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Están disponibles los datos fiscales del Impuesto sobre Sociedades (modelo 200) correspondientes al ejercicio 2025, tanto para su consulta como para su descarga.

También está disponible el servicio de asistencia Sociedades WEB Open (Simulador), que permite revisar el traslado de estos datos al formulario y los resultados, en modo simulador, sin realizar la presentación.

• Acceso a la visualización de datos fiscales
• Acceso a la documentación y forma de acceso al fichero de descarga de datos fiscales
• Acceso al servicio Sociedades WEB Open (Simulador)

Fuente: AEAT (29/06/2026)

En la web del Ministerio de Hacienda se ha publicado la Propuesta 1/2026 elaborada por el Consejo para la Defensa del Contribuyente de reforma normativa para solucionar los problemas que encuentran determinadas sociedades con el NIF revocado cuando necesitan liquidarse y extinguirse definitivamente.

Problema identificado

Existen entidades inactivas que conservan activos (por ejemplo, inmuebles) cuya venta permitiría pagar deudas pendientes frente a acreedores privados. Sin embargo, la revocación del NIF les impide realizar las operaciones necesarias para culminar su liquidación.

La Orden APA/568/2026, de 5 de junio, publicada en el BOE el 6 de junio, establece las adaptaciones y concreciones aplicables en relación con las ayudas de artículo 46 del Real Decreto-Ley 7/2026 para garantizar su adecuación al METSAF y el cumplimiento de la normativa en materia de ayudas de estado.

El Real Decreto Ley 7/2026, de 20 de marzo, dispone que las ayudas aprobadas para compensar los efectos económicos y sociales derivados del conflicto bélico en Oriente Próximo deberán respetar la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado.

En este sentido, la Disposición adicional octava del Real Decreto-ley 7/2026 dispone:

1. La aplicación de las medidas recogidas en los títulos IV y V se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento comunitario en materia de ayudas de Estado.
2. La plena efectividad de las ayudas previstas en los títulos IV y V está vinculada a su sujeción a un régimen de compatibilidad determinado; al establecimiento de un Marco temporal de ayudas estatales; o a una decisión de la Comisión Europea que autorice su compatibilidad con el mercado interior, o instrumento equivalente.

La movilidad eléctrica continúa ganando protagonismo en España. Según los últimos datos del sector, los vehículos electrificados ya representan cerca de una quinta parte de las matriculaciones en España, confirmando el cambio de tendencia hacia formas de movilidad menos dependientes de los combustibles fósiles.

El incremento de los costes de los carburantes, la mejora tecnológica de las baterías y las crecientes restricciones a los vehículos más contaminantes han impulsado las matriculaciones de coches eléctricos e híbridos enchufables durante los últimos años.

Este cambio de tendencia se ve reforzado por el apoyo de las administraciones públicas mediante ayudas directas e incentivos fiscales. Aunque la atención suele centrarse en las subvenciones directas para la compra de vehículos, la fiscalidad puede tener un impacto igualmente importante sobre el coste real de la inversión.

Sin embargo, no todos los contribuyentes se benefician de las mismas ventajas. El tratamiento fiscal varía en función de si la adquisición la realiza un particular, un autónomo o una sociedad. Mientras que los primeros pueden acceder a una deducción específica en el IRPF, las empresas cuentan con mecanismos como la libertad de amortización para recuperar más rápidamente la inversión realizada.

Paquete de procedimientos de infracción de junio. Decisión en materia fiscal respecto a España.

La Comisión Europea ha enviado una carta de emplazamiento complementaria a España en lo que respecta a la discriminación de los no residentes, que no pueden beneficiarse de una deducción fiscal por los ingresos procedentes del arrendamiento de viviendas en el país. 

El 8 de marzo de 2019 se envió una primera carta de emplazamiento a España a este respecto. Los contribuyentes que son residentes disfrutan de una reducción de hasta el 60% de la base imponible correspondiente a los ingresos que hayan obtenido, mientras que los no residentes no pueden acceder a esta deducción. Esta diferencia de trato fiscal supone una restricción a la libre circulación de capitales (artículo 63 del TFUE). A pesar de que la Comisión ha mantenido más intercambios con España al respecto, el país no ha modificado su legislación para eliminar este trato discriminatorio y además ha introducido nuevas disposiciones en este régimen fiscal. Estas modificaciones de 2025 de la legislación fiscal pertinente implican que solo los residentes se benefician de deducciones de entre el 20 y el 90% de la base imponible derivada del arrendamiento de viviendas, lo cual sigue discriminando a los no residentes. 

