Doctrina Administrativa

• Valoración de operaciones vinculadas: extensión de la revisión por los tribunales económico-administrativos 
• ¿Pueden los órganos económico-administrativos prescindir de valorar las pruebas indiciarias sostenidas por el órgano de recaudación para justificar el acuerdo de declaración de responsabilidad, alterando, en su lugar, el bien o derecho ocultado? 
• Transmisión de la participación en una Agrupación de Interés Económico (AIE): valor fiscal de la participación 
• Tributación de las donaciones o propinas en IVA e IS  
• Si los servicios propios de la industria hotelera que presta el arrendador están al margen del contrato de arrendamiento, de forma separada y voluntaria para el arrendatario, y con un precio independiente por cada uno de ellos el arrendamiento está exento
• La exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) de los vehículos para personas de movilidad reducida es rogada y carece de efecto retroactivo
• La DGT no permite deducir a una ingeniera en el IRPF el gasto de alquiler de una vivienda en el lugar donde desarrollará la actividad situado a 150 km de su domicilio
• En los procedimientos de ejecución hipotecaria la transmisión de la propiedad del inmueble que determina la obligación de pago del IBI se produce con el testimonio del Secretario Judicial comprensivo del auto de adjudicación
• Un farmacéutico que ya no ejerce esta actividad puede deducir en el IRPF como gastos de la misma las diferencias salariales que debe abonar a sus empleados
• El funcionario que aprueba una oposición y su puesto de trabajo exige movilidad geográfica puede incrementar el gasto deducible de los rendimientos del trabajo en el IRPF

• El TEAC cambia de criterio: la compensación de BIN´s de ejercicios anteriores es un verdadero derecho autónomo, no una opción tributaria 
• Responsabilidad solidaria de causantes o colaboradores en la realización de actos que dan lugar a una liquidación vinculada a delito 
• La Administración no puede iniciar el procedimiento de apremio estando pendiente de resolver la solicitud de aplazamiento, aunque ésta se hubiese presentado en periodo ejecutivo 
• Ejecución de resoluciones que ordenan la retroacción por vicios formales apreciados en el procedimiento sancionador: cómputo del plazo para ejecutar la resolución 
• Compatibilidad del desarrollo simultáneo de varios procedimientos de inspección respecto de todos los obligados tributarios que sean parte en una operación vinculada 
• Una reclamación interpuesta pretemporáneamente debe ser admitida si cuando se va a resolver la misma la propuesta ya se ha convertido en Acuerdo 
• Base de cálculo de las cantidades a deducir en concepto de amortización cuando la adquisición se ha producido por herencia o a título gratuito 
• Actuaciones inspectoras: consecuencias de la falta de autorización de la entrada en el domicilio del obligado 
• Virtualidad interruptiva de las actuaciones efectuadas por el IRPF respecto del plazo de prescripción para la presentación del modelo 210 con resultado a devolver 
• El incumplimiento parcial de la obligación de mantener la adquisición en el ISD no solo afecta a quien lo incumple 

La DGT se pronuncia sobre los efectos de la inconstitucionalidad de la regulación anterior de del IIVTNU (plusvalía) declarada en la STC 182/2021 de 26 de octubre de 2021 y la aplicación del RDL 26/2021 por el que se adapta el TRLHL a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

En tres nuevas consultas de la Dirección General de Tributos del mes de junio se aclaran determinadas cuestiones sobre la plusvalía (IIVTNU). En la primera de estas resoluciones la DGT se pronuncia sobre los efectos de la inconstitucionalidad de la regulación anterior de este impuesto declarada en la STC 182/2021 de 26 de octubre de 2021, cuestión de inconstitucionalidad n.º 4433/2020 (NCJ065794), así como la aplicación del RDL 26/2021 por el que se adapta el TRLHL a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en un caso en el que habiéndose presentado en mayo de 2021 la documentación de la plusvalía por herencia al Ayuntamiento, a fecha de 13 de febrero de 2022 aún no ha recibido la orden de pago del mencionado impuesto. En la segunda de ellas se analizan nuevamente los efectos de esta declaración de inconstitucionalidad en un caso de constitución o transmisión de derechos reales limitativos del dominio sobre un inmueble.

En la última se aclara cuál es el valor de adquisición y el valor de transmisión en una operación a título lucrativo.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 206.bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 194.6 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, se procede a publicar copia del informe de la Comisión Consultiva sobre conflicto en la aplicación de la norma tributaria relativo al contribuyente "PQ HOLDING".

A efectos de lo dispuesto en el artículo 206.bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 194.6 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, se procede a publicar copia del informe de la Comisión consultiva sobre conflicto en la aplicación de la norma relativo al contribuyente "M CORPORATION".

• ¿Están exentas las comisiones recibidas por la entrega y mantenimiento de tarjetas VIA-T?
• Consecuencias de la errónea consignación por el interesado del período al que se refiere la solicitud de devolución a no establecidos
• Responsabilidad solidaria realizada al amparo de la Ley de Uniones Temporales de Empresas -UTES-
• Acuerdo de prórroga de medidas cautelares: cómputo del plazo de la ampliación
• Fecha de referencia para determinar el régimen jurídico aplicable a la potestad de comprobación de la Administración sobre ejercicios prescritos
• Prescripción del derecho a obtener la devolución solicitada por procedimiento iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos
• La DGT asume el criterio del TS sobre la no sujeción en IRPF de los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria en caso de devolución de ingresos indebidos
• Remuneración percibida por el trabajo prestado de forma presencial en un país extranjero en combinación con el trabajo prestado en remoto desde España para la misma empresa
• No se aplica la prescripción en caso de la regla especial de imputación temporal de los atrasos en IRPF
• ¿Cómo tributa el arrendamiento de pequeños huertos destinados al autoconsumo?

