Doctrina Administrativa

La mera existencia de otras deudas en vía ejecutiva no determina por sí sola que las dificultades económicas sean de carácter estructural.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 30 de octubre de 2018, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, resuelve la cuestión relativa a si la denegación de las solicitudes de aplazamientos/fraccionamientos de pago por la razón de encontrarse el deudor en una situación económico-financiera de carácter estructural puede fundamentarse exclusivamente en el mantenimiento por parte del deudor de otras deudas en vía ejecutiva.

Ello no es obstáculo para que el perceptor pueda aportar voluntariamente la justificación de los mismos si dispusiera de ella

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 6 de noviembre de 2018, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, resuelve la cuestión relativa a si la carga de la prueba sobre la exoneración de gravamen de las cantidades percibidas en concepto de dietas corresponde al pagador de las mismas o si, por el contrario,  corresponde al obligado tributario perceptor de las retribuciones.

• No cabe la aplicación del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones a la Declaración Tributaria Especial
• Fecha en que se entiende materializada la inversión consistente en la compra de títulos en virtud de una operación societaria
• Estando suspendida la ejecución del acto consecuencia de la solicitud realizada en el seno de un procedimiento de revisión, no es posible la adopción de medidas cautelares
• Procedencia del procedimiento de verificación de datos para regularizar la deuda aduanera después de haberse practicado liquidación inicial con la presentación de la declaración aduanera
• No están exentos los servicios prestados por un pretendido mediador que no se percibe como tal por las partes
• Deducibilidad de las cuotas soportadas en la adquisición de bienes y servicios destinados a su utilización en proyectos de investigación básica
• ¿Está exento el ejercicio de actividades comerciales de transporte remunerado de pasajeros modalidad chárter?
• Declaraciones de consumidor final del Impuesto sobre Hidrocarburos
• ¿Puede el emisor de una factura simplificada completar los datos de forma manual después de haber sido impresa?
• Efectos tributarios de vender la vivienda por tu cuenta, aun habiendo firmado un contrato de exclusividad con una inmobiliaria

La DGT reitera el carácter vinculante de las consultas tributarias para las Entidades Locales esa la vez que establece la total independencia entre la exención rogada y bonificación potestativa aplicable a los bienes inmuebles de las Universidades

La DGT en dos consultas de 17 de septiembre, V2501/2018 y V2502/2018 la DGT concluye que  la contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración tributaria de las Entidades Locales encargados de la aplicación de los tributos, pues aunque los efectos vinculantes de la contestación a las consultas tributarias se circunscriben a la persona del consultante, respecto al resto de obligados tributarios, los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos deberán aplicar los criterios expresados en dicha contestación siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias.

Ambas consultas abordan la independencia entre de la exención del IBI de los bienes inmuebles afectos al cumplimiento de los fines de las Universidades públicas y la bonificación potestativa en cuota íntegra introducida por la Ley Orgánica 4/2007, que se refiere a todos los inmuebles y a todos los centros de enseñanza universitaria.

Y queda limitado, desde él, a los parientes que se señalan -cónyuge, ascendientes, descendientes y colaterales de segundo grado-. 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 16 de octubre de 2018, resuelve que, a efectos del ISD, y más concretamente, de la reducción prevista en el art. 20.2.c) Ley 29/1987 (Ley ISD) -empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades, a los que sea de aplicación la exención regulada en el art. 4.Ocho de la Ley 19/1991 (Ley IP), o el valor de derechos de usufructo sobre los mismos-, debe referirse concretamente a la persona del causante, quedando limitado, desde él, a los parientes que se señalan -cónyuge, ascendientes, descendientes y colaterales de segundo grado-, por lo que, si las condiciones se dan sólo en la persona de un sobrino -colateral de tercer grado- del fallecido, no existirá el derecho a la reducción sobre las acciones de éste transmitidas en su herencia.

El Tribunal Central, modificando el criterio mantenido hasta la fecha considera que la suspensión cautelar debe mantenerse hasta la resolución del incidente por el Tribunal Económico-Administrativo competente. 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 27 de septiembre de 2018, resuelve que, habiéndose solicitado la suspensión de una deuda en período voluntario de pago con prestación de garantías distintas a las previstas en el art. 233.2 de la Ley 58/2003 (LGT), la presentación de esta solicitud suspende cautelarmente el procedimiento de recaudación en virtud del art. 44.1 del RD 520/2005 (Rgto. de revisión en vía administrativa), la cual debe mantenerse hasta la resolución del incidente de suspensión por el Tribunal Económico-Administrativo competente, sin que la AEAT pueda emitir la providencia de apremio respecto de esta deuda con anterioridad al pronunciamiento del Tribunal Regional.

