Jurisprudencia

Dos sentencias estiman la pretensión de dichas empresas y suspende cautelarmente el gravamen girado por la Junta de Finances de Cataluña en 2013

El Tribunal Supremo ha suspendido la liquidación a “El Corte Inglés” e “Hipercor” de 3 millones de euros del impuesto sobre Grandes Superficies Comerciales (IGEC) correspondientes a tres centros comerciales de Cataluña. El alto tribunal, en dos sentencias, estima la pretensión de dichas empresas y suspende cautelarmente el gravamen girado por la Junta de Finances de Cataluña en 2013, previa prestación de oportuna garantía por los importes correspondientes por parte de los recurrentes. El motivo de que el Supremo acceda a la suspensión cautelar reclamada, en contra de lo que decidió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es la denominada “apariencia de buen derecho” de la reclamación de dichas empresas, basada en comunicaciones del año 2014 a España por parte de la Comisión Europea y la Dirección General de Fiscalidad de la UE calificando dicho impuesto de grandes superficies como incompatible con el ordenamiento europeo.

• La explotación efectiva de los bienes inmuebles en que está invertido el capital de los fondos de inversión no disfruta de exención en el IVA
• La información económica y financiera asociada a la concesión de un préstamo tiene la suficiente trascendencia tributaria como para poder ser requerida
• Debe aplicarse un criterio proporcional para determinar el incremento neto de beneficios no distribuidos a efectos del cálculo de la deducción por doble imposición de plusvalías 
• La liquidación por la que se rechaza la aplicación del régimen de sociedades patrimoniales ha de contener el cálculo y la valoración del activo y de los bienes no afectos
• No hay responsabilidad solidaria ni ánimo de ocultación cuando la adquisición de los bienes se produce antes del devengo de la deuda tributaria 
• La aportación de pruebas concluido el trámite de audiencia afecta al procedimiento de gestión o inspección, pero no al del recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa
• No procede la devolución de las cuotas soportadas del IVMDH si no se acreditan
• La comunicación del nuevo domicilio a través del Registro Público de Juntas de Compensación conlleva la anulación del apremio por falta de notificación en el domicilio señalado
• El Impuesto andaluz sobre emisión de gases a la atmósfera no limita el régimen de asignación de derechos de emisión
• La adquisición de un inmueble por usucapión no conlleva un reconocimiento de dominio y por tanto no está sujeta a ITP y AJD

Este es el titular con que se puede resumir la sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de noviembre de 2015.

Los hechos enjuiciados en esta ocasión hay que situarlos inicialmente en la vía económico-administrativa, donde la sociedad recurrente solicitó la suspensión de la ejecución de varias liquidaciones por el Impuesto de Sociedades en tanto no se resolviera la reclamación económico-administrativa que interpuso contra ellas, debido a la enorme desproporción existente entre la deuda tributaria reclamada y el patrimonio realizable de la compañía en ese momento, solicitud que le fue negada, contra lo que interpuso el correspondiente recurso contencioso-administrativo.

La Sala III del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del ayuntamiento de La Coruña que pretendía cobrar el IBI por un local arrendado por la Fundación Pedro Barrié de la Maza Conde de Fenosa al Banco Pastor, y ratifica la decisión del TSX de Galicia de anular de las liquidaciones por dicho impuesto de los años 2011 y 2012.

El Supremo recuerda que el artículo 15.1 de la Ley 49/2002, que regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, señala:”Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades”.

Ese es el matiz a tener en cuenta según la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de noviembre de 2015, dictada en recurso de amparo, que declara nula una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la que se solicitaba el reconocimiento de la ilegalidad sobrevenida de la regulación del Impuesto sobre el Patrimonio en el territorio histórico de Guipúzcoa, que mantuvo aún su aplicación durante el ejercicio de 2008, cuando los otros territorios forales ya habían adoptado, por vía de urgencia, medidas equivalentes a la supresión del impuesto al objeto de acomodar sus ordenamientos a la eliminación del gravamen que ya se había producido en el territorio común.

