Doctrina Administrativa

El gestor o property manager no es intermediario sino cedente y no se encuentra en el ámbito de aplicación personal de la obligación informativa 

Dejando a un lado las consultas de octubre de 2018, la Dirección General de Tributos, se abre paso y publica adelantadamente su consulta de 28 de noviembre de 2018, sobre las obligaciones de los subarrendatarios de viviendas cedidas con fines turísticos, respecto de la obligación de informar sobre la cesión del uso de estas viviendas, que se materializa sobre el modelo 179.

Efectivamente, es conforme a derecho la utilización del procedimiento de comprobación limitada aunque su único objeto sea la comprobación de valor.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 10 de diciembre de 2018, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, resuelve que es conforme a derecho la utilización del procedimiento de comprobación limitada aunque su único objeto sea la comprobación de valor, particularmente cuando en la comprobación del hecho imponible se estime que pudiera derivarse alguna cuestión de naturaleza distinta de la mera comprobación del valor declarado.

• No cabe fundamentar el recurso extraordinario de revisión en la aparición de documentos de valor esencial, cuando estos han sido elaborados a petición de parte
• Cuando la trascendencia tributaria de un requerimiento de información no resulta ostensiblemente del expediente es exigible que en él conste su justificación expresa
• Plazo para que sea admitida la dotación de la reserva para inversiones en Canarias (RIC)
• En una regularización por IVA a la importación, cuando el obligado tributario no está establecido, no cabe la aplicación del principio de regularización íntegra
• La entrega de puntos en campañas de fidelización de clientes y el principio de íntegra regularización
• Consecuencias de la falta de notificación de la ampliación del plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador
• Responsabilidad de la infracción administrativa de contrabando del titular del establecimiento
• Presunción de certeza de los dictámenes emitidos por los Laboratorios de Aduanas e Impuestos Especiales

• Aparcamientos para residentes: fecha en la que se producen los efectos de la alteración catastral de la titularidad
• Provisiones para insolvencias: no haber acreditado la insolvencia no puede erigirse como motivo para denegar el cómputo de la pérdida
• La suspensión del plazo de prescripción no se perjudica por el exceso del plazo máximo de duración de las actuaciones cuando estas han regresado a la Administración tras la finalización de la vía penal
  
• Los anticipos de salario solicitados por el empleado para necesidades urgentes constituyen rentas en especie
• Cómo el IIVTNU pendiente de liquidar por el ayuntamiento en la venta de inmuebles incide en la declaración de IRPF
• La obligación de presentar el modelo 720 nace tanto de la titularidad real como de la formal sobre los bienes y derechos situados en el extranjero
• La declaración extemporánea no es vehículo apto para la compensación de bases imponibles negativas
• La DGT no descarta la posibilidad de aplicar la exención del art. 7.p) Ley IRPF a los rendimientos obtenidos por la formación en el extranjero con cargo a una futura prestación de servicios en una empresa española
• El préstamo de valores a corto plazo no genera obligación de presentar el modelo 720
• La DGT acoge el nuevo criterio adoptado por el TEAC respecto a la exención de los intereses indemnizatorios

La mera existencia de otras deudas en vía ejecutiva no determina por sí sola que las dificultades económicas sean de carácter estructural.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 30 de octubre de 2018, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, resuelve la cuestión relativa a si la denegación de las solicitudes de aplazamientos/fraccionamientos de pago por la razón de encontrarse el deudor en una situación económico-financiera de carácter estructural puede fundamentarse exclusivamente en el mantenimiento por parte del deudor de otras deudas en vía ejecutiva.

Ello no es obstáculo para que el perceptor pueda aportar voluntariamente la justificación de los mismos si dispusiera de ella

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 6 de noviembre de 2018, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, resuelve la cuestión relativa a si la carga de la prueba sobre la exoneración de gravamen de las cantidades percibidas en concepto de dietas corresponde al pagador de las mismas o si, por el contrario,  corresponde al obligado tributario perceptor de las retribuciones.