Minimizar el riesgo por Brexit ante la incertidumbre causada sobre la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido es un motivo que puede considerarse económicamente válido a los efectos de aplicar el régimen especial del Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014

En la consulta V2253/2018 se considera motivo económico válido de una operación de fusión por absorción la minimización de los riesgos del Brexit. Un Grupo bancario internacional, cuya sociedad dominante es la entidad X, constituida de acuerdo con las leyes del Estado de Delaware, (Estados Unidos), realiza su actividad crediticia en Europa a través de diversas entidades de crédito reguladas establecidas en diferentes jurisdicciones, contando, cada una de ellas, con la correspondiente licencia bancaria y con las correspondientes autorizaciones regulatorias. La entidad X es una entidad cuyas acciones se encuentran admitidas a negociación en la Bolsa de Nueva York, que desarrolla, a través de sus filiales, la actividad crediticia y de servicios de inversión por todo el mundo. La entidad X es una entidad cuyas acciones se encuentran admitidas a negociación en la Bolsa de Nueva York, que desarrolla, a través de sus filiales, la actividad crediticia y de servicios de inversión por todo el mundo.

Con el objeto de minimizar el riesgo por el Brexit, el Grupo está estudiando un plan de contingencia, partes del cual necesitarán ser implementadas con anterioridad al Brexit, que se espera que tenga lugar el 29 de marzo de 2019.

• ISD: derecho de los no residentes a aplicar la normativa de la Comunidad Autónoma correspondiente o la Ley Estatal y plazo para cambiar de opción
• Bonificación prevista para las donaciones en la normativa autonómica de la Comunidad Valenciana: inconstitucionalidad del requisito de exigencia de residencia habitual
• Una entidad no puede negarse a asumir las consecuencias de una notificación hecha por un tercero de buena fe a quien aparece como representante en el Registro
• Deducción del 15% sobre los gastos de propaganda y publicidad: el plazo establecido para presentar la solicitud de aplicación del beneficio tiene consideración de esencial
  
• Cabe admitir pruebas en vía económico-administrativa no aportadas en el procedimiento, que acrediten sin mayor investigación, lo que en el procedimiento inspector no resultó acreditado
• La aplicación del régimen fiscal especial de diferimiento precisa del ejercicio de una opción que corresponde a la entidad adquirente que amplía capital
• Basta un intento de notificación del acuerdo del órgano competente ordenando completar actuaciones para que la propuesta de liquidación del acta de conformidad no se convierta en definitiva
• Parte de la vivienda habitual ganancial afecta a la actividad económica de uno de los cónyuges
• Exención por doble imposición de dividendos en IS: vale con que el tiempo de posesión de la participación se cumpla en el grupo
• Bonificación y penalización por el traspaso de un plan de pensiones a otra entidad bancaria

• No existe doble imposición entre el IPVEE y el IAE
• Devolución del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas: el mero incumplimiento de los requisitos formales no puede acarrear la pérdida automática de las ventajas fiscales
• Posibilidad de rectificar la cuota repercutida tras las actuaciones de la inspección
• El método de estimación por referencia a valores catastrales multiplicados por índices o coeficientes no es el idóneo, por su generalidad, para calcular el valor en impuestos como el ISD
• La determinación de la base imponible debe ir orientada a fijar el valor real del coste de la obra nueva declarada
• Determinación del patrimonio neto que constituye la base imponible del IP: deducción a tal efecto, en cuánto deuda, de la cuota del IRPF
• Cómputo de la dilación consistente en incomparecencia del obligado tributario
• Forma de aplicar la minusvalía latente de unas aportaciones financieras subordinadas adquiridas a una sociedad que pasa a estar en concurso
• Tributación de las indemnizaciones por despido de los trabajadores desplazados al extranjero
• El becario aunque se convierta en trabajador no puede acogerse al régimen de trabajadores desplazados del IRPF

Será el importe de esa valoración el que deba tenerse en cuenta para establecer el alcance que corresponda a la responsabilidad solidaria.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 27 de septiembre de 2018, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, resuelve la cuestión relativa a si en los casos en que la Administración tributaria haya aceptado la valoración dada por las partes a los bienes o derechos ocultados o transmitidos entre el deudor principal y el responsable solidario, será el importe de esa valoración el que deba tenerse en cuenta para establecer el alcance que corresponda a la responsabilidad solidaria del art. 42.2.a) de la Ley 58/2003 (LGT) que se declare.