Jurisprudencia

El Tribunal Supremo, en la sentencia de 1 de abril de 2015, siguiendo el criterio sostenido por la Audiencia Nacional en la sentencia recurrida, confirma la no conformidad a Derecho de la revocación  de la declaración de utilidad pública a una asociación, ya que no es una razón válida el hecho de realizar trabajos con carácter oneroso.

En primer lugar, el Tribunal Supremo entiende que la Audiencia Nacional en su sentencia de 20 de junio de 2012, ha razonado de forma correcta y suficiente  las razones que le han llevado a la conclusión anterior y que el Tribunal comparte.  La Sala de instancia considera que la Administración no ha acreditado ni cambio de circunstancias, ni que los servicios prestados con carácter oneroso no se dirijan a beneficiar a una colectividad genérica de personas y considera al informe de la Agencia Tributaria genérico y sin datos concretos; asimismo también valora expresamente la falta de relevancia como justificación de la revocación de la participación en una UTE.

• El incidente de ejecución no es un canal válido para la revisión de la prueba
• El IVA de las obras que hay que realizar en un bien como condición para permutarlo es deducible
• Las valoraciones de la Administración le vinculan aun habiéndose solicitado con posterioridad al devengo pero dentro del plazo de autoliquidación del impuesto 
• Primacía del Derecho Comunitario y de equivalencia: retroactividad 
• El acta en conformidad del IS prueba que las fincas vendidas por la entidad forman parte de su inmovilizado y por tanto no están sujetas en el IAE 
• La Administración no puede pedir sucesivas rectificaciones cuantitativas de los avales más allá de los siempre admisibles supuestos de errores aritméticos o materiales
• Si el vendedor del terreno se reserva el derecho a sub-edificar, la base imponible del IIVTNU no será el valor catastral total del terreno sino el proporcional a la cuota del derecho transmitido 
• Sólo tienen la condición de sustitutos en el ICIO quienes no siendo contribuyentes soliciten las licencias, o realicen las construcciones si no se haya solicitado licencia
• La venta de una plaza de garaje no impide la aplicación de la reducción en el ISD al resto de la vivienda del causante 
• No procede el recargo por declaración extemporánea cuando el sujeto pasivo se ajusta al criterio de la Inspección 
• Excluidos los beneficios fiscales en una segunda donación, a la tercera donación que se produzca en el plazo de diez años sí le resultarán aplicables
• Un Juzgado de San Sebastián plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto a la regulación foral y estatal de la plusvalía municipal

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 9 de julio de 2015, contiene un excelente análisis de lo que en el ámbito del Derecho de la Unión representan los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.

En lo que tiene que ver con el principio de seguridad jurídica, nada nuevo en cuanto a su definición que, a la postre, supone que la legislación europea debe ser precisa y su aplicación previsible para los justiciables.

La peculiaridad deriva de si el principio puede verse vulnerado por el hecho de que la normativa de la Unión reguladora de una determinada figura impositiva, así como la jurisprudencia comunitaria al respecto, no hayan sido traducidas al idioma del Estado en que pretende aplicarse.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en sentencia de 13 de marzo de 2015, declara que el reembolso del coste del aval bancario como garantía para la suspensión de la liquidación, no abarca el devengado hasta su devolución cuando, habiendo sido la resolución administrativa estimatoria parcial, el contribuyente no pidió la reducción proporcional de la garantía hasta, como en este caso, la vía de apremio.

El Tribunal Supremo en esta sentencia de 15 junio de 2015, unifica la doctrina sobre las consecuencias procesales de la no ampliación del recurso contencioso-administrativo a resoluciones expresas que son sólo parcialmente desestimatorias y, por tanto, no plenamente coincidentes con el sentido y alcance del silencio administrativo negativo, haciendo un  estudio detallado de la evolución normativa reguladora del silencio administrativo e interpretando la regulación actual.

• Las distribuidoras de electricidad que facturan con tarifa de acceso prestan un servicio de transporte, luego su domicilio fiscal lo determina la Administración competente y no la localización de la red
• El régimen de módulos no es el salvoconducto para justificar ganancias de patrimonio
• Ante el requerimiento de la Inspección a una auditora de la documentación de un obligado tributario no puede oponerse el secreto profesional
• Exigir la vinculación exclusiva de los gastos por suministro a la actividad para su deducibilidad supone ir más allá de la norma
• Si las costas constituyen la retribución del letrado, su aprobación constituye el hecho imponible sujeto al IVA

El de los actos propios es un principio que los contribuyentes raramente tienen la oportunidad de ver aplicado en su interés. Es por ello que, cuando así es, no se puede menos que comentar y hacer lo más público y notorio que sea posible.

En esta ocasión los méritos son para la sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de junio de 2015, que, en el entorno de un recurso contra la denegación a una sociedad de la deducción por reinversión derivada de la transmisión de un determinado elemento patrimonial, fundamentado entre otros parámetros en que con anterioridad se había reconocido al contribuyente el beneficio fiscal respecto de elementos patrimoniales semejantes, el Tribunal Supremo tiene la ocasión de aplicar la doctrina de los actos propios.

La sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2015, que acaba de publicarse, ha añadido un plus al concepto jurisprudencial de la doctrina del tiro único, señalando ex novo cuál debe ser el procedimiento a seguir en el supuesto en que, dictada una nueva liquidación por parte de la Administración tributaria, el obligado tributario no está de acuerdo con la misma o con alguna cuestión derivada de su ejecución.

La cuestión es, por tanto, la de si se debe proceder a la apertura de un nuevo procedimiento económico-administrativo, que puede derivar en un nuevo procedimiento contencioso de no solventarse el litigio, o si el conflicto debe solucionarse en sede jurisdiccional, en el entorno de la ejecución de la sentencia que ha dado lugar a la nueva liquidación.

Esa es la clara conclusión a que llega la sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de junio de 2015, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, que analiza en recurso la sentencia del Tribunal de Justicia del Principado de Asturias, de 27 de enero de 2014, rompedora en cuanto a su planteamiento -finalmente considerado desacertado, por lo cual resulta anulada por la del Tribunal Supremo-, que consideraba que las operaciones internas no debían ser tenidas en cuenta a estos efectos. Se trata ésta de una de las escasas sentencias que ha tenido ocasión de pronunciar el Tribunal Supremo sobre este régimen especial del Impuesto sobre Sociedades.

En el caso que se somete a consideración del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en sentencia de 31 de marzo de 2015, nos encontramos ante una sociedad que fue incluida correctamente en el sistema de notificación obligatoria a través de dirección electrónica habilitada, sin que su administrador y socio único realizara las actuaciones precisas para que ella tuviera su propio certificado electrónico -requisito imprescindible para poder entrar en la dirección electrónica que le fue asignada para notificaciones-, en la creencia, errónea, de que las mismas se cursarían a través del certificado electrónico que disponía como persona física, en su condición de administrador concursal de numerosas sociedades, y en el que recibía habitualmente las notificaciones de la Administración tributaria dirigidas a las mercantiles en concurso, entre ellas el sujeto pasivo.