Y es que, a raíz de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2010 (Modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial), la eventual declaración de inconstitucionalidad de las normas fiscales forales le corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional, de modo que desde su entrada en vigor corresponde a ese Tribunal no sólo el conocimiento de los recursos interpuestos contra ese tipo de normas de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, sino también resolver las cuestiones que se susciten con carácter prejudicial por los órganos jurisdiccionales respecto de la validez de las referidas disposiciones, cuando de ella dependa el fallo del litigio principal –en este último supuesto es en el que nos situamos en este comentario-.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede en Granada), en su sentencia de 21 de septiembre de 2015 sostiene que no  habiéndose completado la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de manera total de la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, esto no significa que la labor del legislador pueda ser sustituida por los órganos jurisdiccionales concluyendo que la exigencia de la prestación compensatoria como del ICIO no sean transparentes y proporcionales a los costes, ya que la primera, como prestación patrimonial pública, y el segundo, como impuesto, responde a las exigencias del mandato del art. 31 de la Constitución, correspondiendo al legislador determinar sí en el mandato de dicha Directiva se debe de incluir en el ordenamiento interno alguna modificación en ese sentido.

La Sala declara la improcedencia del cauce seguido por el Ayuntamiento para girar la liquidación impugnada, en la que la base imponible tomada en la liquidación definitiva incluye el importe de los aerogeneradores y de la torre de medición del parque eólico que habían sido excluidos en la liquidación provisional girada años antes, en sintonía con la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2010, recurso n.º 22/2009, aspecto que no se cuestionó en el escrito de demanda.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana  en su sentencia de 20 de julio de 2015 estima que no procede el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad ya que el hecho imponible del IIVTNU lo constituye el incremento de valor que experimentan los terrenos urbanos, el cual se pone de manifiesto como consecuencia de la transmisión, por lo que si la transmisión no pone de manifiesto ningún incremento de valor, la falta de hecho imponible impedirá cualquier determinación de la base. La plusvalía, aunque no grave una manifestación de capacidad económica, no por ello es inconstitucional.

La Sala reconoce que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Donostia (Vid., Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Donostia-San Sebastián, de 5 de febrero de 2015, recurso n.º 245/2014) ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad de los 4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989 de Gipuzkoa (IIVTNU) y de los arts. 107 y 110.4 del RDLeg. 2/2004 (TR LHL) por posible infracción del principio de capacidad contributiva del art. 31 de la CE e infracción del art. 24 CE al proscribir la norma cualquier género de prueba en contrario y el TC ha admitido a trámite dicho planteamiento, sin embargo el mismo no es completamente compartido por esta Sala.

• Los informes que pueden acompañar el expediente administrativo al ser remitido al juzgador no pueden cambiar el contenido del procedimiento y dejar indefenso al administrado
• La amortización de inmovilizado material solo puede producirse cuando el activo está en condiciones de funcionamiento, lo que excluye el periodo de prueba
• El escrito de conclusiones es un canal válido para que el responsable pueda desistir de la acción para que se le permita prestar su conformidad con la sanción
• La declaración censal de alta no implica necesariamente el efectivo inicio de las actividades económicas, a efectos del IAE
• La fecha de la escritura de obra nueva determinará la antigüedad de la finca en cuanto a la aplicación del coeficiente H en el IBI
• La actividad de puesta a disposición de espacios equipados de trabajo se clasifica en el Epígrafe 849.7, "Servicios de gestión administrativa"
• A efectos del IAE de un parque de atracciones debe computarse la superficie destinada a jardines, lagos, viales y no solo la superficie en la que las atracciones se ubican 

La Audiencia Nacional en su sentencia de 15 de octubre de 2015, afirma que las devoluciones causadas por la aplicación de una disposición contraria al Derecho Europeo, declarada así por sentencia del TJUE tienen el mismo tratamiento que las motivadas por la inconstitucionalidad de las normas legales, por lo que su devengo se produce cuando se efectuó el ingreso indebido.

La devolución de ingresos en concepto de IVA por aplicación sentencia del TJUE de 6 octubre de 2005, asunto C-204/03, , sobre inclusión de las subvenciones en el cálculo de la prorrata,tiene el tratamiento jurídico de los casos de inconstitucionalidad de las normas legales, por lo que su devengo tiene lugar en el momento en que se efectuó el ingreso indebido, ejercicio que se encuentra prescrito.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 1 octubre de 2015, responde a una cuestión prejudicial planteada sobre la interpretación que debe darse a los artículos 10, 11 y 13 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos) en el sentido de si permiten a la Administración pública de un Estado miembro -tributaria en el supuesto analizado- transmitir datos personales a otra Administración pública –de naturaleza prestacional- y el subsiguiente tratamiento de esos datos, sin que los interesados hayan sido informados de esa transmisión ni de ese tratamiento.