Doctrina Administrativa

El TEAC, en unificación de criterio, resuelve que el cumplimiento del requisito del efectivo mantenimiento o incremento de la plantilla media no tiene ningún matiz subjetivo.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Resolución de 16 de enero de 2020, resuelve en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, si la aplicación de lo dispuesto en la Disposición adicional duodécima del RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS), requiere el efectivo mantenimiento o incremento de la plantilla media conforme al método establecido en dicho precepto, con independencia de las causas que hayan determinado su incumplimiento por parte del contribuyente.

• ¿Es deducible para la empresa el material promocional que entrega a través de un “catálogo de puntos”?
• Las facturas rectificativas no reúnen los requisitos para considerarlas documentos de valor esencial o de imposible aportación a efectos del recurso de revisión
• ¿La calificación de un contrato como simulado, con simulación absoluta, por parte de la Administración tributaria, le permite declarar su nulidad?
• Tipología constructiva de las viviendas con licencia de uso turístico a efectos catastrales: uso “Residencial” o uso “Ocio y hostelería”
• La subrogación de las beneficiarias de la escisión no alcanza a la continuidad de los beneficios fiscales que viniera disfrutando la extinguida ni, por ende, en el cumplimiento de los requisitos requeridos
• Impuesto sobre hidrocarburos: ¿es contrario al Derecho de la Unión el establecimiento de tipos autonómicos?
• La DGT niega la devolución del IEDMT pagado por una embarcación que hubo que devolver al astillero por problemas técnicos
• Aplicación de la deducción por maternidad en el caso de un matrimonio formado por dos mujeres
• La transmisión mortis causa de un vehículo no determina la pérdida de la exención en el IEDMT
• Valor de adquisición de un local adquirido mediante arrendamiento financiero o leasing a efectos del la ganancia patrimonial

El TEAC, en unificación de criterio, determina cuál es el cauce formal que debe seguir la Administración para, concurriendo los requisitos para la exacción del recargo por declaración extemporánea, exigirlo al obligado tributario

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Resolución de 18 de diciembre de 2019, resuelve en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, la cuestión relativa a la necesidad de determinar cuál es el cauce formal que debe seguir la Administración para, concurriendo los requisitos para la exacción del recargo por declaración extemporánea, exigirlo al obligado tributario.

A juicio del TEAR la exacción, al amparo del art. 27 de la Ley 58/2003 (LGT), del recargo por presentación fuera de plazo, sin requerimiento previo, de una autoliquidación con resultado a ingresar exige que la Administración utilice bien el procedimiento de verificación de datos, si se da alguna de las causas tasadas del art. 131 de la Ley 58/2003 (LGT), causa que deberá expresarse, o bien el de comprobación limitada -arts. 136 a 140 de la Ley 58/2003 (LGT)-. Resulta inaceptable para el TEAR la actuación de la Administración en el caso examinado, al exigir el recargo sin comunicar al obligado tributario qué clase de procedimiento había iniciado -ni siquiera si se había comenzado alguno- y cuáles eran las normas por las que el mismo se regía, circunstancia que ha vulnerado los derechos de aquél. Esta deficiencia formal de la actuación administrativa conduce al TEAR a anular el acto administrativo impugnado y a ordenar la retroacción de actuaciones al momento en que aquélla se produjo.

• ¿Tiene el cambio de afectación de un bien de un sector diferenciado a otro la consideración de autoconsumo, sin que exista ningún límite temporal mínimo para ello?
• Recurso extraordinario de revisión: el acuerdo de ejecución de una sentencia puede ser un "documento de valor esencial" si incluye hechos o elementos fácticos nuevos respecto de la sentencia previa
• Es necesario que el mediador actúe en nombre propio para que los servicios de mediación queden exentos de IVA
• No deducibilidad de las cuotas soportadas en gastos por siniestros en IVA
• Modificación de la base imponible por renuncia al cobro por pacto entre acreedor y deudor y resolución del contrato
• Las dilaciones han de excluirse del cálculo de intereses, tanto en cuanto a su extensión como en lo que respecta al momento en que se han producido
• Cálculo de la retención sobre los salarios de tramitación
• Los gastos de una línea de telefonía móvil serán deducibles siempre que haya afectación exclusiva a la actividad
• Los cigarrillos "medicinales" están sujetos al Impuesto sobre las Labores del Tabaco
• Ajustes por pérdidas de mercancía conforme a la normativa aduanera

