Novedades Legislativas

Remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley de los impuestos sobre servicios digitales y sobre las transacciones financieras, que ya se presentaron en la anterior legislatura. El 28 de febrero se publicaron en el Boletin Oficial de las Cortes Generales los proyectos de ambos impuestos.

El Consejo de Ministros, el día 18 de febrero de 2020, ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley que crean el Impuesto sobre las Transacciones Financieras y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Ambas figuras tributarias van en la línea trazada por la Comisión Europea, y que también defienden otros organismos internacionales, para adecuar el sistema fiscal a las nuevas áreas de negocio digital y también a la realidad transfronteriza que implica la globalización y que no están bien reflejadas en el marco tributario actual.

El Consejo de Ministros considera que el sistema fiscal debe evolucionar en la misma dirección que lo hace la sociedad y la tecnología en el siglo XXI. Por lo tanto, la aprobación de estos dos nuevos impuestos se enmarca en la necesidad de modernizar el sistema tributario español con el objetivo de que siga siendo una palanca eficaz en el desarrollo de un Estado del bienestar potente y que ofrezca una amplia cobertura.

Se ha publicado Proyecto de Orden por el que se aprueban los modelos 200 y 220.

Si bien no se han producido modificaciones normativas de envergadura en materia del Impuesto sobre Sociedades y el IRNR para establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas para los periodos impositivos iniciados en 2019, sí que pueden presentarse novedades para aquellas entidades cuyo periodo impositivo se inició en 2018.

Como principales novedades cabe hablar de la modificación del TR de la Ley del ITP y AJD, que establece como un nuevo supuesto de gasto no deducible en el IS por la deuda tributaria del documento notarial del ITP y AJD cuando el sujeto pasivo sea el prestamista y la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias que actualiza los límites de deducciones por inversiones en producciones artísticas o la deducción por inversiones en Canarias, y un nuevo beneficio fiscal derivado de la creación de empleo.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés tributario publicadas en los distintos boletines oficiales durante la primera quincena del mes de febrero.

La DGT indica las características básicas que debe reunir una entidad constituida en el extranjero para ser considerada en España como una entidad en atribución de rentas a los efectos del IRPF, IS e IRNR.

En el BOE de 13 de febrero de 2020 se ha publicado la RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Tributos, sobre la consideración como entidades en régimen de atribución de rentas a determinadas entidades constituidas en el extranjero.

La DGT indica las características básicas que debe reunir una entidad constituida en el extranjero para ser considerada en España como una entidad en atribución de rentas a los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes son las siguientes:

• Que la entidad no sea contribuyente de un impuesto personal sobre la renta en el Estado de constitución.
• Que las rentas generadas por la entidad se atribuyan fiscalmente a sus socios o partícipes, de acuerdo con la legislación de su Estado de constitución, siendo los socios o participes los que tributen por las mismas en su impuesto personal. Esta atribución deberá producirse por el mero hecho de la obtención de la renta por parte de la entidad, sin que sea relevante a estos efectos si las rentas han sido o no objeto de distribución efectivamente a los socios o partícipes.
• Que la renta obtenida por la entidad en atribución de rentas y atribuida a los socios o participes conserve, de acuerdo con la legislación de su Estado de constitución, la naturaleza de la actividad o fuente de la que procedan para cada socio o partícipe.

El Ministerio de Hacienda ha publicado Proyecto de Orden para la aprobación de los modelos 770 y 771 para la regularización de la deuda tributaria.

La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la LGT introdujo un nuevo artículo 252 y habilitó, en su disposición final décima, la aprobación de los modelos para la regularización voluntaria de la deuda tributaria.

Convenio entre la Agencia Tributaria y el Consejo General del Notariado, publicado en el BOE de 15 de febrero de 2020, en materia de suministro de información

• La información se actualizará mensualmente y será de gran utilidad para la lucha contra el fraude fiscal generado a partir de la creación de entramados societarios opacos
• La aparente falta de relación entre este tipo de sociedades facilita la creación de redes de facturación falsa u operativas tales como la colocación ilícita de rentas en entidades sin tributación efectiva, la obtención de devoluciones improcedentes o el alzamiento de bienes
• A su vez, se acuerda el acceso de la Agencia al Índice Único Informatizado Notarial, que ofrecerá información de gran relevancia para el control tributario, como la identificación de las personas que, ante notario, otorgan y reciben poderes, así como las fechas de nombramiento y revocación de esos poderes

Se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/1910, del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, relativa a la armonización y simplificación sobre intercambios entre los Estados miembros; y de la Directiva (UE) 2019/475, del Consejo, de 18 de febrero de 2019, referida a la aplicación territorial del IVA en el ámbito europeo.

En el BOE de 5 de febrero de 2020 se ha publicado el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea, entre otras materias, en el ámbito tributario, afectando esencialmente al impuesto sobre el valor añadido (IVA). Se trata de la Directiva (UE) 2018/1910, del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, relativa a la armonización y simplificación sobre intercambios entre los Estados miembros; y de la Directiva (UE) 2019/475, del Consejo, de 18 de febrero de 2019, referida a la aplicación territorial del IVA en el ámbito europeo. Ambas debían ser objeto de trasposición antes del 1 de enero de 2020, de ahí la inclusión en este Real Decreto-ley.

En el BOE de 5 de febrero de 2020, y en vigor el 6 de febrero, salvo determinadas excepciones, se ha publicado el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, en cuyo libro tercero se recogen determinadas medidas fiscales para la adaptación del derecho español a determinadas normativa europea en materia fiscal.

Se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo Internacional y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mismo.

Antecedentes

A lo largo de 2018, en el marco del proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, España negoció con el Reino Unido un Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros en relación con Gibraltar.

En la Ley de Presupuestos se realizan varias modificaciones en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

La Ley 1/2020, de 31 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad de Extremadura para el año 2020 se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura el día 3 de febrero de 2020, con entrada en vigor el día 1 de enero de 2020, a excepción de algunas modificaciones, que se describen a continuación.

La fiscalidad de las escrituras públicas que documentan los contratos de préstamo con garantía hipotecaria ha generado una situación de inseguridad jurídica, que exige realizar correcciones por todos los poderes públicos que ostentan competencia normativa en esta materia.