Doctrina Administrativa

La Dirección General de Tributos confirma que un odontólogo puede aplicar la reducción por inicio de actividad en el IRPF, aunque ejerza en la misma clínica donde trabajó como empleado, siempre que no hubiera desarrollado una actividad económica el año anterior y sus ingresos procedan de sus propios pacientes y no de su antiguo empleador.

La Dirección General de Tributos analiza en la consulta tributaria V0761-26, de 6 de abril de 2026, la posibilidad de aplicar la reducción por inicio de actividad prevista en el art. 32.3 de la Ley del IRPF a un odontólogo que comenzó a ejercer por cuenta propia el 1 de enero de 2025.

Con anterioridad, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, el contribuyente había trabajado como empleado por cuenta ajena en una clínica dental cuyo titular era su padre. Una vez iniciada la actividad profesional, continúa desarrollándola en esas mismas instalaciones, aunque los ingresos que percibe proceden exclusivamente de los pacientes que atiende directamente y no de la clínica ni de su anterior empleador.

Todo ello, siempre que constituya la residencia efectiva y permanente del contribuyente y se acrediten los requisitos exigidos por la normativa tributaria.

La Dirección General de Tributos analiza en la consulta vinculante V0946-26, de 28 de abril de 2026, la posibilidad de que un inmueble catastralmente calificado como despacho pueda ser considerado vivienda habitual a efectos de aplicar la exención por reinversión prevista en el art. 38 de la Ley del IRPF.

La contribuyente expone que es titular de dicho inmueble, y que, aunque su calificación catastral es la de despacho, desde 2023 reside en él de forma permanente y continuada. La cuestión consiste en determinar si esta circunstancia permite atribuir al inmueble la consideración de vivienda habitual, requisito imprescindible para beneficiarse de la exención de la ganancia patrimonial derivada de su eventual transmisión cuando el importe obtenido se reinvierta en una nueva vivienda habitual.

El TEAC precisa que las deudas por retenciones liquidadas por la Administración Tributaria, tanto por retenciones no practicadas como por retenciones practicadas pero no ingresadas, no son susceptibles de aplazamiento o fraccionamiento conforme al art. 65.2.b) LGT.

El Tribunal Económico-Administrativo Central en su resolución RG 7731/2023, de 16 de junio de 2026, determina si una deuda por retenciones liquidada por la Administración Tributaria al retenedor puede ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento.

En primer lugar, los retenedores tienen la condición de obligados tributarios conforme al art. 35 LGT. Asimismo, el art. 37.2 establece que el retenedor es la persona o entidad obligada por la normativa tributaria a detraer e ingresar en la Administración Tributaria, con ocasión de los pagos que realiza a otros obligados tributarios, una parte de su importe a cuenta del tributo correspondiente al perceptor del rendimiento.

El TEAC considera que las primas del seguro de vida asociado al préstamo hipotecario constituyen un gasto de financiación deducible cuando existe una relación directa con la obtención de los rendimientos del alquiler.

La resolución RG 7082/2025, de 24 de junio de 2026 del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) aborda una cuestión que había generado distintos criterios interpretativos: determinar si las primas de un seguro de vida contratado en el marco de un préstamo hipotecario que grava un inmueble arrendado pueden deducirse en el IRPF como gasto al calcular el rendimiento neto del capital inmobiliario.

El supuesto analizado se refiere a aquellos casos en los que la contratación del seguro de vida forma parte de las condiciones del préstamo hipotecario o permite obtener una bonificación en el tipo de interés aplicado por la entidad financiera. La controversia consiste en determinar si dicho coste puede considerarse un gasto necesario para la obtención de los rendimientos del alquiler o, por el contrario, constituye un gasto personal no deducible.

La DGT confirma que las entidades patrimoniales pueden aplicar la reserva de capitalización y, si su cifra de negocios es inferior a un millón de euros, beneficiarse del límite del 25% en el IS, siempre que cumplan los requisitos del art. 25 de la LIS.

La sociedad contribuyente de la consulta de la DGT V0997-26, de 6 de mayo de 2026, es una sociedad patrimonial dedicada al arrendamiento de locales comerciales, sin personal contratado para su gestión. Se plantea si, no habiendo superado el millón de euros en el importe neto de su cifra de negocios en el ejercicio 2024, sería posible aplicar el límite del 25% en la aplicación de la reserva de capitalización en la liquidación del IS del ejercicio 2025?

El art. 25 LIS en su redacción actual permite aplicar una reducción de la base imponible del 20% del importe del incremento de los fondos propios existente en el período impositivo, en los términos y condiciones establecidos en dicho artículo.

Las retribuciones percibidas por un socio mayoritario y administrador no retribuido por realizar funciones distintas de las propias del cargo tienen la consideración de rendimientos del trabajo y están sujetas a la retención general prevista para estos rendimientos, no al tipo específico aplicable a las retribuciones de administradores.

