Jurisprudencia

Destacamos también la sentencia de la Audiencia Nacional, de 19 de julio de 2006, respecto de la aplicación de la fórmula de la prorrata en el Impuesto sobre el Valor Añadido a una entidad dedicada a la prestación de determinados servicios financieros a empresas del grupo y a terceros, así como a la realización de operaciones de compra y venta con las participaciones en las mismas.

Igualmente, hacemos referencia a la sentencia de la Audiencia Nacional, de 5 de julio de 2006, en materia de devoluciones a no establecidos también en el Impuesto sobre el Valor Añadido, que en el supuesto del impuesto soportado por una entidad no establecida con NIF-IVA alemán que, posteriormente, una vez solicitado el NIF en España para operar como no residente, solicita la devolución del IVA soportado con anterioridad, manifiesta que no puede alzarse como obstáculo para el ejercicio de su derecho a la devolución del IVA el hecho de q

Y curiosa nos parece la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de 15 de junio de 2006, sobre sociedades que ocultan su carencia de personalidad jurídica.

La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 12 de septiembre de 2006, sienta una importante doctrina a favor del libre establecimiento de las empresas en el seno de la Unión Europea, al establecer que los artículos 43 y 48 del Tratado CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la inclusión en la base imponible de una sociedad residente establecida en un Estado miembro de los beneficios obtenidos por una sociedad extranjera controlada por aquélla en otro Estado miembro cuando dichos beneficios estén sujetos en este último Estado a un nivel de tributa

Del Tribunal Supremo destacamos la sentencia de 19 de septiembre de 2006, que analiza la transmisión a diversas entidades financieras de un complejo urbanístico destinado a apartamentos turísticos, el cual en el mismo acto es objeto de arrendamiento financiero a favor de una entidad.

La sentencia de la Audiencia Nacional, de 29 de junio de 2006, comenta las consecuencias que actuaciones en relación a un tercero distinto del recurrente han podido tener de cara a la interrupción a la prescripción del derecho a determinar su deuda tributaria.

La sentencia de la Audiencia Nacional, de 13 de julio de 2006, afirma que los gastos de conservación y reparación que realice un sujeto pasivo del IRPF para destinar un inmueble al arrendamiento y que se recojan como condición para la plena validez y eficacia del contrato de arrendamiento, se considerarán como deducibles para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario por inmuebles arrendados, aunque el inmueble no se encuentre arrendado en el momento en que se incurra en los citados gastos.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 6 de octubre de 2006, se manifiesta en el sentido de que las condiciones para disfrutar de la reducción por adquisición de participaciones en entidades, establecidas en el art. 20.6 Ley 29/1987 (Ley ISD), que a su vez se refieren a lo dispuesto en el art. 4º.Octavo Ley 19/1991 (Ley IP), deben cumplirse en el ejercicio anterior a aquél en que se produce la donación de las participaciones (sentencia publicada en Normacef Fiscal, NFJ023544 y en la Revista de Contabilidad y Tributación del CEF, núm. 284, Noviembre 2006).

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13 de julio de 2006, señala, en materia de deducción por inversión en la adquisición de la vivienda habitual en el IRPF, que no puede considerarse que la constitución de unos depósitos financieros de renovación trimestral en la misma entidad de crédito en la que los sujetos pasivos eran titulares de las cuentas inicialmente destinadas a la adquisición de su vivienda habitual, a los que traspasaron sus fondos con el objeto de obtener una mejor rentabilidad, suponga que esas cantidades se destinan a fines diferentes de la adqu

Destacamos la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 7 de septiembre de 2006, que señala que la Directiva 69/335/CEE del Consejo, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, en su versión modificada, no se opone a una normativa nacional que establece que por el otorgamiento de una escritura pública en la que se hace constar una cesión de participaciones sociales que no está relacionada con un aumento del capital social se perciban derechos notariales fijados a tanto alzado y/o en función del valor de las p