• Plazo para solicitar la ejecución de una resolución administrativa de contenido tributario
• Comunicación a la Administración tributaria de la opción por el Régimen Fiscal Especial de Canje de Valores ¿es una mera obligación formal?
• Compatibilidad con la legislación europea de los tipos autonómicos del Impuesto sobre hidrocarburos
• Conflicto de competencia por liquidaciones procedentes de distintas Administraciones tributarias derivadas del mismo hecho imponible
• Necesidad de la inscripción en el Registro de Grandes Empresas de las Instituciones de Inversión Colectiva
• Concentración de activos financieros en una única entidad que no tenga riesgos financieros para que pueda ser vehículo de inversiones futuras ¿es motivo económico válido?
• Materialización de la RIC mediante adquisición de inmuebles que se ceden a una comunidad de bienes que los afecta a su actividad de residencia universitaria
• La resolución de un contrato de mutuo acuerdo constituye un nuevo acto sujeto a TPO
• Titularidad de los saldos de cuentas bancarias que figuran a nombre de varias personas
• Las naves dedicadas al depósito de mercancías pueden aplicar una amortización del 7% en el IS correspondiente a los almacenes

El TEAC resuelve en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Resolución de 26 de noviembre de 2019, resuelve en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio que, solicitado en período ejecutivo y antes de la notificación de la providencia de apremio el aplazamiento de una deuda, la concesión del mismo antes del vencimiento del plazo del art. 62.5 de la Ley 58/2003 (LGT), a contar desde la notificación del título ejecutivo, no permite que el recargo de apremio a exigir pueda verse reducido al 10%, puesto que esa reducción exige el ingreso total de la deuda y del propio recargo en el mencionado plazo, y la mera concesión de un aplazamiento no supone el pago de la deuda.

En el caso que nos ocupa, la interesada alegó que el aplazamiento debe entenderse como una forma de pago de la deuda tributaria por lo que al haberse formulado antes de la recepción de la providencia de apremio el recargo procedente era el 5%. A su juicio, pues, la providencia de apremio debería haber liquidado este último recargo. 

• Responsabilidad solidaria: ¿se produce el presupuesto de hecho si la titularidad directa de los bienes ocultados o transmitidos no le corresponde al deudor principal?
• El cónyuge no deudor no está legitimado para impugnar la diligencia de embargo ni tampoco el derecho de la Administración a que se practique la anotación preventiva del embargo
• Para que la exención de las operaciones financieras se extienda a los servicios de mediación, la labor de mediación ha de diferenciarse de la mera subcontratación de dichos servicios por una de las partes
• Cuotas de IVA soportadas consideradas no deducibles en resolución administrativa firme ¿es posible deducir en otro periodo esas mismas cuotas?
• ¿Puede imputarse al obligado tributario una dilación por todo el período transcurrido desde el inicio de las actuaciones hasta la fecha de notificación del acta de disconformidad, dada su reiterada incomparecencia?
• La formulación en la vía económico-administrativa de una nueva petición de suspensión de la deuda, aun cuando se formule después de haberse dictado una providencia de apremio, impide el progreso y eficacia de ésta
• La adopción de medidas cautelares no exige trámite previo alguno de audiencia y puede alcanzar a las sanciones
• Entidades holding: la desproporción en el importe de los servicios refacturados a una filial impide la deducción de las cuotas soportadas
• El cómputo del período de liquidación de intereses debe efectuarse teniendo en cuenta las fechas exactas en las que se han producido las dilaciones
• Forma de calcular el importe máximo del incremento de la deducción por maternidad si el menor ha estado matriculado sólo unos meses