El contribuyente de la consulta de la DGT V0977-26, de 4 de mayo de 2026, es administrador único de una sociedad limitada, con el 95% de participaciones. Está en el RETA y no percibe retribución por sus funciones de administrador. Adicionalmente cuando las necesidades lo requieren realiza labores de administrativo, de jefe de almacén y de reparto por las que percibe un salario mensual de parte de la sociedad. Se pregunta el tipo de retención aplicable a las labores realizadas para la sociedad que no correspondan a sus tareas de administrador.

Una vez determinada esta circunstancia, la DGT analiza las reglas de localización para determinar si finalmente las operaciones están o no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

La Dirección General de Tributos analiza en la consulta V0782-26, de 8 de abril de 2026, la tributación en el IVA de los servicios informáticos y de apoyo prestados por la sucursal española de una entidad bancaria establecida en Reino Unido a su casa central, que forma parte de un grupo de IVA en dicho país. Como punto de partida, recuerda que la sucursal puede tener la condición de empresario o profesional a efectos del impuesto cuando organiza medios materiales y humanos para desarrollar una actividad económica de forma continuada y a título oneroso, por lo que, con carácter general, las prestaciones de servicios que realice estarán sujetas al IVA cuando concurran los requisitos previstos en la Ley del Impuesto.

El TEAC declara que la acción para exigir la ejecución de una resolución económico-administrativa firme prescribe conforme al Código Civil y no a la LGT, al no constituir un nuevo acto administrativo ni una devolución de ingresos indebidos.

El TEAC en su resolución RG 1085-2023, de 19 de mayo de 2026, analiza el plazo de prescripción aplicable al derecho a exigir la ejecución de una resolución económico-administrativa firme que reconoce el derecho a una devolución. En particular, examina si dicha acción queda sometida al plazo de prescripción de cuatro años previsto en la LGT para las devoluciones tributarias o, por el contrario, al plazo de cinco años establecido en el CC para las acciones personales. Asimismo, aborda la naturaleza jurídica del acuerdo de ejecución dictado por la Administración y determina si este constituye un nuevo acto administrativo o la mera materialización de una resolución firme, fijando el criterio de que la ejecución de estas resoluciones se rige por el Derecho común y no por el régimen de prescripción tributario.

TEAC

• Invalidez del procedimiento de comprobación limitada por la falta de declaración expresa de caducidad del anterior procedimiento de control de presentación de declaraciones
• Cambio de criterio del TEAC sobre el embargo de cuentas bancarias con salarios o pensiones parcialmente inembargables e ingresos de distinta naturaleza
• La aplicación del régimen fiscal especial de entidades sin fines lucrativos no es automática y su necesaria solicitud por entidades no residentes no vulnera la libre circulación de capitales
• El TEAC refuerza el derecho de audiencia en caso de denegación de la solicitud de exención del IEDMT para vehículos destinados a actividades de alquiler

DGT

• Si durante el año una cuenta bancaria deja de estar situada en el extranjero porque pasa a estar vinculada a una sucursal en España, no se tiene que presentar el modelo 720 en ningún caso
• Las operaciones realizadas a través de sociedades no computan para determinar el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva en actividades desarrolladas a título personal
• Los socios de una entidad de nueva creación que desarrollaron previamente la misma actividad habiendo aplicado el tipo reducido del 15% del IS, pretenden aplicarlo de nuevo
• Las pérdidas por robo con violencia son deducibles en el IS siempre que se encuentren correctamente contabilizadas, justificadas y probadas
• La DGT respecto a descuentos anulados, autofacturas y repercusión tardía del IVA: criterios sobre regularización y derecho a deducción
• El impuesto de estancias turísticas se integra en la base imponible del IVA del servicio de alojamiento

La DGT aclara que el vencimiento anticipado de una compraventa a plazos por impago obliga a imputar toda la ganancia patrimonial al ejercicio de la transmisión y analiza el tratamiento fiscal de los créditos incobrables y su eventual cobro posterior.

La contribuyente de la consulta de la DGT V0914-26, de 24 de abril de 2026, transmitió un local comercial mediante un contrato de compraventa y posteriormente inició un procedimiento judicial de reclamación de cantidad. Se dictó un auto por el que se homologaba la transacción judicial acordada entre la contribuyente y el comprador demandado, quien se comprometía al pago de la cantidad adeudada mediante un primer pago y posteriores pagos mensuales. En el pacto se establecía que, si cualquiera de los importes no se transfería en el plazo señalado, se darían por vencidas todas las cantidades pendientes de abono, quedando facultada la contribuyente para ejecutar la totalidad de la cuantía pendiente.