Aunque el nuevo art. 104.5 TRLHL, no lo prevé expresamente en el caso tipo de la actividad de una empresa dedicada a la actividad de construcción y promoción inmobiliaria habrá que calcular la proporción que represente en la fecha de devengo del IIVTNU (fecha de la transmisión) el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total de la vivienda, aplicar esta proporción al valor de transmisión consignado en el título que documente la transmisión y comparar este "valor de transmisión del terreno" con el "valor de adquisición del terreno de la vivienda".

En la consulta DGT V0983/2022, de 4 de mayo de 2022, se aclara la aplicación del art.104.5 TRLRHL añadido por el RDLey 26/2021 que adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la STC 182/2021, de 26 de octubre de 2021, cuestión de inconstitucionalidad n.º 4433/2020, y, por remisión, del art. 107.5 del mismo texto legal, al caso tipo de la actividad de una empresa dedicada a la actividad de construcción y promoción inmobiliaria.

En estos casos se adquiere una parcela de terreno urbano y sobre la misma se construyen una o varias edificaciones, procediendo, en su caso, a la división horizontal del edificio y la posterior enajenación de los inmuebles resultantes de dicha división (viviendas, locales comerciales, plazas de garaje, trasteros, etc.), resulta que, cuando se transmita uno de los inmuebles resultantes, por ejemplo, una vivienda, habrá que calcular la proporción que represente en la fecha de devengo del IIVTNU (fecha de la transmisión) el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total de la vivienda, aplicar esta proporción al valor de transmisión consignado en el título que documente la transmisión y comparar este "valor de transmisión del terreno" con el "valor de adquisición del terreno de la vivienda".

• Límite de la obligación de declarar en el IRPF cuando se percibe como única renta una pensión procedente de otro país
• El procedimiento de reclamación económico-administrativa contra los actos de repercusión obliga a la existencia de controversia entre las partes
• Con ocasión de la impugnación de la exigencia de reducción de una sanción ¿cabe la revisión de la conformidad a derecho de la sanción misma?
• Posibilidad de negar la intencionalidad del responsable en la ocultación por el mero hecho de que la misma se viniera realizando desde tiempo atrás y fuera conocida por la Administración
• La omisión del trámite de audiencia cuando procede su ofrecimiento ¿Abre la vía para la interposición del recurso de anulación?
• La prejudicialidad penal no opera frente a actuaciones de la Administración salvo que se denuncien delitos contra la Hacienda Pública
• Acuerdo de prórroga de medidas cautelares: cómputo del plazo de la ampliación
• Exigibilidad de la deuda del IIVTNU (plusvalía) cuyo pago se hallaba fraccionado en el momento en que se dictó al STC 182/2021, pues no es susceptible de revisión con fundamento en esa sentencia
• Gastos de manutención de un abogado: requisito de correlación con la actividad, gasto realizado en un día laborable y prueba del medio electrónico de pago
• La rúbrica de las oficinas de farmacia excluye la facultad de que su personal realice análisis clínicos, por lo que si realizan test de antígenos del COVID-19, sus farmacéuticos deberán darse de alta en el Grupo 835 de la Secc. 2.ª de las Tarifas del IAE

Con el comienzo de la campaña del Impuesto sobre Sociedades la DGT ha adelantado dos consultas relativas a la aplicación de las deducciones por creación de empleo para personas con discapacidad y por la inversión en investigación, desarrollo e innovación.

Las dos consultas cuentan con un nexo común, pues en ambas se plantea la modificación de la autoliquidación de un ejercicio previo para tener acceso a la deducción. Este planteamiento debe confrontarse con doctrina reiterada del TEAC que considera improcedente la rectificación de ejercicios no prescritos para incluir una deducción por doble imposición internacional generada en un ejercicio prescrito que no fue consignada por el obligado tributario en la autoliquidación de dicho ejercicio prescrito.

• La aplicación del tipo reducido para empresas de reducida dimensión no requiere que el sujeto pasivo ejerza una actividad económica
• ¿La desestimación de una primera solicitud de rectificación de autoliquidación impide que se entre a conocer una segunda?
• Fecha de referencia para determinar el régimen jurídico aplicable a la potestad de comprobación de la Administración sobre ejercicios prescritos
• Subrogación en el crédito hipotecario del proveedor antes de producirse el hecho imponible sin efectos liberatorios del deudor primitivo frente al acreedor
• ¿Debe computarse como dilación la manifestación del contribuyente de la preferencia por una fecha distinta de la fijada por la Inspección?
• ¿Es reclamable la comunicación del pago de una devolución?
• La solicitud de suspensión sin aportar las garantías adecuadas no tiene efectos suspensivos, pero debe ser resuelta antes de iniciar el procedimiento de apremio
• Regularización voluntaria: consignación de la deuda por causa de fuerza mayor
• No se entiende presentada en plazo una declaración sustitutiva extemporánea aunque la sustituida se presentara dentro de plazo
• La deducción en IRPF por obras que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable de la vivienda tiene en cuenta la fecha de finalización de las obras y no la fecha de su legalización