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La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber puesto remedio a una infracción relacionada con la libre circulación de capitales (artículo 63 del TFUE) debida al trato fiscal discriminatorio de los contribuyentes no residentes. Cuando el pago de una transferencia de activos se aplaza más de un año o se abona a plazos durante un período superior a un año, los contribuyentes residentes tienen la opción de pagar el impuesto cuando se devengan las plusvalías o de aplazarlo proporcionalmente sobre la base del flujo de efectivo. Sin embargo, a los contribuyentes no residentes no se les ofrece esta posibilidad de aplazamiento y deben pagar el impuesto cuando se devengan las plusvalías en el momento de la transferencia de los activos.

La Comisión Europea ha decidido enviar un dictamen motivado a España por no haber adaptado sus normas sobre la retención en origen aplicada a los pagos de cánones percibidos por contribuyentes no residentes a la libre prestación de servicios (artículo 56 del TFUE).

El Consejo aprobó unas conclusiones que establecen una agenda de simplificación y racionalización fiscal con el objetivo de contribuir a la competitividad de la UE.

Las conclusiones reflejan la posición del Consejo y proporcionan orientaciones sobre posibles iniciativas futuras en el ámbito de la fiscalidad, en el contexto de mejorar la competitividad de la UE y reducir las cargas administrativas, regulatorias y de información.

Entre otras cuestiones, las conclusiones abogan por una revisión del marco legislativo vigente de la UE en materia fiscal, basada en cuatro principios, que también deberán aplicarse a las iniciativas fiscales actuales y futuras:

El Consejo alcanzó un acuerdo político sobre una nueva directiva de la UE (DAC9) que mejorará la cooperación administrativa en el ámbito de la tributación.

El objetivo de esta legislación es mejorar la cooperación y el intercambio de información sobre la tributación corporativa efectiva mínima para cumplir mejor con las obligaciones de presentación de informes que los grupos de empresas multinacionales y los grandes grupos nacionales tienen bajo el Pilar 2 del acuerdo global G20/OECD. Este acuerdo internacional se alcanzó para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, garantizando que las grandes corporaciones paguen una tributación mínima efectiva. Las normas del Pilar 2 se convirtieron en parte del derecho de la UE en 2022.

"Estamos dando el siguiente paso en la implementación de las normas sobre la tributación efectiva mínima de las mayores multinacionales. Las empresas afectadas tendrán un formato único para presentar la información relevante, y las autoridades fiscales de los Estados miembros cooperarán estrechamente en el intercambio de información relevante. Esto simplificará significativamente el proceso de presentación de informes y reducirá la carga administrativa tanto para las autoridades fiscales como para las empresas afectadas."

El Consejo ha dado su aprobación final a un conjunto de normas destinadas a adaptar las reglas del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la UE a la era digital.

"Las normas sobre el IVA de la UE deben seguir el ritmo de la transformación digital de nuestras economías. Este paquete fortalecerá la competitividad de la UE, ayudará a combatir el fraude en el IVA y reducirá la carga administrativa para las empresas."

-Andrzej Domanski, ministro de Finanzas de Polonia

El paquete adoptado abarca una directiva, un reglamento y un reglamento de ejecución, e introduce cambios en tres aspectos diferentes del sistema del IVA. Las nuevas normas:

• Harán que las obligaciones de información sobre el IVA para las empresas que venden bienes y servicios a otras empresas en otro Estado miembro de la UE sean completamente digitales para 2030.
• Exigirán que las plataformas en línea paguen el IVA por los alquileres de alojamientos a corto plazo y los servicios de transporte de pasajeros en la mayoría de los casos en los que los proveedores individuales no apliquen el IVA.
• Mejorarán y ampliarán las ventanillas únicas del IVA en línea para que las empresas no tengan que registrarse para el IVA en cada Estado miembro donde operen.

Para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo de 2025, la Agencia tributaria ha puesto, como en años anteriores, a disposición del contribuyente, el calendario del contribuyente 2025.

Les recordamos ahora las principales obligaciones tributarias del mes de marzo.

La Comunidad de Madrid ha anunciado el inicio de la tramitación de una nueva rebaja en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que elevará la bonificación del 25% al 50% en las transmisiones entre hermanos, tíos y sobrinos por consanguinidad. Madrid se convierte así en la primera comunidad autónoma en España en aplicar esta bonificación en ambas modalidades del tributo para este grado de parentesco.

El Consejo de Gobierno abrirá un período de audiencia e información pública para el anteproyecto de ley, que consolidará a la Comunidad de Madrid como la región con la fiscalidad más baja de España. Este modelo económico busca fomentar la creación de empleo y riqueza, asegurando al mismo tiempo la prestación de servicios públicos de calidad.

El Consejo de la UE confirmó la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal sin cambios. La lista sigue estando compuesta por las mismas 11 jurisdicciones que anteriormente:

Lista

• Samoa Americana
• Anguila
• Fiyi
• Guam
• Palaos
• Panamá
• Rusia
• Samoa
• Trinidad y Tobago
• Islas Vírgenes de EE.UU.
• Vanuatu

Los países incluidos en esta lista están dentro del alcance del proceso de evaluación de la UE.

El 18 de febrero de 2025 el Consejo adoptó formalmente nuevas normas destinadas a sustituir los actuales certificados en papel utilizados para declarar exenciones del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en la UE por un nuevo formulario electrónico.

"Hoy damos otro paso para simplificar y digitalizar nuestros sistemas de IVA. El nuevo formato del certificado reducirá significativamente la burocracia."

Andrzej Domański, Ministro de Finanzas de Polonia

Los certificados en papel, utilizados cuando los bienes están exentos de IVA, serán reemplazados por un formulario electrónico. Esto simplificará y agilizará el proceso tanto para las empresas como para las administraciones cuando estos bienes sean importados para embajadas, organizaciones internacionales o fuerzas armadas.

Las nuevas medidas entrarán en vigor el 1 de julio de 2031, con un período de transición adicional de un año en el que los Estados miembros podrán utilizar tanto el formato electrónico como el papel.

La STJUE de 7 de noviembre de 2024 en los asuntos C-289/23 y C-305/23 ha confirmado la facultad de los Estados miembros para excluir a los créditos públicos y a determinados deudores de la Hacienda Pública de los procedimientos de exoneración de deudas, siempre que dichas exclusiones se refieran a circunstancias bien definidas, estén debidamente justificadas y persigan un interés legítimo, confirmando así la posición de la normativa española en materia concursal.

La AEAT publica el análisis del fallo de la sentencia de 7 de noviembre de 2024, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) asuntos acumulados C-289/23 y C-305/23, que confirma la compatibilidad de la reforma del RDLeg 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC) operada por la Ley 16/2022 con la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132.

España estableció en  esta reforma del TRLC que los créditos públicos no sean susceptibles de exoneración plena y excluyó del acceso a la exoneración a deudores que, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, hubieran sido sancionados por resolución firme por infracciones tributarias graves o muy graves, de seguridad social o del orden social, o cuando en el mismo plazo se hubiera dictado acuerdo firme de derivación de responsabilidad, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubieran satisfecho íntegramente su responsabilidad, facultad que ha sido confirmada por esta sentencia del TJUE.