Jurisprudencia

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 21 de junio de 2007, analiza la posible existencia de un exceso de adjudicación gravable por el ITP y AJD. Según el Tribunal, la división material de un inmueble adjudicando el mismo en porciones a cada partícipe, y por tanto, con las más amplias facultades sobre lo adjudicado, harían inservible al edificio para el uso al que se destina, hostal y restaurante, al menos, en considerable manera.

Destacamos la sentencia de la Audiencia Nacional, de 4 de octubre de 2007, que se expresa en el sentido de que la presunción iuris et de iure respecto de la valoración de operaciones vinculadas recogida en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aplicable ratione temporis, se aplica respecto a la valoración de mercado de una operación entre sujetos vinculados siempre que esta operación se halle suficientemente acreditada, por lo que no cabe aplicar presunciones sobre la operación en sí misma.

Así lo entiende el Tribunal Supremo, en su sentencia de 31 de octubre de 2007. En principio, señala el Tribunal, el derecho a deducir las cuotas soportadas por el Impuesto alcanza a los que tienen la condición de empresarios o profesionales, y desde luego, según el art.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 6 de julio de 2007, clarifica por fin la tan traída y llevada cuestión de si el cumplimiento de las obligaciones formales a la hora de realizar la renuncia al régimen de estimación objetiva por signos, índices o módulos es determinante o no de la aplicación del régimen frente al régimen de estimación directa. Señala el Tribunal que no parece lógico ni adecuado con las exigencias que, con respecto a los regímenes de determinación indiciaria de la base imponible, parecen derivarse de nuestra Constitución (art.

Así se expresa la sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de julio de 2007, en el marco del IRPF, en concreto de los rendimientos del capital mobiliario derivados de la cesión a terceros de capitales propios en especie.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 17 de abril de 2007, analiza esta cuestión.

Podemos ver esta solución en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 2 de abril de 2007. Se analiza en este caso la procedencia de la deducción de un IVA soportado a falta de la factura original expedida por quien realizó la entrega de bienes: Los recurrentes adquirieron a una entidad mediante escritura pública un solar y una nave en construcción cuyas obras de finalización se contrataron con otra empresa.

Así se manifiesta la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Central, de 3 de mayo de 2007. En el marco de un procedimiento de recaudación, pero en aplicación de los parámetros señalados por el art. 111 Ley 230/1963 (LGT), se perfila la trascendencia tributaria asociada a un determinado requerimiento de información, matizando qué debe entenderse por "necesaria vinculación de la información requerida con las relaciones económicas, profesionales, financieras... del requerido".

Finalmente, de las últimas resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central, destacamos la de 19 de abril de 2007, en la que se entiende que es procedente la revocación del NIF realizada por la AEAT, pues la sociedad no tenía actividad alguna (aunque declaró realizar una determinada), ni medios para desarrollarla, ya que estaba destinada sólo a ser vendida. La revocación del NIF no es una revocación regulada en el art.

En este sentido se pronuncia la sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de junio de 2007, en materia de sucesión de personas jurídicas. En el supuesto de autos, las actas fueron suscritas en conformidad por el representante de una sociedad desaparecida y dieron lugar a las liquidaciones y sanciones tributarias, por lo que el Tribunal entiende que son nulas por haberse entendido con una entidad inexistente, cuya personalidad jurídica ha desaparecido al tiempo de suscribirse las mismas en virtud de una operación societaria de fusión.