Jurisprudencia

La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2006 concluye que el requerimiento girado por la Inspección era absolutamente correcto por entender que es patente que la información que proporcionan las Actas de la Junta General de Accionistas, las del Consejo de Administración y el Libro Registro de Acciones, en cuanto son demostrativos de las relaciones financieras de la entidad requerida con uno de sus socios, se encuentra en la órbita de este tipo de requerimientos.De otro lado, por entender que el contenido de la información requerida, en cuanto es susceptible de proporcionar datos

Destacamos también la sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de julio de 2006, sobre representación para la firma de actas de inspección y para la interposición de recursos o reclamaciones.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de 12 de mayo de 2006, en materia del Impuesto sobre Sociedades, considera una liberalidad no deducible el pago de una cláusula penal por incumplimiento de un contrato de subarriendo con motivo del retraso en la puesta a disposición de los bienes al subarrendatario, retraso que era conocido en el momento de firmarse el contrato, siendo el importe de la indemnización satisfecha superior al previsto en el documento (sentencia publicada en Normacef Fiscal, NFJ023091 y en la Revista de Contabilidad y Tributación de

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 5 de abril de 2006, sobre la aplicación del régimen especial del recargo de equivalencia del IVA, señala que el vendedor tiene obligación de exigir a sus clientes la acreditación formal del hecho de estar sometidos al citado régimen especial, teniendo estos la obligación de acreditarlo. La declaración verbal del cliente no es suficiente para no liquidar tal recargo (sentencia publicada en Normacef Fiscal, NFJ023094 y en la Revista de Contabilidad y Tributación del CEF, núm. 283, Octubre 2006).

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 24 de marzo de 2006, sigue un criterio no pacífico en la jurisprudencia de los distintos tribunales en este asunto.

Del Tribunal Supremo, debemos destacar la sentencia de 20 de junio de 2006 que, en el entorno de los delitos contra la Hacienda Pública, entiende que para que se produzca el delito de defraudación tributaria no basta el mero impago de las cuotas, sino que requiere además un elemento de mendacidad: La responsabilidad penal surge no tanto del impago como de la ocultación de bases tributarias o la ficción de beneficios fiscales o gastos deducibles inexistentes.

La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 6 de julio de 2006, establece que cuando se realiza una entrega a un sujeto pasivo que no sabía y no podía haber sabido que la operación de que se trata formaba parte de un fraude cometido por el vendedor, el art.