• ¿Aceptar la existencia de motivo económico válido para varias operaciones, sucesivas y relacionadas entre sí, impide apreciar la falta del mismo en alguna de ellas?
• Posibilidad de imputar a un ejercicio concreto un gasto que está reconocido contablemente en un ejercicio anterior
• El inicio de un procedimiento sancionador en materia tributaria no siempre tiene que ir unido a un procedimiento de comprobación o investigación
• Base imponible en operaciones vinculadas: no es admisible en el IVA el cálculo del coste basado en la normativa contable
• Obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas: las meras discrepancias valorativas entre el obligado tributario y la Administración no permiten la imposición de una sanción
• Calificación a efectos de IRPF de la compensación económica para que el otro cónyuge pueda comprarse una casa que sea su domicilio habitual
• El ejercicio del derecho a instar la ejecución de las resoluciones emitidas por los Tribunales Económico-Administrativos no tiene asociado un plazo específico de prescripción
• Para reducir la base imponible en el IIVTNU es necesario que el procedimiento de valoración colectiva sea general
• Para aplicar la exención en el IIVTNU en una venta de una vivienda incluida en un conjunto histórico artístico es necesario que el propietario haya realizado obras de conservación, mejora o rehabilitación
• Deducibilidad de las cantidades entregadas por un abogado a la asociación que le ofrece casos judiciales y a su abogado tutor

La DGT se pronuncia sobre las exenciones en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica   (IVTM) de los vehículos cuyo permiso de circulación conste a nombre de la Universidad pública y que está afecto al cumplimiento de sus fines y sobre la exención en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y  Obras (ICIO) de las obras realizadas en los inmuebles de la Universidad y que estén  afectos al cumplimiento de los fines de estas Universidades Públicas. Además recuerda que contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración tributaria de las Entidades Locales encargados de la aplicación de los tributos.

En la consulta V2757/2019, la DGT, pone de manifiesto que la exención del art.80.1 de la Ley Orgánica 6/2001 (Universidades), es una exención de carácter mixto, que requiere para su aplicación la concurrencia de un elemento subjetivo (que se trate de una Universidad pública) y de un elemento objetivo (que los bienes estén afectos al cumplimiento de los fines que son propios a una Universidad o que se trate de actos que realicen para el desarrollo inmediato de tales fines).

Las Universidades públicas están exentas, concurriendo los requisitos para ello de los que graven  los bienes afectos al cumplimiento de sus fines (IBI e IVTM) que recaigan sobre inmuebles o vehículos afectos, respectivamente y los actos que para el desarrollo inmediato de tales fines realicen (IAE) en cuanto a la actividad integrada por esos actos, y, cuando proceda, (ICIO e IIVTNU).

Diferencia entre obligaciones de suministro general de información tributaria y obligaciones de información individualizada.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Resolución de 8 de octubre de 2019, resuelve la cuestión relativa a la competencia de la ONIF de la AEAT para requerir información con trascendencia tributaria a una entidad domiciliada en Navarra, donde quien tiene el poder tributario es la Hacienda Foral.

Así, en el caso que nos ocupa, el supuesto de hecho que determina la incoación del expediente sancionador -y, finalmente, la imposición de la correspondiente pena- es la desatención, por parte de la entidad domiciliada en Navarra, de un requerimiento, sucesivamente reiterado, que, al amparo de lo señalado en los arts. 93 y 94 de la Ley 58/2003 (LGT), le dirigió el Equipo Central de Información de la ONIF, instándole la aportación de determinada información sobre las operaciones comerciales, económicas y/o financieras realizadas con otra entidad entre los años 2003 a 2013.