanción inicialmente impuesta o sobre la cantidad cuyo pago se exige al correspondiente obligado.

Siguiendo con el tema de la deducibilidad de los intereses de demora en el Impuesto sobre Sociedades y de acuerdo con la normativa vigente en este momento, esto es, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, la DGT ha hecho pública la consulta V1403/2016, de 6 de abril, en la cual además de sobre la deducibilidad de los intereses de demora tributarios, se manifiesta sobre la deducibilidad de otro tipo de intereses de demora como los derivados de operaciones comerciales realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración o los exigibles por deudas con Administraciones o Entes públicos, distintos a las administraciones tributarias en el ejercicio de sus potestades administrativas.

Por lo que respecta a la deducibilidad de los intereses de demora tributarios (como son los exigidos por actas de inspección tributaria incoadas por conceptos constitutivos o no de infracción tributarias; los suspensivos devengados por la suspensión tanto de deudas tributarias como sanciones o los exigibles por deudas con la Administración Tributaria Estatal, Autonómica y Local y cualquier Ente Público en el ejercicio de sus potestades administrativas), reitera el criterio interpretativo establecido en su Resolución de 4 de abril de 2016 (BOE de 7 de abril) y en las consultas V4080/2015 y V0603/2016, esto es, tienen la consideración de gastos fiscalmente deducibles si bien, dado que se trata de gastos financieros, estarán sometidos al límite establecido en el artículo 16 de la LIS.