• No cabe la aplicación del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones a la Declaración Tributaria Especial
• Fecha en que se entiende materializada la inversión consistente en la compra de títulos en virtud de una operación societaria
• Estando suspendida la ejecución del acto consecuencia de la solicitud realizada en el seno de un procedimiento de revisión, no es posible la adopción de medidas cautelares
• Procedencia del procedimiento de verificación de datos para regularizar la deuda aduanera después de haberse practicado liquidación inicial con la presentación de la declaración aduanera
• No están exentos los servicios prestados por un pretendido mediador que no se percibe como tal por las partes
• Deducibilidad de las cuotas soportadas en la adquisición de bienes y servicios destinados a su utilización en proyectos de investigación básica
• ¿Está exento el ejercicio de actividades comerciales de transporte remunerado de pasajeros modalidad chárter?
• Declaraciones de consumidor final del Impuesto sobre Hidrocarburos
• ¿Puede el emisor de una factura simplificada completar los datos de forma manual después de haber sido impresa?
• Efectos tributarios de vender la vivienda por tu cuenta, aun habiendo firmado un contrato de exclusividad con una inmobiliaria

La DGT reitera el carácter vinculante de las consultas tributarias para las Entidades Locales esa la vez que establece la total independencia entre la exención rogada y bonificación potestativa aplicable a los bienes inmuebles de las Universidades

La DGT en dos consultas de 17 de septiembre, V2501/2018 y V2502/2018 la DGT concluye que  la contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración tributaria de las Entidades Locales encargados de la aplicación de los tributos, pues aunque los efectos vinculantes de la contestación a las consultas tributarias se circunscriben a la persona del consultante, respecto al resto de obligados tributarios, los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos deberán aplicar los criterios expresados en dicha contestación siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias.

Ambas consultas abordan la independencia entre de la exención del IBI de los bienes inmuebles afectos al cumplimiento de los fines de las Universidades públicas y la bonificación potestativa en cuota íntegra introducida por la Ley Orgánica 4/2007, que se refiere a todos los inmuebles y a todos los centros de enseñanza universitaria.

Y queda limitado, desde él, a los parientes que se señalan -cónyuge, ascendientes, descendientes y colaterales de segundo grado-. 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 16 de octubre de 2018, resuelve que, a efectos del ISD, y más concretamente, de la reducción prevista en el art. 20.2.c) Ley 29/1987 (Ley ISD) -empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades, a los que sea de aplicación la exención regulada en el art. 4.Ocho de la Ley 19/1991 (Ley IP), o el valor de derechos de usufructo sobre los mismos-, debe referirse concretamente a la persona del causante, quedando limitado, desde él, a los parientes que se señalan -cónyuge, ascendientes, descendientes y colaterales de segundo grado-, por lo que, si las condiciones se dan sólo en la persona de un sobrino -colateral de tercer grado- del fallecido, no existirá el derecho a la reducción sobre las acciones de éste transmitidas en su herencia.

El Tribunal Central, modificando el criterio mantenido hasta la fecha considera que la suspensión cautelar debe mantenerse hasta la resolución del incidente por el Tribunal Económico-Administrativo competente. 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 27 de septiembre de 2018, resuelve que, habiéndose solicitado la suspensión de una deuda en período voluntario de pago con prestación de garantías distintas a las previstas en el art. 233.2 de la Ley 58/2003 (LGT), la presentación de esta solicitud suspende cautelarmente el procedimiento de recaudación en virtud del art. 44.1 del RD 520/2005 (Rgto. de revisión en vía administrativa), la cual debe mantenerse hasta la resolución del incidente de suspensión por el Tribunal Económico-Administrativo competente, sin que la AEAT pueda emitir la providencia de apremio respecto de esta deuda con anterioridad al pronunciamiento del Tribunal Regional.