El objetivo de Eurofisc es prevenir e investigar el fraude del IVA intracomunitario. Los funcionarios de enlace Eurofisc de los Estados miembros intercambian alertas de forma rápida y selectiva.  Tratan y analizan conjuntamente la información de aquellos operadores que, actuando de manera planificada y coordinada, tanto a nivel nacional como europeo, abusan de la normativa que regula las operaciones intracomunitarias para dejar de ingresar el IVA en los Estados miembros en los que se produce el consumo de los bienes y servicios.

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es un impuesto sobre el consumo que grava la compra de bienes y la prestación de servicios en toda la Unión Europea (UE). Es un impuesto armonizado, que significa que la UE cuenta con normas generales sobre el IVA, pero su aplicación puede variar en cada país. Existe un hecho imponible, las operaciones intracomunitarias, que son aquellas transacciones comerciales que tienen lugar entre dos empresas o profesionales de Estados miembros diferentes de la UE, es decir, proveedor y cliente están situados en distintos Estados miembros, en los que se ha de ingresar el IVA de la operación, normalmente, en el Estado miembro de destino. Por tanto, para verificar que la operación está bien declarada e ingresada es necesaria una cooperación entre Estados miembros.

Para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo de 2026, la Agencia tributaria pone, como en años anteriores, a disposición del contribuyente, el calendario del contribuyente 2026.

Les recordamos ahora las principales obligaciones tributarias del mes de junio.

En los últimos años, la Agencia Tributaria ha consolidado un modelo de control fiscal basado en el análisis masivo de información y el uso de tecnologías de big data.

La selección de contribuyentes para comprobación e investigación ya no depende exclusivamente de criterios manuales, sino de sistemas de tratamiento de datos que cruzan información procedente de múltiples fuentes.

Este modelo se enmarca en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2026 (BOE de 12 de marzo de 2026). Estas directrices configuran el marco operativo del sistema de control fiscal, orientado a la detección temprana de riesgos fiscales mediante el análisis avanzado de información masiva.

No todos los contribuyentes están conformes con las actuaciones de la Agencia Tributaria, siendo cada vez más los que se atreven a litigar con el fisco.

Los tribunales económico-administrativos, que son la principal vía de revisión de los actos dictados por Hacienda en sede administrativa, dan la razón a los contribuyentes que reclaman en cuatro de cada diez ocasiones.

Las actuaciones de la Agencia Tributaria afectan a todo tipo de contribuyentes, pero los que saltan a la fama, son los que ya eran famosos por otros motivos, o los que ocupan los primeros puestos de la lista de grandes morosos de Hacienda.
Hacienda tiene amplias potestades de comprobación, pero los tribunales acotan en muchas ocasiones su marco de actuación y sientan jurisprudencia que defiende a los contribuyentes.

Los procedimientos tributarios no dependen únicamente de la normativa fiscal aplicable, sino también de la calidad de la prueba, la interpretación de los hechos y el encaje jurídico de las operaciones en tela de juicio. Por ello, para defenderse de Hacienda se pueden seguir diferentes tipos de estrategias.

La fiscalidad internacional se ha convertido en una de las áreas tributarias más complejas y estratégicas para asesores y empresas. La creciente internacionalización de las pymes, el auge del comercio digital, la movilidad de trabajadores y directivos y el incremento de las inversiones transfronterizas han multiplicado las operaciones sometidas a varias jurisdicciones fiscales.

A ello se añade un marco normativo cada vez más exigente. La OCDE, la Unión Europea y las diferentes administraciones tributarias nacionales han reforzado en los últimos años sus mecanismos de cooperación, transparencia y control. La consolidación de las reglas derivadas del Pilar 2 o impuesto mínimo global confirma, además, que esta disciplina atraviesa una etapa de profunda transformación técnica.

Gestionar correctamente la tributación de operaciones internacionales exige, por tanto, un grado de especialización muy superior al de hace apenas unos años. Estas son algunas de las claves que mejor explican los nuevos desafíos profesionales en este ámbito.